El Govern y el Estado acuerdan proteger el catalán y reformas contra la judicialización

MadridLa Generalitat y el Estado han suscrito este miércoles los primeros acuerdos de la mesa de diálogo dos años y cinco meses después de que se pusiera en funcionamiento. La tercera reunión entre los dos gobiernos, que se ha celebrado en la Moncloa y nuevamente sin representantes de Junts en la parte catalana, ha servido para desbloquear la negociación con la aprobación de dos documentos para alejar la lengua y el conflicto político de los tribunales. Un primer texto, más concreto, aborda la protección y el impulso del catalán y su blindaje en las aulas, después de la ofensiva de la derecha para acabar con el modelo de inmersión lingüística, mientras que el segundo fija los "parámetros generales" para la desjudicialización.

Los acuerdos que se derivan han sido rubricados en ambos lados de la mesa por los ministros Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Yolanda Díaz y Miquel Iceta, y los consellers Laura Vilagrà, Roger Torrent, Joan Ignasi Elena y Natàlia Garriga.

Acord per a la protecció i l'impuls de la llengua catalana

Acord per superar la judicialització i reforçar les garanties

Las posiciones siguen alejadas y la prueba es que la autodeterminación y la amnistía han vuelto a quedar aparcadas en la reunión, donde tampoco se ha abordado explícitamente el espionaje al independentismo. Aun así, la protección del catalán que el Govern hace meses que reivindica ha tenido una traducción en compromisos por parte del Estado. La Moncloa no impugnará la ley que el Parlament aprobó en junio (con el apoyo de Junts, ERC, el PSC y los comunes) para blindar el catalán en las aulas en respuesta a la sentencia del 25% del castellano. La normativa, para el Gobierno español, "se adecúa perfectamente a la Constitución", tal como ha defendido este miércoles el propio Bolaños. En el documento acordado por los dos gobiernos, de hecho, se defiende el uso "vehicular" del catalán y el "curricular" del castellano en las aulas, los mismos términos que utiliza la ley aprobada en la cámara catalana. Una manera de decir que el ejecutivo estatal no llevará la nueva ley al Tribunal Constitucional como le reclama la triple derecha. En la rueda de prensa posterior, Vilagrà ha celebrado este compromiso del ejecutivo de Sánchez, convencida de que se acabará con los "recursos sistemáticos" contra el modelo educativo catalán.

El ejecutivo español, además, se ha comprometido a blindar la lengua en todos sus ámbitos y también a ampliar el uso. En este sentido, Bolaños ha explicado que el Gobierno español pedirá al Parlamento Europeo que el catalán sea una lengua de uso (lo tiene que validar la Eurocámara) y también que se pueda hablar más en el Senado. Hace unos meses el independentismo ya impulsó una modificación del reglamento para que las lenguas cooficiales también se pudieran utilizar en el pleno de la cámara alta, pero de momento está parada. El PSOE, de hecho, se opuso hace poco a que en el Congreso se pudiera hablar catalán, euskera y gallego.

El horizonte de la sedición

En la reunión de este miércoles, tal como estaba previsto, también se han tratado las vías para avanzar en la desjudicialización del conflicto -que la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha traducido como "la no aplicación de la ley"-. Según se desprende de los acuerdos, esto significaría que el Gobierno español asume que hacen falta reformas legislativas para conseguirlo, mientras que, en el otro lado, la Generalitat renuncia a acciones fuera del "juego democrático", es decir, a la vía unilateral. "Nunca más el enfrentamiento estéril entre una parte de Catalunya que trata de imponerse a otra parte", ha subrayado Bolaños. ¿Cómo se concretarán estas reformas? ¿La negociación desembocará en una reforma del Código Penal?

El ministro de la Presidencia ha reiterado que el Gobierno español apuesta por la reforma de la sedición –que podría beneficiar parcialmente los exiliados– pero que ahora mismo no hay una mayoría parlamentaria para sacarla adelante. ¿Esto quiere decir que no puede haber en un futuro? No. Y esta es la clave. Bolaños ha abierto la puerta a continuar hablando con ERC de esta cuestión, aprovechando que los republicanos se han abierto a negociar esta reforma. "Tenemos que seguir hablando. Cuando existan acuerdos, se harán públicos", ha afirmado el ministro. De hecho, ha dicho que el hecho de que ahora no haya una mayoría suficiente "no supone que no pueda haberla en algún momento". "Estos adelantos se tienen que concretar en reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos", apuntan los dos gobiernos en uno de los documentos, que confirma la voluntad de las partes de aprobar estos cambios, "si es necesario, antes de que finalice el próximo periodo de sesiones".

La delegación de la Generalitat, formada solo por consellers de ERC, respiraba satisfacción después de un encuentro que, a diferencia de las dos reuniones anteriores –en febrero de 2020 y en septiembre de 2021–, ha servido para presentar acuerdos. "Estamos aquí para acabar con la represión y abordar el conflicto político en igualdad de condiciones", ha proclamado Vilagrà. A pesar de que no ha definido cómo se tiene que acabar con esta represión, la consellera de la Presidencia sí que ha definido el cuándo y quién. Así, ha asegurado que habrá "medidas legislativas" antes de "finales de año" para garantizar esta desjudicialización y ha garantizado que se podrán beneficiar "todos los ciudadanos" con causas vinculadas con el Procés y no solo los líderes independentistas encausados o ya condenados. Para ella, existe "la mayoría" suficiente en el Congreso para llevar estas modificaciones a término.

Poner como límite temporal "finales de año" no es gratuito. 2023 es año electoral y todo el mundo sabe que con unas elecciones a la vista será más difícil llegar a acuerdos. Además, durante este mismo periodo también se tienen que negociar los presupuestos generales del Estado y, a pesar de que nadie lo verbaliza, podrían acabar siendo moneda de cambio. Es decir, el Gobierno español avalaría las reformas para desjudicializar a cambio de que ERC apruebe unas nuevas cuentas públicas –que serían los terceros consecutivos– y dé una estabilidad a Sánchez para agotar el mandato. Los dos ejecutivos saben que no tendrán muchos más aliados para conseguirlo: Junts ya ha pedido la comparecencia en el Parlament del president, Pere Aragonès, porque considera que la mesa "se está alejando de los objetivos originarios" y la CUP ha tildado esta tercera reunión de "fracaso" porque no se ha abordado la autodeterminación y la amnistía.