Los registros muestran que los delitos cometidos por menores de edad van a la baja, pero la Fiscalía advierte de lo contrario. Cada vez hay más delitos que no se pueden judicializar porque el infractor tiene menos de 14 años y, por tanto, no llega a la edad penal. Estos casos no constan en los recuentos de condenas a menores, pero cada vez hay más. El último año han subido un 74%, según el recuento de la Fiscalía General del Estado: el año pasado se archivaron 7.749 casos porque el infractor era inimputable, mientras que en 2023 fueron 4.448. Con todo, la Fiscalía advierte que la cifra exacta debe tomarse con reservas por un posible error en los registros de 2024 en Andalucía. En todo el Estado, en 2023 se archivaron 11.143 casos por este motivo, 7.660 en 2022 y 8.433 en 2021. "La edad de comisión de los hechos delictivos está bajando progresivamente", advierte la memoria de la Fiscalía que se ha presentado este jueves.

Zakaria cruzó la valla de Melilla en marzo de 2022 huyendo del conflicto armado en su país, Mali, cuando todavía era menor de edad. Aquel día, los golpes de porra en la cara de un guardia civil le provocaron una lesión irreversible en el ojo izquierdo, donde ha perdido la visión. Más de dos años después sigue pidiendo a la justicia que identifique el nombre del agente, y este miércoles ha dado un paso importante en el procedimiento explicando al juez todo lo que vivió aquel día. "Estoy aquí para que la justicia verifique lo que ha pasado, no quiero que le pase a nadie más", ha dicho después de declarar.

El director general de Ejecución Penal en la Comunidad y de Justicia Juvenil, Jesús del Cacho, ha dimitido después de dos años en el cargo. El Gobierno ha nombrado este mismo martes a la nueva directora, la abogada penalista Paz Vallès.

Roger Ferrer lleva años esperando la respuesta a su reclamación por una negligencia médica. En febrero de 2022 le operaron de apendicitis en el Hospital de Granollers y un error en la máquina que le suministraba la anestesia hizo que sintiera los cortes de toda la operación, a pesar de que sus músculos sí estaban sedados y no podía moverse ni avisar de lo que pasaba. "Sentía los dolores de los cortes de la operación y cómo hurgaban. Viví una experiencia de muerte en vida y no he vuelto a ser el mismo", ha explicado en una entrevista a Eldiario.es.Acompañado de su abogada, Lucía González-Cuevas, inició una reclamación administrativa, un trámite obligatorio en casos como este antes de poder plantear una demanda judicial. La abogada explica a ARA que el objetivo es que la administración reconozca una negligencia e indemnice a Ferrer por las secuelas psicológicas que todavía hoy arrastra y que le han hecho dejar su trabajo de educador con menores tutelados. "Tiene claustrofobia, está en alerta por todo", explica la abogada.

Ana Buza Mira tenía solo 18 años cuando empezó a salir con Rafael, que tenía 26. Un año más tarde, la madrugada del 7 de septiembre de 2019, apareció muerta detrás de la valla de seguridad de la A-4, una autovía próxima al pueblo de Carmona, en Sevilla. Rafael explicó a la policía que la joven había saltado del vehículo que él conducía. A las ocho menos cuarto de la mañana, una pareja de guardias civiles despertó a Antonio y a su mujer con las palabras que ningún padre querría tener que escuchar: "Su hija ha muerto en circunstancias extrañas". "Me volví loco", explica Antonio a ARA.

El 14 de diciembre de 2021 un extrabajador de la empresa Securitas en Tarragona entró armado en su antiguo lugar de trabajo e hirió a tres excompañeros. En la huida hirió también de un disparo a un agente de los Mossos d'Esquadra y finalmente se atrincheró en una masía de Riudoms (Baix Camp), donde la unidad de élite del cuerpo policial lo abatió a tiros. El tiroteo dejó graves lesiones a Marin Eugen Sabau, que tras varios recursos judiciales acabó recibiendo la eutanasia que pedía. Con su muerte quedaba cerrada la causa contra él, pero seguía en marcha otra en la que se investigaba por lesiones a los once agentes que neutralizaron al pistolero. Ahora el instructor de este caso ha procesado a dos agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI) que le dispararon en una actuación que describe como "descontrolada, desproporcionada y con una finalidad que podía ir más allá de neutralizar a Sabau, que era la de acribillar su integridad física".

