Los fondos de inversión quieren vender los pisos que tienen en Cataluña. Así lo cree la consejera de Territorio, Sílvia Paneque. Y ya tiene una fórmula para ir comprando estos pisos: la compra conjunta, una idea que lanzó el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el debate de política general en el Parlamento esta semana, y en la que el equipo de Territorio ya hace tiempo que trabaja.

La crisis de la vivienda continúa agravándose. Mientras los desahucios adoptan nombre propio, la ciudadanía parece decir basta y los políticos buscan recetas a contrarreloj, los datos no hacen más que constatar la gravedad del problema: el precio de la vivienda se aleja cada vez más de los salarios y de la capacidad de ahorro de las familias.

Con el país en alerta por el temporal y en plena negociación del decreto de vivienda en Madrid, este martes por la mañana en el barrio de Cerdanyola de Mataró se ha vuelto a vivir la cara más cruda de la crisis residencial. Una familia con una criatura menor de diez años y con dos personas con discapacidad ha sido desahuciada por los Mossos d'Esquadra a pesar de las protestas que se han convocado en la puerta.

La calle también presiona pocas horas antes de que el gobierno de Pedro Sánchez lleve al consejo de ministros el nuevo decreto ley de vivienda. También en Barcelona, donde este lunes el presidente español, Pedro Sánchez, ha realizado diversos actos y ha cerrado el día en el Palacio de Congresos de Cataluña en la entrega de premios de La Vanguardia. 2.000 personas según la Guardia Urbana y 20.000 según los organizadores se han reunido en la avenida Diagonal para reclamar que el nuevo decreto incorpore, entre otros, la prórroga indefinida de los contratos de alquiler y la suspensión de los desahucios.

Las protestas por la situación de la vivienda que han motivado una acampada en la Puerta del Sol de Madrid se extenderán este lunes a Barcelona. El Sindicato de Inquilinas ha anunciado una jornada de movilizaciones en la capital catalana que comenzará con una acción sorpresa a las 8 de la mañana y que se completará con una concentración por la noche aprovechando la visita a Barcelona del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La portavoz Carme Arcarazo ha hecho un llamamiento a “colapsar” Barcelona.

El fondo de inversión Blackstone —a través de su filial Anticipa— se compromete a negociar caso por caso los alquileres sociales que tiene en Cataluña. Después de que este viernes El matí de Catalunya Ràdio explicara que la compañía no pensaba renovar los 400 contratos de este tipo que tiene en el país para poner las viviendas a la venta, el fondo dice ahora que no descarta mantener algunos alquileres sociales. Desde la compañía, sin embargo, mantienen que, una vez finalicen los contratos, irán ofreciendo a los inquilinos la posibilidad de comprar los pisos donde viven. Por ahora, un centenar de ellos ha accedido a la propuesta. El resto de casos, en cambio, se estarían revisando.

Las 147 familias de Valencia que forman la comunidad de vecinos Nicet Patraix denuncian que hace más de diez meses que esperan una resolución judicial que determine si la cancelación y baja de las licencias de 24 apartamentos turísticos situados en los locales comerciales del edificio se ajustó a la legislación valenciana. "No puede darse por concluido ni puede afirmarse que la situación haya quedado resuelta", afirman desde la comunidad ante la situación.

El gobierno español endurecerá las restricciones para construir en zonas inundables. El ejecutivo quiere aprobar una normativa nueva para que las viviendas que se creen en estos espacios no puedan tener garaje ni sótano. El proyecto de real decreto de gestión de los riesgos de inundación que saldrá este jueves a información pública establece que las nuevas viviendas que se construyan en zonas inundables deberán levantarse al menos un metro por encima de la cota de agua. La nueva norma también prohíbe que estas construcciones nuevas tengan garajes subterráneos, sótanos o cualquier edificación bajo rasante.

Hace tiempo que la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos del país. Muchas veces, sin embargo, el debate llega reducido a cifras. Las que hacen referencia a cuántos pisos hay que construir. Las que nos hablan del encarecimiento del metro cuadrado sea de compra o de alquiler. Incluso las que conversan sobre cuánta gente más puede vivir en un lugar concreto. Hay también un acercamiento a la cuestión desde otro prisma. ¿Cómo son estas viviendas? ¿Han cambiado mucho respecto a cómo se construían hace veinte años? ¿Cómo deben ser los edificios del futuro?

El pasado mayo una veintena de personas fueron desalojadas de sus casas en el barrio del Born de Barcelona por riesgo de derrumbe. Los Bomberos de Barcelona y la Guardia Urbana tuvieron que evacuar de urgencia a los vecinos del edificio, situado en la calle Sant Agustí Vell, por culpa de una fuga de agua en la planta baja que había erosionado el terreno que sustentaba uno de los muros de la entrada del edificio. El Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña asegura que la fuga se produjo durante una reforma, pero la propiedad, el fondo de inversión New Amsterdam Developers, no la reparó nunca correctamente. Aun así, ni el fondo ni su inmobiliaria ofrecieron ninguna alternativa a las familias cuando tuvieron que marcharse de sus casas, que a pesar de que no podían acceder a ellas estaban obligadas a pagar el alquiler. Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona informa que para esta finca el distrito de Ciutat Vella tiene tres expedientes en curso por obras sin licencia.

