Los registros muestran que los delitos cometidos por menores de edad van a la baja, pero la Fiscalía advierte de lo contrario. Cada vez hay más delitos que no se pueden judicializar porque el infractor tiene menos de 14 años y, por tanto, no llega a la edad penal. Estos casos no constan en los recuentos de condenas a menores, pero cada vez hay más. El último año han subido un 74%, según el recuento de la Fiscalía General del Estado: el año pasado se archivaron 7.749 casos porque el infractor era inimputable, mientras que en 2023 fueron 4.448. Con todo, la Fiscalía advierte que la cifra exacta debe tomarse con reservas por un posible error en los registros de 2024 en Andalucía. En todo el Estado, en 2023 se archivaron 11.143 casos por este motivo, 7.660 en 2022 y 8.433 en 2021. "La edad de comisión de los hechos delictivos está bajando progresivamente", advierte la memoria de la Fiscalía que se ha presentado este jueves.

Zakaria cruzó la valla de Melilla en marzo de 2022 huyendo del conflicto armado en su país, Mali, cuando todavía era menor de edad. Aquel día, los golpes de porra en la cara de un guardia civil le provocaron una lesión irreversible en el ojo izquierdo, donde ha perdido la visión. Más de dos años después sigue pidiendo a la justicia que identifique el nombre del agente, y este miércoles ha dado un paso importante en el procedimiento explicando al juez todo lo que vivió aquel día. "Estoy aquí para que la justicia verifique lo que ha pasado, no quiero que le pase a nadie más", ha dicho después de declarar.

El director general de Ejecución Penal en la Comunidad y de Justicia Juvenil, Jesús del Cacho, ha dimitido después de dos años en el cargo. El Gobierno ha nombrado este mismo martes a la nueva directora, la abogada penalista Paz Vallès.

Desde hace nueve meses Collserola se ha vaciado de excursionistas y ciclistas que encontraban allí un escape rápido de la ciudad. El brote de peste porcina africana (PPA), que ya suma 384 casos positivos, ha obligado a extremar las medidas para evitar que el virus se extendiera, y a reforzar el cierre del parque natural cuando los contagios llegaron a Barcelona. Al margen de granjas y mataderos, un sector afectado de lleno por esta situación son los restauradores acostumbrados a servir desayunos y comidas a ciclistas y excursionistas que desde hace meses no hacen acto de presencia. A pesar de las ayudas que se han aprobado esta semana, los restaurantes con los que ha hablado el ARA coinciden al explicar las dificultades que están atravesando, algunos hasta el punto de plantearse el cierre, y que todos describen como más graves que las que comportó la pandemia de coronavirus.

Los dos adolescentes de quince y dieciséis años detenidos esta semana por presuntamente matar a un hombre en Manresa en plena fiesta mayor ya habían sido arrestados antes por casos que no tienen relación con el apuñalamiento mortal de esta semana en el Bages. De hecho, uno de ellos –el de quince años– había estado internado hasta hace pocas semanas como medida cautelar en una causa en la que se le investiga por un robo con violencia e intento de homicidio el mes de abril, y en el momento del crimen estaba en libertad vigilada, según han explicado a l'ARA fuentes al corriente del caso.

Los efectos del cambio climático hacen que cada vez sean más frecuentes y más intensos los episodios meteorológicos extremos. En Cataluña, este otoño se notará con lluvias extremas avivadas por las temperaturas de este verano, que han dejado una anomalía térmica de cuatro grados por encima en la temperatura del agua del mar. Por ello, Protección Civil de la Generalitat ha lanzado una advertencia de los riesgos que pueden comportar los aguaceros repentinos e intensos. La administración ha hecho un llamamiento a la precaución y también se plantea utilizar los mensajes ES-Alert cuando haya episodios de lluvias torrenciales imprevistas para advertir de posibles daños.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer que presuntamente estaría relacionada con la muerte del bebé a quien esta semana encontraron muerto, dentro de una bolsa de plástico, en un rellano de un bloque de pisos de la calle Llevant, en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs. La arrestada es la madre de la criatura y tiene 33 años, según han explicado al ARA fuentes cercanas al caso. La detención se hizo este jueves, el día después de encontrar al bebé, y la mujer ha quedado en libertad provisional e investigada después de pasar a disposición judicial este viernes.

