Los abogados de oficio hacen cada vez más atenciones, pero la precariedad hace que cada vez menos profesionales estén dispuestos a participar en este servicio. Al conjunto de Cataluña la fuga se ha reducido a la mitad, coincidiendo con un acuerdo para mejorar las retribuciones, pero los datos no han mejorado en la demarcación de Barcelona, donde el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) alerta que la pérdida de profesionales es de un 20% en la última década. Xavier Batlle y Núria Astorgas son dos de los profesionales que no han querido abandonar esta tarea. A pesar de tener el mismo trabajo, son abogados de oficio de dos especialidades totalmente diferentes: menores, que en el último semestre ha aumentado un 10% su actividad en Barcelona, y segunda oportunidad, un mecanismo que permite cancelar las deudas a los deudores de buena fe y que ha crecido un 23% en el último medio año.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 21 años de prisión a un mosso d'esquadra por agredir sexualmente y vejar a una joven con una discapacidad grave, a quien conoció porque era la pareja de su hijastro. Los dos jóvenes se habían conocido en un centro para personas con discapacidad, y solían pasar tiempo con la familia del otro hasta el punto de que víctima y procesado convivían aproximadamente la mitad de la semana. El tribunal condena al agente por un delito de pornografía aprovechándose de la confianza de la chica y por un delito de agresión sexual continuada abusando de la discapacidad psíquica de la chica.

Turno de la exconsejera de Salud Alba Vergés para explicarse en el juicio por la vacunación contra la covid a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados a Cataluña. En su declaración se ha centrado en explicar que siempre siguieron los criterios que fijaba el Consejo Interterritorial de Salud sobre la estrategia de vacunación, también cuando se decidió priorizar las dosis de AstraZeneca para las personas de entre 55 y 65 años. Esto, ha matizado, no impedía que los grupos de trabajadores esenciales –como policías, personal sanitario o docentes– pudieran continuar recibiendo dosis, pero se tenía que hacer "a medida que llegaban las vacunas". De hecho, cuando le han preguntado directamente, ha negado que diera ninguna orden para retrasar la vacunación a los agentes.

Cataluña está viviendo un trágico guion que cada día se repite. Mientras los Bomberos de la Generalitat luchan durante la noche y la mañana contra incendios encendidos el día anterior, al mediodía se declaran de nuevo nuevos fuegos que coinciden con el momento de temperaturas más altas. Sucedió el lunes, sucedió el martes y ha sucedido este miércoles. El cuerpo de extinción estaba trabajando para estabilizar el fuego de Sentmenat después de controlar el del Baix Empordà y el de l'Anoia, y se han declarado tres fuegos nuevos: en Gavà, en l'Alt Camp y en el Bages, que se lograron estabilizar a pesar de que estos dos últimos habían preocupado mucho en un inicio.

El exconsejero de Salud Josep Maria Argimon ha declarado antes de tiempo en el juicio por la vacunación contra la covid a los policías nacionales y guardias civiles destinados a Cataluña. El entonces director del Institut Català de la Salut y secretario de Salut Pública ha asegurado que la decisión de limitar la vacuna AstraZeneca a la franja de edad de 60 a 65 años –fueran o no trabajadores esenciales– respondía a una decisión del Consejo Interterritorial de Salud y "no suponía ningún conflicto ético" ni tampoco en el ámbito epidemiológico, porque priorizaba a las personas más vulnerables al virus. Aun así, era partidario de continuar vacunando a todos los agentes, porque la logística ya estaba a punto, y así se lo comunicó a la consejera Alba Vergés.

Los procedimientos judiciales se acumulan en Altafulla. Además de la causa sobre las adjudicaciones al exconseller Joan Ignasi Elena y el exlíder de Iniciativa Joan Herrera, que también implica al diputado de los Comuns Félix Alonso y al exconseller Salvador Milà, ahora otro caso salpica directamente al alcalde, Jordi Molinera (ERC), y al concejal Tomàs Serra, que fue elegido por Junts y continúa en el gobierno como no adscrito después de que su antigua formación abandonara el gobierno de coalición el año pasado. De hecho, este movimiento es el que ahora está en el punto de mira de los juzgados del Vendrell, donde se ha abierto una investigación a raíz de una denuncia del presidente de Junts en Altafulla por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación. En un auto al que ha tenido acceso el ARA, el juez cita a Serra y Molinera a declarar como investigados por este caso el 2 de enero de 2027.

