El TSJC admite a trámite la querella de la fiscalía contra Torrent y los miembros independentistas de la mesa

Se ha abierto una nueva legislatura pero todavía están por ver las consecuencias jurídicas del anterior mandato. El viernes era el último día de Roger Torrent y los miembros independentistas de la mesa al frente del Parlament. Dos semanas antes de dejar el cargo supieron que la fiscalía se había querellado contra ellos por desobediencia y ni seis días después de dar paso a una nueva mesa han conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite la querella del ministerio fiscal. Concretamente, la fiscalía acusa al expresidente del Parlament Roger Torrent y a los miembros independentistas de la anterior mesa de la cámara -Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado- de desobediencia por haber admitido a trámite ahora hace casi un año y medio la resolución de respuesta a la sentencia del 1-O que, entre otras cosas, reiteraba el compromiso del Parlament con la autodeterminación de Catalunya y con la reprobación de la monarquía, a pesar de las advertencias de los letrados de la cámara porque esto podía vulnerar la prohibición del Tribunal Constitucional.

Los tres magistrados de la sala de lo civil y lo penal que han admitido a trámite la querella consideran que hay suficientes elementos para investigar los hechos y a los acusados -dos de los cuales son diputados en el Parlament en esta nueva legislatura, Torren y Campdepadrós, y por lo tanto se tienen que investigar en el TSJC-. Los hechos se remontan a la respuesta del Parlament a la sentencia del Supremo al Procés -pasaron 43 días desde la condena a los presos políticos hasta que los partidos independentistas se pusieron de acuerdo para consensuar una reacción conjunta-. Y fue esta: "Por eso, [el Parlament] reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político", se limitaron a votar el 26 de noviembre del 2019. En opinión de la Fiscalía, la mesa tendría que haber evitado que ese texto se hubiera votado en el pleno del Parlament. Es, de hecho, la única querella de la legislatura contra los miembros de la mesa. Vox la había probado dos veces, pero el TSJC las había acabado archivando, todo lo contrario que la del ministerio público.

Advertencias del Constitucional

La propuesta de resolución que ha provocado la querella contra la mesa es un texto que se redactó, admitió, debatió y aprobó con conocimiento de advertencias previas del Tribunal Constitucional. Incluso los letrados del Parlament se habían sumado, avisando a los miembros de la mesa de que no parar la tramitación de esa iniciativa implicaba saltarse el criterio del TC. La resolución se registró el 22 de octubre, pocas semanas después de que el Constitucional hubiera advertido a la mesa (el 10 y el 16 de octubre) de que había aceptado un incidente de ejecución de sentencia impulsado por el gobierno español por el que tenían "el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada". Es decir, no se podía volver a reprobar la monarquía ni tampoco insistir en el ejercicio del derecho a la autodeterminación o en la vigencia de la declaración de independencia (esto último no se llegó a hacer). Entonces, Roger Torrent, como máxima autoridad de la cámara, dijo que asumiría "todas las consecuencias" que se podían derivar. La fiscalía, sin embargo, excluye de la querella al vicepresidente segundo, Joan García, y a los secretarios Laura Vílchez y David Pérez, representantes de Cs y PSC en la mesa, que intentaron parar la tramitación de la propuesta.

El rechazo de la cámara a la sentencia del 1-O (la Fiscalía recuerda que en la resolución también se criticaba que el TC intentara impedir el debate) no es el único motivo que incorpora el ministerio público a la querella. Unas semanas antes, el 12 de noviembre, se debatió y aprobó una moción de la CUP que expresaba la voluntad del Parlament "de ejercer de manera concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán". La Fiscalía subraya que los miembros de la mesa fueron advertidos ese mismo día por el Constitucional de su deber de impedir la votación y que, aún así, no pararon que se pudiera votar en el hemiciclo de la cámara.

Una vez con la querella aceptada por parte del TSJC, se abre una investigación que si acabara considerando que cometieron desobediencia a la autoridad, podrían quedar inhabilitados, como ya pasó con los miembros independentistas de la mesa anterior. La admisión a trámite, sin embargo, solo es el primer paso de una instrucción que irá a cargo de la magistrada Maria Eugènia Alegret.