La Semana Santa ha ofrecido un teórico receso para coger fuerzas de cara a lo que vendrá, las elecciones autonómicas de Andalucía, las más importantes de este ciclo que comenzó en enero con las celebradas en Extremadura. Esta nueva cita en las urnas es la que más interesa en Madrid, pero también en Barcelona, por sus implicaciones. Estamos hablando de un territorio con una población de 8.676.713 personas, de las cuales 6.812.861 con derecho a voto. No es solo por el peso demográfico de esta comunidad que hay mucho en juego en estos comicios. El ciclo completo ha sido y sigue siendo un banco de pruebas con la perspectiva de las próximas elecciones generales, y hoy por hoy se ha saldado sin un diagnóstico definitivo. El PP continúa alimentando la idea de que su llegada a la Moncloa está muy próxima, aunque sea con Vox como incómodo e imprescindible compañero de viaje. Para confirmarlo necesita repetir su actual mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. Todo lo que no sea eso dará pie a que se cuestionen las posibilidades de los populares para ver conseguido su principal objetivo. Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esta partida es decisiva. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, tiene, por tanto, una alta responsabilidad en esta convocatoria electoral, de la que su partido podrá salir inflando pecho o con la obligación de hacerse muchas preguntas sobre las causas del frenazo en sus expectativas.

El curso de los acontecimientos durante las últimas semanas afianza la idea de que todavía nos queda un buen camino por recorrer en la legislatura actual. Hace una temporada que el protagonismo informativo ya no llega cada día de la mano de decisiones judiciales negativas para el gobierno. Además, Sánchez continúa cogiendo aire con su política de crítica directa a la actuación de los Estados Unidos e Israel que ha llevado a incendiar Oriente Medio. Los cambios en el consejo de ministros también han vuelto a proporcionar a los socialistas un paréntesis, con la atención centrada en Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero, que se ha ido convirtiendo en un símbolo por su carácter tranquilo y dialogante. Es como decir que otro tipo de práctica política, diferente de la que estamos acostumbrados, es posible.

A las habilidades que el gobierno de Pedro Sánchez tiene para tomar medidas económicas y políticas sin el concurso del Parlamento en casos de emergencia se ha añadido ahora por necesidad la de salvar in extremis, con similar agilidad, los episodios de disidencia interna. El último consejo de ministros ha sido de los que más se recordarán de esta legislatura, por la curiosa situación que provocó la negociación previa entre la mayoría socialista del ejecutivo y la minoría de Sumar. La formación de la vicepresidenta Yolanda Díaz necesitaba incluir propuestas propias en el paquete de medidas de ayuda a los sectores más afectados por las consecuencias de la guerra de Irán. Desde una perspectiva ideológica es lógico que Sumar insistiera en dejar instalado el sello de su influencia en la confección de unas decisiones de este tipo. Pero no tiene mucho sentido convertir el prólogo de un consejo de ministros en un episodio que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de "salseo", ya sea como baile o como sustancia picante de determinados platos. La solución salomónica que se encontró —aprobando dos decretos en lugar de uno solo— sirvió para desbloquear una situación que era más aparatosa que grave.

Una guerra de las dimensiones y trascendencia de la iniciada en Oriente Medio merecía desde el principio un debate serio y documentado sobre los antecedentes y las posibles repercusiones del conflicto. La forma que ha cogido esta cuestión en lo que respecta a la política española en general ya deja mucho que desear, pero si nos situamos en otro nivel administrativo, el de la Comunidad de Madrid, las cosas empeoran. No resulta sorprendente, porque durante esta legislatura ha sido habitual que el PP madrileño, y muy en especial su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, haya buscado la confrontación con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha brindado a Pedro Sánchez una oportunidad para volver a conectar con un amplio segmento del electorado español. Pero no es esta la única razón por la que ha optado por este camino. Pronto comenzaron las especulaciones sobre el oportunismo de la decisión del gobierno y su presidente. Se ha considerado incluso la hipótesis de una triple convocatoria a las urnas, que haría coincidir las autonómicas de Andalucía, el próximo mes de junio, con una anticipación de las generales y las catalanas. Son cálculos prematuros. Tal como va la legislatura –sin posibilidades de aprobar presupuestos ni de impulsar reformas importantes que requieran la tramitación de proyectos de ley–, sería lógico que Sánchez aprovechara la primera oportunidad en que tuviera alguna expectativa favorable de pasar una nueva reválida electoral. Pero deberá ir con cuidado, porque en momentos de un escenario bélico y de mucha incertidumbre e inestabilidad por el cuestionamiento de la legalidad internacional, se hace más difícil prever los movimientos electorales. También, la opción que ha tomado ahora el líder socialista obedece a su versatilidad para hacer de la necesidad virtud, expresión que él mismo utilizó en el comité federal de su partido para justificar la ley de amnistía a los líderes independentistas catalanes.

