El mes pasado este diario publicó una entrevista en Nicolas Levrat, el relator especial de la ONU sobre cuestiones de minorías, que acaba de realizar una visita de estudio a la Unión Europea. A la pregunta de si el catalán está en peligro, Levrat respondió sin ambages: "No, mi opinión es que no; en la Unión Europea hay muchas otras lenguas que están en mucho más peligro que el catalán".

En el último debate de política general en el Parlament, el presidente Salvador Illa dijo que el Pacto Nacional por la Lengua es uno de los hitos más relevantes que su gobierno ha conseguido. Isla no dijo si haber creado el departamento de Política Lingüística es también un hito; lo considere o no un hito, puede resultar oportuno que un año después de la creación del departamento intentemos hacer una valoración.

Como era previsible, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea de este viernes no ha aprobado la oficialidad del catalán, el gallego y el vasco en las instituciones europeas. Todo indica que la petición que hizo el gobierno español hará pronto dos años ha entrado en una fase de hibernación. En términos realistas, a corto plazo las únicas circunstancias que pueden mejorar el estatus del catalán en las instituciones son un acuerdo de la mesa del Parlamento Europeo para permitir su uso en la Eurocámara y, sobre todo, la firma del Acuerdo de Asociación entre Andorra y la Unión, que entre otras cosas haría necesaria la traducción de un buen número de normas europeas al catalán.

Por último ya tenemos Pacto Nacional por la Lengua. Hay que felicitar al presidente de la Generalitat y su consejero de Política Lingüística por la meta alcanzada, así como quitar importancia a la pataleta de Junts, que no ha sabido distinguir el valor estratégico del Plan de sus intereses tácticos. En realidad, no es ninguna novedad que un partido que defiende la protección del catalán decida no secundar una iniciativa para proteger al catalán; basta con recordar que en 1997 Esquerra votó en contra de la ley de política lingüística.

El 1 de noviembre del 2024 se derrumbó la marquesina de la estación de tren de Novi Sad, que se había renovado recientemente, y murieron 15 personas. Las obras de renovación se habían adjudicado de forma poco transparente a un consorcio de empresas chinas. El trágico accidente fue la chispa que encendió un movimiento de protesta, primero en Novi Sad y después en toda Serbia, para denunciar la corrupción general, la censura en los medios, la concentración de poder, la influencia de Rusia y del capital chino y la represión de la disidencia. Poca broma: en diciembre tuvo lugar en Belgrado una manifestación tan numerosa como las que precipitaron la caída de Milosevic y el sábado, la mayor de la historia del país.

El 1 de noviembre del 2024 se derrumbó la marquesina de la estación de tren de Novi Sad, que se había renovado recientemente, y murieron 15 personas. Las obras de renovación se habían adjudicado de forma poco transparente a un consorcio de empresas chinas. El trágico accidente fue la chispa que encendió un movimiento de protesta, primero en Novi Sad y después en toda Serbia, para denunciar la corrupción general, la censura en los medios, la concentración de poder, la influencia de Rusia y del capital chino y la represión de la disidencia. Poca broma: en diciembre tuvo lugar en Belgrado una manifestación tan numerosa como las que precipitaron la caída de Milosevic y el sábado, la mayor de la historia del país.

En la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población de 2018 sólo uno de cada diez entrevistados consideró que a los cinco años el catalán se hablaría menos de lo que se hablaba entonces. 'Encuesta sociopolítica del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, y ahora resulta que casi la mitad de los entrevistados encuentran que en los próximos años el catalán "va a empeorar". ¿Qué ha pasado en estos últimos seis años? ¿Realmente la situación se ha deteriorado tanto o es más que mucha gente ha interiorizado el discurso mediático de la emergencia lingüística?

El compromiso más llamativo del pacto de investidura entre el PSC y Esquerra Republicana es el que hace referencia al nuevo modelo de financiación singular. Acerca de la financiación singular ya se ha escrito mucho y se escribirá más en los próximos tiempos, porque la cosa va por largo. Un aspecto que no ha llamado tanto la atención es el de la acción exterior de la Generalitat. Después de años de instrumentalización de este ámbito en pro de la causa independentista, es lógico interesarse por el nuevo enfoque del Gobierno en la etapa postproceso.

Si llega a buen puerto, el resultado de la negociación entre el PSC y Esquerra sobre la investidura de Salvador Illa no será la soberanía fiscal plena que pedía la consellera Natàlia Mas desde estas mismas páginas ("Qué es y qué no es la financiación" singular", 25/6/2024), pero sí que constituirá "un paso muy claro en términos de financiación", utilizando la expresión de Marta Rovira. Éste es el punto de intersección entre la financiación "justa y suficiente" de los servicios que gestiona la Generalitat, que el programa electoral del PSC considera una prioridad inaplazable, y la financiación "singular" que defiende el programa de Esquerra, para "disponer de todos los recursos que merece y necesita la ciudadanía".