Nueva tanda de testigos en el juicio por supuestamente "discriminar" a los policías nacionales y guardias civiles con las vacunas contra la covid. Después de que los mandos de los dos cuerpos exculparan a los procesados, entre los que se encuentran los exconsejeros Josep Maria Argimon y Alba Vergés, este lunes ha sido el turno de explicarse de otros exdirectivos de Salud. Entre ellos, la asesora de Vergés que envió un mensaje clave en la instrucción de la causa, en el que decía: "Otra vez, la consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Deberíamos pararlo".

Las estrategias de los abogados para convencer a los jurados populares, con jueces que tienen contacto por primera vez con los tribunales, no solo tienen en cuenta cómo escoger el perfil de persona que les conviene más en cada caso. En grandes juicios también cuentan con asesores que les aconsejan qué pruebas pueden sustentar mejor su defensa y cómo presentarlas al jurado. A veces también se rodean de investigadores que trabajan en paralelo a la policía para que la defensa se pueda anticipar a las pruebas que habrá contra el procesado. Aunque los juristas consultados coinciden en que este modelo se está extendiendo cada vez más, no es ni mucho menos habitual y se usa en una parte muy pequeña de los procedimientos judiciales en Cataluña. En buena parte, porque comporta un coste mucho más elevado que una defensa con un solo abogado, o de una gratuita de oficio. "La defensa en un juicio funciona de una forma si tienes dinero; si no, funciona de otra", resume el especialista en psicología jurídica y forense Miquel Àngel Soria.

Hace poco más de 12 horas los servicios de emergencias atendían al adolescente que acabó muriendo por un disparo en el estómago, ahora nada haría pensar que es el escenario de un asesinato. Tal como lo describe Loli, que hace 50 años que vive en el barrio, el Parc de la Pegaso es "una institución" de la Sagrera. Sus hijos hacían los desfiles de carnaval en el parque, "cuando en el lago había barcas y peces". Ahora, ella y su vecina Àngels –que también hace cinco décadas que vive aquí– comentan que anoche un grupo de jóvenes abrieron fuego contra otros en este mismo parque, junto a las pistas polideportivas.

El testimonio de los responsables de la vacunación contra la covid de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña ha sido un jarro de agua fría para los sindicatos policiales que acusan a los exresponsables del departamento de Salud de haberlos "discriminado" en comparación a los Mossos d'Esquadra. La segunda jornada del juicio a los exconsejeros Alba Vergés y Josep Maria Argimon se ha centrado en la declaración de los mandos de estos dos cuerpos que organizaron la vacunación a sus agentes destinados en Cataluña, y ambos han subrayado que hablaban diariamente con su interlocutor en Salud, Xavier Rodríguez Guasch, de quien han dicho que siempre tuvo buena disposición para coordinarse.

El juicio a los exresponsables del departamento de Salud por "discriminar" a los policías y guardias civiles en la campaña de vacunación contra la covid no acabará con penas de prisión. Al inicio del juicio este martes, la Audiencia de Barcelona ha dejado fuera de la causa el delito contra los derechos de los trabajadores que planteaban los sindicatos y que podía comportar condenas de hasta tres años de prisión. La Fiscalía pide inhabilitar durante 12 años a quienes entonces lideraban la conselleria y les acusa, como los sindicatos policiales, de haber "paralizado" la vacunación a estos agentes y no priorizarlos por delante de la población general, como sí hicieron con otros cuerpos de emergencias. Entre las cifras que aportan las acusaciones está el ritmo de vacunación a los agentes: en el momento en que la tasa de vacunación era del 2,8% entre guardias civiles y del 3,6% entre policías nacionales, entre los mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona llegaba al 77%.

Si la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, se llega a juzgar como un homicidio, quedará en manos de un jurado popular. También podría juzgarse por esta vía el caso de Begoña Gómez. Estos tribunales se ocupan de una lista de delitos entre los cuales hay el homicidio y el asesinato, pero también otros como el de omisión del deber de socorro, las violaciones de domicilio y algunos casos de corrupción. Las nueve personas que los forman no son jueces, pero se convierten durante unos días en trabajadores de la administración de justicia para acabar decidiendo si el acusado es culpable o no. Esto hace que las estrategias que acusaciones y defensas usan para convencer a estos jueces novatos sean en buena parte diferentes de las que acostumbran a exhibir cuando tienen delante jueces profesionales. "Te obliga a teatralizar mucho más", dice un jurista. Además, los abogados y fiscales del caso tienen la última palabra sobre quién integrará el jurado; de ahí que las estrategias para seducirlos comiencen incluso antes del juicio.

