Sánchez se lanza a la precampaña aprobando 21 medidas sobre vivienda

MadridLa Moncloa quiere que la vivienda y "los problemas de la gente" sean el marco de la campaña electoral del 29-N y hará lo que esté a su alcance para que así sea. Unos temas que compiten directamente con los que pone sobre la mesa la derecha: desde la crisis migratoria en Ceuta –Alberto Núñez Feijóo ya vuelve esta semana– hasta los casos judiciales que rodean al gobierno español –este martes el PP ha pedido la imputación del PSOE por financiación ilícita en la Audiencia Nacional–. En este contexto, el presidente español, Pedro Sánchez, ha comparecido personalmente en la Moncloa este martes, después de la reunión del consejo de ministros, y ha puesto sobre la mesa un total de 21 medidas en materia de vivienda.

"Si el Parlamento da la espalda a la ciudadanía, la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento", ha dicho nada más empezar la rueda de prensa para justificar el adelanto electoral. "Nos dejaremos la piel en la vivienda", ha seguido. Pedro Sánchez ha argumentado que la convocatoria anticipada de los comicios en el Estado no significa que "tire la toalla" o abandone a la ciudadanía, sino al contrario: por un lado, quiere una mayoría progresista más amplia para "intervenir" de forma "imperiosa" en el mercado de pisos, a pesar de que lleva desde 2018 gobernando; y, por otro, ha prometido que seguirá tomando medidas a favor de la vivienda hasta las elecciones.

De momento ya ha hecho dos cosas: ha vuelto a aprobar los decretos ley impulsados a raíz del caso Maricarmen después de que el viernes los tumbara el Congreso y ha anunciado la movilización de hasta 10.000 millones de euros para los préstamos a interés cero del ICO para quien quiera acceder a la primera vivienda (con ayudas de máximo 50.000 euros). También otras medidas como un fondo de 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales; el endurecimiento de las condiciones para que los fondos buitre no puedan comprar vivienda –ahora vetaba la compra a inversores por debajo del 70% del precio del mercado–; o la obligación de publicitar en la oferta de alquiler el precio según el índice de referencia del ministerio de Vivienda y el límite legal que se puede aplicar si el propietario es un gran tenedor. El PP, por la comparecencia de este martes, ya le ha llevado a la Junta Electoral Central por utilizar la Moncloa como un "mitin".

La ventaja de la diputación permanente

Gobernar a golpe de decreto ley y con las Cortes disueltas tiene una ventaja sustancial para Pedro Sánchez: entra en funcionamiento la diputación permanente, donde los progresistas tienen mayoría sin Junts. Se trata de un órgano parlamentario, una especie de mini-Parlamento, que opera cuando se convocan elecciones o hay periodos de vacaciones. Actualmente está formada por 69 diputados en una representación proporcional de los grupos de la cámara. La clave para entender el movimiento de la Moncloa es que, a diferencia del pleno, en este organismo la suma de los de Carles Puigdemont con el PP y Vox (34) es menor a la suma de todas las izquierdas.

¿Qué incluían los decretos? Por un lado, hay uno que suspende temporalmente los desahucios a familias vulnerables y que incorpora otras medidas como la prórroga extraordinaria de los alquileres durante dos años, además de numerosos incentivos fiscales tanto para la compra de pisos como para inquilinos y pequeños propietarios. Y, por el otro, un segundo decreto ley en el que se establecen los contratos indefinidos de alquiler y una indemnización para el inquilino si el propietario quiere terminar el contrato antes de tiempo. De acuerdo con las mayorías de la diputación permanente, solo está previsto que salga adelante el primero, ya que el PNV también se ha opuesto a esta segunda medida, que es una demanda del Sindicato de Inquilinas.

En este punto, Sánchez ha explicado que el consejo de ministros ha introducido un cambio relevante: como los decretos ley entran en vigor cuando se publican en el BOE, para evitar que los contratos indefinidos solo sean operativos por unas semanas han condicionado que se aplique solo en caso de que la medida sea aprobada por la diputación permanente. Un hecho que no se producirá porque el PNV votó en contra, como ya hizo en su momento.

La reacción de Junts

Junts no ha tardado en criticar la jugada del ejecutivo español. "Intenta aprobar las medidas en un órgano en el que no está representada la mayoría social", ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio la portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras, si bien ha admitido que la vía escogida por Sánchez "es legal". "Me parece mal [...], pero ha decidido hacerlo", ha dicho. Unas palabras que contrastan con las voces de la extrema derecha y derecha española que acusan al presidente español de cometer fraude de ley con la aprobación de los decretos en la diputación permanente. "Es una cacicada", ha asegurado Pepa Millán, de Vox, mientras que Esther Muñoz, portavoz del PP, considera que todo ello forma parte de "la campaña política" de Sánchez. A la espera de posibles impugnaciones, cabe recordar que el gobierno español sí que puede aprobar decretos ley con las Cortes disueltas. Las únicas condiciones son que no pueden regular cuestiones como derechos fundamentales y que se deben hacer solo por cuestiones de urgencia. "Es perfectamente legal", ha reaccionado Ione Belarra (Podemos); y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), ha advertido a la derecha que la calle "les pasará por encima" si intentan volver a vetar la normativa de vivienda.