La Fiscalía ha pedido una condena de nueve años de prisión para el exjugador del RCD Espanyol Álvaro Aguado por presuntamente haber agredido sexualmente a una trabajadora del club en el lavabo de una discoteca. Fue el 24 de junio de 2024 de madrugada, cuando el equipo celebraba el ascenso a Primera División en la discoteca Opium.

Un hombre de 47 años se expone a 15 años de prisión por presuntamente agredir sexualmente a una niña de 13 años en Vilanova i la Geltrú. El hombre era consciente de que tenía el VIH y el virus de la hepatitis C y de que podía transmitírselos a la niña, y en el juicio ha pedido que le absuelvan asegurando que creía que la víctima tenía "como mínimo" 18 años. La menor se suicidó ocho meses después de la violación, y en el juicio se ha utilizado como prueba su declaración que se grabó mientras se investigaba el caso. La acusación de la Fiscalía ha apuntado como agravante que era una víctima vulnerable porque tenía un trastorno del espectro autista.

El Pepe, el hombre en silla de ruedas que mató a un ladrón en el barrio del Bon Pastor de Barcelona, podrá esperar el juicio en libertad. Este jueves un juez ha aceptado dejarlo en libertad provisional, y esta tarde ha salido de la prisión de Brians 1, donde ingresó el 7 de abril y ha pasado nueve días encarcelado. Su familia lo ha ido a buscar en coche y a las siete y media de la tarde ya estaba en su casa.

Cada día salen de prisión personas que ya han cumplido condena y normalmente no es noticia como sí lo es el liberamiento este jueves de un preso del centro penitenciario de Ponent. Ya era conocido en los años 80 por sus atracos y ha pasado media vida entre rejas. Cumplió condena por matar a dos personas, entre ellas un agente cuando huía de un atraco, y también por disparar a un expolicía que murió meses después. Después de cinco meses en libertad volvió a prisión por un atraco, y esta semana recupera la libertad. Ahora los trabajadores que lo han tratado en la prisión han alertado que ven riesgo de que reincida, entre otros motivos porque no ha querido seguir ningún programa de tratamiento.

Una testigo de la causa en la que se investigan los presuntos maltratos de una pareja a su bebé de un mes ha declarado cómo el hombre sacudía bruscamente la cuna del infante. Según fuentes jurídicas consultadas por el ARA, se trata de la mujer con quien compartieron habitación en el Hospital Vall d'Hebron, donde los sanitarios los derivaron después de pasar por cuatro centros sanitarios más los días antes de la detención de la pareja. La misma mujer alertó a los trabajadores del hospital de que el niño no estaba bien atendido, todo ello horas antes de que se activara el protocolo contra el maltrato infantil.

Teófilo L.M., el electricista que lideraba desde el Raval de Barcelona una macro red de pederastia, ha confesado los hechos y ha aceptado una condena de 83 años de prisión. Lo ha hecho después de cerrar un pacto con la Fiscalía y la acusación particular que representa a la menor a quien violó mientras estaba bajo la guarda de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). De hecho, el escándalo que supuso este caso con al menos una treintena de hombres implicados desencadenó el proceso para la refundación de este organismo en la actual dirección general de Protecció y Atenció a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).

Un grupo de seis especialistas en robos a casas se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona a partir de este lunes. Se les atribuyen una docena de saqueos en los que habrían utilizado diferentes técnicas para abrir las puertas sin dejar casi ningún rastro. Según describe la acusación de la Fiscalía, funcionaban con un "escrupuloso reparto de roles" en el que unos eran "expertos en seleccionar objetivos" marcando o vigilando los pisos, otros abrían las puertas con maquinaria específica o creando llaves falsas, actuando "como una especie de artesano", y finalmente había un "grupo operativo" que entraba en la vivienda.