Las agresiones dentro de las prisiones catalanas se han disparado en los últimos diez años, en paralelo al aumento de la población penitenciaria y a una plantilla que no crece al mismo ritmo. Según datos del departamento de Justicia a los que ha tenido acceso el ARA, 265 trabajadores han sido agredidos desde principios de año, mientras que durante el 2025 se registraron 677 agresiones –699, según los sindicatos–, cinco veces más que hace una década. En el mismo período, los incidentes también se han duplicado entre los internos hasta los 1.983 el año pasado (ver gráficos).

Sònia Angelats es maestra de primaria, pero enseña a adultos. El Centro de Formación de Adultos Santiago Rusiñol está dentro de la Prisión de Jóvenes, donde hay chicos de 18 a 24 años condenados o en prisión preventiva. Sus alumnos estudian formación instrumental, "que viene a ser la primaria para adultos". Explica que, en la práctica, el día a día en el aula no se basa tanto en seguir un currículum, como pasaría en una escuela fuera de estos muros: "Para mis alumnos aprender a multiplicar y a dividir no es tan importante como aprender a saber estar, a confiar en los demás, y otros aspectos emocionales necesarios para poder desarrollar la parte académica".

Marta Vergés es abogada especialista en menores, pero tiene dos líneas rojas muy claras. La primera es que solo representa a menores a los que tenga que defender, nunca lleva acusaciones, porque dice que se ve "incapaz" de acusar a un adolescente. Eso sí, nunca defiende al mismo adolescente dos veces. Todos los jóvenes a los que atiende saben esta condición, con la que busca animarles a no reincidir: "Defendiendo a un menor hay un grado de esperanza de reinserción social elevadísimo, y eso es lo que me encanta de mi trabajo", explica.

Conocían a fondo cómo funciona el mercado eléctrico en España y se aprovecharon de sus propios "mecanismos de seguridad" para estafarlo. El fraude supera los 61 millones de euros, según los cálculos de Red Eléctrica, y hay 93 empresas afectadas que ahora intentan conseguir una indemnización para recuperar el dinero que perdieron con este engaño. La Audiencia Nacional juzgará entre octubre y noviembre este entramado, que trabajaba desde Barcelona y Madrid y era supervisado desde el despacho de Sarrià donde trabajaba el empresario Esteban Roig, a quien la Fiscalía señala como director de toda la estructura y pide que se le condene a dieciséis años de prisión. También están acusadas dieciséis personas más, que podrían asumir penas de entre nueve y seis años en función de su grado de intervención.

Con solo una muestra de sangre, una máquina pionera del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) da información muy concreta de lo que ha hecho una persona durante las horas anteriores. La pantalla del cromatógrafo muestra qué sustancias hay y en qué cantidad de cafeína, fármacos, alcohol o sustancias psicoactivas, por ejemplo. Mediante esta tecnología se pueden detectar muchos más componentes que el resto –también las drogas más inusuales– y se puede acotar mucho más la cantidad; una información especialmente útil en casos en los que se debe aclarar si una persona ha delinquido o no bajo los efectos de las drogas, ya que puede comportar un atenuante en la pena, o para acreditar si ha habido sumisión química en un caso de agresión sexual.

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha cerrado la investigación de uno de los dos expedientes que tenía abiertos por posibles irregularidades de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en las ayudas de vivienda que recibían los jóvenes extutelados. Según fuentes jurídicas, la investigación no ha podido acreditar que hubiera fraude, pero sí concluye que podría haber incumplimientos contractuales. Como ya explicó el ARA, el caso está en manos de la Fiscalía Anticorrupción y ahora Antifraude le ha remitido sus conclusiones. El ministerio público continuará investigando si se cumplieron las cláusulas de los contratos firmados con las empresas encargadas de la gestión de las prestaciones.

Primera sentencia en Cataluña que se justifica con la decisión de la justicia europea sobre la inmersión lingüística. Si en junio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimaba la demanda de familias de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar contra el 25% de castellano, ahora otra escuela del Maresme se ve afectada por esta misma decisión. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha utilizado por primera vez la decisión de Estrasburgo entre sus argumentos para resolver un litigio sobre la lengua de enseñanza, y lo ha hecho para dar la razón a una familia del Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, que pedía más horas de castellano.

