El aumento de precios se ceba con las rentas medias y bajas

• La vivienda y la alimentación se encarecen por encima de los salarios y del coste de la vida, medido en el índice de precios de consumo (IPC).
• No todo el mundo nota igual el encarecimiento del coste de la vida, depende de la cesta de cada cual: ¿por qué lo perciben especialmente las rentas más bajas?
• La vivienda cobra protagonismo a la hora de determinar la situación económica de las familias: el alquiler es la modalidad residencial con un coste más elevado pero, paradójicamente, tiende a ser la que utilizan las familias con menos poder adquisitivo.

La crisis económica de 2008 terminó, al menos teóricamente, en 2013. Fue el último año en que la economía española registró un crecimiento negativo. Las consecuencias de la recesión todavía perduran hoy en día, y se agravan por el encarecimiento más reciente de un grupo muy determinado de productos de la cesta de la compra. Son fundamentalmente dos: la vivienda y la alimentación, según deja claro la Generalitat en el Informe Social 2025. Estos dos elementos también son los principales motores de la huelga general convocada para el 11 de noviembre.

En el ARA hemos comparado el crecimiento de los sueldos con los de los alquileres, la vivienda de compra y la comida. Entre 2013 y 2024 (último ejercicio con datos disponibles), el salario mediano –medida que evita verse distorsionada por las rentas más altas– ha crecido un 30,7% de media. En cambio, el alquiler medio según la Generalitat ha crecido casi el doble, un 55,7%; mientras que, según Idealista, vivir como inquilino se ha disparado un 73%. La vivienda de compra ha crecido todavía más, un 78,7%. Además, entre 2024 y el año siguiente el precio se disparó 20 puntos, de modo que, en 2025, el metro cuadrado prácticamente doblaba el de 2013. Llenar la nevera ha subido un 43,1%.

"Más allá del precio de la vivienda, lo importante es cómo han evolucionado los salarios. Si los alquileres han subido mucho, pero los sueldos todavía más, ¿quién se quejará?", apunta Mariona Segú, profesora de la Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. "El problema de acceso a la vivienda viene dado porque la gente cada vez le tiene que destinar una proporción mayor de los ingresos", resume.

Un IPC para cada cual

A pesar de ello, los sueldos evolucionan por encima de la inflación. Desde 2013 a 2024, el salario mediano catalán ha incrementado un 30,6%, mientras que el IPC lo ha hecho un 23,4%. Este dato, a simple vista, es positivo, ya que las retribuciones de los trabajadores no se estarían quedando por debajo de la inflación. Ahora bien, tal como explica el profesor emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Josep Oliver, el índice de precios de consumo (IPC, el indicador que mide el coste de la vida) “no tiene en cuenta la riqueza de los hogares”.

Oliver, al igual que el Gobierno, concluye que “la pérdida de poder adquisitivo es mucho más acusada por el aumento del precio de la alimentación y el alquiler" para el 25% de la población con menos renta que para el 25% que gana más. “El cálculo del IPC sale de un gasto teórico de una familia teórica, pero no refleja ninguna familia en concreto”, resume.

Según el informe del Gobierno catalán, las familias con menos ingresos destinan "una parte mayor de su presupuesto a gastos básicos —vivienda, energía y alimentación—, que son precisamente los componentes que han registrado aumentos de precios más intensos". Son, además, productos "esenciales y difícilmente sustituibles". Como las familias no los pueden obviar, para hacerles frente, tienden a "desplazar gasto de otras partidas o a reducir el margen de ahorro".

¿Cuánto ha subido cada cosa?

Si los núcleos familiares con menor renta acostumbran a gastar gran parte de sus ganancias en alimentación o alquiler; los más ricos concentran el volumen de gastos en salud, educación o información y comunicación (por ejemplo, telefonía, aparatos electrónicos o medios de comunicación). Y los costes de cada uno de estos conceptos han crecido de manera diferente en los últimos años.

Después de la gran crisis de 2008, la evolución del precio de la cesta de la compra era moderado: en seis años, de 2013 a 2019, los precios de la alimentación y las bebidas no alcohólicas crecieron un 9,9%, según los cálculos del IPC. Ahora bien, desde 2020 hasta el 2025 –con el estallido de las guerras de Ucrania y en el Próximo Oriente– esta evolución se ha disparado hasta el 33%. En el acumulado de 2013 a 2025, la cesta de la compra ha subido un 48%, un incremento de casi 18 puntos porcentuales por encima del aumento de los salarios.

Tal como señala el profesor emérito de Economía Aplicada de la UAB, en la otra cara de la moneda se encuentran los gastos en salud, educación o comunicación, que son los bienes más representativos de las familias con rentas más elevadas. Desde el 2013, todos estos gastos han subido de manera mucho más reducida y en porcentajes por debajo de la media de la inflación. En concreto, los costes de la salud han subido un 12,8% y los destinados a educación un 14,1%. Cabe destacar que los gastos en comunicación e información no han aumentado, sino al contrario: se han abaratado un 8,80% en los últimos 13 años. Los precios de la energía también acostumbran a impactar más en las familias con más recursos, si bien estos también se han disparado a raíz de las guerras en Ucrania y en el Próximo Oriente.

Oliver subraya que, “por primera vez”, los “hijos de la clase media” también sufren la pérdida de poder adquisitivo, que hasta ahora quedaba en las “clases más subalternas”. Entre las capas de la población con más renta, por ejemplo, se considera que los precios de alquiler no tienen un impacto tan significativo, ya que es más probable que tengan viviendas de propiedad, que no se tiene en cuenta a la hora de calcular el IPC.

