El PSOE matiza el acuerdo con Junts: el Estado seguirá bonificando sólo el 30% del transporte público

MadridAl día siguiente que el gobierno español salvara dos de los tres primeros decretos de la legislatura por el acuerdo in extremis del PSOE con Junts, se van conociendo con cuentagotas más detalles de los compromisos que ayer sólo comunicó una de las dos partes. Los junteros emitieron un comunicado con los principales puntos del pacto, pero los socialistas mantuvieron el silencio. Este jueves por la mañana el PSOE ya ha confirmado oficialmente el contenido del acuerdo, pero con algunos matices y aún con inconcreciones.

La bonificación del transporte

El principal matiz tiene relación con la bonificación del transporte público. Mientras que Junts afirmó que el Estado asumiría "la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio", el PSOE concretó que el gobierno español seguirá pagando sólo el 30%. Para llegar al 50% las comunidades autónomas tendrán que seguir aportando el 20% restante.

El decreto anticrisis aprobado incluye que durante un año más el Estado seguirá subvencionando una parte del transporte urbano e interurbano (no es competencia estatal), como el metro y el autobús. Sin embargo, la subvención del Estado (un 30%) está vinculada a si las administraciones competentes, por ejemplo, la Generalitat, aportan un 20% adicional de subvención.

Lo que cambia, ha explicado en una atención a los medios la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que se elimina la "condicionalidad". Las autonomías ya no tendrán que aportar obligatoriamente su parte para que el Estado bonifique el 30%, que estará "garantizado por el Estado". "Estoy convencida de que las comunidades seguirán aportando el 20%", ha dicho Montero.

Balanzas fiscales

"Publicación inmediata de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales", anunció Junts. Desde el PSOE concretan que lo que se hará es "permitir el acceso" a los datos a las administraciones públicas o centros de investigación que los quieran para "aplicar su metodología y publicar sus conclusiones". Aquí el ministerio de Hacienda deja en manos de la Generalitat el detalle de los datos a publicar.

Fuentes del ministerio de Hacienda remarcan que esto no implica calcularlas, al menos por parte del gobierno español, que de hecho no las publica desde el año 2017. La balanza fiscal es la diferencia entre lo que pagan los ciudadanos y las empresas catalanes en impuestos al Estado y lo que gasta el gobierno español y otros organismos estatales en territorio catalán.

Competencias en migración

El punto del acuerdo que Junts destacó más fue la "delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat". Según el partido, se aplicará el artículo 150.2 de la Constitución para transferir las competencias a la Generalidad a través de una ley orgánica específica para Cataluña. Fuentes del PSOE se limitan a hablar de una delegación para realizar esta "gestión integral de la inmigración" a través del artículo citado por Junts, sin concretar su alcance.

En una entrevista en TVE este jueves por la mañana , el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha dicho que el compromiso es hacer esta ley orgánica, pero que "ya se verá cuáles son las competencias exactas". No especificó si esto incluirá el control de fronteras, por ejemplo, uno de los elementos que denunció el PP, que en una primera valoración del acuerdo advirtió de una posible cesión de "soberanía".

Fuentes de los ministerios de el Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explican al ARA que desconocen los detalles negociados por los partidos. "Tenemos que esperar a lo que se negocie en la futura ley orgánica", dice Interior. Una de las dudas que genera el traspaso de las competencias de inmigración es que podría chocar directamente con la Constitución (artículo 149) si se plantea como delegación integral. "No se toca ningún aspecto de la Constitución", afirman las mismas fuentes del PSOE, que garantizan su constitucionalidad sin más detalles.

Sedes de empresas y otras modificaciones

En relación con el retorno de las sedes de las empresas que se marcharon de Catalunya tras el 1-O, Junts decía que implica la “reforma de la ley de sociedades de capital mediante el consejo de ministros para revertir el decreto del PP del 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña”. El PSOE confirma que se aprobará un "plan" para "revertir las consecuencias" del decreto.

La ministra de Hacienda sólo ha aclarado que "se reforzará" que cuando la sede de una empresa reside en un lugar esté donde lleve a cabo todas sus obligaciones. Los socialistas remarcan que esto "no supone ni obligación ni sanción" a las compañías que decidan mantener su sede fuera de Catalunya, a diferencia de lo que se publicó inicialmente durante la negociación.

Los socialistas, además, confirman que se incorporará el aceite a los productos que tienen un IVA al 0%, así como la supresión del polémico artículo sobre las cuestiones prejudiciales que, a juicio de Junts, ponía en riesgo la aplicación de la ley de amnistía. Ahora bien, el PSOE subraya que el régimen jurídico "no cambiará con la supresión" y los procedimientos judiciales podrán seguir paralizándose igualmente a la espera de la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).