BarcelonaTània Verge es politóloga y miembro de la Sindicatura Electoral del 1-O, que ayer fue absuelta.
¿Cómo valora la sentencia?
— Constata que lo que presentó la Fiscalía era una querella preventiva que tenía un objetivo político: amenazar con penas de prisión a profesorado universitario para que desistiera de prestar la experiencia en un proceso electoral que reclama el 80% de la sociedad catalana. El Tribunal Constitucional, además, nos amenazaba con multas de 12.000 euros diarios. La querella de la Fiscalía suponía un doble proceso, juzgarnos por una misma cosa dos veces. En los últimos tres años y medio ya ha habido una pena, que es la espera larga y tortuosa que ha provocado sufrimiento en las personas encausadas y nuestros entornos familiares más cercanos.
En estos tres años ha habido la sentencia condenatoria del Procés y la absolución de Trapero. ¿Veían posible también la absolución?
— El sistema judicial español y la actitud de la Fiscalía han sido muy beligerantes. Es muy difícil hablar de justicia en muchos de estos procesos y sus sentencias. A pesar de la debilidad de la prueba que tenía la Fiscalía y la barbaridad que suponía que se vulnerara la libertad académica de poder participar en procesos electorales, no había certeza de cómo podía caer nuestra sentencia. Sí es cierto que nuestro juicio tenía lugar en un tribunal menos politizado comparado con el Supremo, la Audiencia Nacional o el juzgado número 13. Y el juicio se desarrolló de manera muy correcta en cuanto a las garantías del procedimiento.
La libertad académica fue uno de los argumentos utilizados, pero la jueza no se refiere a ella en la sentencia.
— Pone énfasis en la falta de pruebas de la Fiscalía y que, por lo tanto, prevalece la presunción de inocencia. El TEDH reconoce la libertad académica como parte de la libertad de expresión. Ya apuntamos en el juicio que se estaban vulnerando derechos reconocidos en la Constitución y en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Si a la jueza no se le presenta prueba fehaciente de que cometimos determinados delitos, hace bien de dictar la absolución.
¿Consideran que la Fiscalía pueda recurrir la sentencia?
— Lo puede hacer, pero no tiene recorrido. Tal como está escrita la sentencia, tiene poco margen para apelar a una instancia superior. No creemos que tenga argumentos para sostener el recurso.
¿Sin Sindicatura Electoral, los resultados del 1-O fueron válidos?
— Las garantías se las cargó el Estado al no respetar que se pudiera desarrollar el referéndum con normalidad. Ni que hubiera habido Sindicatura hasta el último día, la violencia policial ya suponía una intimidación flagrante hacia el electorado que pervertía las garantías del referéndum. Hay otros muchos factores por parte del Estado que ponían en riesgo que el referéndum tuviera unas garantías democráticas de estándares internacionales. No todo dependía de lo que se pudiera hacer desde aquí.
Después de la absolución, ¿volverían a aceptar el encargo del Parlament?
— Sí. No es solo parte de la libertad académica hacer esta transferencia de conocimiento, sino que no se entendería que una institución pública te haga una propuesta de colaboración y te niegues a ello. Tenemos responsabilidad como académicos de prestar este servicio a las instituciones y más por una causa noble como es un referéndum.
