Aviso de la Fiscalía sobre la delincuencia entre los menores de edad. El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha explicado este viernes que los delitos cometidos por menores aumentaron el año pasado un 4,5%. Entre estos, destaca especialmente el aumento de un 17% de los delitos de robo con violencia o intimidación.

El hombre investigado por malos tratos graves a su bebé de pocas semanas se ha excusado ante el juzgado diciendo que no le hizo daño voluntariamente, y ha abierto la puerta a haberle hecho daño sin darse cuenta. "No soy consciente de haberle hecho daño", ha dicho en una declaración de dos horas ante el juzgado que le investiga tanto a él como a la madre del bebé por agresión sexual, malos tratos, lesiones graves e intento de homicidio, porque las lesiones llegaron a comportar un riesgo vital. Al mismo tiempo, el hombre ha exculpado a la mujer –de quien no se ha divorciado, pero a quien se ha referido como su expareja– y ha descartado que ella hiciera daño expresamente al niño. Ambos fueron detenidos el 18 de marzo y desde entonces el hombre está en prisión provisional, mientras que la mujer salió en libertad provisional en mayo. La defensa del hombre volverá a pedir que salga en libertad en los próximos días.

Se acerca el final de la investigación judicial del caso del bebé de Barcelona que ingresó en la UCI con cinco semanas de vida con señales de graves maltratos y agresión sexual, presuntamente a manos de sus padres. Este miércoles han declarado en el juzgado una enfermera de Sant Joan de Déu y varios trabajadores del Hospital del Mar, quienes atendieron al menor unos días antes de que fuera hospitalizado, cuando todavía no tenía lesiones evidentes. De hecho, todos los profesionales han coincidido en que no sospecharon de ningún maltrato, como ya habían explicado una pediatra y una enfermera del CAP Roger de Flor. En paralelo, los Mossos d'Esquadra han propuesto al juzgado analizar la geolocalización de los móviles de los dos investigados, tanto del padre como de la madre, los días antes del ingreso hospitalario de la criatura. Las lesiones se investigan como un intento de homicidio porque comportaron un riesgo para la vida del niño.

El departamento de Justicia trabaja en una bolsa de trabajo para cubrir las bajas o sustituciones necesarias de educadores y psicólogos penitenciarios. Esta medida servirá para evitar que los puestos de personal de tratamiento —que también incluye a trabajadores sociales, pedagogos y juristas— queden vacíos cuando falte un trabajador, y hará más fácil que se les sustituya inmediatamente. Justicia trabaja para definir las bases para crear esta bolsa y la presentará a los representantes de los trabajadores en un plazo de quince días, según ha informado el sindicato UGT Prisiones, mayoritario en el sector, tras reunirse con el consejero Ramon Espadaler, la secretaria de Medidas Penales y Reinserción, Elena Pérez, y el director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa.

La Fiscalía pide 19 años de prisión para un exjefe de colla de los Xiquets del Serrallo acusado de abusar sexualmente de una menor miembro de la entidad. Según el ministerio público, el hombre —que era jefe de colla en 2016— se aprovechó de la relación "estrecha" de amistad que tenía con los padres. Esto hacía que permitieran que él se quedara a solas con la menor, con quien inició en el año 2019 una relación "afectiva" que la víctima describía como "de pareja". En aquel momento, la menor tenía 14 años y él 36.

Una jueza de Santa Coloma de Gramenet ha abierto una investigación a raíz de la querella de entidades sociales de la ciudad contra el concejal de Vox Aitor Navarro por sus mensajes racistas en las redes sociales y por haber difundido los nombres de las personas que reciben ayudas o subvenciones sociales municipales. La jueza ha citado a Navarro a declarar el 17 de noviembre y también tomará declaración a diversos testigos una semana después, según un auto que ha avanzado Eldiario.es y ha podido consultar el ARA.

La defensa de Jonathan Andic ha enviado a los juzgados de Martorell, que le investigan como presunto autor de la muerte de su padre, una lista de nombres que quieren que declaren en la causa judicial. Entre ellos, destaca el del abogado y expolítico Miquel Roca Junyent, tal y como ha avanzado El Periódico y ha confirmado el ARA.

