Puigdemont y el PSOE siguen atascados en el 'lawfare'

Barcelona / BruselasEste lunes se ha repetido la misma secuencia que el pasado jueves: el secretariado permanente de Junts se ha trasladado a Bruselas para validar un eventual acuerdo inminente con el PSOE y ha acabado marchando sin ningún entendimiento definitivo. Las negociaciones siguen atascadas, pero seguirán en Bélgica: el secretario general de JxCat, Jordi Turull; la presidenta del partido, Laura Borràs, y la portavoz en el Congreso de Diputados, Míriam Nogueras, se han quedado en la capital belga con el expresidente Carles Puigdemont para seguir las conversaciones con el PSOE, que también ha enviado allí su número tres , Santos Cerdán. ¿Cuál es el arrecife de las negociaciones? Lo mismo que el jueves: el alcance de la amnistía. El quid de la cuestión es cómo incluir las causas no vinculadas al 1-O –que Junts considera lawfare– en la ley de amnistía. Un perímetro con el que, por ahora, no hay acuerdo. El resto del pacto, aseguran las fuentes conocedoras, está cerrado: por tanto, falta poco, dicen, sin descartar cerrar un acuerdo esta semana.

Es lo que han intentado los negociadores a lo largo de este lunes: no se han encontrado presencialmente y han estado intercambiando documentos a un ritmo "lento" y "tedioso", según las fuentes. "La ley debe afinarse hasta la última línea para que no quede nada en el aire", remarcan. Y es que se trata de cuestiones "técnicas" que los juristas de Junts y el PSOE no ven igual: cuando parece que todo está cerrado, se vuelve a reabrir con la enésima revisión, y así una y otra vez –reflexiona otra voz próxima a las conversaciones–. Solo este lunes se ha enviado dos veces el texto de la potencial ley de amnistía para realizar sus respectivas propuestas y contrapropuestas.

Ahora bien, todo se ha hecho a distancia a pesar de estar a escasos metros en Bruselas: Cerdán está alojado en el hotel Sofitel, mientras que la cúpula de Junts se ha concentrado a cinco minutos a pie de distancia, en el Press Club, el mismo lugar en el que Puigdemont compareció hace seis años cuando llegó al exilio tras la declaración de independencia. Ahora bien, el expresidente no se ha dejado ver en todo el día, un indicador de que el ritmo de las conversaciones iba más lento de lo previsto.

El punto de discordia es la redacción de la ley. Junts quiere "garantías" que las causas no directamente vinculadas con el 1-O no quedarán fuera de su alcance –como la del jefe de la oficina del expresidente Josep Lluís Alay–, que no aflorarán nuevos casos ahora bajo secreto de sumario una vez aprobada la amnistía o que una vez archivados una serie de procedimientos no aparecerán otros nuevos por otros temas. Ahora bien, esto es una línea roja para el PSOE, puesto que sería reconocer que en España hay "lawfare", es decir, que se utilizan los tribunales en contra de adversarios políticos. A través de este concepto, Junts pretendería cubrir también casos que generan controversia dentro del independentismo: el de la líder del partido, Laura Borràs, por la causa de la Institución de las Letras Catalanas o la causa que afecta a Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y artífice de la ley de amnistía, por blanqueo de capital en la investigación al narcotraficante Sito Miñanco.

El efecto de Tsunami

Después de la imputación de Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa de Tsunami, enmarcada en el terrorismo, fuentes de Junts se afianzan en la necesidad de revisar a fondo la proposición de ley de amnistía. Y en este punto envían un dardo a Esquerra: remarcan que tal y como está redactada ahora la propuesta, que excluye el olvido judicial del terrorismo en casos en los que haya víctimas mortales, habría el riesgo de que Tsunami quedara fuera. ¿Por qué? El juez Manuel García-Castellón, en su último auto, considera que es necesario aclarar la relación entre las acciones de Tsunami en el aeropuerto y la muerte de un ciudadano francés que sufrió un paro cardiorrespiratorio tras llegar andando a la terminal . De esta forma, García-Castellón intenta desactivar la amnistía. Ahora bien, Esquerra no piensa igual: considera que tal y como está redactada la proposición de ley, la causa de Tsunami y también la de los CDR siguen amparadas, informa Mireia Esteve.