La propuesta sobre un régimen de financiación singular de Catalunya no es una novedad, aunque vuelva a ser actualidad de cara a un pacto político que facilite la investidura a la presidencia de la Generalitat. La propuesta actual, formulada en términos muy genéricos y poco precisos, proviene del presidente del gobierno del Estado, pero desde Catalunya es una propuesta que hace tiempo que se había planteado para corregir el déficit fiscal de Catalunya, especialmente antes de que la política catalana se adentrara en el camino de la independencia.

Durante los últimos años se ha evidenciado que una parte importante de la sociedad catalana aspira a que Catalunya se convierta en un estado independiente. Esta aspiración se fundamenta en una voluntad colectiva expresada reiteradamente y democráticamente por vías sociales y políticas.

Un punto clave de la ley de amnistía es el levantamiento de las medidas cautelares y dejar sin efecto las órdenes de búsqueda, captura y detención relacionadas con los procesos penales del Proceso. La relevancia de esta cuestión se ha incrementado tras el anuncio realizado por Carles Puigdemont de presentarse a las próximas elecciones al Parlament con la aspiración de ser investido presidente de la Generalitat.

El acuerdo de investidura tiene tres ejes fundamentales: la amnistía, el referendo sobre el futuro político de Catalunya y la mejora del autogobierno. Como es fácil deducir, se trata de un pacto que bien puede considerarse histórico, dada la situación política existente antes de las elecciones generales celebradas el pasado julio. Desde posiciones independentistas radicales no estará de acuerdo con dar carácter histórico al pacto, ni se valorará positivamente. Todas las opiniones son respetables, pero me inclino por pensar que los independentistas que tienen un mínimo sentido de la realidad y son conscientes de que la política es más prosaica que poética perciben que esta era una ocasión que no debía dejarse pasar .

El intento de ejecutar la orden europea contra Carles Puigdemont pone en evidencia, una vez más, un problema grave que afecta al funcionamiento de las instituciones y, de manera especial, la división de poderes. Una cuestión delicada porque las democracias solo funcionan bien cuando también funcionan los mecanismos de control y equilibrio entre los diferentes poderes, y esto se asume como un principio básico de comportamiento para todos ellos.

La reanudación de la actividad política en Catalunya está marcada por la incertidumbre. Después de las últimas elecciones al Parlament y la formación del gobierno de coalición, se ha abierto un compás de espera pendiente de lo que puede dar de sí la mesa de diálogo. Aun así, ya se ha hecho evidente que entre los socios de gobierno las expectativas no son las mismas. Parece que ERC tiene confianza en el diálogo para resolver el conflicto entre Catalunya y el Estado, mientras que JxCat se muestra escéptico sobre los resultados de la negociación.

El Consejo de Europa acaba de aprobar una resolución que critica de manera severa la criminalización del Procés relacionada con los hechos de septiembre y octubre de 2017. A pesar de que la resolución tiene cuidado de no poner en cuestión la condición democrática de España y recuerda que el referéndum del 1-O se convocó de manera ilegal y en contra de las advertencias hechas por el Tribunal Constitucional, advierte de la exagerada reacción del Estado ante aquellos hechos, que ha puesto en cuestión valores esenciales de cualquier democracia; concretamente la libertad de expresión y de reunión y el respeto al principio de legalidad en materia penal.

El Parlamento Europeo acaba de retirar la inmunidad a los eurodiputados Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí. La decisión era previsible después de que la Comisión de Asuntos Jurídicos se hubiera pronunciado a favor de la suspensión de la inmunidad y hubiera elevado en el pleno una propuesta en este sentido.