El PP rescata al Gobierno español y permite tramitar la ley de seguridad nacional

MadridA pesar de que este miércoles el PP subió los decibelios contra el Gobierno español, de momento todo ello se queda en una mera gesticulación. La prueba más evidente que el partido que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo quiere separar lo que considera políticas de estado de la estrategia política del Gobierno español se ha hecho evidente este jueves en el Congreso: el PP permitirá la tramitación de la reforma de la ley de seguridad nacional del ejecutivo en la cámara baja ante la oposición de ERC, pero también de Junts. Los dos grupos habían presentado enmiendas a la totalidad en el proyecto de ley, que no prosperarán. De este modo, los populares salvarán al Gobierno de un fracaso en la cámara baja y no permitirán que decaiga una norma que, en la práctica, lo que hace es complementar la que el gobierno del PP de Mariano Rajoy ya aprobó en 2015 con el apoyo del PSOE. La portavoz de los conservadores, Cuca Gamarra, sin embargo, ha advertido al Gobierno que el actual texto no les gusta y que presentarán enmiendas para modificarlo durante la tramitación parlamentaria que se abrirá a partir de ahora.

Lo que regula la norma que el ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el 15 de febrero en consejo de ministros es la regulación de los recursos públicos y privados que se tienen que poner a disposición del Estado en una situación de crisis o "de interés por la seguridad nacional". El Gobierno español, de hecho, pone especial énfasis en este proyecto de ley para abordar situaciones como la pandemia. En la normativa de 2015 no se concretaba cuáles podían ser estas situaciones y en la actual modificación tampoco se detalla. Lo que sí que se especifica son los ámbitos que consideran "de especial interés para la seguridad nacional" que se tienen que preservar como son el ámbito de la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la marítima, la aeroespacial, la energética, la sanitaria, la preservación del medio ambiente y la "salvaguarda de la base industrial que suministra recursos de primera necesidad y carácter estratégico".

El carácter "recentralizador" de la ley

Todo ello, según la ley, se tiene que hacer en "coordinación" con las comunidades autónomas, que tienen que aportar todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios. Ahora bien, esta colaboración, a ojos de los grupos independentistas catalanes y también vascos, supone una "recentralización" en toda regla de las competencias de las comunidades. Consideran que el presidente del Gobierno español pasa a tener un poder excesivo en la gestión de las crisis, porque, por ejemplo, es quien tiene la potestad de dictar una "situación de interés para la seguridad nacional", sin que tenga que reunir previamente el Consejo de Seguridad Nacional, especifica la norma.

Para ERC, la ley otorga "facultades exorbitantes" al jefe del gobierno que le permite tomar medidas "arbitrarias y discrecionales", porque puede permitir que el Estado, con carácter "excepcional", "absorba todos los medios de las comunidades autónomas", ha denunciado en su intervención la diputada republicana Montse Bassa. Los republicanos recuerdan que tanto Catalunya como Euskadi tienen cuerpos policiales propios. En la misma línea, Junts denuncia que la nueva normativa diseña un "sistema de seguridad nacional que centraliza" y que, por lo tanto, supone una invasión competencial. "Es una fulminación de las competencias, especialmente de las que tenemos las comunidades autónomas en seguridad pública y protección civil", ha alertado su portavoz, Míriam Nogueras.

"No hay ningún menosprecio de las competencias autonómicas; al contrario, se refuerza en materia de coordinación", ha defendido, en cambio, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Unidas Podemos votará en contra de las enmiendas de ERC y Junts y, por lo tanto, también permitirá que se tramite la normativa a pesar de que el grupo ha pedido estar alerta para preservar las competencias autonómicas. "El sistema de coordinación tiene que tener en cuenta las competencias autonómicas en cada escenario", ha dicho el diputado Ismael Cortés.

El caso Pegasus, omnipresente

El debate de la ley de seguridad ha llegado justo la semana que el Gobierno español ha cesado la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, a raíz de la crisis por el caso Pegasus. Y ha sido inevitable que el escándalo se colara también en el debate de la ley de seguridad nacional. La mayoría de los grupos independentistas han vuelto a cargar contra el Gobierno español por el caso y la diputada de la CUP Mireia Vehí ha lamentado que el ejecutivo lleve a debate la norma de seguridad nacional "sin haber resuelto" el caso Pegasus: "Esto nos dice que, ante una crisis democrática y de derechos, escogen la salida autoritaria y no la democrática". También Míriam Nogueras ha equiparado el actual gobierno de coalición con el de Mariano Rajoy: "¿Les parece muy alejado de los tiempos de Rajoy que un estado espíe?"

També el PP ha cargado contra el ejecutivo español por la gestión de esta crisis, pero ha querido separarlo de la ley de seguridad nacional. "El Gobierno estaría encantado con que la ley decayera para satisfacer a los partidos independentistas", ha espetado el diputado Juan Antonio Callejas. Los conservadores, eso sí, quieren introducir enmiendas en la ley para "someter al máximo control parlamentario al presidente del Gobierno", ha dicho Cuca Gamarra, y también proteger a los servicios de inteligencia para evitar "episodios como los que hemos vivido".