La compra se encarece más que el alquiler

Encontrar y pagar una vivienda es el principal quebradero de cabeza de los catalanes. El precio de compra ha subido más que el de alquiler y, en los dos casos, han crecido por encima de los salarios. Ahora bien, igual que pasa con el IPC, los aumentos no afectan de la misma manera a toda la sociedad. En el alquiler convergen dos fenómenos: por un lado, es la modalidad residencial con un coste más elevado de media; y, por otro, concentra población con rentas más bajas que en el régimen de compra.

Según una nota de economía publicada por la Generalitat, de media los gastos de vivienda "son sistemáticamente mucho más altos" para los inquilinos que para las personas con un piso en propiedad. Más allá de la cifra absoluta, también se llevan una parte mayor del pastel: "Representan una parte mucho más sustancial de los presupuestos". Según la ECV, el 25% de las familias que viven de alquiler en Cataluña destinan más del 40% de sus ingresos a la vivienda, frente al 3,2% de familias en esta situación que pagan hipoteca.

El año 2025, el gasto medio de vivir de alquiler eran 7.200 euros anuales, y la de tener un piso en propiedad pero con una hipoteca pendiente de pagar, de 1.947 euros anuales, según un estudio publicado por Fedea (fundación del sector financiero español) sobre toda España, no solo Cataluña. Siguiendo las directrices de la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, los autores de Fedea solo contabilizan los intereses de la hipoteca, y no el retorno de la cantidad original prestada por el banco (es decir, el principal): consideran que los intereses de la hipoteca y el alquiler son dinero gastado a fondo perdido, mientras que devolver el dinero prestado por el banco para comprar el piso "reduce la deuda y aumenta la riqueza".

La vivienda, un punto de partida diferencial

Todo ello lleva a los autores del estudio de Fedea a concluir que cada vez el régimen de tenencia de la vivienda –alquiler de mercado, libre, compra con hipoteca, en propiedad total– juega un papel más importante a la hora de determinar la capacidad económica de una familia. "Dos familias con una renta similar pueden conservar recursos muy diferentes después de pagar un alquiler, una hipoteca, suministros y gastos comunes", aseguran.

El presidente de la comisión de economía catalana del Colegio de Economistas de Cataluña (CEC), Josep Reyner, afirma que la demanda para comprar vivienda "está contenida" y que "sería muy superior si la población tuviera más capacidad adquisitiva". Según el Banco de España, en 2021 tres de cada cuatro familias inquilinas tenían serias dificultades para comprar un inmueble en su municipio. "La compraventa en estos momentos está limitada en unos sectores mucho más concretos de la población, en los estratos más altos de la sociedad", concluye Reyner.

Mariona Segú advierte que "pasar de inquilino a propietario se complica". Según el Idescat, si en el año 2013 había un 75,3% de familias que vivían en una vivienda en propiedad, en 2024 eran el 67,2%. Segú subraya que la crisis de la vivienda conduce a un "círculo vicioso: los precios suben, de manera que gasto más en el alquiler y no puedo ahorrar para reunir la entrada de un piso". Estas dificultades añaden más demanda sobre el mercado de alquiler. En el periodo analizado, en Cataluña se han creado 186.900 familias, pero el crecimiento es desigual: hay unas 89.000 familias menos que tienen su casa en propiedad pero unas 300.000 más que viven de alquiler. Esto se explica a partir de los cambios demográficos y la llegada de inmigrantes, que acostumbran a concentrar rentas de nivel bajo o medio.

De la contención a mejoras salariales

Más allá del precio de la vivienda, en los últimos años se han vivido dos grandes etapas marcadas por las diferentes políticas laborales en el Estado. Las políticas de austeridad que se aplicaron durante la crisis tuvieron efectos en los bolsillos de los catalanes. Y la congelación salarial no acabó con la recuperación económica, sino que todavía se alargó unos años más. En concreto, desde 2013 a 2019, el sueldo mediano en Cataluña subió un limitado 7,4%, fruto en parte de las políticas de contención salarial (la llamada por los economistas devaluación interna) promovidas por Bruselas. Desde entonces, sin embargo, el aumento ha sido del 21% en cinco años, un incremento mucho más elevado.

Para entender este cambio de rumbo, cabe recordar diferentes políticas que han remado hacia descongelar los salarios, como la subida del salario mínimo interprofesional o el progreso de las negociaciones colectivas. El aumento del SMI ha sido constante desde 2017, y vivió un gran salto en 2019, cuando se pasó de los 736 euros a los 900 euros. Actualmente, está fijado en los 1.221 euros, y para el próximo año se prevé una subida del 5,3% que todavía está pendiente de aprobarse. El aumento del SMI tiene un impacto muy grande entre los que menos ganan: para el 10% de los trabajadores con menos ingresos, desde 2015, el salario ha aumentado un 53,3%. Este impacto es mucho más moderado si subimos hasta el 25% con más renta, donde tan solo ha subido un 30%. 

Por otra parte, en el año 2018, sindicatos y patronales sellaron el cuarto Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC), donde se pactaron subidas salariales fijas. Hoy en día, las conversaciones para un sexto AENC están rotas. “Las patronales están enrocadas”, apuntaba en el ARA el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, que, al igual que su homónima de CCOO de Cataluña, Belén López, consideraban que el tejido empresarial “parece” que esté “esperando a que lleguen los suyos”. El acuerdo sirve para marcar las líneas maestras que después se trasladan a los convenios colectivos.