Mesa de diálogo
Política 27/07/2022

Los resultados de la mesa de diálogo, en seis pactos

La mayoría de medidas se tendrían que poner en vigor entre este año y el próximo

3 min
Foto de familia del Gobierno  y la Generalitat durante la tercera reunión de la mesa de diálogo

MadridLa Generalitat y el Estado acumulan ya varios documentos como resultado de sus reuniones. En la de hace dos semanas en Barcelona, por ejemplo, el ministro Félix Bolaños y la consellera Laura Vilagrà acordaron un texto para poner las bases sobre cómo encarar el conflicto político. Y este miércoles los integrantes de la mesa de diálogo han acordado dos documentos más. El primero, más bien genérico, sobre cómo desjudicializar el conflicto. El segundo, para tratar de blindar e impulsar el catalán. Estos son los puntos más relevantes.

1.

Acuerdos sobre la desjudicialización

Reformas legislativas

Los dos gobiernos se abren a negociar la reforma del delito de sedición

Para avanzar en la desjudicialización del conflicto, los dos gobiernos se han comprometido a sacar adelante "reformas legislativas" de cara a los próximos meses. ¿Cuáles? El documento no lo concreta, pero tanto el ministro Félix Bolaños como la consellera Laura Vilagrà se han abierto a negociar una reforma del delito de sedición. Lo que ha quedado escrito en el texto es que los dos ejecutivos trabajarán para conseguir "avances graduales y concretos" que se basen en acuerdos que tengan detrás una "mayoría amplia y transversal". "Estos adelantos se tienen que concretar en reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos", concluyen. Todo ello, si sale adelante, tendría que quedar aprobado "antes de que acabe el próximo periodo de sesiones", por lo tanto, el diciembre de este año. 

El refuerzo de los derechos fundamentales

Una referencia implícita al Catalangate

El pacto escrito también apunta a un "refuerzo de los derechos fundamentales". El texto está escrito de forma genérica, pero se puede deducir –fuentes de la Generalitat así lo interpretan– que hace referencia al Catalangate. Es decir, que haya garantías de que no se repetirá el espionaje. "Asegurar que las instituciones públicas preserven el interés general y adopten las máximas garantías, especialmente cuando su actuación puede tener un efecto sobre los derechos y las libertades o el patrimonio de las personas", se resuelve.

La seguridad jurídica y los principios democráticos

El compromiso de enfriar la vía unilateral

"La mejora de las instituciones y de sus procesos lleva emparejado el compromiso de las partes de conducir la actividad política e institucional según las instituciones y procesos democráticos", escriben los dos gobiernos. En definitiva, si el Estado se compromete a desjudicializar, pide a cambio implícitamente a la Generalitat que enfríe –todavía más– la vía unilateral desarrollando su acción política siempre dentro del ordenamiento jurídico. También añaden que siempre que haga falta una mejora del marco jurídico actual, se tiene que reformar de acuerdo con "los procesos" ya establecidos.

Acord per superar la judicialització i reforçar les garanties
2.

Acuerdos sobre el catalán

Aval a la nueva ley del catalán en la escuela

El gobierno español no impugnará el nuevo marco normativo

El gobierno español se compromete a no llevar al Tribunal Constitucional la nueva ley del catalán en la escuela que aprobó el Parlament el 9 de junio. Con toda probabilidad, esta ley acabará por otras vías, pero como mínimo la Generalitat se asegura que quienes no impugna sea el ejecutivo español, que habría podido pedir la suspensión inmediata cautelar. Además, los dos ejecutivos se comprometen a "resolver por la vía del diálogo" potenciales conflictos posteriores sobre este ámbito. En definitiva, tratar de alejar el catalán de los tribunales tanto como se pueda.

La lengua más allá de Catalunya

Catalán en el Parlamento Europeo, en las instituciones internacionales y en el Senado

El ejecutivo de Pedro Sánchez asume el compromiso de solicitar al Parlamento Europeo que considere el catalán como lengua de uso "en el pleno y a efectos del ejercicio del derecho de petición". Para conseguirlo, se dirigirá a la mesa de la cámara para que estudie si es viable "técnica y financieramente". También se promoverá la lengua de Catalunya en la Unesco y en las Cortes españolas. En este segundo caso se empezará por el Senado, impulsando una revisión del reglamento que permita utilizar el catalán en todas las intervenciones (ya está en marcha una reforma que tenía que ampliar el uso del catalán en esta cámara). Ahora solo se puede usar para defender mociones, en la comisión de comunidades autónomas o para entrar escritos al registro. En el Congreso, no se puede hablar en catalán, euskera ni gallego.

Presencia de la Generalitat en foros internacionales

Catalunya tendrá representantes en foros lingüísticos que se hagan en el extranjero

El documento pactado establece que el gobierno español tendrá que facilitar que la Generalitat envíe representantes a "foros internacionales que traten políticas de dimensiones lingüísticas", que no especifica. En el ámbito estatal, también asume el compromiso de hacer las "reformas" que hagan falta para cumplir con "el derecho de ser correspondido oralmente y por escrito en catalán en la administración periférica del Estado". Un hecho que asegura que tendría que estar terminado en la presente legislatura, por lo tanto, a finales del 2023 a lo sumo.

Acord per a la protecció i l'impuls de la llengua catalana
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