El tortuoso camino judicial de Podemos

MadridDesde casi su nacimiento, a Podemos lo han asediado las investigaciones judiciales. Es verdad, sin embargo, que la mayoría han acabado en nada. De las más de 25 denuncias o líneas de investigación que se han abierto contra el partido morado, la gran mayoría han quedado archivadas. Uno de los casos más paradigmáticos es el del llamado informe PISA (Pablo Iglesias, SA) que atribuía al gobierno del Irán la financiación de Podemos, pero que no tuvo ningún recorrido judicial. A estas alturas, sin embargo, quedan tres causas abiertas: Neurona, Dina y el caso de las supuestas cuidadoras de los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. Tres causas que hacen que en Podemos hablen de un “acoso judicial”.

La última novedad en la cruzada judicial contra el partido morado es la imputación de otra ex trabajadora de prensa de Podemos en el Congreso, Gara Santana, en el caso de las cuidadoras, que investiga Juan José Escalonilla. El juez estudia si Podemos estaría malversando dinero público para pagar cuidadoras de los hijos de Iglesias y Montero haciéndolas pasar por trabajadoras de prensa del partido, una acusación que los dirigentes del partido consideran increíble. La imputación de Santana se añade a la de Teresa Arévalo, que fue jefa de gabinete de Irene Montero -que continúa formando parte del equipo de la ministra-, a raíz de un viaje de campaña a Alicante. Todos los testigos, sin embargo, han negado que Arévalo cuidara a los hijos de la titular de Igualdad y el exvicepresidente español en el viaje.

La imputación de Santana nace de la declaración de una ex trabajadora del equipo de logística de Podemos en el marco del caso Neurona. La causa se abrió en 2020 a raíz de las denuncias del exabogado de Podemos José Manuel Calvente y la ex trabajadora del partido Mónica Carmona. De las siete líneas de investigación abiertas entonces, solo una continúa vigente: la que investiga el contrato con la consultora mexicana Neurona durante las elecciones generales de abril de 2019. En enero, la Fiscalía se opuso a prorrogar la instrucción, pero el juez Escalonilla decidió igualmente ampliarla. Podemos aportó más pruebas periciales sobre el contrato de 363.000 euros para refutar que fue simulado, como sostiene el magistrado.

El caso que hace más años que está abierto y el que ha dado más giros es el Dina. “Van a por ti”, le dijo el actual presidente español, Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, según relata el exvicepresidente español en su último libro Verdades a la cara (Navona). La causa se remonta al 2015, con el robo de la tarjeta del teléfono móvil de Dina Bousselham, ex asesora de Iglesias, y es una pieza separada del caso Tándem, puesto que estuvo en casa del ex comisario José Manuel Villarejo donde la policía encontró archivos con el nombre de Dina. Previamente, el digital OK Diario había publicado parte del contenido de la tarjeta. El dispositivo llegó a manos de Iglesias, que meses después lo devolvió a Bousselham. La ex asesora ha cambiado de versión sobre si pudo acceder a los archivos cuando la recibió. En la declaración del 15 de marzo confirmó el cambio del 2020: que en un inicio había podido entrar, pero días más tarde ya no funcionaba. Esto hizo que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón pusiera en entredicho su credibilidad. Bousselham se disculpó por no haberse explicado con “claridad” al principio. El mismo Castellón ha intentado cambiar la condición de perjudicado de Iglesias por la de imputado por los delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa, pero el Tribunal Supremo desestimó la imputación. La causa, de hecho, está ya en la fase final y el magistrado ha dado por acabada la investigación al no encontrar pruebas contra Iglesias.