Esta semana ha supuesto una nueva prueba para el sistema de monarquía parlamentaria del que se dotó España al aprobar la Constitución. La desclasificación de los documentos en relación al intento de golpe de Estado del 23-F ha generado diversos debates, en especial en lo referente a la posible vuelta del rey emérito y a las condiciones en las que se podría llevar a cabo. Ante la polémica, la casa real ha sido rápida de reflejos. Desde el Palacio de la Zarzuela se ha dejado muy claro que Juan Carlos I puede volver a residir en territorio español cuando lo decida. Pero el mensaje contenía una advertencia. Si viene, tiene que ser consciente de que este paso implica que "tendría que recuperar la residencia fiscal en España". Puede que este sea el factor decisivo que impide su regreso. Las investigaciones de la Fiscalía sobre el emérito que quedaron en nada no deben suponer que una vez instalado de nuevo aquí opere una especie de garantía de confidencialidad y desinterés sobre sus finanzas y patrimonio. En estas condiciones es poco probable que Juan Carlos I abandone la posibilidad que tiene ahora de ir y venir cuando quiera y que se instale de nuevo aquí con tranquilidad, que en su caso significa poder prescindir de las atenciones de la hacienda pública que la ciudadanía recibe habitualmente.

Estos días hemos entrado en una nueva fase del ciclo electoral en curso. Se trata de una de las ventanas que se abren entre las diversas citas en las urnas, un período que las instituciones y los partidos aprovechan para realizar actos conmemorativos y/o de propaganda. Entre resultado y resultado de los comicios autonómicos estamos teniendo fiestas e iniciativas de todo tipo. Hemos tenido el acto en el que se ha celebrado que la Constitución del 78 haya conseguido situarse como la de más larga vigencia –47 años– superando a la de 1876. Y en paralelo estamos viendo en todas sus versiones las maniobras de calentamiento de motores por parte de las formaciones políticas, tanto en lo que se refiere al corto plazo con respecto a la preparación de las generales.

La primera parte del ciclo electoral iniciado en Extremadura y continuado en Aragón no ha tenido ningún aspecto positivo. De entrada, no lo ha sido para la ciudadanía, en la medida en que no ha servido para facilitar la formación de equipos de gobierno que estén a punto de empezar una nueva etapa de gestión con cierto entusiasmo y proyectos concretos. La gente ha votado como ha considerado, naturalmente, y el objeto de estas observaciones no es incurrir en el error de censurar a la comunidad por el veredicto de las urnas.

El PSOE y el gobierno español lo pasarán especialmente mal en las próximas semanas. Tendrán un mal resultado en los comicios autonómicos de Aragón y devolverán las especulaciones sobre la posibilidad de una convocatoria de elecciones generales este año. La prueba de fuego definitiva, sin embargo, será la de Andalucía, el próximo mes de junio. Hasta entonces seguirán los cálculos y rumores, pero es improbable que Pedro Sánchez disuelva las Corts antes de completar el ciclo en curso, que incluirá Castilla y León en marzo, y las andaluzas tres meses más tarde. En cualquier caso, podría unir estas últimas con las generales, pero parecería una salida muy a la desesperada. De hecho, no son pocos los socialistas que creen que todo sigue apuntando a una voluntad de agotamiento de la legislatura, por mucho que el PSOE pueda vivir con una sensación de lucha agónica por adaptarse a las circunstancias y tratar de sobreponerse, pese a los malos resultados electorales, los ya constatados y los que temen a partir de ahora.

