Marta Vergés es abogada especialista en menores, pero tiene dos líneas rojas muy claras. La primera es que solo representa a menores a los que tenga que defender, nunca lleva acusaciones, porque dice que se ve "incapaz" de acusar a un adolescente. Eso sí, nunca defiende al mismo adolescente dos veces. Todos los jóvenes a los que atiende saben esta condición, con la que busca animarles a no reincidir: "Defendiendo a un menor hay un grado de esperanza de reinserción social elevadísimo, y eso es lo que me encanta de mi trabajo", explica.

Desde principios de año la situación en una finca de la calle Muntaner de Barcelona ha obligado a los cuerpos policiales a prestarle especial atención. Desde hace meses, los vecinos han llamado al 112 decenas de veces y los Mossos d'Esquadra han intervenido hasta en 49 ocasiones. Los motivos principales: por un lado, discusiones, amenazas e incidentes que hacen sentir inseguros a los vecinos y, por otro, presunta tenencia de drogas. Pero, según ha podido saber el ARA, las investigaciones policiales en marcha no han podido confirmar que haya un narcopiso –donde se venden y consumen drogas– y tampoco hay ninguna denuncia de ocupación del inmueble.

Conocían a fondo cómo funciona el mercado eléctrico en España y se aprovecharon de sus propios "mecanismos de seguridad" para estafarlo. El fraude supera los 61 millones de euros, según los cálculos de Red Eléctrica, y hay 93 empresas afectadas que ahora intentan conseguir una indemnización para recuperar el dinero que perdieron con este engaño. La Audiencia Nacional juzgará entre octubre y noviembre este entramado, que trabajaba desde Barcelona y Madrid y era supervisado desde el despacho de Sarrià donde trabajaba el empresario Esteban Roig, a quien la Fiscalía señala como director de toda la estructura y pide que se le condene a dieciséis años de prisión. También están acusadas dieciséis personas más, que podrían asumir penas de entre nueve y seis años en función de su grado de intervención.

Lourdes Reyzábal es la presidenta de la Fundación Raíces, que desde hace años trabaja en la defensa de los derechos de los menores migrantes. También en Ceuta, donde este martes el gobierno español ha elevado hasta 70.000 el número de personas que cruzaron la frontera desde Marruecos. A pesar del retorno de la mayoría, todavía hay un millar de niños y adolescentes en acogida.

Con solo una muestra de sangre, una máquina pionera del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) da información muy concreta de lo que ha hecho una persona durante las horas anteriores. La pantalla del cromatógrafo muestra qué sustancias hay y en qué cantidad de cafeína, fármacos, alcohol o sustancias psicoactivas, por ejemplo. Mediante esta tecnología se pueden detectar muchos más componentes que el resto –también las drogas más inusuales– y se puede acotar mucho más la cantidad; una información especialmente útil en casos en los que se debe aclarar si una persona ha delinquido o no bajo los efectos de las drogas, ya que puede comportar un atenuante en la pena, o para acreditar si ha habido sumisión química en un caso de agresión sexual.

Al anochecer, policías y militares ordenan a diversos grupúsculos de jóvenes que deshagan el camino y vuelvan a casa. A Marruecos. Tienen poco más de dieciocho años. Los mayores, treinta como mucho. Son algunos de los últimos migrantes que quedan en las calles o se esconden en las zonas montañosas de una Ceuta que ha vivido la peor crisis migratoria de la historia reciente. En solo 48 horas, más de 50.000 personas (mayoritariamente ciudadanos marroquíes) han entrado irregularmente en territorio español. Unos, nadando alrededor del espigón; otros, cruzando el paso fronterizo a pie. Olas de personas han llenado las estrechas vías de una ciudad de menos de 20 km². Este viernes, sin embargo, el flujo se ha invertido.

