Puigdemont denuncia España en la Comisión Europea por el incumplimiento de la amnistía

BarcelonaLa primera muestra de que la aplicación de la amnistía no será fácil a pesar del aval de la justicia europea la ha dado el Tribunal de Cuentas, que se ha negado a aplicarla de entrada a pesar de ser uno de los señalados directamente en la sentencia de la semana pasada. El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentado un escrito a la Comisión Europea denunciando a España por el incumplimiento de la amnistía y alertando de la maniobra del Tribunal de Cuentas. En un escrito avanzado por Vilaweb y al que ha tenido acceso el ARA, denuncia que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía que ha abierto un trámite de alegaciones que no solo considera innecesario, sino que también asegura que contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"La sentencia prejudicial vincula al juez nacional –con más razón al mismo órgano remitente– en cuanto a la interpretación del derecho de la Unión a efectos de la resolución del litigio, y es obligatoria desde el día de su pronunciamiento", expone Boye en el documento, que también se ha enviado al TJUE para alertarle de que se está incumpliendo su sentencia. El abogado de Puigdemont, de Toni Comín y de Lluís Puig –tres de los treinta y cinco encausados en el Tribunal de Cuentas– reclama a la Comisión Europea que "incoe contra el Reino de España un procedimiento de infracción previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".

Y qué dice este tratado? Básicamente, que la Comisión Europea puede abrir una investigación, enviar a las autoridades españolas una carta para pedir explicaciones –que Boye reclama que sea de forma "urgente"– y, finalmente, emitir un dictamen motivado. La Comisión Europea podría exigir el cumplimiento de la sentencia del TJUE y, hasta incluso, demandar al estado español en el mismo TJUE. Una opción, hoy por hoy, remota. La voluntad de la defensa de Puigdemont es alertar a las instituciones europeas de que los mismos tribunales que las han interpelado –el Tribunal de Cuentas fue uno de los que elevó una cuestión prejudicial– no hacen caso de sus resoluciones.

Los fondos europeos

El TJUE fue claro negando que los gastos relacionados con el Procés –tanto en lo que respecta a la acción exterior como a la organización del referéndum– hayan provocado una reducción de la riqueza de la UE y de su presupuesto. La afectación a los fondos europeos es, precisamente, una de las exclusiones que prevé la ley de amnistía y a la que el Tribunal de Cuentas pretendía aferrarse para no aplicar la norma. Ahora, Elena Hernáez, consejera de cuentas del departamento segundo, ha abierto un plazo de diez días para que las partes presenten alegaciones en caso de que encontraran indicios de que "se hubieran utilizado fondos procedentes del presupuesto de la UE, o administrados por la UE o por cuenta de esta". La defensa de Puigdemont subraya que esta decisión es del todo improcedente y que lo único que debe hacer ahora este tribunal es dar por cerrado el procedimiento y aplicar la ley de amnistía.