El juez del caso Cerdán sospecha de las donaciones de Ábalos al PSOE

MadridLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examina con lupa, a petición del Tribunal Supremo, la situación económica de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, así como de los empresarios investigados por las presuntas comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas. En el análisis realizado del patrimonio y la actividad del exministro de Transportes, los investigadores han encontrado algunos elementos que no acaban de cuadrarlos. Uno de ellos tiene que ver con las donaciones que ha hecho Ábalos al PSOE, y el instructor de la causa, el magistrado Leopoldo Puente, reclama información de las transacciones entre político y partido, a propuesta de la UCO. La sospecha es que haya podido haber financiación ilegal del PSOE.

Según la investigación, la Agencia Tributaria atribuye a Ábalos haber hecho donaciones al partido por un total de 44.729,29 euros entre 2014 y 2024. Sin embargo, en los productos bancarios analizados a su nombre sólo hay constancia de entregas de dinero al PSOE7, en el mismo periodo. Ante esta diferencia, el magistrado del Supremo ha requerido a Ferraz que "en el plazo más breve posible" informe al alto tribunal de "todas las cantidades dinerarias" que Ábalos dio al partido, así como de las que el PSOE transfirió al ex número tres de la formación.

"Todas estas aportaciones están perfectamente declaradas ante la hacienda pública y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, en aplicación de la ley de financiación de partidos políticos", han reaccionado fuentes socialistas. En la línea de lo que ya aseguró Pedro Sánchez cuando Cerdán dimitió, el PSOE rechaza que haya indicios de irregularidades en la financiación de su partido, que, en palabras de su líder, "es el que tiene mayores niveles de transparencia del país".

"Faltas de sintonía" en los ingresos de Ábalos

El oficio policial que ha recibido Puente, con fecha 8 de julio, constata "aparientes faltas de sintonía en la información disponible respecto a la verdadera situación económica" de Ábalos. Una sospecha sobre sus ingresos y patrimonio reales que incluye "las percepciones económicas conceptuadas como nóminas provenientes de productos bancarios titulados por el PSOE" –de ahí también la petición de información al partido, aparte de las cantidades de las donaciones que no encajan– y por el "grupo parlamentario socialista de las Cortes Generales". En este sentido, a la UCO tampoco le cuadran las retribuciones recibidas por Ábalos del Congreso.

Mientras que en la Agencia Tributaria consta que Ábalos percibió como diputado de la cámara baja "en concepto de retribuciones, dietas, complementos u otras percepciones económicas" un total de 751.421,57 euros entre 2014 y 2024, la cantidad reflejada en sus cuentas sólo 79.841,74 euros. Para tratar de esclarecer el porqué de este descuadre, el instructor del caso en el Supremo también ha requerido al Congreso que informe de "todas las retribuciones o cantidades abonadas por cualquier concepto" a Ábalos detallando la "cuenta bancaria de destino y la titularidad del mismo".

Las mismas fuentes del PSOE han aclarado que cada diputado electo "cobra su sueldo del grupo parlamentario socialista, no del Congreso". "De este sueldo se detrae la aportación voluntaria. Y, por otra parte, el diputado paga una cuota al partido, como todos los militantes del PSOE. Además, los altos cargos, afiliados al PSOE, pagan una cuota voluntaria directamente al partido", concretaron.

Vida laboral de Cerdán

Más allá de la información sobre Ábalos, el magistrado del Supremo también requiere información sobre el resto de investigados. Concretamente, Puente ha pedido a la Tesorería General de la Seguridad Social que aporte la vida laboral del hasta hace poco número tres del PSOE, Santos Cerdán, ahora encarcelado, así como del ex asesor de Ábalos, Koldo García; su exmujer, Patricia Uriz, y los empresarios investigados Joseba Antxón Alonso (Servinabar 2000), Antonio y Daniel Fernández Menéndez (Obras Públicas y Regadíos), Fernando Agustín Merino (Acciona Construcción) y José Ruz (Levantina Ingeniería y Construcción).

También entre 2014 y 2024, con el objetivo de conocer "el vínculo que hubieran podido mantener con determinadas personas físicas investigadas en este procedimiento o con las empresas en cuyo ámbito y eventual beneficio operaban". El instructor reclama a la vez información (de cuentas bancarias, cheques, facturas, bienes inmuebles, declaraciones fiscales, etc.) a la Agencia Española de la Administración Tributaria sobre las personas físicas y jurídicas que pudieron participar en la trama corrupta. Puente espera "confirmar o descartar los relevantes extremos" del caso cruzando estos datos de las compañías con los de las personas investigadas.

El PP no tardó en mojar pan a este movimiento del juez. "El "oxígeno" no les ha durado ni 24 horas", ha twittado la portavoz de la formación conservadora en el Congreso, Ester Muñoz, en referencia al debate de este miércoles en la cámara baja, del que Sánchez salió con una nueva oportunidad de los aliados parlamentarios.