Primera sentencia en Cataluña que se justifica con la decisión de la justicia europea sobre la inmersión lingüística. Si en junio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimaba la demanda de familias de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar contra el 25% de castellano, ahora otra escuela del Maresme se ve afectada por esta misma decisión. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha utilizado por primera vez la decisión de Estrasburgo entre sus argumentos para resolver un litigio sobre la lengua de enseñanza, y lo ha hecho para dar la razón a una familia del Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, que pedía más horas de castellano.

Las ilegalidades en la gestión de residuos no siempre comportan un tráfico a escala internacional como el que se destapó la semana pasada procedente de Francia. A menudo el recorrido es mucho más corto y a los infractores no les hace falta ni siquiera cambiar de comarca para conseguir beneficios económicos a costa de poner en riesgo el medio ambiente y la salud humana. Es el caso del entramado que operaba entre dos empresas de Badia del Vallès, un vertedero a treinta kilómetros de distancia y unos terrenos de Cerdanyola del Vallès, ahora propiedad del Consorcio del Parc de l'Alba. Los acusados esperan juicio.

Un juzgado social de Barcelona ha validado el despido de Carmen Macías, la exresponsable de cumplimiento normativo de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) que denunció que la hicieron fuera como represalia por una investigación interna de acoso que implicaba a tres directivos. La sentencia que ha consultado el ARA declara que el despido fue procedente y expone que se hizo después de que un subordinado de Macías la denunciara por acoso. Esta sentencia valida el despido respecto a la jurisdicción laboral, pero no resuelve el procedimiento penal, con tres altos cargos investigados, que se abrió a raíz de la denuncia de Macías por acoso laboral.

La mujer investigada por presuntamente haber maltratado a su bebé, que ingresó en la UCI con cinco semanas de vida, ha vuelto a dar explicaciones ante el juez este jueves. La mujer ha negado en todo momento que ella interviniera en alguna agresión y también ha mantenido que nunca vio que su marido lo maltratara. A pesar de que su historial en internet demuestra que estaba preocupada por la actitud del hombre, con búsquedas como "mi pareja no soporta al bebé" o "mi pareja no trata bien a mi bebé", su defensa insiste en distinguir entre haber detectado un maltrato y haber notado que el hombre trataba mal al niño por falta de destreza o de cariño. Durante su declaración la mujer ha afirmado que, "si lo hubiera visto, evidentemente habría ido a la policía", según fuentes jurídicas.

Nuevo incidente con las obras del metro en Barcelona. Este miércoles por la noche se ha producido una deflagración seguida de un incendio en las obras del metro de Plaça de Sants que ha dejado ocho personas heridas, todas hombres. Dos de los afectados se encuentran en estado grave, tres menos graves y tres leves. Hasta el lugar del accidente se han desplazado nueve dotaciones de los Bomberos de Barcelona y ocho ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Este jueves por la mañana una gran llamarada continúa quemando en la zona mientras los equipos de emergencias trabajan para controlar la fuga de gas.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una segunda persona presuntamente relacionada con la muerte a tiros de un menor en el Parc de la Pegaso de Barcelona. Lo ha anunciado la consellera de Interior, Núria Parlon, durante una intervención en el Parlament. En concreto, la consellera ha asegurado que este mismo martes se ha arrestado al "presunto sicario" de la víctima, un adolescente de quince años.

El mismo día que la prohibición del tabaco en las terrazas de los bares da un paso adelante, Barcelona ha hecho públicas dos resoluciones judiciales pioneras que inhabilitan durante un año locales que no respetan la normativa municipal sobre las mesas que bares y restaurantes tienen en el espacio público. En concreto, a dos terrazas de La Rambla que tenían licencia pero han incumplido reiteradamente la normativa se les ha retirado la licencia y tampoco tendrán la opción de recuperarla durante el plazo de un año.

La pediatra del Hospital Sant Pau de Barcelona que dio la alerta por maltrato infantil al bebé que después estuvo ingresado en la UCI del Vall d'Hebron ha declarado ante el juez que las lesiones anales del niño no son fruto de una sola acción. Fuentes jurídicas apuntan que esta médica también se trasladó al Vall d'Hebron para atender al niño cuando lo derivaron allí, ya que es el centro de referencia en maltrato infantil y violencia sexual. El testimonio de la pediatra coincide con el del cirujano pediátrico que ya declaró en el juzgado el mes de junio.

