El plan del gobierno español para hacer menos elitista el acceso a la carrera judicial

MadridPaso importante del gobierno español para "democratizar" el acceso a la carrera judicial. El objetivo es reducir las desigualdades que de entrada tienen aquellas personas que no pueden permitirse económicamente dedicar una etapa de su vida a estudiar unas oposiciones. En consecuencia, termina siendo la clase media y alta la que puede acceder a ser juez y fiscal. "No puede ser un impedimento la baja renta de la familia. Si te esfuerzas y estudias, puedes serlo", ha subrayado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Para responder a esta realidad, el ejecutivo ha presentado su medida estrella: blindar por ley un sistema de becas -ahora ya se están concediendo- equivalente al salario mínimo interprofesional durante cuatro años. Irán destinadas a personas con rentas bajas o medias que quieran acceder a la carrera judicial, fiscal, de la Abogacía del Estado y letrado de la administración de justicia.

Otro de los cambios importantes serán los mismos exámenes. Hasta ahora existían pruebas tipo test y orales, y lo que se quiere introducir es también una prueba escrita para que se evalúen no sólo las capacidades memorísticas. Este examen escrito será anónimo. Además, se promoverá que ingresen en la carrera judicial o fiscal profesionales del derecho con diez años de experiencia a través de lo que se llama cuarto turno. La norma establece que un 25% de los miembros deberían provenir del cuarto turno, pero no se cumple –son un 9,33%–, ya partir de ahora se convocarán tantas plazas para el turno libre como para el cuarto turno, a fin ampliar la carrera y que entren más perfiles que provienen de otros ámbitos del derecho. También se creará un cuarto turno para acceder a la carrera fiscal. Además, se realizará un proceso de regularización de jueces sustitutos y suplentes y fiscales sustitutos por orden de la Unión Europea que también permitirá engrosar las carreras.

La financiación de las asociaciones

En materia de transparencia y calidad de la judicatura, el gobierno español plantea al anteproyecto eliminar la financiación privada de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales. "Va online de garantizar la apariencia de imparcialidad. La financiación privada de determinadas asociaciones cuando estas empresas pueden acabar en procesos judiciales... Hay que hacer por cuotas de los socios y financiación pública", ha valorado Bolaños. Además, el principal órgano consultivo en materia de ética, que es la comisión de ética, pasará de siete a nueve miembros. Cinco de ellos serán escogidos por los propios jueces y magistrados, mientras que los otros cuatro serán catedráticos y expertos elegidos por las Cortes españolas.

El anteproyecto se aprueba ahora en primera vuelta al consejo de ministros y deberá recibir los informes consultivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Después el gobierno español deberá aprobarlo en segunda vuelta y llevarlo al Congreso de los Diputados, donde deberá someterse al trámite de enmiendas. Hace tiempo que Sumar pedía una reforma en este sentido, así como el resto de socios de investidura, que de entrada se presentan como los eventuales aliados con los que salir adelante.