Presión sobre Sánchez en la calle para evitar más desahucios como el de Maricarmen Abascal

Madrid / BarcelonaEl desahucio de Maricarmen Abascal ha desencadenado una ola de indignación que se visualizó el miércoles en las calles de Madrid, Barcelona y diversas ciudades del Estado, y se ha repetido este sábado en una manifestación en el centro de la capital española. Bajo el lema Ni una Maricarmen más, miles de personas se han concentrado en la plaza del Sol, donde se encuentra la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, para caminar hasta el Ayuntamiento de Madrid y terminar en el Congreso de los Diputados. Es allí, donde el gobierno español quiere aprobar el nuevo decreto de vivienda que sirva para evitar desahucios como los de Maricarmen Abascal. Ahora bien, a estas alturas el ministerio de Vivienda todavía está negociando la norma con los socios de investidura y también con su mismo socio de coalición, Sumar. De hecho, el partido fundado por Yolanda Díaz ha amenazado con plantar la reunión del consejo de ministros del martes si no se aprueba este decreto.

La presión del socio minoritario de la coalición, Sumar, coincide con las movilizaciones que desde la sociedad civil se están organizando para protestar contra el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años a quien un fondo buitre echó del piso donde había vivido toda la vida, y reclamar medidas para garantizar una vivienda para todos. La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha apuntado directamente al gobierno de coalición y ha avisado que "no tiene sentido" si no aprueba el decreto de vivienda el martes. "Si no se aprueba este martes, este gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido. La ola de indignación que se ha desencadenado no parará", ha sostenido antes de empezar la manifestación, donde también ha acusado al gobierno español de utilizar el caso de Maricarmen Abascal de forma "partidista". Del Río también ha responsabilizado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso por no haber evitado este desahucio.

Este mismo sábado, la misma Maricarmen Abascal ha reclamado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que apruebe este decreto el martes para cambiar "las leyes injustas" que han permitido su desahucio. "Quiero que se cambien las leyes injustas que han permitido mi desahucio", ha pedido a través de un vídeo difundido por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Maricarmen Abascal ha pedido este "primer paso" para acabar con "este sinsentido". "Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no les pase a otras personas", ha añadido todavía desde el Hospital Gregorio Marañón, donde fue trasladada el día del desahucio.

Este viernes trascendió que el fondo buitre Urbagestión Desarrollo e Inversión SL presentó una propuesta al Ayuntamiento de Madrid para que la mujer pueda volver a su piso. Sin embargo, el consistorio lo rechazó porque "no cumple los requisitos legales" y ha convocado una reunión el lunes con los representantes de Maricarmen Abascal y el fondo propietario del piso para mediar.

Negociación a contrarreloj

Mientras miles de personas se manifestaban por las calles de Madrid, el gobierno español continúa negociando con los socios. Y ahora lo hace con la amenaza de Sumar de no presentarse al consejo de ministros del martes si no se aprueba el decreto de vivienda. No sería la primera vez, en todo caso, que Sumar planta un consejo de ministros: ya lo hizo en el mes de marzo, retrasando más de dos horas su inicio, por discrepancias con el PSOE sobre el contenido del decreto anticrisis a raíz de la guerra de Gaza. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, está trabajando a contrarreloj para conseguir hacerles entrar a todos en la ecuación, aunque se quiere garantizar que lo que se apruebe pase el filtro del Congreso de los Diputados.

"Este país necesita un gran acuerdo en materia de vivienda que impida que ninguna otra Maricarmen sea expulsada de su casa y que proteja a los cientos de miles de personas que no llegan a final de mes por culpa de la vivienda", ha asegurado Sumar en un comunicado. A su parecer, las soluciones pasan por "la protección de las familias frente a los desahucios y los fondos buitre, la regulación de los usos especulativos de la vivienda como los pisos turísticos y el fraude en los alquileres de temporada o por habitaciones, la recuperación de la vivienda de la Maricarmen y la renovación automática de los contratos de alquiler". Ahora bien, estas demandas deben casarse con las que ha puesto sobre la mesa Junts para conseguir que si el martes se aprueba un nuevo decreto ley de vivienda las medidas se convaliden en el Congreso de los Diputados.

Tal como avanzó este viernes el ARA, las demandas de los de Miriam Nogueras implican incentivos fiscales tanto a inquilinos como a propietarios –como la desgravación del 15% en el IRPF y exenciones fiscales para los que vendan su vivienda a la administración para aumentar el parque público– y también poner limitaciones a los fondos buitre, como impedir que compren inmuebles y que no puedan desahuciar a familias vulnerables de sus propiedades. Ahora bien, no hay consenso en la prórroga automática de los alquileres, que Junts quiere que sea voluntaria, y en impedir de forma general todos los desahucios. Junts pide que en el caso de los "pequeños propietarios" –la letra pequeña para definir el término se está concretando– se pueda producir el desahucio y que sea la administración quien asuma la alternativa habitacional. Desde el ministerio de Vivienda garantizan que están trabajando en medidas "estructurales", diferentes de las que hasta ahora ha tumbado el Congreso, para reunir el consenso necesario desde Podemos, EH Bildu, Sumar y ERC hasta Junts y el PNV. Los morados, que este sábado estuvieron en la manifestación de Madrid, recelan de que el gobierno español pacte el decreto con Junts.