El barrio del Bon Pastor de Barcelona todavía está conmocionado por un crimen que sacudió al vecindario hace cinco días. En Pepe, un hombre con problemas de movilidad y respiratorios, presuntamente apuñaló a un joven que le había robado una cadena y el ladrón acabó muriendo. El hombre ya ha ingresado en prisión provisional, una decisión judicial que ha indignado a parte del barrio, que justifica que fue legítima defensa y que denuncia que en Pepe se encuentra en un delicado estado de salud.

La defensa del padre del bebé de quien se investiga si fue maltratado y agredido sexualmente por los padres ha pedido nuevas pruebas médicas para buscar el origen de las lesiones por las que continúa hospitalizado. Su abogada, Montse Antolino, ha explicado en declaraciones a la ARA que ha presentado al juez instructor un informe médico firmado por un facultativo privado que asegura que el hombre es portador de un gen relacionado con la distrofia muscular y la falta de colágeno. Ahora la defensa solicita aclarar si el bebé también es portador de este gen y si podría ser el motivo o el detonante de las lesiones.

Un 15% de las plazas de juez y magistrado en Cataluña están vacías. De las 871 plazas, 132 no están asignadas al margen de otras circunstancias como bajas médicas o permisos. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido este miércoles al ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que convoquen urgentemente oposiciones extraordinarias, más allá de las 120 plazas anuales de media que suelen ofrecerse para todo el Estado. Ante los anuncios políticos para crear más plazas judiciales –91 para Cataluña este año– la presidenta del TSJC, Mercè Caso, ha reclamado que lo que hace falta es que haya más jueces para ocupar estos puestos: "Si no, tendremos sillas, pero no suficientes jueces para llenarlas".

En las próximas semanas 34 magistrados del Tribunal Supremo resolverán si alguien puede o no intercedir judicialmente contra la decisión de una persona adulta y que cuenta con aval médico para recibir la eutanasia. La Fiscalía ya ha hecho llegar su postura al tribunal: cree que lo puede hacer la familia cercana siempre que tenga un "vínculo intenso" con el afectado, no solo una relación biológica. La respuesta que acabe dando el pleno del Supremo fijará jurisprudencia en un debate que desde hace unos meses se ha abierto en los tribunales y que ha tomado protagonismo sobre todo con el caso de Noelia Castillo, la joven del Garraf que recibió la muerte asistida a finales de marzo, después de 20 meses de periplo judicial. El caso que estudiará el Supremo es otro, el de Francesc: un hombre de 55 años, que después de tres ictus y un infarto sufre secuelas graves en la movilidad y el habla. Desde julio de 2024 su eutanasia tiene el aval judicial además del médico y del de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), pero ha quedado encallada por un recurso judicial de su padre. De hecho, su caso es el que motivó la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) en que los magistrados validaron que una familia lleve a los tribunales una eutanasia avalada por los médicos. La Generalitat, que representa los intereses de Francesc, recurrió contra esta resolución del TSJC y, por ello, ahora el Supremo la revisará después de valorar los argumentos de la administración y los de la Fiscalía.

El nuevo juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia de Barcelona ha recibido unos 300 casos en su primer trimestre de vida. Este juzgado funciona desde el 1 de enero en la capital catalana y entre los delitos que más ha asumido se encuentran los relacionados con el maltrato infantil y las agresiones sexuales a menores, según han explicado fuentes judiciales a el ARA. De hecho, es el responsable de la investigación del caso del bebé que continúa hospitalizado por maltratos y agresión sexual presuntamente por parte de sus padres.

Dos presos del departamento especial de régimen cerrado (Dert) —la zona de aislamiento— de la prisión de Brians 2 han intentado escaparse este domingo a la madrugada del centro. Fuentes penitenciarias han explicado a el ARA que los dos internos se han pasado entre dos y tres horas en el desv\u00an del ático de este departamento después de salir de una celda desmontando el plafón de la luz, que da acceso a la planta técnica del departamento, donde está la instalación eléctrica y del sistema de aguas. Los internos han podido hacer este movimiento sin que haya saltado ninguna alarma, añaden las mismas fuentes. Por su parte el departamento de Justicia ha destacado que los funcionarios del centro han frustrado el intento de fuga.

