Con una búsqueda rápida en internet, se pueden encontrar billetes de avión de ida y vuelta entre Barcelona y Bruselas por menos de 70 euros. El mismo trayecto en tren (en el que hay que hacer transbordo) cuesta más de 200 euros. Y si se hiciera en coche, entre combustible y peajes, costaría como mínimo unos 400. ¿Cómo es posible una diferencia tan grande? La respuesta se encuentra, en parte, en las exenciones fiscales de las que disfruta el queroseno.

La Unión Europea tuvo claro al inicio de la invasión rusa de Ucrania que debía enviar un mensaje político a Moscú evidenciando que Kiev es europea. Los estados miembros se pusieron de acuerdo en un tiempo récord para conceder a Ucrania, y también a Moldavia, el estatus de países candidatos a entrar en el club comunitario y abrir las negociaciones de adhesión. Pero este ritmo de urgencia, sumado al impulso renovado por la adhesión de Montenegro y Albania, ha generado un agravio con el resto de candidatos y ha abierto una brecha en el corazón de los Balcanes.

La crisis de la vivienda continúa agravándose. Mientras los desahucios adoptan nombre propio, la ciudadanía parece decir basta y los políticos buscan recetas a contrarreloj, los datos no hacen más que constatar la gravedad del problema: el precio de la vivienda se aleja cada vez más de los salarios y de la capacidad de ahorro de las familias.

Nueva ofensiva para restringir el derecho de asilo en la Unión Europea. Diversos estados miembros están presionando para suspender las solicitudes de asilo en situaciones de emergencia. La entrada masiva de migrantes en Ceuta este verano ha servido de pretexto para el sector más conservador del bloque para poner la inmigración en el punto de mira e intentar endurecer todavía más la ley migratoria europea. Países como Alemania, Grecia y Austria han redoblado la presión ante el Consejo de la UE en Luxemburgo, donde este jueves se han reunido los titulares de Interior de la UE, para que se puedan suspender los "procedimientos de asilo ordinarios" en situaciones excepcionales como la que consideran que se produjo en la ciudad autónoma a finales de julio.

Rusia vuelve a amenazar a la OTAN con armas nucleares. El Kremlin ha enviado una carta a la Alianza Atlántica en la que advierte que está dispuesto a recurrir a armamento atómico si la organización de defensa intenta bloquear la región de Kaliningrado, un enclave ruso situado entre Polonia y Lituania, con salida al mar Báltico.

Los incendios de este verano han dejado una lección en el continente: las emergencias climáticas son una nueva realidad con la que hay que convivir. Solo en julio, incendios simultáneos en Francia y en España quemaron cerca de 100.000 hectáreas y la brutalidad del fuego puso a los cuerpos de emergencia contra las cuerdas, hasta el punto de que tuvieron que pedir ayuda a otros estados de la Unión Europea.

La OTAN está preparada para responder a los ataques híbridos de Rusia. Así lo ha defendido el secretario general de la organización, Mark Rutte, que ha matizado que estas "opciones de respuesta" no siempre serán "públicas" ni tampoco serán "simétricas o proporcionales". "No siempre será «ojo por ojo», pero tenemos las opciones de respuesta que necesitamos", ha asegurado el dirigente de la alianza militar en una rueda de prensa después de reunirse con el primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevicius, en Bruselas.

Han comenzado las negociaciones para definir cómo debe ser la nueva política agraria común (PAC) de la Unión Europea, una política vital para el sector agrario y ganadero en el país. Los ministros de Agricultura de los Veintisiete han debatido este lunes las primeras líneas de trabajo que perfila la Comisión Europea para la nueva PAC. La reforma, sin embargo, plantea menos recursos y más margen para que los estados decidan cómo los reparten. En Cataluña el sector mira con preocupación la propuesta porque teme que esta flexibilidad acabe recortando ayudas y generando desigualdades entre territorios.

Los últimos ataques híbridos de Rusia han hecho evidente que Europa no tiene una respuesta colectiva clara para las amenazas que no alcanzan el umbral de agresión armada. Ante las peticiones de diversas capitales europeas para actuar (y los anuncios de algunos planes nacionales para protegerse de los ataques de Moscú), Bruselas busca mecanismos para dar una respuesta conjunta a este tipo de episodios.

La crisis transatlántica más profunda de los últimos tiempos se cerró en la última cumbre de la ONU en Nueva York. El apretón de manos entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra danesa Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha sellado –al menos aparentemente– el incendio diplomático provocado en enero, cuando Washington puso en marcha una campaña de presión y amenazas contra la isla ártica. "En el Reino de Dinamarca, los Estados Unidos tienen un amigo y un aliado en quien siempre podrán confiar", ha afirmado la dirigente danesa.