Quisiera creer que en cuanto a su forma de concebir la participación en la vida política, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no será lo mismo después de las experiencias que está teniendo estos días. El acto más solemne y digno por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida tuvo lugar el pasado jueves en el Palacio de Deportes Carolina Marín, de Huelva. En ese funeral de estado lo más importante fue la intervención de Liliana Sáenz, hija de una de las víctimas mortales. "Somos las familias [ahora ya 46] que lucharán por saber la verdad", dijo, por subrayar el sentido y el propósito de sus palabras. "Solo la verdad –añadió– nos ayudará a curar esa herida que nunca se cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio".

El accidente ferroviario de Adamuz obligará a un considerable trabajo de revisión del estado de las vías para garantizar en lo posible la seguridad de la red de alta velocidad. Son 3.000 kilómetros, utilizados por más de 40 millones de pasajeros el pasado año. Lo mismo debe hacerse con Cercanías, teniendo en cuenta en ambos casos que conviene restablecer los servicios con plena normalidad lo antes posible y con las debidas garantías. Es una cuestión de responsabilidad. Por un lado, el buen funcionamiento del transporte –alta velocidad incluida– es una necesidad, no un lujo, y por otro, deben reducirse en lo posible los riesgos. Aparte de establecer las causas de los accidentes –que en el caso de Gelida son especialmente más claras que en el de Adamuz–, lo que hay que garantizar es que se realiza una buena labor de mantenimiento de la red.

La habilidad del gobierno español en este primer tramo del año consiste en poner tanto a sus socios como a la oposición ante la necesidad de resolver dilemas. Esto vale tanto en lo que se refiere a la política interior como a la situación internacional. Debemos remontarnos hasta diciembre pasado, en la última rueda de prensa de Pedro Sánchez y la posterior copa de Navidad en la Moncloa, y debemos considerarlo como el momento en que se dieron muchas pistas sobre el escenario que trataría de crear el ejecutivo para intentar reanudar el vuelo.

Estos días he recordado mucho a algunas conversaciones que tuvimos tiempo atrás con Joan Tardà, el antecesor de Gabriel Rufián como portavoz de ERC en el Congreso. Tardà es un sentimental, pero también un hombre bien razonable, que cada vez que encontraba dificultades en negociaciones abiertas con el gobierno buscaba explicaciones, y si coincidíamos por los pasillos, me exponía su disgusto diciendo: "Brunet, tú que conoces a España, ¿esto por qué nos lo hacen?" Era una pregunta retórica, él era consciente de los problemas de fondo, de los recelos permanentes cada vez que se negociaba una mejora para el autogobierno de Catalunya, sobre todo si se trataba de materias relacionadas con el dinero, con la financiación.

El año que ahora comienza no será uno más de la legislatura. Entramos en una etapa decisiva para el PSOE y para la solidez del sistema. Durante 2025 los socialistas han sufrido un fuerte desgaste. Consciente de ello, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, deberá resolver si se presentará en las próximas elecciones generales, cualquiera que sea la fecha en que se celebren. Ésta será, sin duda, una decisión estrictamente personal, con una gran repercusión en el panorama político. En todo caso, Sánchez no será derribado por un movimiento interno del partido, que por ahora controla sin especiales dificultades. Sin embargo, cada vez habrá más voces que le pidan una reflexión sobre lo que conviene hacer para garantizar el futuro de la organización. Los habrá que lo explicitarán de manera pública, pero lo que crecerá en términos significativos será el número de dirigentes que lo plantearán en privado, al oído, para que corra la voz entre las estructuras del partido y lo que ahora es una hipótesis vaya tomando forma.

