La presión judicial condiciona a los funcionarios de la Generalitat

BarcelonaLas causas del Procés, en sentido amplio, no solo han tenido efectos en los investigados o condenados, sino que han impactado de lleno en el funcionamiento de la Generalitat y toda su maquinaria. Con el 155 y los procesos judiciales por el 9-N, el 1-O y las investigaciones con fianzas millonarias en el Tribunal de Cuentas se ha tensionado la administración catalana y el personal funcionario encargado de las áreas jurídicas y de gestión económica va con pies de plomo a la hora de estampar su firma en cualquier decisión. “Se ha producido una especie de psicosis”, relata un buen conocedor de las bambalinas de la Generalitat, mientras que otro cargo constata que aquello que antes era ordinario se ha convertido en “extraordinario” y cuesta mucho más de hacer que años atrás.

Los departamentos más afectados hasta ahora han sido Exteriores, Presidencia y Economía. Uno de los consultados relata una situación sintomática: la inquietud llega al punto de que en un caso se negó la firma para hacer una traducción de un discurso de un miembro del Govern porque contenía la palabra independencia o se refería a la autodeterminación. O se han encargado estudios académicos sobre procesos de secesión y ha habido dificultades para pagarlos porque el interventor delegado del departamento afectado consideraba que podían ser susceptibles de una investigación. O se han extremado precauciones a la hora de abrir nuevas delegaciones en el extranjero. Y es que el Tribunal de Cuentas ha acabado instruyendo desde la elaboración de informes hasta discursos y viajes.

Las áreas más sensibles son las de los cargos que participan en la elaboración de expedientes administrativos y la autorización de gastos, puesto que a menudo se han encontrado en el ojo del huracán. Se trata de la intervención delegada de cada conselleria que se encarga de controlarla financieramente -todas dependen de la intervención general, situada en Economía-; los abogados de la Generalitat -cada uno está adscrito a un departamento pero dependen jerárquicamente de los servicios jurídicos centrales- y las áreas de gestión económica de los departamentos que cuelgan de las direcciones de servicios (directamente vinculadas a las secretarías generales, que ya son cargos políticos). Para driblar las reticencias que a menudo aparecen se exploran varias vías para evitar que las decisiones queden paralizadas: se dan más detalles sobre los motivos de un gasto y se justifican mejor, o en otras ocasiones se opta por chutar la pelota y que sean intervención general o los secretarios generales los que asuman las decisiones.

El miedo llegó sobre todo después de octubre de 2017 -cuando la maquinaria ya estaba tensionada por la consulta del 9-N, en 2014-, se acentuó a raíz de la intervención de la autonomía -desde Madrid se pidió mucha documentación- y se ha consolidado en los últimos tres años. Hay fuentes que incluso hablan de una administración “atemorizada” por la presión judicial. Por lo tanto, la inquietud de los trabajadores públicos no se circunscribe solo a los preparativos de las dos consultas sobre la independencia, sino que ya se ha extendido a todo lo que pueda relacionarse con el Procés y, por extensión, también a áreas propias de la gestión más sectorial. La cuestión es que se han multiplicado las peticiones de justificación de todas las decisiones porque se teme que todo acabe en un pleito: el ejemplo más claro, creen, es la causa de Exteriores. Hechos que en su momento nadie denunció o impugnó -como los viajes al extranjero del president- en el marco de las competencias de la Generalitat y que más adelante se han convertido en susceptibles de responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas.

Falta de “seguridad jurídica”

Esto hace ir los funcionarios con un “exceso de celo”, relata uno de los consultados, en materia de contratación y a la hora de autorizar viajes. “Se han reforzado todos los procedimientos”, asegura otro testigo, que enfatiza que lo que hasta ahora se consideraba legal en el ejercicio del autogobierno ahora está en una nebulosa a raíz de los escritos de la Fiscalía, los informes de la Guardia Civil y algunas interpretaciones de los tribunales. Hay que tener en cuenta que, más allá de los cargos políticos, el Tribunal de Cuentas ha investigado a interventores delegados -los responsables del control financiero de cada conselleria- y ha situado como presuntos responsables contables a dos ex interventores generales de la Generalitat, Mireia Vidal y Rosa Vidal, a las que reclaman millones de euros -cifras similares a las de los consellers- por haber autorizado varios gastos que el tribunal considera fuera de las competencias del Govern. Pero no solo se trata de la investigación del Tribunal de Cuentas, sino también de todas las investigaciones judiciales que han salpicado a cargos intermedios. “La Fiscalía ha llamado como testigos a varios funcionarios”, constata un directivo, lo cual cree que explica también buena parte de esta dinámica. Varios cargos políticos consultados remarcan que hay una “inseguridad jurídica” sobre lo que se puede hacer y lo que no, y que esto genera “indefensión”. “El Estado está cambiando las reglas del juego sobre la marcha”, afirma un ex secretario de la Generalitat, que remarca la paradoja actual: la facultad de hacer acción exterior ha sido avalada por el Constitucional y a la vez está cuestionada por el Tribunal de Cuentas.

En este sentido, hay voces que defienden que la Generalitat actúe de forma contundente a la hora de defender a los ex altos cargos en el Tribunal de Cuentas: para dar una sensación de cobertura -está en juego el patrimonio de los encausados- y de defensa del autogobierno. Ahora bien, el Govern también es consciente de que cualquier movimiento será mirado con lupa por el Estado y de que para hacerlo habrá funcionarios que tendrán que dar el visto bueno.