¿Cómo tenía que ser el día después de la DUI?

BarcelonaAdmitida a trámite con urgencia, superadas doce horas de tenso debate -con continuas interrupciones para que se reuniera la mesa del Parlament-, y aprobada de madrugada para evitar la suspensión del Tribunal Constitucional (lo haría cinco días después). El nacimiento de la ley de transitoriedad jurídica hacía presagiar que su entrada en vigor, prevista para dos días después de la victoria del sí en el referéndum, sería conflictiva. Pero no hubo ocasión de comprobarlo: la mayoría independentista decidió que no la aplicaría nunca. Habría sido la "norma suprema" de la república catalana durante el proceso de transición hacia la redacción de la Constitución y preveía los pasos, más o menos detallados, de cómo se estructuraba desde el primer momento la nueva Catalunya independiente. ¿Cómo tenía que ser, pues, el día siguiente de su entrada en vigor con la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre?

Control del territorio y nacionalidad

Releerla con ojos de 2021 ayuda a ver hasta qué punto ha cambiado la realidad política catalana. El 28 de octubre de hace cuatro años la Generalitat se había comprometido a empezar a ejercer la soberanía sobre todo el territorio catalán "terrestre, marítimo y aéreo", como se definía sin entrar en detalles en el artículo 6 de la ley de transitoriedad. En la DUI no se daban muchas concreciones más además de manifestar la voluntad de abrir negociaciones con España. ¿Qué capacidad tenía el Govern para controlar el territorio? Incluso la CUP -que defendía aplicar la ley sin excusas- reconocía que no se podrían controlar las fronteras, los aeropuertos, los puertos ni la economía, al menos hasta que pasaran unos meses. Durante este tiempo se habían previsto hasta 21 decretos para sustentar la nueva legalidad. No se aprobó ninguno, la Generalitat fue intervenida y el president y los consellers, encarcelados o en el exilio.

Otro punto a desarrollar a corto plazo era la creación de un nuevo pasaporte catalán. Todos los ciudadanos nacidos en Catalunya o con nacionalidad española y residencia en el Principat (con algunas excepciones) lo podrían obtener. También se planteaba la doble nacionalidad, para no perder la española, una vez más vía negociación con el gobierno del Estado, con el que también se tendrían que haber entendido para el "reparto de activos y pasivos", para la integración de los funcionarios estatales a la administración catalana o en una carpeta especialmente sensible como el pago de las pensiones. La Agència Catalana de la Protección Social tenía que ser la encargada, a partir de los recursos recaudados por la Agència Tributària de Catalunya. Ni la una ni la otra estaban, sin embargo, capacitadas para desarrollar estas tareas, tal como explicaba el entonces secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, en una conversación telefónica intervenida por la policía. Aún así, Salvadó es uno de los altos cargos que todavía están pendientes de juicio por las estructuras de estado.

Presidente del Tribunal Supremo el 5 de noviembre

La administración española tenía que quedar, pues, relevada de todas sus funciones en Catalunya, pero no se especificaban plazos para completar la transición, a diferencia de lo que se proyectaba en el caso del poder judicial. Aquí sí había una hoja de ruta concreta que empezaba con la conversión inmediata del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el nuevo Tribunal Supremo de la República. En cinco días, es decir, antes del 2 de noviembre de 2017 (del 6 de noviembre descartando fines de semana y festivos) el Parlament tenía que designar por mayoría absoluta -entre los magistrados del TSJC- a los presidentes de las salas del Supremo (civil, penal, social, contenciosa administrativa y superior de garantías) y cinco magistrados o jueces más entre todos los miembros de la carrera judicial para formar, dos días después, la sala de gobierno del Supremo, una especie de Consejo General del Poder Judicial catalán.

En la sesión constitutiva de la sala de gobierno se designarían los miembros de la comisión mixta que al día siguiente, junto con los representantes de la Generalitat, propondrían el 5 de noviembre (el 9 descontando fines de semana y festivos) el nombre del presidente del Tribunal Supremo. Y los plazos eran importantes: "Si no se cumplen, el Parlament puede elegir, por mayoría absoluta, al presidente o presidenta del Tribunal Supremo", especificaba la ley. Este fue uno de los puntos más criticados por la oposición unionista, que veía en ello la voluntad de romper la separación de poderes. Los jueces, los fiscales y el resto de trabajadores de la administración judicial mantendrían el trabajo en la nueva república.

Proceso constituyente

"Catalunya restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, después de décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península Ibérica", decía el texto de la DUI. En seis meses a contar desde el 27 de octubre, se completaría la primera fase del proceso constituyente: la de participación ciudadana, que fijaría las bases de lo que tendría que ser la futura Constitución. Después, elecciones constitutivas para elegir a los miembros de la asamblea, elaboración de la propuesta de Constitución y referéndum ciudadano para ratificarla. A pesar de que todos los partidos situaban este proceso constituyente como el centro de la ecuación, nunca se ha acabado impulsando uno verdaderamente ambicioso y la única propuesta que llegó al menos a hacerse un lugar en el Palau de la Generalitat fue la que apadrinaron -sigue abierta- Quim Torra mientras era president de la Generalitat y Lluís Llach.

Continuidad legal

¿Era posible una independencia unilateral y con el estado español frontalmente en contra? Para intentar mitigar la alarma entre los que la rechazaran, la ley de transitoriedad comprometía al nuevo estado a respetar el derecho vigente hasta entonces (es decir, las normas locales, autonómicas, estatales y de la UE) y también a dar continuidad a los actos administrativos, ya fueran "autorizaciones, licencias, concesiones, certificaciones, evaluaciones, titulaciones, acreditaciones o permisos", y a los tratados internacionales subscritos por España (al menos los que no fueran contradictorios con la independencia). Se trataba de garantizar que la independencia no generaría ninguna conmoción. "El criterio que preside y guía toda la regulación de la ley es el de asegurar la máxima continuidad posible a la regulación existente". El contenido de la Constitución Española -en cuanto a derechos fundamentales- y también el del Estatut, formalmente derogados por la nueva "norma suprema", habrían continuado siendo de obligado cumplimiento hasta que se hubiera completado el proceso constituyente. Como diría Carlos Ruiz Zafón, la ley de transitoriedad jurídica y la DUI viven ahora en el cementerio de las declaraciones olvidadas por el independentismo. De 2017 ya solo se reivindica el referéndum y no como una herramienta vinculante.