En los últimos días las prisiones han encadenado varios incidentes graves. La semana pasada un interno de Mas d'Enric condenado por asesinato huyó durante una salida programada en Tarragona. Un preso de Quatre Camins mató a su compañero de celda y otro interno de la misma prisión se suicidó. Su muerte es la séptima por suicidio en las prisiones catalanas este año, una más que en todo el año pasado. Todo ello, en un momento en que la población penitenciaria va al alza y los centros se acercan al límite de su capacidad.

El fiasco de los intérpretes de catalán en el juicio del caso Roger Español acabará con sanciones. Según ha avanzado Nació Digital y han confirmado al ARA fuentes del departamento de Justicia, la Generalitat ha decidido abrir un expediente a la empresa a la que se había adjudicado el servicio de traducción, Ofilingua SL, para imponerle las "penalizaciones económicas" previstas en los pliegos del contrato.

El preso que este fin de semana se ha suicidado en una celda de Quatre Camins hacía meses que vivía en el módulo de ingresos, apartado del resto. Según ha podido saber el ARA, vivía apartado como medida para protegerlo de otros internos de los cuales había recibido amenazas de muerte. Estaba en esta situación desde el mes de junio, y aunque esta medida le permitía salir de la celda dos horas al día, él hacía alrededor de un mes que no salía.

Nueve personas se exponen a condenas de hasta 27 años y medio de prisión acusadas de intento de homicidio por haber incendiado una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona con un agente dentro, que pudo salir a tiempo por la puerta del copiloto. Fue el 27 de febrero del año 2021, durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, que había entrado en prisión el día 16 del mismo mes por una condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Con las prisiones llegando al límite de su capacidad, una de las formas con las que la administración intenta ganar espacio es potenciando la semilibertad. Como ya explicó el ARA, la directriz generalizada a los trabajadores de las prisiones es tender a la apertura, que el Gobierno ya había defendido en la legislatura anterior para mejorar la reinserción y que ahora toma también un sentido logístico. Mientras que profesionales y académicos coinciden en que las semilibertades mejoran las perspectivas de que un preso no reincida, la aceleración de los terceros grados en los últimos meses deja algunas preocupaciones entre los trabajadores, que alertan de que en algunos casos no tienen suficiente tiempo para tratar a los internos. "Se están realizando excarcelaciones un poco antes de tiempo y no tenemos tiempo de tratarlos", resume en conversación con el ARA una psicóloga penitenciaria.

Francesc Augé, el hombre que hace dos años que espera la eutanasia porque un recurso judicial la detuvo, está hospitalizado después de un intento de suicidio el fin de semana pasado. La Generalitat autorizó la muerte asistida en agosto de 2024, que el paciente pidió tras tres ictus y dos infartos que le han dejado importantes secuelas en el movimiento y el habla. A pesar de tener el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), su petición quedó estancada por un recurso judicial que presentó su padre.

Las prisiones recurren a todas las opciones que tienen para albergar a más de 9.500 internos, una cifra que acapara el 95% de la capacidad total del sistema. La saturación en muchos módulos afecta al día a día de los presos y de los trabajadores, y las fuentes penitenciarias consultadas por el ARA coinciden en que ser más en el mismo espacio favorece que haya más tensiones y conflictos. "Acaba habiendo más situaciones de tensión por cosas que fuera de una prisión ni pensarías. Por tener que hacer cola para el desayuno, porque otro se ha terminado la leche... Cuando son muchos, las pequeñas tensiones son más difíciles de ver y pueden desencadenar incidentes", explica al ARA una educadora penitenciaria. "Hay más movimiento, más picaresca, y la ratio de profesionales sigue siendo la misma", añade.

