Uno de los puntos de inflexión de la investigación de la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, fue cuando los Mossos d'Esquadra accedieron al contenido de su teléfono móvil. Allí encontraron varias conversaciones en términos despectivos con su hijo, Jonathan Andic, la persona con quien hacía una ruta por las cuevas de Collbató el día que murió. La jueza del caso habla de mensajes "de odio, de rencor, de ideas de muerte". Tal como avanzó el ARA hace unos meses, estos mensajes se enmarcaban en una especie de terapia que estaba haciendo el hijo de los Andic con una coach y que sirvieron a los Mossos para poner aún más el foco en el primogénito. Ahora, la jueza pide profundizar aún más en la figura de esta terapeuta.

Una de las paradas del Papa en Cataluña será en la prisión de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires. Cuando falta poco más de una semana para la visita, un grupo de 14 entidades de defensa de los derechos humanos se ha dirigido por carta a León XIV advirtiéndole del estado del sistema penitenciario catalán, que según dicen "presenta síntomas de clara regresión". Sobre Brians 1 en concreto, añaden que en los últimos años es la prisión "que más denuncias ha recibido por presuntos maltratos, prácticas de aislamiento, contenciones mecánicas y también suicidios, que a menudo son una consecuencia".

Los sindicatos de trabajadores de reinserción de las prisiones han desconvocado la huelga prevista para el 11 de junio en el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) tras un acuerdo que promete mejoras salariales, en seguridad y de protección jurídica. Con este pacto, Justicia y sindicatos se comprometen a poner en marcha la semana que viene una comisión formada por representantes de los trabajadores y del departamento que se encargará de revisar la seguridad de los espacios de trabajo y los protocolos vigentes.

Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre, el propietario de Mango Isak Andic, se empieza a defender. Su abogado, Cristóbal Martell, ha presentado un recurso a la Audiencia de Barcelona para intentar revocar las medidas cautelares que pesan contra su cliente, como la fianza de un millón de euros que tuvo que pagar para no entrar en prisión, la retirada de su pasaporte o la prohibición de salir del país. En la declaración de la semana pasada después de ser detenido por los Mossos d'Esquadra, Jonathan Andic se limitó a responder con monosílabos a las preguntas de su letrado. Ahora que ya ha tenido acceso al sumario de 1.400 páginas y ha podido saber cuáles son los diversos indicios que le rodean, Martell ha intentado empezar a rebatirlos en este recurso, al cual ha tenido acceso el ARA.

Las donaciones económicas o de inmuebles que se firman ante notario han crecido un 20% hasta "máximos históricos", y el Colegio Notarial de Cataluña lo relaciona con la crisis de vivienda y la necesidad de recibir ayudas para poder comprar una. "Responden mucho a la voluntad de ayudar al hijo o familiar que quiere adquirir una vivienda, y las donaciones pueden ser la solución: tanto de dinero para comprar una como de vivienda si los padres tienen la suerte de tener más de una", ha explicado la vicedecana del Colegio, Raquel Iglesias, en la presentación de los datos del V Observatorio Notarial de Cataluña. "Donaciones por mera generosidad, sin necesidad, sí que las hay, pero no las vemos tanto", ha aclarado.

Más de dos décadas después, el crimen de Helena Jubany está a las puertas de un juicio. La defensa de la familia de Jubany y la Fiscalía ya presentaron sus escritos en los que acusaban a Santi Laiglesia y pedían penas de 26 años de prisión. Ahora, uno de los pocos pasos que quedan para poner fecha al juicio es que el abogado de Laiglesia presente su escrito de defensa. De momento, sin embargo, el letrado ha pedido más tiempo para presentarlo. ¿El motivo? Está a la espera de un contrainforme de ADN para intentar rebatir las pruebas que incriminan al acusado.

El asesino de la Vila Olímpica se ganó este apodo la noche que celebraba los 18 años. Pocas horas marcaron la diferencia entre ser juzgado como menor o como adulto —como sí que pasó con el resto de los implicados en el asesinato a golpes de un chico de 24 años en un aparcamiento. Era el 1 de abril del 2000 y hacía solo cuatro meses que se había aprobado la ley de la responsabilidad penal de los menores, con un modelo menos punitivo y centrado en la educación y la reinserción. Ahora, esta norma ha vuelto a recibir presiones por parte de la extrema derecha y de familias de víctimas para aumentar el castigo penal a los menores que cometen delitos extremadamente violentos, asesinatos o violaciones.

Los trabajadores que se dedican a la reinserción en las prisiones catalanas han comunicado un paro para el jueves 11 de junio, según han explicado a el ARA fuentes penitenciarias. Es el tercer grupo profesional que ha convocado paros este año, después de los docentes y los sanitarios. "Somos el único colectivo que resta pendiente de que se le revise las condiciones laborales y de seguridad", ha denunciado el comité intercentros del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), la empresa pública que da trabajo a los presos y los forma.

