La Audiencia de Barcelona ha comenzado a juzgar este miércoles a un hombre acusado de engañar a una chica con una discapacidad psíquica grave, que era la pareja de su hijastro, para conseguir pornografía y agredirla sexualmente. Cuando todo esto ocurrió, en el año 2023, el hombre era agente de los Mossos d'Esquadra en Manresa. Ahora está en prisión provisional y se expone a una condena de 27 años por estos hechos. Además, tiene pendiente otro juicio en el que está acusado de narcotizar y violar a la hija de su pareja, según han explicado fuentes jurídicas a el ARA.

Finalmente, la justicia sí que investigará el uso de espray OC –conocido popularmente como gas pimienta– contra manifestantes pro-Palestina. En concreto, la actuación de los Mossos d'Esquadra durante la huelga general del 15 de octubre contra un grupo de personas sentadas junto a la estación de Sants, donde en aquel momento comenzaba una protesta. Los manifestantes querían detener la salida de un autocar que conducía el equipo Hapoel de Jerusalén hacia Manresa a disputar un partido de baloncesto. El juez de Barcelona que recibió el caso no admitió la querella de seis manifestantes contra agentes y mandos policiales, pero ahora la Audiencia de Barcelona corrige esta decisión y ordena al primer juez que investigue el caso. El tribunal avanza que la actuación de los Mossos "se podría entender como desproporcionada".

La polémica por la infiltració de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de docentes ya ha llegado a la esfera judicial. La primera denuncia presentada señala a la consejera de Interior, Núria Parlon; al director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por presuntos delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. La ha presentado este martes en los juzgados de Barcelona la Asociación de Abogados de Osona en Defensa de los Derechos Humanos.

Petición idéntica de la Fiscalía y la familia Jubany. Las dos acusaciones han pedido una condena de 26 años de prisión para Santi Laiglesia por la muerte de Helena Jubany. Laiglesia ya había sido investigado hasta el año 2005 durante la primera fase de la investigación, y entre noviembre y este enero pasó 41 días en prisión. En el momento en que se conocen las penas a las que se expone, está en libertad provisional, pero tiene el pasaporte retirado. Las acusaciones sugieren que el crimen no fue cosa de una sola persona, pero aseguran que Laiglesia participó "activamente" en todos los pasos que acabaron con la muerte de Helena Jubany, y será el único que se sentará en el banquillo de los acusados. El veredicto quedará en manos de un jurado de la Audiencia de Barcelona.

La Audiencia de Barcelona ha dejado en libertad sin fianza a la madre del bebé que presuntamente ha sido maltratado y agredido sexualmente en Barcelona. En cambio, en el caso del padre, la justicia ha decidido mantenerlo en prisión provisional. Uno de los elementos clave en la investigación ha sido el contenido de los móviles y los ordenadores de la pareja. Antes de que el niño fuera hospitalizado, la mujer había buscado información relacionada con el estado de salud del bebé, y con el "malestar que ella misma tenía respecto a su relación de pareja" por el hecho de que el hombre "no trataba bien al bebé".

"Desde el accidente no podía parar de pensar en cómo estaba, porque no sabía qué le había pasado, si viviría o no". Carlos Roberto Hernández recuerda que los cristales del coche se rompieron en pedazos y que se esparcieron a su alrededor. Antes de tener tiempo de preguntarse qué había pasado, vio a una persona cayendo al lado de su coche, en la calle Mallorca de Barcelona, justo delante de la Sagrada Familia. Quien había caído era Javier, que iba en moto, y topó con su coche, que había frenado en seco. El motorista se rompió tres tendones de los dedos y necesitó hasta cuatro operaciones después del accidente. Todavía hoy no ha podido volver a su trabajo de fontanero y duda si podrá volver a trabajar en él nunca.

El director de la prisión de Puig de les Basses, Jordi Oliveras, ha renunciado al cargo tras el suicidio de tres internos del centro penitenciario desde principios de año. El último fue este lunes, cuando un preso que estaba en aislamiento se quitó la vida. El departamento de Justicia y Calidad Democrática ha informado este viernes que en los próximos días habrá "un relevo" al frente de la prisión de Figueres y nombrarán un nuevo director. Según el departamento, el hasta ahora director ha puesto su cargo a disposición de la Secretaría de Medidas Penales y Reinserción y su titular, Elena Pérez, ha aceptado la renuncia.