En la prisión de Figueres hay internos durmiendo en la enfermería en lugar de en los módulos habituales porque allí no caben, y en la última semana una decena de internos en Lledoners cumplían sanciones de aislamiento en el módulo de ingresos, donde normalmente solo colocan a los que acaban de llegar a la prisión. Son dos de las situaciones que diferentes trabajadores del sistema penitenciario han explicado a l'ARA, todas con un mismo motivo: cada vez hay más presos y el espacio en las prisiones es el mismo. Hace cinco años había 1.800 presos menos que ahora, y esto significa que la población penitenciaria ha crecido un 23% y el sistema penitenciario se acerca a su límite. Según los datos públicos del departamento de Justicia, ahora mismo las prisiones están al 95%: el 31 de agosto había 9.597 presos y la capacidad total del sistema es de 10.016.

Los registros muestran que los delitos cometidos por menores de edad van a la baja, pero la Fiscalía advierte de lo contrario. Cada vez hay más delitos que no se pueden judicializar porque el infractor tiene menos de 14 años y, por tanto, no llega a la edad penal. Estos casos no constan en los recuentos de condenas a menores, pero cada vez hay más. El último año han subido un 74%, según el recuento de la Fiscalía General del Estado: el año pasado se archivaron 7.749 casos porque el infractor era inimputable, mientras que en 2023 fueron 4.448. Con todo, la Fiscalía advierte que la cifra exacta debe tomarse con reservas por un posible error en los registros de 2024 en Andalucía. En todo el Estado, en 2023 se archivaron 11.143 casos por este motivo, 7.660 en 2022 y 8.433 en 2021. "La edad de comisión de los hechos delictivos está bajando progresivamente", advierte la memoria de la Fiscalía que se ha presentado este jueves.

Zakaria cruzó la valla de Melilla en marzo de 2022 huyendo del conflicto armado en su país, Mali, cuando todavía era menor de edad. Aquel día, los golpes de porra en la cara de un guardia civil le provocaron una lesión irreversible en el ojo izquierdo, donde ha perdido la visión. Más de dos años después sigue pidiendo a la justicia que identifique el nombre del agente, y este miércoles ha dado un paso importante en el procedimiento explicando al juez todo lo que vivió aquel día. "Estoy aquí para que la justicia verifique lo que ha pasado, no quiero que le pase a nadie más", ha dicho después de declarar.

El director general de Ejecución Penal en la Comunidad y de Justicia Juvenil, Jesús del Cacho, ha dimitido después de dos años en el cargo. El Gobierno ha nombrado este mismo martes a la nueva directora, la abogada penalista Paz Vallès.

Roger Ferrer lleva años esperando la respuesta a su reclamación por una negligencia médica. En febrero de 2022 le operaron de apendicitis en el Hospital de Granollers y un error en la máquina que le suministraba la anestesia hizo que sintiera los cortes de toda la operación, a pesar de que sus músculos sí estaban sedados y no podía moverse ni avisar de lo que pasaba. "Sentía los dolores de los cortes de la operación y cómo hurgaban. Viví una experiencia de muerte en vida y no he vuelto a ser el mismo", ha explicado en una entrevista a Eldiario.es.Acompañado de su abogada, Lucía González-Cuevas, inició una reclamación administrativa, un trámite obligatorio en casos como este antes de poder plantear una demanda judicial. La abogada explica a ARA que el objetivo es que la administración reconozca una negligencia e indemnice a Ferrer por las secuelas psicológicas que todavía hoy arrastra y que le han hecho dejar su trabajo de educador con menores tutelados. "Tiene claustrofobia, está en alerta por todo", explica la abogada.

Ana Buza Mira tenía solo 18 años cuando empezó a salir con Rafael, que tenía 26. Un año más tarde, la madrugada del 7 de septiembre de 2019, apareció muerta detrás de la valla de seguridad de la A-4, una autovía próxima al pueblo de Carmona, en Sevilla. Rafael explicó a la policía que la joven había saltado del vehículo que él conducía. A las ocho menos cuarto de la mañana, una pareja de guardias civiles despertó a Antonio y a su mujer con las palabras que ningún padre querría tener que escuchar: "Su hija ha muerto en circunstancias extrañas". "Me volví loco", explica Antonio a ARA.