El aula se llena dos veces cada mañana y dos veces cada tarde. Son grupos "más o menos" constantes. El profesor explica que el hecho de estar en una prisión, y aún más en la de Jóvenes, hace que haya “una gran movilidad”. "No es fácil sostener un grupo, pero cuando pasa aparecen cosas que son realmente bonitas", dice. Mientras habla, una decena de chicos avanzan en sus proyectos. Unos dibujan, unos pintan con pinceles y otros hacen esculturas a partir de láminas de cartón. Como el resto de internos en la prisión de Jóvenes, todos son adultos, pero tienen menos de 25 años.

El Tribunal Supremo ha fijado una indemnización de 2,5 millones de euros para Ahmed Tommouhi, que pasó 15 años en la cárcel, condenado erróneamente porque lo confundieron con otro hombre que había cometido una decena de agresiones sexuales y a quien se parecía físicamente. Ahora la justicia establece que el Estado deberá compensar este error con una indemnización.

La relación comenzó con un matrimonio concertado en Bangladesh. La pareja convivió unos años, tal como habían pactado las dos familias, y tuvieron una hija que ahora tiene once años. En el año 2017 el hombre se trasladó a Barcelona, buscó cómo ganarse la vida y abrió un supermercado 24 horas en la Zona Franca. Cinco años después la mujer y la niña, que ya tenía siete años, viajaron también a la capital catalana para encontrarse con él. Allí comenzó el calvario que ambas han tenido que vivir, atemorizadas por las agresiones del hombre y teniendo que dormir dentro de la cámara frigorífica de la trastienda del supermercado mientras él se alojaba en un piso.

El comité científico que asesora al gobierno español en la gestión del brote de peste porcina africana (PPA) alerta de que las medidas de control que se han tomado hasta ahora son insuficientes, y ve necesario que todas las comunidades autónomas se preparen para una posible expansión del virus. En concreto, en su informe de seguimiento de este mes de junio, los asesores del Estado valoran que las actuaciones preventivas –que son competencia de la Generalitat– no se han tomado "con la intensidad deseable". Entre los argumentos está que de media se han cazado 363 jabalíes por semana, cuando el objetivo estimado era de 800 por semana.

Jonathan Andic se está defendiendo desde que los Mossos d'Esquadra lo detuvieron como presunto autor de la muerte de su padre. Judicialmente, presentando un recurso técnico y extenso que niega las pruebas que lo incriminan para intentar que caigan las medidas restrictivas que pesan ahora mismo contra él, como la retirada de pasaporte o la fianza de un millón de euros con la que ha podido evitar entrar en prisión. Pero también mediáticamente, intentando revertir la "condena social" que su defensa asegura que sufrió cuando lo arrestaron. Con todo, la jueza, los Mossos y la fiscal del caso van juntos en la misma dirección: consideran que hay suficientes indicios para inculparlo.

La investigación del caso del bebé presuntamente maltratado por sus padres –y que tuvo que estar un mes hospitalizado– ha continuado avanzando este viernes con los testimonios de los abuelos y los tíos del bebé. Entre los que han comparecido estaba el hermano del procesado, que ha explicado ante el juez una escena que le relató la mujer en una llamada. El padre, "intentándole hacer una caricia al niño la habría sacudido, y ella le reprochó diciéndole: «Esto no lo puedes hacer»", y él lo admitió, según han explicado fuentes presentes en la declaración. El testigo, hermano del padre y cuñado de la madre del bebé, ha añadido que fue la mujer quien le alertó.

La Fiscalía se ha opuesto al recurso con el que Jonathan Andic pedía que se retiraran las medidas cautelares contra él en la causa en la que se le investiga por presuntamente haber matado a su padre, el fundador de Mango, Isak Andic. En su respuesta al recurso de la defensa, el ministerio público apunta que en la causa hay indicios que "contradicen" la versión del primogénito de la familia sobre "el método y las circunstancias" en que murió su padre.

Los sanitarios del Hospital Vall d'Hebron que atendieron al bebé maltratado y que estuvo ingresado en la UCI coinciden en que las lesiones del infante no fueron accidentales y las ven compatibles con maltrato infantil. Cinco profesionales han declarado este jueves ante el juez que investiga a los padres del infante por presuntos maltratos, lesiones y agresión sexual. Según fuentes presentes en la declaración, estos profesionales han asegurado que algunas de estas lesiones llegaron a comportar un riesgo vital para el bebé, que tenía cinco semanas cuando ingresó en el hospital y pasó un mes hospitalizado. Ahora continúa con una familia de acogida y su estado de salud está mejorando.