Sin tope en los pisos turísticos: el Govern pacta con el PSC dejarlo en manos de los ayuntamientos

BarcelonaLa duda que se cernía este miércoles en la sesión del pleno del Parlament era si el Gobierno conseguiría o no convalidar el decreto para limitar los pisos turísticos, que establece que los municipios tengan que dar una licencia previa para este tipo de negocios. La respuesta es que sí, pero a cambio de modificarlo sustancialmente antes de marzo. ERC ha pactado con el PSC eliminar el tope general de 10 viviendas turísticas por cada 100 habitantes que fija la norma y dejará esta cuestión en manos de los ayuntamientos. Además, se reducen de manera significativa los municipios que tendrán que aplicar algún tipo de regulación: en un primer momento se preveía aplicarlo a los 262 más tensionados habitacionalmente, y finalmente el número se reducirá a 140.

Sin embargo, el Gobierno considera que el objetivo se mantiene intacto. El ejecutivo pone en valor que ahora será necesaria una licencia previa para obtener un piso turístico y que, de facto, estarán limitados porque difícilmente los ayuntamientos enmarcados en una zona tensa por el acceso a la vivienda –estos 140– podrán justificar en su planeamiento urbanístico que conceden más permisos.

Socialistas y republicanos han llegado a un pacto por escrito: " Se suprime el tope máximo legal de 10 viviendas de uso turístico por 100 habitantes que establecía [...], dejando que sean los ayuntamientos quienes decidan sobre la necesidad de establecer o no un tope, de acuerdo con su realidad ". Por tanto, puede haber un tope, sí, pero será en función de las mayorías de cada consistorio. Es la solución que ha encontrado el ejecutivo para obtener el apoyo de los socialistas, quienes reclamaban que se priorizara la autonomía local. "No podemos regular igual todo el territorio", ha dicho el diputado del PSC Òscar Ordeig, que ha reprochado al ejecutivo que no hablara con los grupos y sectores afectados antes de aprobar el decreto en el consejo ejecutivo. También queda cuestionado el objetivo del Gobierno de eliminar hasta 28.000 pisos turísticos de los 100.000 que se calcula que hay hoy en Catalunya.

Más allá de la obligatoriedad de regular las viviendas turísticas que tendrán los 140 municipios que entrarán en la ley, el resto de localidades susceptibles de tener "riesgo de romper el equilibrio del entorno urbano por una alta concentración de viviendas de uso turístico” podrán decidir si aplican la normativa o no. Pasa a ser opcional.

La argumentación del Gobierno y la reacción del sindicato de inquilinos

Pese a las modificaciones, para el departamento de Territori el "gran cambio" que introduce la norma es la obligatoriedad de dar una licencia previa para este tipo de negocios. Hasta ahora sólo se necesitaba una comunicación. Pese a que el ejecutivo admite que se elimina el tope general, asegura que de facto los consistorios declarados en zona tensa tendrán que limitar los pisos turísticos.

¿Por qué motivo? Porque en los municipios con problemas de acceso a la vivienda destinar suelo a pisos de uso turístico sólo es compatible con el uso de vivienda si lo permite expresamente el planeamiento urbanístico, aseguran fuentes de Territori, y se preguntan: "¿Cómo ¿justificarán estos ayuntamientos destinar vivienda a pisos turísticos en una zona tensa?" Por tanto, concluyen que, gracias a la norma, en la práctica no se podrán aumentar las licencias. Y es más: las mismas fuentes aseguran que si un municipio aumenta los pisos turísticos sin destinar el suelo a la vivienda no pasará el filtro de las comisiones territoriales de Urbanismo, formadas mayoritariamente por personal de la Generalitat y que dan el visto bueno a los planteamientos de los ayuntamientos. "No pueden incumplir la ley de vivienda", insisten desde Territori, recordando que la norma estatal establece que en las zonas tensionadas el suelo sobrante debe destinarse a la construcción de pisos de alquiler social. "No se puede sustituir por ningún otro uso público a menos que se acredite la necesidad", dice la ley, por lo que el Gobierno cree que estos 140 consistorios tendrán difícil conceder nuevas licencias. Ahora bien, sí quedan fuera los restantes municipios, donde están por ejemplo Salou, Cambrils, Santa Susanna o Palafrugell –según fuentes parlamentarias.

¿Y qué dicen las entidades afectadas? El portavoz del Sindicato de Inquilinos, Enric Aragonès, ha avisado de que las modificaciones pactadas con el PSC no les gustan porque suponen "responder a las presiones de los lobis de pisos turísticos".

Choque ERC-Junts

De esta forma, los republicanos, en minoría en el Parlament, salvan la votación este miércoles, aunque con el compromiso de modificar la norma antes de marzo. Así, han votado a favor del decreto –ya vigente desde que lo aprobó el Govern– ERC, el PSC, los comunes y la CUP y, en contra, Junts, el PP, Ciutadans y Vox. Asimismo, también se ha puesto a votación que se tramite como proyecto de ley para introducir las medidas que han pedido los socialistas y en este punto las mayorías han variado: Junts ha optado por el sí -también la triple derecha-, porque quiere presentar un texto alternativo en la norma. En cambio, los comunes y la CUP se han quedado solos votando en contra de la tramitación del decreto como proyecto de ley porque quisieran que la norma se mantuviera intacta. Izquierda y Juntos. La consejera de Territorio, Ester Capella, ha cargado cuenta a sus exsocios para no acudir a la ley. "Hoy Junts va de la mano de la derecha, que es donde están ustedes más cómodos", aseveró. El diputado de Junts Joan Canadell ha criticado el texto: "No resuelve el problema de la vivienda, pone en riesgo la actividad económica que vive del turismo, también la autonomía municipal y genera una enorme inseguridad jurídica". En paralelo a este rifirrafe dialéctico, desde los mismos escaños se ha podido visualizar una discusión tensa entre la portavoz de los republicanos en el Parlament, Marta Vilalta, y el presidente de Junts en la cámara, Albert Batet.

El detonante han sido las palabras de Capella, que se ha dirigido a Junts diciendo: "Les pido que cuando se deseen feliz Navidad, sentados en unas buenas sillas y en casas estupendísimas, tengan un minuto sólo y piensen en las personas que no pueden llegar a final de mas ni pagar el alquiler, que los desahuciarán". El PSC, desde el atril, ha censurado las críticas de la consellera a Junts.