La respuesta del sistema penitenciario al asesinato de una cocinera en Mas d'Enric no ha contentado a todos los trabajadores. De hecho, ha atizado las protestas de una parte de los profesionales de las prisiones. Dos años después del crimen, parte de los trabajadores denuncian una "discriminación sostenida" en comparación con sus compañeros, funcionarios de vigilancia. Los que protestan son personal de la misma empresa pública donde trabajaba Núria López cuando un interno la mató y, después, se suicidó. Ahora, el comité intercentros –que representa a los trabajadores de esta empresa en toda Cataluña– amenaza con una huelga si la Generalitat no accede antes del próximo martes a darles las mismas mejoras que han recibido los funcionarios de Interior y otros profesionales del sector.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación sobre el incendio en la mezquita de Piera la madrugada del 12 de julio de 2025 para identificar a los responsables del fuego. El incidente, que coincidió en el tiempo con los altercados racistas en el municipio murciano de Torre Pacheco, tuvo lugar cuando a la mezquita le faltaba solo un último permiso municipal para estrenarse. Aunque hasta ahora no se han encontrado a los autores del fuego, la acusación particular que ejerce la comunidad islámica de Piera sostiene que fue un delito de odio.

La Fiscalía ha pedido una condena de nueve años de prisión para el exjugador del RCD Espanyol Álvaro Aguado por presuntamente haber agredido sexualmente a una trabajadora del club en el lavabo de una discoteca. Fue el 24 de junio de 2024 de madrugada, cuando el equipo celebraba el ascenso a Primera División en la discoteca Opium.

Un hombre de 47 años se expone a 15 años de prisión por presuntamente agredir sexualmente a una niña de 13 años en Vilanova i la Geltrú. El hombre era consciente de que tenía el VIH y el virus de la hepatitis C y de que podía transmitírselos a la niña, y en el juicio ha pedido que le absuelvan asegurando que creía que la víctima tenía "como mínimo" 18 años. La menor se suicidó ocho meses después de la violación, y en el juicio se ha utilizado como prueba su declaración que se grabó mientras se investigaba el caso. La acusación de la Fiscalía ha apuntado como agravante que era una víctima vulnerable porque tenía un trastorno del espectro autista.

El Pepe, el hombre en silla de ruedas que mató a un ladrón en el barrio del Bon Pastor de Barcelona, podrá esperar el juicio en libertad. Este jueves un juez ha aceptado dejarlo en libertad provisional, y esta tarde ha salido de la prisión de Brians 1, donde ingresó el 7 de abril y ha pasado nueve días encarcelado. Su familia lo ha ido a buscar en coche y a las siete y media de la tarde ya estaba en su casa.

Cada día salen de prisión personas que ya han cumplido condena y normalmente no es noticia como sí lo es el liberamiento este jueves de un preso del centro penitenciario de Ponent. Ya era conocido en los años 80 por sus atracos y ha pasado media vida entre rejas. Cumplió condena por matar a dos personas, entre ellas un agente cuando huía de un atraco, y también por disparar a un expolicía que murió meses después. Después de cinco meses en libertad volvió a prisión por un atraco, y esta semana recupera la libertad. Ahora los trabajadores que lo han tratado en la prisión han alertado que ven riesgo de que reincida, entre otros motivos porque no ha querido seguir ningún programa de tratamiento.

Una testigo de la causa en la que se investigan los presuntos maltratos de una pareja a su bebé de un mes ha declarado cómo el hombre sacudía bruscamente la cuna del infante. Según fuentes jurídicas consultadas por el ARA, se trata de la mujer con quien compartieron habitación en el Hospital Vall d'Hebron, donde los sanitarios los derivaron después de pasar por cuatro centros sanitarios más los días antes de la detención de la pareja. La misma mujer alertó a los trabajadores del hospital de que el niño no estaba bien atendido, todo ello horas antes de que se activara el protocolo contra el maltrato infantil.

