¿Cuando se rompió la confianza entre el PSOE y Junts?
Los últimos días de agosto de 2025 fueron la última oportunidad para salvar la situación
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Madrid / Barcelona"A Pedro Sánchez no lo investiremos porque hemos salido escaldados". De esta manera respondía el secretario general de Junts, Jordi Turull, esta semana a la periodista Ariadna Oltra en Els matins cuando le preguntaba qué haría su partido si volvieran a ser decisivos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué ha pasado en estos tres años para que la conclusión de Junts sea esta? ¿Qué se ha roto y, sobre todo cuándo, si al final parece que se podrá aplicar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont? L'ARA ha reconstruido los momentos clave de esta tortuosa relación que empezó el verano del 2023 después de años de poco contacto a raíz del Procés.
El inicio de todo
Junts recibe las primeras señales del PSOE cuando queda claro que Pedro Sánchez necesitará a los de Carles Puigdemont para seguir en la Moncloa. Las negociaciones las toma personalmente el expresidente de la Generalitat, que asume desde el primer momento que hay que jugar la partida: la condición sine qua non es la amnistía y una mediación internacional sobre el conflicto político. Se pacta casi el esqueleto de la ley, se consuma la investidura y se inicia un proceso de diálogo entre los dos partidos en Suiza con la presencia de la fundación especializada Henry Dunant y el mediador salvadoreño Francisco Galindo. Los participantes de la mesa son Puigdemont, Jordi Turull y la portavoz de Junts en Madrid, Miriam Nogueras, ante el expresidente español José Luis Zapatero, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y su mano derecha, Juan Francisco Serrano.
Al principio el método se cumple. Mensualmente, hay reuniones en Suiza y se amontonan una serie de carpetas que se arrastrarán toda la legislatura: aparte de la amnistía, el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat, la oficialidad del catalán en Europa o la publicación de las balanzas fiscales.
La ruptura de la confianza
La primera gran crisis, sin embargo, llega pronto, cuando hay un desacuerdo en la redacción de la ley de amnistía y Junts decide tumbar la norma en el Congreso el 30 de enero de 2024. La clave era la exclusión de la norma de los delitos de terrorismo, malversación de fondos públicos, contra la seguridad nacional y traición. Es lo que piden los juntaires para que pase el filtro de Europa. El momento de crisis está reflejado en las agendas de Zapatero, ahora en manos de la Audiencia Nacional. "Lío con Junts", comunicaba a su secretaria en aquella época, al mismo tiempo que multiplicaba los contactos con Félix Bolaños, que pilotaba las negociaciones sobre la amnistía por parte del PSOE. A diferencia de Santos Cerdán, con quien Junts —sobre todo Turull— mantuvo una buena relación hasta su caída en junio de 2025, Bolaños nunca ha tenido feeling con los juntaires. Por eso, cuando Cerdán sale de la ecuación, es Zapatero quien pilota la negociación en Suiza.
Es precisamente el verano de 2025 cuando se produce la ruptura definitiva de la confianza entre los dos partidos. El motivo principal: Junts cree que el PSOE juega con el tiempo de la amnistía en el Tribunal Constitucional para mantenerlos ligados a Sánchez toda la legislatura. Un año después de aprobar la amnistía —el 30 de mayo de 2024—, y con el Tribunal Supremo bloqueando el retorno de Puigdemont, los juntaires consideran que el TC podía hacer mucho más para aplicar la ley: aceptar, por ejemplo, las medidas cautelares solicitadas por la defensa del expresidente y, al menos, permitir un retorno rápido a Cataluña. No fue así: se tumbaron de forma sucesiva, y el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, decidió tejer su propia estrategia que ha culminado ahora, al final del mandato de Sánchez: esperar lo que pudiera decir el Tribunal de Justicia de la UE sobre las prejudiciales que había elevado el Tribunal de Cuentas y después ir resolviendo los recursos de amparo.
El punto de no retorno
Después del ultimátum de agosto de 2025, Junts decide que ha llegado la hora de romper, ya que más allá de la inaplicación de la amnistía, tampoco hay avances en la oficialidad del catalán en la UE y Podemos se carga en el Congreso la posibilidad de delegar las competencias de inmigración a la Generalitat. Lo anuncia el mismo Puigdemont el 27 de octubre en una reunión con la cúpula en Perpiñán, una decisión que avala la militancia con amplia mayoría. "Podrán tener el poder, pero no podrán gobernar", advirtió el expresidente.
La ruptura, sin embargo, se ha consumado un año después con el no a los decretos ley de vivienda. En Junts se han sentido engañados de nuevo por el contenido que el PSOE y Sumar aprobaron en el consejo de ministros, mientras que en el gobierno español también se han sentido traicionados después de que los juntaires sí que se avinieran a explorar un pacto. En definitiva, la relación ha ido mal hasta el punto de que Junts dice que no volverá a investir a Pedro Sánchez. Ahora bien, para el gobierno español, una vez Puigdemont pueda volver, se demostrará que el PSOE sí que ha cumplido su palabra, al menos en la amnistía.