El Supremo, el último escollo para ilegalizar el brazo político de Núcleo Nacional

BarcelonaEn las últimas 48 horas, el grupo neonazi Núcleo Nacional ha tenido que cesar completamente su actividad por orden de una jueza de Gijón. La magistrada Ana López Pandiella investiga a la organización por captar y adoctrinar a jóvenes y menores de edad, a los cuales habría incitado a llevar a cabo “acciones de odio, discriminación e incitación a la violencia contra colectivos vulnerables”. A esta investigación de la justicia asturiana se añade la constatación de la Policía Nacional de que diversos miembros del grupo supremacista viajaron a Ucrania durante el mes de agosto para recibir formación paramilitar, aprender a utilizar armas de guerra y establecer vínculos con organizaciones afines, con el objetivo de preparar en España lo que denominan un “alzamiento armado”.

Ante estos hechos, la jueza Pandiella ha fijado diversas medidas cautelares mientras continúa la instrucción de la causa contra los 14 detenidos el pasado viernes. Entre estas medidas se encuentra la retirada de los pasaportes, la prohibición de salir del territorio estatal, el bloqueo de los contenidos digitales de sus perfiles en las redes sociales, el cierre de las sedes de Madrid, Burgos y Valladolid y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

Núcleo Nacional ha rechazado en diversas ocasiones las acusaciones contra la organización y las ha atribuido a una “persecución y represión política”. Además, ha instado a sus militantes y simpatizantes a afiliarse a Noviembre Nacional para poder mantener la actividad. Este partido, inscrito en el registro de partidos del ministerio del Interior desde febrero de 2026, podría convertirse en una alternativa para el grupo neonazi a la hora de esquivar una eventual ilegalización de la asociación original. Sin embargo, el hecho de estar inscrito como partido no le exime de un eventual procedimiento de ilegalización si se dan los supuestos que establece la legislación.

La suspensión de la actividad de la asociación no equivale a su disolución definitiva. Así lo señala Joan Ridao, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, que explica que la decisión de la jueza se enmarca en una causa penal que todavía se encuentra en fase de instrucción. La ley orgánica del derecho de asociación de 2002 permite que la autoridad judicial acuerde la suspensión cautelar de las actividades de una entidad, mientras que la disolución definitiva requiere una sentencia penal firme. “De momento estamos en fase de instrucción penal, en la que la jueza adopta una medida cautelar, como es la suspensión”, apunta Ridao.

En este sentido, el experto considera que una eventual disolución de Núcleo Nacional es una posibilidad más factible que la ilegalización de Noviembre Nacional, el partido político vinculado al movimiento neonazi. Ridao recuerda que los partidos políticos tienen una protección constitucional específica, recogida en el artículo 6, y que su eventual proceso de ilegalización es mucho más complejo. Para que prosperara, haría falta acreditar, según establece el artículo 9.2 de la ley orgánica de partidos (LOPP), una vulneración sistemática de libertades y derechos individuales, el fomento sistemático de la violencia o el apoyo político directo al terrorismo, así como la falta de condena de los actos terroristas. Estos últimos supuestos fueron clave para poder ilegalizar hasta media docena de partidos de la izquierda abertzale a principios de los años 2000, entre los cuales se encuentran Batasuna, Euskal Herritarrok, Askatasuna o Sortu. Ridao considera “complicado” acreditar hechos de esta naturaleza.

El papel del Supremo

A diferencia de la suspensión de una asociación, que puede ser acordada por un tribunal ordinario a petición de cualquier ciudadano, la ilegalización de un partido político corresponde a la Sala Especial del Tribunal Supremo, conocida como Sala del 61, tal como establece el artículo 11.8 de la LOPP. Se trata de un órgano judicial específico, presidido por el presidente del Supremo e integrado por otros magistrados de las diferentes salas del tribunal. El procedimiento puede ser impulsado por el gobierno español o por el ministerio fiscal, y es esta sala la que debe dictar una sentencia sobre la ilegalización.

Ridao recuerda que este mecanismo se configuró en el contexto político y judicial del 2002, con el objetivo de disponer de herramientas para actuar contra las formaciones vinculadas a ETA. La ley de partidos recibió entonces el apoyo del PP y del PSOE y estableció “un procedimiento muy sumario, muy expeditivo, que es tributario de un determinado contexto, de una determinada época”, explica el jurista.

En cualquier caso, el experto en derecho constitucional considera que trasladar este mecanismo a Noviembre Nacional no sería sencillo. Además de la protección constitucional de los partidos políticos, Ridao explica que habría que examinar los estatutos de la formación para comprobar “si se produce una vulneración grave y reiterada de los principios democráticos, si realmente están llamando a dar apoyo a la violencia”, argumenta. También advierte que la ilegalización de un partido por parte del Tribunal Supremo no es una decisión que se tome “como una cuestión menor”, especialmente por los precedentes que podría establecer de cara a otras organizaciones de ideología similar.