Los Mossos d’Esquadra han encontrado este jueves los restos del niño pequeño desaparecido en una casa de Santa Bàrbara, en el Montsià, donde se le buscaba desde el fin de semana pasado. Los padres de la criatura ya fueron detenidos el miércoles por la mañana en Valencia por presuntamente haber matado al niño, y este jueves por la tarde han pasado a disposición del juzgado de Amposta, que deberá decidir si ingresan en prisión o quedan en libertad. De momento, el caso continúa bajo secreto.

El 14 de diciembre de 2021 un extrabajador de la empresa Securitas en Tarragona entró armado en su antiguo lugar de trabajo e hirió a tres excompañeros. En la huida hirió también de un disparo a un agente de los Mossos d'Esquadra y finalmente se atrincheró en una masía de Riudoms (Baix Camp), donde la unidad de élite del cuerpo policial lo abatió a tiros. El tiroteo dejó graves lesiones a Marin Eugen Sabau, que tras varios recursos judiciales acabó recibiendo la eutanasia que pedía. Con su muerte quedaba cerrada la causa contra él, pero seguía en marcha otra en la que se investigaba por lesiones a los once agentes que neutralizaron al pistolero. Ahora el instructor de este caso ha procesado a dos agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI) que le dispararon en una actuación que describe como "descontrolada, desproporcionada y con una finalidad que podía ir más allá de neutralizar a Sabau, que era la de acribillar su integridad física".

El hasta ahora secretario general del departamento de Interior de la Generalitat, Tomàs Carrión, ha dimitido de su cargo como número dos de la consejería, según han explicado a el ARA fuentes de la consejería. De ahora en adelante asumirá esta posición Joana Ricardo Hoyos, que hasta ahora ha sido directora general de Administración de Seguridad.

Sònia Angelats es maestra de primaria, pero enseña a adultos. El Centro de Formación de Adultos Santiago Rusiñol está dentro de la Prisión de Jóvenes, donde hay chicos de 18 a 24 años condenados o en prisión preventiva. Sus alumnos estudian formación instrumental, "que viene a ser la primaria para adultos". Explica que, en la práctica, el día a día en el aula no se basa tanto en seguir un currículum, como pasaría en una escuela fuera de estos muros: "Para mis alumnos aprender a multiplicar y a dividir no es tan importante como aprender a saber estar, a confiar en los demás, y otros aspectos emocionales necesarios para poder desarrollar la parte académica".

Marta Vergés es abogada especialista en menores, pero tiene dos líneas rojas muy claras. La primera es que solo representa a menores a los que tenga que defender, nunca lleva acusaciones, porque dice que se ve "incapaz" de acusar a un adolescente. Eso sí, nunca defiende al mismo adolescente dos veces. Todos los jóvenes a los que atiende saben esta condición, con la que busca animarles a no reincidir: "Defendiendo a un menor hay un grado de esperanza de reinserción social elevadísimo, y eso es lo que me encanta de mi trabajo", explica.

Desde principios de año la situación en una finca de la calle Muntaner de Barcelona ha obligado a los cuerpos policiales a prestarle especial atención. Desde hace meses, los vecinos han llamado al 112 decenas de veces y los Mossos d'Esquadra han intervenido hasta en 49 ocasiones. Los motivos principales: por un lado, discusiones, amenazas e incidentes que hacen sentir inseguros a los vecinos y, por otro, presunta tenencia de drogas. Pero, según ha podido saber el ARA, las investigaciones policiales en marcha no han podido confirmar que haya un narcopiso –donde se venden y consumen drogas– y tampoco hay ninguna denuncia de ocupación del inmueble.