Después de 20 meses de espera, Noelia Castillo ha recibido este jueves por la tarde la eutanasia. Su padre y el grupo ultracatolico Abogados Cristianos han intentado hasta el último momento impedirla con un recurso que ha llevado a los juzgados la batalla ideológica contra el derecho a una muerte digna. Hoy mismo un auto les repetía que la justicia no detendría la eutanasia de la chica. Pero incluso cuando ya no tenían ninguna opción en la vía judicial, su presión ha continuado con una convocatoria a las puertas del centro sanitario donde estaba ingresada, donde una veintena de personas gritaban su nombre en el mismo momento que estaba previsto que se prestara la muerte digna. La protesta ha obligado a desplegar un dispositivo policial en el Hospital Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes, un centro ahora público que inauguró en 1975 la orden religiosa de los Camilos y que hoy ha sido el escenario de esta disputa contra la eutanasia en nombre de la religión.

La Fiscalía alertó de que el Ayuntamiento de Badalona no cumplió con su obligación de dar una atención de emergencia a las personas sin hogar que desalojó del antiguo instituto B9. En concreto, no tenía un protocolo de atención a las personas sin hogar por los servicios municipales y tampoco aplicó la "metodología" para estas situaciones de las que dispone, que habría implicado ofrecer apoyo a los afectados, derivarlos a los recursos residenciales disponibles y realizar un seguimiento posterior.

Noelia, la joven de 25 años que desde agosto de 2024 ha estado sometida a un largo periplo judicial a la espera de poder acogerse a la muerte digna, recibirá finalmente la eutanasia este jueves. La petición de la joven, afectada por una paraplejia, quedó en suspenso hace más de un año y medio a raíz de un recurso judicial de su padre, representado por el grupo ultracatólico Abogados Cristianos. Durante todo este tiempo ha mantenido su voluntad de morir: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. La felicidad de un padre, de una madre o una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija", afirmó hace dos días en una entrevista a Antena 3. A modo de protesta, Abogados Cristianos ha convocado una rueda de prensa a las seis de la tarde ante el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en el lugar y la hora exacta en que está prevista la muerte asistida.

Durante el último año ha llegado a los juzgados una nueva especialización, centrada en investigar los delitos en los que las víctimas son niños o adolescentes. Esto ha planteado varias dudas sobre los límites de sus competencias, y todavía es motivo de discrepancia entre la judicatura y la Fiscalía. La ley que diseñó esta especialidad no concretaba, por ejemplo, si las agresiones sexuales a niñas deben recaer en estos nuevos tribunales o bien en los de violencia sobre la mujer, a los que la misma reforma judicial adjudicaba la competencia sobre todos los delitos sexuales. La reforma tampoco estipulaba quién debe hacerse cargo de las agresiones sexuales a niñas que se denuncian años después, cuando las víctimas son ya adultas, como plantea ahora una magistrada de Barcelona en un auto al que ha tenido acceso el ARA.

La Fiscalía de Barcelona ha cerrado la investigación por torturas a la activista y filóloga Blanca Serra, la primera víctima que se dirigió directamente a la Fiscalía de Memoria Histórica y no a los juzgados. De este modo, le reconoce la condición de víctima del franquismo y lo hace por primera vez en base a la ley de memoria democrática del año 2022.

Kris Charlier, de 76 años, nacido en Bélgica y que vive en Catalunya desde el año 2015, ha llevado a juicio a dos guardias civiles a los que acusa de vejarle en el aeropuerto de El Prat supuestamente por haberse dirigido en catalán: "Si yo hubiera hablado en castellano, supongo que todo lo habría dicho la Audiencia de Barcelona.

Montse dice que sólo una vez ha dudado de si estaba segura en el trabajo. Fue hoy hace dos años, cuando un whatsapp de un compañero le avisaba de que un preso había apuñalado a Núria López en la cocina de Mas de Enric y luego se había suicidado. "En ese momento sí dices «Hostia, ¿dónde estoy trabajando?» Pensé que podía pasarme a mí".