"Si tuviera alguna cosa que anunciar, serías el primero en saberlo después de mis nietos", aseguró la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, cuando un periodista de Bloomberg le preguntó si dejaría la institución para ir al Foro Económico Mundial. El rumor sobre una posible salida anticipada de Lagarde circula desde hace meses en la prensa económica. En febrero el Financial Times adelantó que se planteaba dejar el cargo antes de que terminara su mandato, en octubre de 2027, para permitir que Emmanuel Macron y Friedrich Merz pudieran influir en la elección de su sucesor antes de las elecciones presidenciales francesas de 2027.

La Unión Europea está haciendo una gran apuesta por la autonomía estratégica ante la creciente amenaza que supone China para la competitividad del bloque comunitario. Las últimas propuestas legislativas de Bruselas para potenciar la industria incluyen un criterio para priorizar los productos europeos frente a los fabricados fuera de las fronteras comunitarias en las licitaciones públicas en sectores estratégicos como la automoción, el acero, las tecnologías limpias, los semiconductores y los vehículos eléctricos. Es el requisito conocido como made in EU (hecho en la Unión Europea, en inglés).

El sector del automóvil europeo se encuentra en un momento difícil. La electrificación, la competencia china y el estancamiento de la demanda de los consumidores han empujado a la Unión Europea a tomar medidas para proteger el sector. Pero están encaminando la industria hacia el camino "equivocado". Bruselas está intentando proteger la industria europea de la competencia exterior en lugar de hacerla más competitiva. Esta es la conclusión de un informe del prestigioso think tank Bruegel, sobre políticas europeas, publicado esta semana, en el cual advierte que la prosperidad del continente "está en juego".

Después de una dura negociación, los representantes de los estados miembros de la Unión Europea han conseguido aprobar las nuevas sanciones contra Rusia este martes por la noche. El acuerdo, que hasta ahora se renovaba cada seis meses, incluye sanciones contra 3.000 ciudadanos rusos y se prorrogará durante los próximos tres años. Eso sí, deja fuera de la lista a dos multimillonarios rusos afines al Kremlin, Alisher Usmanov y Mijaíl Fridman.

España ha vuelto a llevar este martes la oficialidad del catalán a la Unión Europea. Como ya había anunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el ejecutivo español ha explicado en el Consejo de Asuntos Generales de la UE que vincula el reconocimiento del euskera, el gallego y el catalán a la adhesión de nuevos estados al club comunitario. Considera "impensable" que se añada un idioma más al régimen oficial de la UE (como el montenegrino o el albanés) si antes no se ha aceptado la oficialidad de las lenguas cooficiales del estado español.

Bruselas vuelve a dar un toque de atención a España en materia fiscal. El Consejo Fiscal Europeo, el órgano que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas, reprocha al ejecutivo español que solicitase activar la cláusula de exención de las reglas fiscales para gastar más en defensa, pero que esta partida solo aumentase un 0,1% del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide el tamaño de una economía). En cambio, España se desvió un 0,4% del PIB respecto a la trayectoria de gasto neto recomendada.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, tiene la respuesta clara. Uno de los "obstáculos más grandes" para hacer que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales en la Unión Europea es su homólogo italiano, Antonio Tajani. O, dicho de otra manera, la presión que el PP español ejerce sobre sus socios. Así lo aseguraba en una intervención este miércoles en el pleno del Congreso, en la que acusó a la formación de Alberto Núñez Feijóo de influenciar al Partido Popular Europeo para "frenar" esta iniciativa. "El señor de Italia al que invitáis a vuestros congresos y con quien siempre se abraza Feijóo es uno de los máximos obstáculos para que estas lenguas no sean todavía oficiales –aseguró–. ¿Le habéis reprochado que haga esto? Yo sí".

La concatenación de sabotajes, ciberataques e incursiones con drones atribuidos a Rusia está evidenciando las costuras de la arquitectura de seguridad europea. Ante una intensificación de estos episodios, los gobiernos del continente han empezado a plantearse cómo responder a ellos sin esperar a que Moscú cruce ninguna línea roja.

El gobierno español quiere gravar los beneficios de las compañías de petróleo y gas en la Unión Europea. Considera que en plena crisis energética, en la que se han disparado los precios, estas compañías están obteniendo beneficios extraordinarios derivados del contexto. Por ello, junto con otros cuatro países, han llevado este viernes a la reunión del Ecofin su ofensiva para imponerles un gravamen. Este impuesto se ha abordado en el encuentro informal de los ministros de Finanzas, que ha tenido lugar en Dublín, según fuentes del gobierno español.

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución que califica la llegada de 80.000 migrantes a Ceuta de una "invasión". El texto, impulsado por el Partido Popular Europeo, ha salido adelante con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, gracias al apoyo de los grupos de extrema derecha de la Eurocámara, en una muestra más de que la retórica de Bruselas sobre inmigración se endurece a marchas forzadas.