BarcelonaAdela Tarrón (Foz, 1960) es abogada y doctora en historia contemporánea por la Universitat de Barcelona. Atiende al ARA para hablar del Tribunal de Cuentas un mes después de defender su tesis doctoral: Jurisdicciones, tribunales y juzgados especiales en España durante el siglo XX y su ejercicio en Cataluña.
¿Qué diferencia al Tribunal de Cuentas de la justicia ordinaria?
— En España hay tradición de sacar algunos asuntos de la jurisdicción ordinaria y encargarlos a unos tribunales que funcionan al margen. Se llaman tribunales especiales y el Tribunal de Cuentas es uno de los más antiguos. Se supone que los órganos jurisdiccionales tienen que estar formados por jueces y magistrados, pero en los tribunales especiales la gran mayoría ha sido personal ajeno a la judicatura. También son tribunales que tienden a la centralización, que tienen menos garantías procesales, y su propio funcionamiento orgánico.
¿Qué función tiene?
— Tendría que fiscalizar las cuentas públicas, pero ha sido muy inactivo y ha servido de dique de contención. Podría ser la jurisdicción ordinaria la que revisara si los que manejan fondos públicos gastan bien el dinero. Pero, como está el Tribunal de Cuentas y no actúa, ha servido para frenar actuaciones.
¿Con complicidad política?
— No hay interés de que su actuación -fiscalizar las cuentas públicas- sea una actuación real. Funciona muy mal y para los políticos es cómodo que funcione tan mal, están encantados.
¿Cómo influyen los partidos?
— Uno de los problemas que tiene es la forma de elección de sus miembros. Escoge seis el Congreso de Diputados y seis el Senado, y se los reparten los partidos políticos con más representación. Esta disputa constante también tiene que ver con el hecho de que cada uno salvaguarda sus intereses y cuando tiene puestos sus consejeros estos siguen la línea del partido. En estos momentos, el PP controla el presidente del tribunal, la sección de fiscalización y la sección jurisdiccional. Gran parte de los presidentes han tenido cargos políticos y también muchos de los consejeros. El poder político no se fía lo suficiente de la justicia ordinaria y necesitan tener un tribunal más controlable. Los trabajos más sucios se encargan a los tribunales especiales.
¿Quién acaba en este tribunal?
— Acabar en el Tribunal de Cuentas tiene un componente de premio a personas que ya han cubierto sus honores con una carrera política o en la judicatura. En lugar de retirarse, ser consejero del Tribunal de Cuentas está muy bien, porque reciben sueldos de 122.000 euros anuales.
¿Los países europeos también tienen un tribunal de cuentas?
— Existen tribunales de cuentas en todos los países europeos, pero que juzguen solo hay en Francia, Portugal, Italia y Grecia. En los otros países solo pueden fiscalizar las cuentas y asesorar.
En Catalunya está la Sindicatura de Cuentas.
— Desde que existe la Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas no tiene capacidad para fiscalizar los recursos públicos en Catalunya, pero sí que tiene competencias para que actúe la sección jurisdiccional, porque toda la capacidad de juzgar se considera que es una facultad estatal y no se delega a nadie más.
