Puigdemont alegará persecución política para tumbar el suplicatorio

BruselasCuando el ex president Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí fueron escogidos eurodiputados, los juicios en territorio belga y escocés para decidir sobre sus órdenes de extradición quedaron suspendidos, pendientes de que la Eurocámara resolviera sobre su inmunidad parlamentaria a petición del Tribunal Supremo. Ya hace casi un año que están en el Parlamento Europeo, pero hasta este lunes no se empieza a estudiar el caso porque, hasta ahora, no se había dado luz verde a tramitar por la vía telemática un proceso que tiene que ser secreto y a puerta cerrada.

Esta cuestión, la de la no presencialidad, es una de las que han generado más ruido de fondo. La defensa de los eurodiputados no ve con buenos ojos que se haya dado luz verde al suplicatorio por la vía telemática, que no está recogida en el reglamento de la Eurocámara. Considera que puede vulnerar los derechos de los tres diputados -el procedimiento tiene que garantizar la confidencialidad- y asume que demuestra la voluntad política del presidente de la comisión, miembro de Ciudadanos, de acelerar el proceso con un sistema que el partido naranja hasta ahora había rechazado en Catalunya. De hecho, la situación fue exactamente la inversa cuando se pretendía investir a Puigdemont por vía telemática en el Parlament de Catalunya en enero de 2020. Entonces, Cs consideraba que se pisaban los derechos de la oposición y JxCat no entendía cómo en pleno siglo XXI se podía descartar esta vía.

No es la única “irregularidad” que cree haber encontrado la defensa, encabezada por el abogado Gonzalo Boye. De entrada, ve un error procedimental en el hecho de que solo haya un ponente para tres eurodiputados diferentes que están acusados de delitos diferentes -Ponsatí no está acusada de malversación de fondo, como sí lo están Puigdemont y Comín-. Durante el suplicatorio argumentarán que el ponente del informe, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, comparte grupo parlamentario con Vox, que fue acusación popular en todo el proceso judicial en el Supremo contra los presos políticos. Y todavía hay otro elemento básico que chirría a ojos de los letrados de los independentistas: de los veinticinco miembros de la comisión que se encarga de los suplicatorios (suplentes incluidos), ocho son españoles de Cs, el PP, el PSOE y Vox.

El objetivo de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín es no perder la inmunidad parlamentaria, puesto que perderla significaría la reactivación de sus euroórdenes. Aun así, el fin no es solo ese. El suplicatorio es un paso más en la estrategia del exilio independentista de exportar y denunciar la judicialización del Procés y la represión. Por eso, los tres, junto con sus abogados, Gonzalo Boye y Josep Costa, quieren hacer de esta tramitación parlamentaria un “juicio al juicio”. El argumento más potente y de fondo que esgrimirán los eurodiputados de Junts es que sufren “persecución política”, el principio de “fumus persecutionis”, porque consideran que el objetivo del proceso en si mismo es “impedir que los tres puedan ejercer de eurodiputados”, según explican fuentes próximas. En este paquete del argumentario, apuntan a la falta de imparcialidad del sistema judicial español, al “sesgo ideológico de la Fiscalía ” y a los “atrasos intencionados” del TC para aplazar que los casos contra el independentismo lleguen a instancias europeas.

En relación con el sistema judicial español, otro de los argumentos es que el Tribunal Supremo (de propia mano por el juez Pablo Llarena) no era el competente para emitir las euroórdenes que solicitan su extradición por sedición y malversación. Recalcan que, de entrada, el suplicatorio se tendría que rechazar porque tendrían que ser juzgados por los tribunales de primera instancia, puesto que no eran aforados. De hecho, por este motivo la justicia belga rechazó la extradición del ex conseller Lluís Puig.

Para acabar, la defensa recordará que el delito de sedición no existe en países como Alemania, Francia, Italia y Bélgica. A pesar de toda esta munición, Puigdemont, Comín y Ponsatí son conscientes de que en la mayoría de casos los suplicatorios se aceptan y cuentan con poder recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por irregularidades en el proceso.

Un procedimiento de cuatro meses

Después de tres meses de pausa forzada por el virus, hoy es la primera videoreunión de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara (llamada JURI). Ninguno de ellos comparece todavía, sino que el parlamentario encargado de su informe, el búlgaro ultraconservador Angel Dzhambazki, presenta sus casos y los miembros de la comisión, presidida por el europarlamentario de Ciudadanos Adrián Vázquez, intercambian opiniones. Más adelante se harán las comparecencias de los eurodiputados concernidos. Tendrán 15 minutos cada uno para hablar y pueden estar acompañados por sus abogados (o cederles tiempos). En una tercera fase, después de estudiar y tener en cuenta las alegaciones, Dzhambazki tendrá que presentar el borrador de informe en el que recomendará a la comisión levantar o no la inmunidad de los parlamentarios, cosa que los miembros de la JURI tendrán que aceptar o rechazar con una votación. Para acabar, se elevará la decisión a plenario para que voten todos los miembros del Eurocámara.

Todo este proceso dura, como mínimo, cuatro meses, un marco temporal que variará en función de las reuniones que el presidente de la comisión convoque o de la capacidad de la defensa de los exiliados de retardarlo presentando documentos o haciendo reclamaciones. En un contexto sin pandemia, todo ello tendría lugar en una de las salas de la Eurocámara a puerta cerrada. Solo podrían asistir los miembros de la comisión, sus asistentes y los eurodiputados afectados con su defensa. Pero ahora, avalado por los servicios legales del Parlamento Europeo, el presidente de la comisión tiene vía libre para que todo se haga de manera telemática y, de hecho, solo él estará físicamente en la sala.

Las fases del proceso de revisión de la inmunidad

Presentación del caso

En la primera reunión (hoy), el ponente, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, presenta el caso y los eurodiputados intercambian opiniones al respecto.

Comparecencia

En una segunda fase (duran alrededor de un mes) los eurodiputados catalanes tendrán 15 minutos para alegar cada uno.

Presentación del informe

Una vez escuchadas las alegaciones, el ponente presenta el informe a la comisión, en el que recomienda levantar o no la inmunidad.

Votación en comisión

Después de analizar el informe del ponente, los miembros de la comisión votan si lo aceptan o no y lo elevan al plenario.

Votación en plenario

La última fase implica que, después de la votación en comisión, sean todos los eurodiputados los que voten los suplicatorios.