La pediatra del CAP Roger de Flor de Barcelona que atendió al bebé que estuvo hospitalizado por maltratos con solo cinco semanas de vida ha declarado ante el juez que tres días antes de ingresar a la UCI el niño no tenía las graves lesiones anales que se le detectaron en el Vall d'Hebron. La médica y la enfermera de este CAP que atendían al niño han explicado que lo visitaron el 13 de marzo, solo tres días antes de que ingresara en el Hospital Vall d'Hebron, que acabó activando el protocolo de maltrato infantil.

La cifra de 46.000 toneladas de basura procedentes de Francia vertidas de manera ilegal en Cataluña que trascendió este lunes podría acabar siendo anecdótica al lado del número total de kilos de escombros que se puede destapar cuando acabe la investigación, según explican fuentes cercanas al caso. Los vertidos del llamado caso Franger que hasta ahora ha explicado la Guardia Civil afectaron principalmente al municipio de Sant Esteve Sesrovires, en el Baix Llobregat. Ahora bien, fuentes cercanas a la investigación consultadas por el ARA añaden a la lista provisional de municipios afectados Rubí (Vallès Occidental), Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) y Pujalt (Anoia).

La Fiscalía ha retirado en el último momento las acusaciones contra los exresponsables de Salud a quienes señalaba por “discriminar” a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el plan de vacunación contra la covid. La acusación afectaba a los exconsejeros Alba Vergés y Josep Maria Argimon, al exsecretario general de Salud Marc Ramentol, al exdirector del CatSalut Adrià Comella y al exdirector de servicios Xavier Rodríguez Guasch.

Los abogados de oficio hacen cada vez más atenciones, pero la precariedad hace que cada vez menos profesionales estén dispuestos a participar en este servicio. Al conjunto de Cataluña la fuga se ha reducido a la mitad, coincidiendo con un acuerdo para mejorar las retribuciones, pero los datos no han mejorado en la demarcación de Barcelona, donde el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) alerta que la pérdida de profesionales es de un 20% en la última década. Xavier Batlle y Núria Astorgas son dos de los profesionales que no han querido abandonar esta tarea. A pesar de tener el mismo trabajo, son abogados de oficio de dos especialidades totalmente diferentes: menores, que en el último semestre ha aumentado un 10% su actividad en Barcelona, y segunda oportunidad, un mecanismo que permite cancelar las deudas a los deudores de buena fe y que ha crecido un 23% en el último medio año.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 21 años de prisión a un mosso d'esquadra por agredir sexualmente y vejar a una joven con una discapacidad grave, a quien conoció porque era la pareja de su hijastro. Los dos jóvenes se habían conocido en un centro para personas con discapacidad, y solían pasar tiempo con la familia del otro hasta el punto de que víctima y procesado convivían aproximadamente la mitad de la semana. El tribunal condena al agente por un delito de pornografía aprovechándose de la confianza de la chica y por un delito de agresión sexual continuada abusando de la discapacidad psíquica de la chica.

Turno de la exconsejera de Salud Alba Vergés para explicarse en el juicio por la vacunación contra la covid a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados a Cataluña. En su declaración se ha centrado en explicar que siempre siguieron los criterios que fijaba el Consejo Interterritorial de Salud sobre la estrategia de vacunación, también cuando se decidió priorizar las dosis de AstraZeneca para las personas de entre 55 y 65 años. Esto, ha matizado, no impedía que los grupos de trabajadores esenciales –como policías, personal sanitario o docentes– pudieran continuar recibiendo dosis, pero se tenía que hacer "a medida que llegaban las vacunas". De hecho, cuando le han preguntado directamente, ha negado que diera ninguna orden para retrasar la vacunación a los agentes.