La destitución del ministro de Defensa ucraniano, Mikhailo Fédorov, ha generado una ola de protestas e indignación en las calles. En ciudades como Kiev y Járkov, los manifestantes portaban pancartas con lemas contundentes: "Vergüenza", "No destruyáis lo que funciona" o "El poder pertenece al pueblo". Estas manifestaciones, que recuerdan a las de 2025, cuando el presidente Zelenski intentó poner en marcha una polémica ley que amenazaba la independencia de los organismos anticorrupción, demuestran la inestabilidad institucional que atraviesa el país y que comenzó esta semana con la reestructuración del gobierno y con la caída de la primera ministra, Yulia Sviridenko. Fédorov es un político popular y que tiene el aval de los avances militares de Ucrania de los últimos meses, que se sostienen, por ejemplo, en el esfuerzo de modernización tecnológica con el uso de drones.

En los últimos meses Ucrania ha desplegado una exitosa campaña deataques en profundidad a las refinerías rusas y a las rutas de suministro a Crimea con drones de medio alcance, lo que ha generado optimismo entre los aliados europeos y analistas occidentales. Pero, a pesar de estos buenos resultados, el avance de las tropas rusas en el Donbás –región formada por las provincias de Donetsk y Luhansk, esta última ya casi totalmente ocupada– parece inexorable y se ha acelerado con la batalla de Kostiantínivka, un enclave al sur de la gran línea defensiva ucraniana en Donetsk, donde Ucrania aún conserva una cuarta parte del territorio.

Iuri Zarko, alcalde de Bilopíl·lia, trabaja unas doce horas diarias. Ya sea llevando avituallamientos a una mujer jubilada, en una reunión sobre las minas rusas esparcidas por la zona o visitando un patio donde ha caído un proyectil, este servidor público, acompañado siempre de su detector de drones, recorre las calles de su localidad natal, que antes de la guerra habitaban unas dieciséis mil personas. "Ahora debe haber unas seis mil, pero no lo sabemos; antes del conflicto administraba unos veinte kilómetros cuadrados de terreno, pero ahora, por la reorganización del frente, mi responsabilidad se ha extendido hasta los 500. Muchos responsables de las comunidades se han marchado, pero yo he decidido quedarme, es mi gente y yo soy el jefe del consistorio", dice con una sonrisa vital y amarga.

En la calle Frederic Mompou de la ciudad de Tarragona, desde hace unos días, se puede oír a media voz un pequeño grupo de religiosas que reza en la vía pública. "Señor mío, te pido por los padres que han abortado, derrama sobre ellos tú infinita misericordia", imploran con retratos de la Virgen María y rosario en mano. Lo hacen, dicen, por "las almas de aquellas y aquellos" que ingresan en el único centro privado especializado en interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de la provincia de Tarragona, la Clínica Eira. "Hace cosa de un año empezaron a venir, los martes, cuando abrimos consulta. No eran muy visibles y sólo oraban. Pero ahora vienen cada día con pancartas y se ponen delante de la clínica. ¡Incluso me han hecho una foto!", expone el doctor Abel Garcia, anestesista de la Clínica Eira. Aunque una instrucción del departamento de Interior de principios de año veta las concentraciones antiabortistas en los centros para evitar que coaccionen las mujeres, estos grupos han encontrado un resquicio para hacerlo sin saltarse la norma: si no son al menos veinte personas no deben comunicar el acopio y no se les puede prohibir que lo hagan.