Más de 11.000 días acumulados en prisión: el precio por haber organizado un referéndum

Barcelona"Queridos amigos, si veis este vídeo es porque los aparatos del Estado han decidido limitar mi libertad". "Lamentablemente la decisión de la juez ha sido privarnos de libertad, un acto que no responde a ningún principio de justicia sino que intenta atemorizarnos y castigarnos". El 16 de octubre de 2017 la Audiencia Nacional encarcelaba los líderes de Òmnium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, y España volvía a tener presos políticos catalanes. A pesar de tener la condena más baja de todos los que fueron juzgados en el Tribunal Supremo, los Jordis son, de hecho, los que más tiempo han pasado entre rejas: 1.346 días, o lo que es lo mismo, 3 años, 8 meses y 1 semana entre las prisiones de Soto del Real y Lledoners (además de visitar otras durante los traslados). Han cumplido el 41% de la condena de 9 años de prisión que seguirá en sus antecedentes.

Pronto se les añadiría la mitad del Govern. El 2 de noviembre la misma juez, Carmen Lamela, dictaba prisión contra Oriol Junqueras y Joaquim Forn (1.329 días), contra Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa (1.220 días), y también contra Carles Mundó y Meritxell Borràs (32 días) y Santi Vila (1 día). Una semana después, el Tribunal Supremo añadía la presidenta del Parlament, Carme Forcadell (1.189 días). En total, la organización del 1-O se ha saldado con 11.475 días acumulados en las prisiones del Estado. Los indultos han puesto punto final a esta etapa, a pesar de que pronto podría empezar una nueva, con más presos derivados de las muchas causas judiciales surgidas del 1-O, a pesar de que el Consejo de Europa y otros organismos internacionales están reclamando abiertamente que se ponga punto final a la represión del independentismo.

Prisión provisional

A Junqueras por ser el máximo responsable del Govern (con Carles Puigdemont en el exilio), a Forn por ser el responsable político de los Mossos y a Sànchez y Cuixart por ser los líderes de las organizaciones civiles, el Tribunal Supremo —que se hizo cargo de la causa— decidió castigarlos de manera extra manteniendo para todos ellos la prisión preventiva que el 4 de diciembre revocó para el resto de investigados. Todos los presos políticos, excepto Cuixart, formaron parte de las listas electorales de las elecciones al Parlament que se tenían que celebrar el 21 de diciembre y, a pesar de que algunos de ellos optaron también por intentar ejercer de diputados, pronto quedó claro que la justicia española intentaría evitarlo a cualquier precio. Junqueras incluso fue sancionado por difundir un mensaje de audio en un mitin electoral. A Sànchez no le permitieron acudir a su sesión de investidura y, en marzo, el juez instructor, Pablo Llarena, decidió volver a encarcelar a los políticos a los cuales había concedido la libertad inmediatamente antes de comprobar si Turull podía acabar siendo investido president.

La prisión provisional para todos ellos sería larga. Primero en Madrid, en las prisiones de Estremera y Soto del Real para los hombres y en la de Alcalá Meco para las mujeres, y, a partir de julio de 2018, en Catalunya en los centros de Lledoners en el caso de los hombres y de Puig de les Basses en el caso de las mujeres (Forcadell acabó pidiendo el traslado a la de Mas d'Enric en Tarragona y, una vez condenada, a la de Wad-Ras en Barcelona). El 1 de febrero del 2019 de nuevo hacia Madrid, para empezar el juicio en el Supremo. Durante los casi dos años que duró la prisión preventiva en el caso de los Jordis (la sentencia del Supremo se hizo pública el 14 de octubre del 2019), solo a alguno de ellos se le permitió excepcionalmente salir con algún permiso médico, para conocer su hijo recién nacido, y en el caso de los que se presentaron a las elecciones españolas de abril de aquel año para acudir a la sesión constitutiva del Congreso y del Senado. En el caso de las europeas de mayo, en cambio, a Junqueras no se le permitió ni siquiera recoger las credenciales.

El 100.2

Una vez condenados y, conscientes de que la magistratura les observaba con lupa, la Generalitat optó por no concederles de entrada el tercer grado. Fueron clasificados en segundo grado (el que habían señalado las juntas de tratamiento de las prisiones) el 9 de enero de 2020. Una semana después, Cuixart y Sànchez cumplían una cuarta parte de la condena y podían empezar a optar a permisos. Pero la vía para flexibilizar la estancia en la prisión por la cual optaron las instituciones penitenciarias fue la del 100.2, el artículo del reglamento penitenciario que permitió a los presos salir a trabajar, hacer voluntariado o cuidar de familiares entre los meses de febrero y julio de aquel año —con un paréntesis obligado por el confinamiento del covid—. En su primer día de trabajo, después de dos años sin poder ir, Cuixart se desplazó directamente hacia su fábrica de Sentmenat.

Tercer grado

Ha habido mucha polémica vinculada a la concesión, el 14 de julio del 2020 (se ejecutó a partir del día 17), del tercer grado penitenciario. La Fiscalía se opuso rápidamente y la derecha española puso el grito en el cielo. Y eso que, en el caso de los hombres, solo pudieron disfrutar del régimen de semilibertad (que les permitía pasar los fines de semana en casa y no ir a la prisión más que a dormir entre semana) durante 50 días, 11 días en julio de 2020 y 39 en 2021. Sànchez y Cuixart, por ejemplo, han estado 50 días en tercer grado de un total de 1.346, un 3,7% de los días que han pasado en prisión. El Supremo se opuso a pesar de que los jueces de vigilancia penitenciaria les habían validado y ahora el alto tribunal también ha hecho un informe en contra de los indultos. Esta vez, sin embargo, no podrá evitar que salgan a la calle, ahora sí, en libertad.