Conocían a fondo cómo funciona el mercado eléctrico en España y se aprovecharon de sus propios "mecanismos de seguridad" para estafarlo. El fraude supera los 61 millones de euros, según los cálculos de Red Eléctrica, y hay 93 empresas afectadas que ahora intentan conseguir una indemnización para recuperar el dinero que perdieron con este engaño. La Audiencia Nacional juzgará entre octubre y noviembre este entramado, que trabajaba desde Barcelona y Madrid y era supervisado desde el despacho de Sarrià donde trabajaba el empresario Esteban Roig, a quien la Fiscalía señala como director de toda la estructura y pide que se le condene a dieciséis años de prisión. También están acusadas dieciséis personas más, que podrían asumir penas de entre nueve y seis años en función de su grado de intervención.

Lourdes Reyzábal es la presidenta de la Fundación Raíces, que desde hace años trabaja en la defensa de los derechos de los menores migrantes. También en Ceuta, donde este martes el gobierno español ha elevado hasta 70.000 el número de personas que cruzaron la frontera desde Marruecos. A pesar del retorno de la mayoría, todavía hay un millar de niños y adolescentes en acogida.

Con solo una muestra de sangre, una máquina pionera del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) da información muy concreta de lo que ha hecho una persona durante las horas anteriores. La pantalla del cromatógrafo muestra qué sustancias hay y en qué cantidad de cafeína, fármacos, alcohol o sustancias psicoactivas, por ejemplo. Mediante esta tecnología se pueden detectar muchos más componentes que el resto –también las drogas más inusuales– y se puede acotar mucho más la cantidad; una información especialmente útil en casos en los que se debe aclarar si una persona ha delinquido o no bajo los efectos de las drogas, ya que puede comportar un atenuante en la pena, o para acreditar si ha habido sumisión química en un caso de agresión sexual.

Al anochecer, policías y militares ordenan a diversos grupúsculos de jóvenes que deshagan el camino y vuelvan a casa. A Marruecos. Tienen poco más de dieciocho años. Los mayores, treinta como mucho. Son algunos de los últimos migrantes que quedan en las calles o se esconden en las zonas montañosas de una Ceuta que ha vivido la peor crisis migratoria de la historia reciente. En solo 48 horas, más de 50.000 personas (mayoritariamente ciudadanos marroquíes) han entrado irregularmente en territorio español. Unos, nadando alrededor del espigón; otros, cruzando el paso fronterizo a pie. Olas de personas han llenado las estrechas vías de una ciudad de menos de 20 km². Este viernes, sin embargo, el flujo se ha invertido.

Primera sentencia en Cataluña que se justifica con la decisión de la justicia europea sobre la inmersión lingüística. Si en junio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimaba la demanda de familias de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar contra el 25% de castellano, ahora otra escuela del Maresme se ve afectada por esta misma decisión. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha utilizado por primera vez la decisión de Estrasburgo entre sus argumentos para resolver un litigio sobre la lengua de enseñanza, y lo ha hecho para dar la razón a una familia del Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, que pedía más horas de castellano.

Las ilegalidades en la gestión de residuos no siempre comportan un tráfico a escala internacional como el que se destapó la semana pasada procedente de Francia. A menudo el recorrido es mucho más corto y a los infractores no les hace falta ni siquiera cambiar de comarca para conseguir beneficios económicos a costa de poner en riesgo el medio ambiente y la salud humana. Es el caso del entramado que operaba entre dos empresas de Badia del Vallès, un vertedero a treinta kilómetros de distancia y unos terrenos de Cerdanyola del Vallès, ahora propiedad del Consorcio del Parc de l'Alba. Los acusados esperan juicio.

Un juzgado social de Barcelona ha validado el despido de Carmen Macías, la exresponsable de cumplimiento normativo de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) que denunció que la hicieron fuera como represalia por una investigación interna de acoso que implicaba a tres directivos. La sentencia que ha consultado el ARA declara que el despido fue procedente y expone que se hizo después de que un subordinado de Macías la denunciara por acoso. Esta sentencia valida el despido respecto a la jurisdicción laboral, pero no resuelve el procedimiento penal, con tres altos cargos investigados, que se abrió a raíz de la denuncia de Macías por acoso laboral.