El TEDH pasa de puntillas sobre el debate de la amnistía

MadridIncluso antes de que el Tribunal Supremo (TS) empezara a juzgar al 1-O, los líderes del Procés apuntaban al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El expresidente de Òmnium, Jordi Cuixart, fue el primero de los nueve condenados a llevar la sentencia a Estrasburgo, sede del TEDH, una vez que el Tribunal Constitucional (TC) la ratificó. Cuixart ya avanzaba días antes del juicio que sería en la ciudad francesa y no en la capital del estado español donde se resolvería la cuestión y vaticinaba una condena a la justicia española.

Hace apenas dos semanas que el TEDH empezó a estudiar los recursos –ahora ya han llegado todos los de los presos políticos– en plenas negociaciones entre el PSOE y el independentismo sobre la amnistía, algo que podría propiciar que Estrasburgo acabe renunciando a pronunciarse sobre la vulneración de derechos de los condenados por el Supremo . Mientras los indultos no extinguieron su responsabilidad penal, la amnistía supone el olvido de los delitos. Las demandas podrían quedar desactivadas si el TEDH entiende que la ley de amnistía supone una reparación suficiente para los condenados.

Sea como fuere, Estrasburgo tendrá mucho que decir, pero de momento evita pronunciarse. Es lo que ocurrió este jueves en la primera visita de su presidenta, la irlandesa Síofra O'Leary, en la sede del TC en Madrid. En una conferencia pronunciada ante los magistrados del Constitucional y tras reunirse con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, O'Leary dejó claro que no mencionaría la carpeta catalana ni daría titulares sobre cuestiones candentes como la amnistía.

"No tomaré posición sobre casos pendientes ni posibles casos futuros. Estos asuntos se resolverán en la serenidad de las salas de deliberación de Estrasburgo", dijo, aunque admitió en conversaciones informales la importancia que tienen los casos relacionados con Catalunya. El Estado tiene hasta el 12 de enero para responder a las cuestiones que el TEDH le planteó sobre la sentencia del Proceso, un plazo mucho más largo del que fija el independentismo para aprobar una ley de amnistía como contrapartida en la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez.

Los miembros del TC también mantienen silencio y rechazan realizar pronunciamientos públicos sobre la amnistía, que acabará pasando su examen si se presentan los recursos ya anunciados contra la posible norma. El propio Conde-Pumpido rehuía las preguntas de los periodistas sobre la cuestión en una sede del TC donde predominaba la prudencia y la incomodidad ante ese protagonismo que les llega antes de que exista un texto sobre el que puedan pronunciarse.

Posibles recusaciones

Otro elemento que explica la circunspección en el Constitucional es la posibilidad de una recusación. El presidente del TC ya se vio obligado a apartarse del estudio de todas las causas del Proceso a raíz de una conferencia que pronunció en el 2017. En cuanto a la amnistía, no es un temor sin fundamento, ya que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ya presentó una recusación contra el instructor del Proceso en el Supremo, Pablo Llarena, por haber valorado en una charla la constitucionalidad de la amnistía.