Unidas Podemos y los soberanistas proponen que se pueda hablar catalán en el Congreso

MadridQue pasen a la historia los episodios en que los diputados que hablan catalán en la tribuna del Congreso sean advertidos y, en el peor de los casos, se les retire la palabra. Este es el objetivo de la propuesta de reforma del reglamento que han presentado Unidas Podemos y las formaciones soberanistas y nacionalistas de la cámara baja: Esquerra, Junts, el PDECat, la CUP, el PNV, EH Bildu, el BNG, Más País y Compromís. "Los diputados tendrán derecho a intervenir en las sesiones del pleno del Congreso y de las comisiones en cualquier de las lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus comunidades autónomas. Así mismo, tendrán el derecho de presentar los escritos y documentos parlamentarios en cualquiera de estas lenguas", dice uno de los puntos.

En el Senado, que es la cámara territorial, ya se puede utilizar el catalán, el euskera y el gallego en algunas de las intervenciones. No se puede en las sesiones de control ni cuando se debaten proposiciones de ley, pero sí en las interpelaciones. En el Congreso no está permitido en ningún caso y ahora un bloque importante de grupos ponen a prueba la mirada plurilingüe del PSOE, precisamente coincidiendo con la nueva ley sobre el catalán en las escuelas. Con objeto de preservar que todos los presentes puedan entender los discursos, la iniciativa establece que haya traducción simultánea al castellano de todas aquellas intervenciones que se hagan en otras lenguas. También, los servicios de la cámara traducirán al castellano los escritos registrados. En el Boletín Oficial del Congreso, las intervenciones y documentos se publicarían en castellano y, "como mínimo", en la lengua utilizada [es decir, que si se hace un discurso en gallego, no habría que traducirlo al catalán].

La propuesta para reformar el reglamento del Congreso necesita el aval del PSOE para que salga adelante, contando que las formaciones de la derecha se opondrán a ella. A la espera de saber el criterio de los socialistas, los cambios no se aplicarían hasta la legislatura siguiente a su aprobación. Por lo tanto, si recibe luz verde antes de finales del 2023 -cuando teóricamente acaban los cuatro años de legislatura-, entrará en vigor a partir del 2024.