Esta última ha sido una Navidad de discursos oficiales llenos de buenas intenciones y llamadas al diálogo, pero también de declaraciones paralelas que poco o nada han sintonizado con este tipo de propósitos. Estamos terminando el año con la pesada digestión de los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura, y encaramos otro en el que Aragón, Castilla y León y Andalucía completarán el cuadro. La gran incógnita es si este ciclo se traducirá en el inicio de una nueva etapa política y si realmente el PP y Vox serán sus principales protagonistas, o si lo que un día se calificó de alianza progresista será capaz de resistir.

El termómetro está ya en marcha. Este domingo tendremos los primeros datos de la temperatura electoral del momento. Extremadura vota y nos dará una radiografía del estado de ánimo de la sociedad en esa comunidad autónoma. Cada territorio tiene sus características, pero esta aproximación inicial al nuevo ciclo de elecciones es particularmente interesante, por cómo ha transcurrido la campaña y porqué permitirá elaborar conclusiones sobre la situación de las fuerzas políticas. El retroceso del PSOE se da por supuesto y tendrá que verse si se acerca realmente a cifras catastróficas.

Vista la evolución de los eventos se vuelve a hablar de varias hipótesis para el final de esta legislatura. Al gobierno español se le han ampliado dos frentes que hasta ahora ha sido incapaz de controlar. Por un lado, el de la corrupción, con un constante goteo de noticias sobre actuaciones de cuerpos policiales o de jueces que tratan de llegar al fondo de varias investigaciones en marcha, en especial sobre los negocios de la trama Cerdán-Ábalos-Koldo. Por otra parte, las denuncias de mujeres sobre acoso por parte de dirigentes del PSOE. El problema de los socialistas, tanto en una cuestión como en otra, es que no han sabido reaccionar a tiempo. Nos dicen que detectados los casos concretos se ha actuado con diligencia. Pero lo cierto es que se ha hecho con retraso, y de forma contundente sólo cuando el asunto ya era de conocimiento general, por medio de la aparición de noticias en los medios de comunicación.

Entre luces de Navidad y consumo disparado –cada uno al nivel en el que puede permitírselo, claro–, España se dispone a empezar una etapa de un mes de anestesia colectiva, con una gran excepción, la de Extremadura, donde se ha iniciado un interesantísimo maratón electoral. No sabemos cuándo serán las próximas elecciones generales, pero tenemos muchas razones para creer que, una vez celebradas, nada será igual.

En este preludio de Navidad, la estrategia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, consiste en seguir gobernando. ¿Cómo si no ocurriera nada? No, el PSOE no pretende ignorar la gravedad de la situación, pero confía en su capacidad de abrirse camino por un tiempo más. ¿Cuánto más, días, semanas, meses? Esto no lo dicen todavía. Apenas están intentando reponerse del fuerte impacto causado por el ingreso en prisión provisional del exministro de Fomento José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García. Pero esperan parar el golpe, entre sustos judiciales y sin presupuestos para el 2026. El propósito es dejar pasar las fiestas navideñas, y pensarse a fondo lo que debería hacerse para empezar el nuevo año, con qué hoja de ruta. El gobierno es plenamente consciente de su debilidad en el Congreso. Cree, sin embargo, que otros, en especial el PP, están peor, porque siguen sin posibilidades de cerrar pactos distintos a los establecidos con Vox, por ejemplo en Valencia.

Este fin de noviembre ha traído días de fuertes contrastes. Por un lado, los actos relacionados con los cincuenta años desde el restablecimiento de la monarquía en España. En el Palacio Real se pronunciaron los discursos más relevantes. Aparte del correspondiente al mismo rey Felipe VI, hubo los de los dos padres de la Constitución que siguen vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero, y el expresidente Felipe González. Todos ellos con palabras de reivindicación de la transición y del valor del consenso. Y González, por destacar la "paz civil" como bien principal e irrenunciable de la sociedad española. La fecha de 21 de noviembre de 2025 ha tenido, ciertamente, dimensión histórica, por su significación, con la imposición del Toisón de Oro a los ya mencionados ya la reina Sofía, en ausencia del emérito Juan Carlos I. Por otra parte, como hecho negativo, sólo hay que tener en cuenta las características del momento.