El conflicto con el catalán agrieta el Govern y complica el futuro de la inmersión

BarcelonaLo que el jueves al mediodía era un acuerdo unitario para defender el catalán en la escuela que unía en un mismo pacto a ERC, Junts, PSC y comuns, este viernes es una nueva grieta en el Govern. La decisión del jueves por la noche de Junts de descolgarse del acuerdo deja dos frentes abiertos: una batalla política de pronóstico incierto y la incógnita todavía más grande de cómo los partidos favorables a la inmersión se defenderán legislativamente de la sentencia que obliga a la Generalitat a implantar el 25% en castellano en las aulas. Y el tiempo se acaba, puesto que la justicia podría hacer ejecutar la sentencia la semana que viene.

El conflicto de fondo es que, después del rechazo del acuerdo por parte de las entidades pro-lengua, Junts ya no considera que el pacto blinde el catalán en las escuelas, mientras que los otros tres partidos mantienen que sí. La jornada se ha centrado en los intentos infructuosos de ERC, el PSC y los comuns para presionar a Junts para que recapacite. El seísmo es de tal magnitud que ha entrado en escena el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Para él es un "buen acuerdo" que "fortalece el uso del catalán" y sobre todo da una respuesta a la justicia, pendiente de ejecutar la sentencia del 25%. "Cuento que los cuatro grupos parlamentarios que han impulsado la ley con mucha responsabilidad seguirán apoyándola", ha concluido. JxCat ha insistido este viernes, sin embargo, en desmarcarse y fuentes del partido explican que apuestan por vehicular un "nuevo consenso" a través del Pacto Nacional por la Lengua, tal como ha pedido también Òmnium Cultural. Diputados como Elsa Artadi y Francesc Dalmases han pedido "disculpas" por el pacto del jueves y se han comprometido a no modificar la ley de política lingüística sin consenso con las entidades y la comunidad educativa.

Como Aragonès, el PSC y los comuns se han lanzado a presionar a JxCat. En declaraciones a SER Catalunya, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha apelado al "sentimiento catalanista" de Junts y ha pedido al partido que, "si aprecia la lengua", vuelva al "consenso". La líder de los comuns, Jéssica Albiach, ha confiado que el partido de Carles Puigdemont rectificará e incluso una forjadora del acuerdo como la exconsellera Irene Rigau, que no hace tanto tiempo compartía partido con miembros de Junts, ha lamentado que un tuit "haya desestabilizado" la formación y la haya alejado de un acuerdo que mantiene la inmersión lingüística "de manera total". Mientras tanto, entidades como la ANC y el Consell per la República han seguido presionando en sentido contrario, asegurando que el pacto no es nada más que una pista de aterrizaje para el castellano a las aulas. Una opinión que también comparte Plataforma per la Llengua: su presidente, Òscar Escuder.

¿Y ahora qué?

Lo que jueves era un acuerdo a cuatro bandas gestado en el Parlament, ahora se ha convertido también en una patata caliente para el Govern. La intención inicial era tramitar la reforma de la ley de política lingüística por la vía de urgencia y tenerla aprobada en el Parlament en dos semanas, pero está por ver si se pueden cumplir estos tempos teniendo en cuenta que Junts no apoyará a la ley si no se pacta antes con las entidades y los miembros del Pacto Nacional por la Lengua; lo cual quiere decir tiempo y equilibrios para intentar mantener en la ecuación al PSC y los comuns. Tiempo que la parte de ERC del Govern avisa que se acaba. De hecho, este mismo viernes el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha trasladado el acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como argumento para que se evite ejecutar la sentencia del 25%. Fuentes republicanas consultadas por el ARA no aclaran si Esquerra estaría dispuesta a aprobar los cambios legislativos solo con el PSC y los comuns.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Todo cambió en cuanto se hizo público el acuerdo el jueves al mediodía. Lejos de interpretarse que se blindaba el sistema de inmersión y el catalán –como había prometido el Govern–, la lectura que hacen entidades pro lengua y sectores independentistas es que por primera vez se introduce el castellano como lengua de aprendizaje en la escuela. A partir de aquí, dirigentes de Junts empiezan a desmarcarse del acuerdo –el Consell por la República, que preside el expresident Carles Puigdemont, sale a criticarlo– y se convoca una reunión de urgencia del grupo en el Parlament con presencia de la presidenta de la cámara, Laura Borràs, del secretario general del partido, Jordi Sànchez, y del presidente del grupo, Albert Batet, que conocían el contenido del pacto y habían intervenido en conversaciones con el president, Pere Aragonès; el expresident José Montilla, y la exconsellera Irene Rigau.

En la reunión del grupo parlamentario, que se hace justo cuando acaba el pleno, se constata que la oposición de los diputados –la mayoría de los cuales no conocían el texto– es grande y se decide dar marcha atrás: aunque solo hacía unas horas estaban en la fotografía, consideran que no se blinda el catalán y que, además, no servirá para que la justicia deje de reclamar que el 25% de clases sean en castellano. Fuentes de Junts afirman que se comete "el error" de no contar con el visto bueno de las entidades. Desde Òmnium reconocen que sabían que se estaba trabajando un consenso entre los cuatro partidos, pero aseguran que no habían visto el texto final de la propuesta. De hecho, las mismas fuentes dicen que una vez que se hace pública, deciden no pronunciarse hasta tener la opinión de su comisión de lengua, que se reúne el jueves a las ocho de la tarde para trasladar sus conclusiones a la ejecutiva de Òmnium del viernes a las ocho de la mañana. El resultado acaba siendo un comunicado que, sin mojarse, pide "consenso" y que las conversaciones se tengan en el Pacto Nacional por la Lengua.