Agostinangelo Marras: “Si Puigdemont recupera la inmunidad será un problema para España”

El abogado italiano del expresident Carles Puigdemont atiende al ARA después de la suspensión del caso en el Tribunal de Sassari. Es uno de los abogados más reconocidos en Cerdeña.

¿Con qué argumentos defendió al expresident Carles Puigdemont?

— Pedimos suspender la decisión a la espera de que Luxemburgo decida dos cosas: la primera, establecer si Puigdemont tiene inmunidad. La segunda, si el juez español [Pablo Llarena] es competente para emitir el mandato de detención. La discusión es si el Supremo podía hacerlo o lo tenía que hacer el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, puesto que los hechos pasaron en Catalunya. Las dos cosas se tienen que decidir antes de la situación del president Puigdemont en Italia. La fiscalía [italiana] defendió lo mismo. Es por eso que el tribunal dictó la suspensión.

¿La fiscalía italiana no tenía que defender lo que dijera la española?

— No, solo la posición italiana.

Vox quedó fuera del procedimiento a pesar de presentarse en Alguero. ¿Provocó alguna reacción el hecho que fuera la extrema derecha?

— La defensa y la fiscalía defendimos que en esta fase del procedimiento no está prevista la participación de las asociaciones. Un partido no está legitimado para estar. No creo que sea una cuestión de si es de derecha o de izquierda.

Puigdemont tiene un proceso de entrega en Bélgica e Italia. Cuando decida Luxemburgo, ¿qué estado decidirá sobre el futuro del expresident?

— Cuando Luxemburgo decida, Italia tendrá la notificación y retomará el proceso judicial. Así como Bélgica. Ahora bien, si Puigdemont no está aquí [en Italia] no lo pueden llevar a España desde Cerdeña.

¿Por qué cree que Puigdemont fue detenido en Italia y no en Francia?

— No puedo decir por qué no ha sido detenido en Francia. Puedo decir que en Italia fue detenido correctamente porque había un mandato de detención [del Supremo]. La policía no podía decidir si lo hacía o no.

¿Pero por qué solo en Italia?

— No sé por qué motivo. Puigdemont ha estado en muchos países y no ha habido detención. Y ha estado en otros, como Alemania e Italia, que sí. Puedo decir por qué sí que ha pasado en Italia, y es porque había una orden de detención de la Interpol y la policía de frontera la ejecutó.

¿Qué opina sobre que el Supremo diga que la euroorden está vigente y la Abogacía del Estado que está suspendida ante Luxemburgo?

— Es un buen problema para España. Luxemburgo dice, el 30 de julio, que el abogado del Estado ha comunicado que el mandato está suspendido y después Pablo Llarena dice que no es verdad. Es una contradicción que no les favorece.

¿Cómo se utilizará en la defensa?

— Ahora el tribunal europeo es quien tiene que decidir si efectivamente el president recupera la inmunidad.

A pesar de todo, Puigdemont continúa sin poder viajar a España.

— Ciertamente, el mandato español es operativo y activo. Si ahora entrara en España sería detenido.

¿Si Luxemburgo le reconoce la inmunidad plena como eurodiputado [en la resolución del fondo del recurso] podría volver a España?

— Si Luxemburgo se pronuncia a favor de la inmunidad del president Puigdemont, será válida en toda Europa, también en España. Si esto pasa será un problema para el estado español porque tendrá que tener en cuenta que Puigdemont disfruta de la inmunidad y difícilmente podría ejecutar el mandato judicial.

Hasta ahora, sin embargo, no ha respetado su inmunidad. ¿Qué pasaría si tampoco lo hiciera en este escenario?

— Podría contravenir el derecho europeo. No sé qué podría pasar.

El Supremo remitió las euroórdenes contra Clara Ponsatí y Toni Comín. ¿Se habló de ello en la vista?

— No se entiende esta orden del juez español. No se trató dentro de la vista y no se está tramitando nada en la justicia italiana.

¿Antes de esto conocía el caso catalán?

— Solo lo que había leído en los periódicos.

¿El caso de Puigdemont ha afectado la política sarda y la italiana?

Ha tenido un cierto efecto en la política de Cerdeña, algo menos en la italiana. Draghi dijo que la política italiana no tenía nada que ver con la detención, que era una cuestión judicial.