Vivienda

Qué separa a Junts del PSOE? Estos son los puntos de fricción entre las dos propuestas

Las discrepancias pasan por las prórrogas de los contratos de alquiler y los supuestos de suspensión de los desahucios

02/10/2026 - 15:46 h.

MadridJunts ha pedido de nuevo este viernes al gobierno español que retire los decretos ley de vivienda y se siente a negociar con ellos "a puerta cerrada". Por este motivo, ha puesto sobre la mesa una última propuesta para iniciar las conversaciones, que el gobierno español ha rechazado. El resultado, el voto en contra y, por tanto, el fracaso de los decretos del gobierno. ¿En qué consiste y cuáles son los puntos de fricción entre la propuesta de los juntaires y las del ejecutivo de Pedro Sánchez?

  • Prórroga de los contratos: la propuesta del gobierno español es prorrogar de manera extraordinaria hasta tres años los contratos de alquiler actuales; y en el segundo decreto ley, prorrogarlos indefinidamente y que los propietarios tengan que indemnizar al inquilino con un año de rentas. Por contra, Junts propone una prórroga extraordinaria de dos años extra de los contratos de alquiler siempre que sea acordado entre propietario e inquilino. Es decir, abogan por una prórroga voluntaria con incentivos fiscales para el propietario: si baja el precio un 5% respecto al anterior, se puede desgravar hasta el 90% del rendimiento neto en el IRPF; y en caso de que mantenga el mismo precio de renta, un 70%.
  • Veto a los fondos buitre: la propuesta del gobierno español es prohibir temporalmente, hasta el 2028, a personas físicas y jurídicas la compraventa de inmuebles por debajo del 70% del precio del mercado. Junts cree que esto no impide la compra de pisos a los fondos buitre y propone, por el contrario, prohibir para el mismo periodo de tiempo la adquisición de viviendas en suelo residencial a entidades financieras y a fondos, salvo que los destinen a alquiler social un mínimo de cinco años. Respecto a los grandes tenedores (más de diez viviendas), establecen que no podrán tener un descuento superior al 30% de tasación si no es para destinarlos a alquiler social.
  • Desahucios: también este es un punto de fricción. En el decreto ley que propone el gobierno español se suspenden todos los desahucios si la persona inquilina tiene un perfil vulnerable acreditado. Con condiciones diferentes en función de quién tiene la propiedad: si la propiedad es un particular, las comunidades autónomas deberían compensar la renta que se deja de ingresar mientras se detiene el desahucio; en cambio, en caso de que el propietario sea una empresa, salvo que tenga alquiler asequible, no se le compensaría. Al mismo tiempo, sí que seguiría adelante el desahucio si el particular es propietario de uno o dos pisos. Junts propone una alternativa diferente: en la última propuesta que ha enviado al gobierno español, plantea suspender los desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional en procedimientos promovidos por entidades financieras, fondos o grandes tenedores. En el resto de casos, Junts plantea que el desahucio a una persona vulnerable solo se pueda producir cuando la administración del Estado pague en dos meses "improrrogables" las rentas correspondientes al propietario.
  • Ocupación: en el caso del gobierno español, no menciona este concepto, y en cambio la propuesta de Junts sí que incorpora diversos preceptos. La suspensión de los desahucios, según la propuesta de Junts, no se producirá en ningún caso si la permanencia o entrada a la vivienda se ha producido sin consentimiento y sin ningún título, con violencia o intimidación. Incluso, en estos casos se prevé un mecanismo de desalojo cautelar exprés en 48 horas por la vía penal. Deja claro también que la notificación a los servicios sociales tampoco suspende el desalojo.
  • Más incentivos fiscales a inquilinos: la propuesta de Junts incorpora más incentivos fiscales. Del 10% de desgravación del IRPF para los inquilinos del decreto ley del gobierno español pasa al 15%, siendo ambos aplicables solo a rentas de menos de 33.007 euros. También crea un nuevo tipo reducido de IVA del 5% para la entrega o construcción de vivienda nueva destinada a residencia habitual con un límite de superficie de 120 metros cuadrados.