Las ilegalidades en la gestión de residuos no siempre comportan un tráfico a escala internacional como el que se destapó la semana pasada procedente de Francia. A menudo el recorrido es mucho más corto y a los infractores no les hace falta ni siquiera cambiar de comarca para conseguir beneficios económicos a costa de poner en riesgo el medio ambiente y la salud humana. Es el caso del entramado que operaba entre dos empresas de Badia del Vallès, un vertedero a treinta kilómetros de distancia y unos terrenos de Cerdanyola del Vallès, ahora propiedad del Consorcio del Parc de l'Alba. Los acusados esperan juicio.

Un juzgado social de Barcelona ha validado el despido de Carmen Macías, la exresponsable de cumplimiento normativo de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) que denunció que la hicieron fuera como represalia por una investigación interna de acoso que implicaba a tres directivos. La sentencia que ha consultado el ARA declara que el despido fue procedente y expone que se hizo después de que un subordinado de Macías la denunciara por acoso. Esta sentencia valida el despido respecto a la jurisdicción laboral, pero no resuelve el procedimiento penal, con tres altos cargos investigados, que se abrió a raíz de la denuncia de Macías por acoso laboral.

La mujer investigada por presuntamente haber maltratado a su bebé, que ingresó en la UCI con cinco semanas de vida, ha vuelto a dar explicaciones ante el juez este jueves. La mujer ha negado en todo momento que ella interviniera en alguna agresión y también ha mantenido que nunca vio que su marido lo maltratara. A pesar de que su historial en internet demuestra que estaba preocupada por la actitud del hombre, con búsquedas como "mi pareja no soporta al bebé" o "mi pareja no trata bien a mi bebé", su defensa insiste en distinguir entre haber detectado un maltrato y haber notado que el hombre trataba mal al niño por falta de destreza o de cariño. Durante su declaración la mujer ha afirmado que, "si lo hubiera visto, evidentemente habría ido a la policía", según fuentes jurídicas.

El hombre encarcelado por matar a un compañero de piso, descuartizar el cadáver y esconder el torso dentro de una maleta ha huido y se encuentra en paradero desconocido. Según ha avanzado El Caso y han confirmado a la ARA fuentes penitenciarias, el hombre no ha vuelto a la prisión de Quatre Camins, donde cumple condena, después de una salida programada que hizo en Barcelona este martes. Según fuentes penitenciarias consultadas por la ARA, el hombre llevaba tres años cumplidos de condena, que habría terminado de cumplir en octubre de 2033. La de este martes era su primera salida programada, una actividad regulada que forma parte del tratamiento penitenciario y en la que los internos van acompañados de trabajadores de la prisión.

La pediatra del Hospital Sant Pau de Barcelona que dio la alerta por maltrato infantil al bebé que después estuvo ingresado en la UCI del Vall d'Hebron ha declarado ante el juez que las lesiones anales del niño no son fruto de una sola acción. Fuentes jurídicas apuntan que esta médica también se trasladó al Vall d'Hebron para atender al niño cuando lo derivaron allí, ya que es el centro de referencia en maltrato infantil y violencia sexual. El testimonio de la pediatra coincide con el del cirujano pediátrico que ya declaró en el juzgado el mes de junio.

La madre de Noelia Castillo, la chica de 25 años que recibió la eutanasia el 26 de marzo, ha presentado dos denuncias ante las fiscalías de Barcelona y Tarragona para que se investiguen las dos agresiones sexuales que la chica explicó públicamente horas antes de recibir la muerte asistida. Una habría sido solo tres días antes de intentar suicidarse en el año 2022, con lesiones irreversibles que la dejaron parapléjica. El colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, que asesoró al padre en el litigio que quería impedir el derecho a la muerte asistida de la chica, representa ahora a la madre en estas dos denuncias sobre las cuales la Fiscalía aún no se ha pronunciado.

La pediatra del CAP Roger de Flor de Barcelona que atendió al bebé que estuvo hospitalizado por maltratos con solo cinco semanas de vida ha declarado ante el juez que tres días antes de ingresar a la UCI el niño no tenía las graves lesiones anales que se le detectaron en el Vall d'Hebron. La médica y la enfermera de este CAP que atendían al niño han explicado que lo visitaron el 13 de marzo, solo tres días antes de que ingresara en el Hospital Vall d'Hebron, que acabó activando el protocolo de maltrato infantil.