Cataluña tiene planteados retos enormes. Luchar contra el cambio climático, superar las desigualdades sociales, erradicar las violencias machistas, reflotar su sistema educativo o aliviar las dificultades para acceder a la vivienda son algunos ejemplos.

Durante mucho tiempo cierta sociolingüística catalana nos ha vendido la teoría de que el bilingüismo es el estadio previo a la sustitución lingüística. La historia sociolingüística de Cataluña consistiría en tres fases: primero, todos los catalanes eran monolingües (en catalán); después se bilingüizaron, como efecto de las políticas lingüísticas del Estado y de la llegada masiva de inmigrantes; y finalmente serán monolingües (en castellano). Algunos expertos incluso se han atrevido a poner fecha: en 1990, August Rafanell y Albert Rossich decían que el proceso de extinción del catalán puede quedar sentenciado hacia el 2040.

El 21 de diciembre los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès pactaron una ley española de plurilingüismo, en aplicación del programa de Esquerra para las últimas elecciones. A diferencia de la reforma del régimen lingüístico de la Unión Europea, una ley española de plurilingüismo depende sólo de la voluntad del legislador español, y dado que en la actual coyuntura política tal voluntad se puede dar por hecha es oportuno que hablemos de esta ley con cierta inmediatez.

Como era previsible desde que el ministro José Manuel Albares hizo formalmente su petición el 17 de agosto, el catalán no se habrá convertido en una lengua oficial de las instituciones europeas durante la presidencia española del Consejo de la Unión. Ahora que la petición española está técnicamente atascada puede resultar oportuno reflexionar sobre las causas de este fracaso y las posibles alternativas que se vislumbran.

Ahora que ya se puede hablar catalán en el Congreso de Diputados y que los estados miembros de la Unión rumían en serio si aceptan que se convierta en la 25ª lengua oficial de las instituciones europeas, han vuelto a saltar las alarmas internas a cuenta de los últimos estudios sociolingüísticos sobre el alumnado de 6º de primaria y de 4º de ESO. Antes de soltarse por la pendiente del pesimismo, una reflexión tranquila sobre los datos obtenidos se hace muy necesaria. Nos centraremos en el alumnado de 4º de ESO, el nivel que pone fin a la educación obligatoria, con todo lo que esto significa.

La tercera reunión de la mesa de diálogo entre el gobierno español y el gobierno de la Generalitat nos ha dejado una buena noticia y una no tan buena. La buena noticia es que la mesa de diálogo existe, que hay voluntad de mantenerla y que ha dado sus primeros frutos, entre los cuales dos muy importantes referidos a la lengua catalana.

La propuesta de modificación de la ley de política lingüística registrada por cuatro grupos parlamentarios ha levantado una cierta polvareda, especialmente entre el ala más nacionalista del movimiento independentista. La propuesta consiste en reconocer que el castellano también puede ser empleado como lengua de enseñanza y de aprendizaje, en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de los centros educativos y siempre en relación con el objetivo de asegurar el pleno dominio de las dos lenguas oficiales (dejamos ahora el occitano) por parte de todos los alumnos. Quienes han saltado contra la propuesta encuentran que esta "claudicación" ante la presión judicial será el fin de la inmersión, que será el fin del catalán, que será el fin (no nada glorioso) de la nación. Un poco de reflexión serena puede ayudar a definir mejor lo que se propone.

Hace más de 30 años, cuando Lituania luchaba por su independencia, Jordi Pujol dijo que Catalunya era como Lituania, a pesar de que después añadió que España no era la URSS. Hoy, a raíz de la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, determinadas figuras catalanas han dicho o insinuado que Ucrania es como Catalunya y la Federación Rusa, como España. Aquí nos atreveremos a parafrasear al antiguo president: España no es Rusia pero Catalunya tampoco es como Ucrania.

Hace poco, en un artículo sobre la delicada situación que vive Ucrania ("El lío ucraniano", 30/1/2022), el filólogo Xavier Fresno acusaba al gobierno de aquel país de "limpiar y ucrainizar" lingüísticamente todo el territorio "al más puro estilo post Segunda Guerra Mundial". La comparación con la Segunda Guerra Mundial está fuera de lugar, porque el gobierno ucraniano no ha incurrido en las expulsiones de población que explican hoy la homogeneidad lingüística de países como la República Checa o Polonia. La exageración, sin embargo, no impide que Fresno tenga razón cuando señala que el estado ucraniano tiene dificultades para asumir su carácter multinacional y multilingüe y que Vladímir Putin las sabe aprovechar a pedir de boca.

Ahora que el magma del independentismo catalán va volviendo a los cauces del realismo político, es oportuno preguntarse qué hay que esperar verosímilmente de la mesa de diálogo con el gobierno español y qué papel pueden tener las instituciones de Europa.