Teófilo L.M., el electricista que lideraba desde el Raval de Barcelona una macro red de pederastia, ha confesado los hechos y ha aceptado una condena de 83 años de prisión. Lo ha hecho después de cerrar un pacto con la Fiscalía y la acusación particular que representa a la menor a quien violó mientras estaba bajo la guarda de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). De hecho, el escándalo que supuso este caso con al menos una treintena de hombres implicados desencadenó el proceso para la refundación de este organismo en la actual dirección general de Protecció y Atenció a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).

Un grupo de seis especialistas en robos a casas se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona a partir de este lunes. Se les atribuyen una docena de saqueos en los que habrían utilizado diferentes técnicas para abrir las puertas sin dejar casi ningún rastro. Según describe la acusación de la Fiscalía, funcionaban con un "escrupuloso reparto de roles" en el que unos eran "expertos en seleccionar objetivos" marcando o vigilando los pisos, otros abrían las puertas con maquinaria específica o creando llaves falsas, actuando "como una especie de artesano", y finalmente había un "grupo operativo" que entraba en la vivienda.

El barrio del Bon Pastor de Barcelona todavía está conmocionado por un crimen que sacudió al vecindario hace cinco días. En Pepe, un hombre con problemas de movilidad y respiratorios, presuntamente apuñaló a un joven que le había robado una cadena y el ladrón acabó muriendo. El hombre ya ha ingresado en prisión provisional, una decisión judicial que ha indignado a parte del barrio, que justifica que fue legítima defensa y que denuncia que en Pepe se encuentra en un delicado estado de salud.

La defensa del padre del bebé de quien se investiga si fue maltratado y agredido sexualmente por los padres ha pedido nuevas pruebas médicas para buscar el origen de las lesiones por las que continúa hospitalizado. Su abogada, Montse Antolino, ha explicado en declaraciones a la ARA que ha presentado al juez instructor un informe médico firmado por un facultativo privado que asegura que el hombre es portador de un gen relacionado con la distrofia muscular y la falta de colágeno. Ahora la defensa solicita aclarar si el bebé también es portador de este gen y si podría ser el motivo o el detonante de las lesiones.

Un 15% de las plazas de juez y magistrado en Cataluña están vacías. De las 871 plazas, 132 no están asignadas al margen de otras circunstancias como bajas médicas o permisos. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido este miércoles al ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que convoquen urgentemente oposiciones extraordinarias, más allá de las 120 plazas anuales de media que suelen ofrecerse para todo el Estado. Ante los anuncios políticos para crear más plazas judiciales –91 para Cataluña este año– la presidenta del TSJC, Mercè Caso, ha reclamado que lo que hace falta es que haya más jueces para ocupar estos puestos: "Si no, tendremos sillas, pero no suficientes jueces para llenarlas".

En las próximas semanas 34 magistrados del Tribunal Supremo resolverán si alguien puede o no intercedir judicialmente contra la decisión de una persona adulta y que cuenta con aval médico para recibir la eutanasia. La Fiscalía ya ha hecho llegar su postura al tribunal: cree que lo puede hacer la familia cercana siempre que tenga un "vínculo intenso" con el afectado, no solo una relación biológica. La respuesta que acabe dando el pleno del Supremo fijará jurisprudencia en un debate que desde hace unos meses se ha abierto en los tribunales y que ha tomado protagonismo sobre todo con el caso de Noelia Castillo, la joven del Garraf que recibió la muerte asistida a finales de marzo, después de 20 meses de periplo judicial. El caso que estudiará el Supremo es otro, el de Francesc: un hombre de 55 años, que después de tres ictus y un infarto sufre secuelas graves en la movilidad y el habla. Desde julio de 2024 su eutanasia tiene el aval judicial además del médico y del de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), pero ha quedado encallada por un recurso judicial de su padre. De hecho, su caso es el que motivó la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) en que los magistrados validaron que una familia lleve a los tribunales una eutanasia avalada por los médicos. La Generalitat, que representa los intereses de Francesc, recurrió contra esta resolución del TSJC y, por ello, ahora el Supremo la revisará después de valorar los argumentos de la administración y los de la Fiscalía.