Antonio hace cuatro meses y medio que vive con el piso apuntalado, en plena Gran Vía de Barcelona. A finales de enero el techo de su habitación se derrumbó a causa de unas filtraciones de agua y los Bomberos recomendaron mantener los puntales hasta que se haga una reparación definitiva. Unas semanas después le pasó lo mismo en el pasillo, y poco después aún en otra estancia básica de la casa, el lavabo. La propiedad le arregló el baño, pero esta semana los puntales aún continúan sujetando las vigas de la habitación y las del pasillo.

El ministerio de Hacienda tiene sobre la mesa una propuesta de ley planteada por fundaciones sin ánimo de lucro que gestionan la vivienda social, como Hàbitat3 o Provivienda. Las entidades –agrupadas bajo el paraguas de ALIVAS– quieren crear una nueva figura jurídica con el objetivo de ampliar este segmento del mercado residencial en España, los "proveedores de vivienda social". Según explican a el ARA fuentes del gobierno español, la intención es que la norma llegue al Congreso "cuanto antes mejor", y que la tramite el grupo socialista porque el proceso es "más rápido" y tiene "menos procedimientos" si se hace vía partidos.

Hasta tres veces Maika Granados intentó un alquiler social para la planta baja del barrio de La Florida de L'Hospitalet de Llobregat, donde vive desde hace años con los tres hijos y el marido. No hubo manera de que el fondo buitre propietario de la vivienda o los servicios sociales municipales que le habían firmado "todos los informes de vulnerabilidad del mundo" atendieran sus súplicas. Los ingresos familiares hacían imposible acceder a un piso en el mercado libre, ni siquiera en este barrio con un parque muy degradado: los alquileres ya superan los 1.000 euros, y una habitación, los 700.

Celestino Merino tiene 77 años y lleva 45 viviendo en su piso de la calle Salou, en Sants. Sin embargo, en el último año la vida no le ha puesto fácil: hace siete meses se quedó viudo y, en paralelo, la inmobiliaria Second House compró su edificio y ahora, asegura, quieren echarlo del piso donde ha vivido siempre con su mujer. Un duelo se le sobrepone al otro, que está por llegar: "He vivido toda mi vida aquí, con ella, y ahora parece que tendré que marcharme". Los ojos se le empañan, pero acepta que si la inmobiliaria no se aviene a negociar tendrá que despedirse de todos los recuerdos en pocos días. "Será duro, echaré de menos mucho el barrio", admite.

El Ayuntamiento de Badalona ha pedido permiso a la Generalitat para poder desalojar el asentamiento que hay debajo del puente de la C-31. Es donde se instalaron decenas de personas después del desalojo del antiguo Instituto B9, a pocos metros de allí. Según el Ayuntamiento, debajo del puente de la autopista ya no queda ningún antiguo residente del B9, ya que todos se han ido reubicando, pero sí quedan otras personas sin hogar.

Una veintena de vecinos se han agrupado esta mañana frente al número 24 de la calle Tigre, en el barrio del Raval de Barcelona, ​​para protestar contra el segundo intento de desahucio de siete familias de este bloque. Esta vez, sin embargo, la solidaridad vecinal no ha sido suficiente y la comitiva judicial y los Mossos d'Esquadra han acabado ejecutando la orden judicial y echando a los vecinos afectados, entre ellos varios menores adolescentes y una mujer de 90 años, según explican desde el Sindicato de Vivienda de Ciutat Vella. Fuentes municipales precisan que la mujer de 90 años no fue desalojada, aunque se encuentra entre las afectadas.

"Un derecho no puede ser un negocio y quien tiene el poder de cambiarlo está ahí dentro". Éste es el grito de alerta de colectivos de defensa del derecho a la vivienda para que el Congreso de los Diputados prorrogue la moratoria de desahucios a familias vulnerables, que caduca el 31 de diciembre y que entre el 2020 –se puso en marcha con la pandemia– y en el 2024 consiguió detener 60.000 desahucios. Es un decreto ley que debe impulsar al gobierno español y que debe ser convalidado en la cámara baja, con la imprescindible complicidad –a través de un voto afirmativo– de Junts y el PNV. Según denuncia el manifiesto, firmado por 26 organizaciones, serviría para "evitar una previsible y nefasta ola de desahucios sin alternativas".

La fractura entre ambas Barcelones por la crisis de la vivienda es cada vez "más profunda" y acelera la gentrificación de unos barrios y el vaciado de otros. Así lo constata el último informe de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), titulado SOS vivienda, que ha detectado que en 2024 había más de 600 grandes promociones especulativas en marcha en la capital catalana que afectaban a más de 11.800 viviendas. Se trata, en su mayoría, según la FAVB, de familias que se han visto obligadas a marcharse de su casa por la extinción de su contrato de alquiler por "la típica operación de compra de todo un bloque, expulsión de los vecinos y reforma por vender a precios de lujo", señalaron los portavoces.

El 80% de las denuncias que reciben los Mossos d'Esquadra y las policías locales por ocupaciones de viviendas corresponden a pisos vacíos propiedad de grandes tenedores o fondos de inversión. Según los datos que publica este sábado el ACN, las ocupaciones han caído en torno a un 18% durante los primeros 10 meses de este año en comparación con el mismo periodo del anterior, si bien se han registrado más intentos frustrados.

El edificio Venus de la Mina ya tiene fecha de demolición: será en el 2028 cuando las máquinas empezarán a echar al suelo el bloque emblemático de la transformación de este barrio de Sant Adrià de Besòs. Por último, la Generalitat ha avanzado dos años el derribo y acelera la reubicación de las 244 familias que viven exclusivamente en viviendas de segunda mano y no de nueva planta, como se había previsto inicialmente.