"¿El Supremo va a echar a una fiscal general que acaba de salvar a la Corona?"
La sección cuarta desestimará este martes la impugnación de PP y Vox al nombramiento de Dolores Delgado
MadridLa sección IV de la sala de lo contencioso-administrativo, la sala tercera del Tribunal Supremo, desestimará este martes 19 de octubre, según había avanzado el ARA, los recursos del Partido Popular y de Vox dirigidos a anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por presunta falta de idoneidad e imparcialidad. La deliberación y votación será presidida por el presidente de la sala tercera, César Tolosa, porque los recursos afectan al ministerio fiscal.
Esta impugnación encendió la alarma en la Fiscalía General del Estado en enero pasado cuando la sección IV decidió que no era pertinente rechazar a limine o de entrada los recursos, según solicitaba la Abogacía del Estado, y decidió pronunciarse al dictar sentencia sobre la legitimidad o no de PP y Vox para recurrir. La fiscal general del Estado decidió entonces personarse en el procedimiento con abogado -Joaquín García Bernardo de Quirós, exmagistrado, especialista en la jurisdicción contencioso-administrativa, miembro del bufete Ramón y Cajal- para cuestionar a sus impugnadores.
La idea y base del recurso la aportó la conducta del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, quien el 16 de enero de 2020 evitó utilizar la palabra idoneidad al dar luz verde al nombramiento de Delgado como fiscal general. La ausencia de dicho concepto -es el que se utiliza normalmente- en la resolución aprobada por una mayoría conservadora de 12 contra 7- le sirvió al PP y a Vox para impugnar la designación.
Ambos partidos consideraban muy desgastada la imagen de Dolores Delgado como ministra de Justicia -audios filtrados del caso Tándem Villarejo mediante- y factible la impugnación, dada la “disposición” de los jueces a dar varapalos al gobierno. Era un intento de reproducir el escenario que condujo a Eligio Hernández, fiscal general del gobierno de Felipe González, a dimitir el 27 de mayo de 1994 ante la próxima anulación de su nombramiento en el pleno de la sala tercera por falta del requisito de quince años de jurista de reconocido prestigio para ejercer en el puesto, una anulación que se produjo el 18 de junio de 1994.
Filtraciones para desactivar el caso
Problema: Delgado cumplía todos los requisitos legales. Y los conceptos de idoneidad e imparcialidad son subjetivos y nada tienen que ver con las normas.
Sin embargo, la amenaza de una posible decapitación provocó una movilización de la FGE en círculos mediáticos. La baza más fuerte fue aquella que la Fiscalía jugó con la filtración, el pasado 5 de octubre, de la información sobre el próximo archivo de las investigaciones sobre las presuntas actividades delictivas de Juan Carlos I en la fiscalía del Tribunal Supremo.
Según ha sabido el ARA, la reunión de los fiscales encargados de las diligencias -entre ellos, José Antonio del Cerro, Juan Carlos López Coig y el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón- para debatir el punto final de la investigación tuvo lugar la tarde del 5 de octubre en la sede de la FGE, en la madrileña calle de Fortuny. El encuentro acabó tarde. Uno de los participantes quedó encargado de informar a la fiscal general del Estado.
La filtración del próximo archivo de las diligencias -al diario digital El Confidencial- fue instantánea. Los fiscales que acordaron la propuesta de archivo se sorprendieron, según fuentes consultadas por el ARA, por la velocidad de la filtración. “Después de investigar durante año y medio, una noticia de archivo en un procedimiento tan importante como el del rey emérito no es desde el punto de vista del ministerio fiscal una noticia muy brillante que digamos. No es para sacar pecho. Por tanto, tiene que haber un interés especial en filtrar”, señala una fuente al ARA.
Otra fuente consultada señala: “¿El Tribunal Supremo va a echar a una fiscal general que acaba de salvar a la Corona? ¡No, por Dios!” El archivo ya es una realidad pendiente de formalizar. Los fiscales que se dedicaron en exclusiva a las tres investigaciones de Juan Carlos I han empezado a recibir nuevos encargos después de la junta de fiscales de lo penal de la semana pasada. Y, por tanto, el archivo está pendiente de que Dolores Delgado estampe su firma en un decreto. Y esto tendrá lugar después de salvar su cabeza este martes 19 de octubre.
Una sala rota por la mitad
Los recursos del PP y Vox han ido a parar, según se ha señalado, a la sección IV de la Sala Tercera del Supremo, conforme a una providencia dictada a mediados de julio pasado. La sección se partió en dos mitades, ya antes de la votación de este martes 19, según versiones fidedignas. Los magistrados Pablo María Lucas, Pilar Teso -la ponente en estos recursos- y Luis Díez Picazo son contrarios a anular el nombramiento, y los magistrados, José Luis Requero, Celsa Picó y Rafael Toledano, se inclinarían por tumbar la designación. Pero hay una pieza que falta: el presidente. Y en esta sesión actúa como tal el flamante presidente de toda la sala tercera: César Tolosa.
Tanto la ley orgánica del poder judicial (LOPJ) como la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa (LJCA) prevé que una mayoría de magistrados de la sección encargada puede lograr que un recurso vaya a parar al pleno de la sala. Otra alternativa era que el presidente de la sala tercera decidiese de oficio elevar el asunto a decisión del pleno de 32 magistrados.
La primera posibilidad, la de la mayoría de la sección, no era posible, según se ha señalado. Por ello, un grupo de magistrados conservadores se empezó a movilizar en julio pasado para recoger firmas con el objetivo de conseguir llevar al pleno la resolución de los recursos. Se reunieron 9 firmas: José A. Montero, José Luis Requero, Inés Huerta, Rafael Fernández Valverde, Segundo Menéndez, Eduardo Calvo, Antonio Jesús Fonseca, Francisco J. Navarro y Rafael Toledano. A notar: Requero y Toledano pertenecen a la sección IV, a la que corresponde resolver el recurso, y Fernández Valverde es vocal del CGPJ, y suele presentarse como vicepresidente de la institución.
La idea era persuadir o "sensibilizar" al nuevo presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, para que trasladase al pleno la resolución del recurso. Pero Tolosa no hizo caso. Eso a pesar de la presión de los medios de comunicación sobre él, dando por hecho que había elevado el asunto al pleno.
La fiscal General del Estado se salvará, pero, según una fuente judicial consultada, “se buscará evitar una imagen de polarización excesiva mediante una sentencia que recoja el sentir de los minoritarios”. Es decir: un rapapolvo al gobierno por el nombramiento de la ministra de Justicia como FGE y votos particulares.