La Silvia Guerrero supo el 21 de agosto que aquella madrugada habían apuñalado a su hijo Juan en una pelea en Tàrrega. Tenía 18 años y se llevaba solo unos meses con el único acusado de su muerte, que tenía 17. Todavía no sabe cuándo será el juicio por la muerte de su hijo, y desde entonces se ha dedicado a reclamar que las consecuencias penales para los menores sean más graves y se parezcan más a las que asumen los adultos. Con los familiares de cuatro víctimas, hace un mes presentaron 130.000 firmas en el Congreso para reclamarlo. La familia de Juan ha pedido que el acusado de matarlo pase ocho años de internamiento, el máximo que prevé la ley.

El Tribunal Supremo considera que las personas con una "vinculación particularmente estrecha" tienen derecho a interceder judicialmente contra la decisión de un paciente que quiera recibir la eutanasia. Es la respuesta mayoritaria, pero no unánime, de los magistrados del Alto Tribunal después de abordar este martes el debate sobre si los familiares tienen derecho a intercedir judicialmente para impedir que un familiar suyo reciba la eutanasia.

Joan Liébana tenía 30 años y hacía poco que era bombero cuando el 17 de junio de 2021 murió durante el incendio de una nave industrial de Vilanova i la Geltrú. Casi cinco años después, su compañero y el cabo que estaba a cargo del operativo han reconocido un delito de homicidio por imprudencia menos grave, y han aceptado una condena a multas de 4.500 y 5.400 euros. Los dos procesados han admitido que no se dieron cuenta de que el bombero no había salido de la nave con ellos hasta que dos compañeros que estaban ventilando la nave lo encontraron una hora más tarde.

La Audiencia de Barcelona ha comenzado a juzgar este miércoles a un hombre acusado de engañar a una chica con una discapacidad psíquica grave, que era la pareja de su hijastro, para conseguir pornografía y agredirla sexualmente. Cuando todo esto ocurrió, en el año 2023, el hombre era agente de los Mossos d'Esquadra en Manresa. Ahora está en prisión provisional y se expone a una condena de 27 años por estos hechos. Además, tiene pendiente otro juicio en el que está acusado de narcotizar y violar a la hija de su pareja, según han explicado fuentes jurídicas a el ARA.

Finalmente, la justicia sí que investigará el uso de espray OC –conocido popularmente como gas pimienta– contra manifestantes pro-Palestina. En concreto, la actuación de los Mossos d'Esquadra durante la huelga general del 15 de octubre contra un grupo de personas sentadas junto a la estación de Sants, donde en aquel momento comenzaba una protesta. Los manifestantes querían detener la salida de un autocar que conducía el equipo Hapoel de Jerusalén hacia Manresa a disputar un partido de baloncesto. El juez de Barcelona que recibió el caso no admitió la querella de seis manifestantes contra agentes y mandos policiales, pero ahora la Audiencia de Barcelona corrige esta decisión y ordena al primer juez que investigue el caso. El tribunal avanza que la actuación de los Mossos "se podría entender como desproporcionada".

La polémica por la infiltració de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de docentes ya ha llegado a la esfera judicial. La primera denuncia presentada señala a la consejera de Interior, Núria Parlon; al director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por presuntos delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. La ha presentado este martes en los juzgados de Barcelona la Asociación de Abogados de Osona en Defensa de los Derechos Humanos.

Petición idéntica de la Fiscalía y la familia Jubany. Las dos acusaciones han pedido una condena de 26 años de prisión para Santi Laiglesia por la muerte de Helena Jubany. Laiglesia ya había sido investigado hasta el año 2005 durante la primera fase de la investigación, y entre noviembre y este enero pasó 41 días en prisión. En el momento en que se conocen las penas a las que se expone, está en libertad provisional, pero tiene el pasaporte retirado. Las acusaciones sugieren que el crimen no fue cosa de una sola persona, pero aseguran que Laiglesia participó "activamente" en todos los pasos que acabaron con la muerte de Helena Jubany, y será el único que se sentará en el banquillo de los acusados. El veredicto quedará en manos de un jurado de la Audiencia de Barcelona.

La Audiencia de Barcelona ha dejado en libertad sin fianza a la madre del bebé que presuntamente ha sido maltratado y agredido sexualmente en Barcelona. En cambio, en el caso del padre, la justicia ha decidido mantenerlo en prisión provisional. Uno de los elementos clave en la investigación ha sido el contenido de los móviles y los ordenadores de la pareja. Antes de que el niño fuera hospitalizado, la mujer había buscado información relacionada con el estado de salud del bebé, y con el "malestar que ella misma tenía respecto a su relación de pareja" por el hecho de que el hombre "no trataba bien al bebé".

"Desde el accidente no podía parar de pensar en cómo estaba, porque no sabía qué le había pasado, si viviría o no". Carlos Roberto Hernández recuerda que los cristales del coche se rompieron en pedazos y que se esparcieron a su alrededor. Antes de tener tiempo de preguntarse qué había pasado, vio a una persona cayendo al lado de su coche, en la calle Mallorca de Barcelona, justo delante de la Sagrada Familia. Quien había caído era Javier, que iba en moto, y topó con su coche, que había frenado en seco. El motorista se rompió tres tendones de los dedos y necesitó hasta cuatro operaciones después del accidente. Todavía hoy no ha podido volver a su trabajo de fontanero y duda si podrá volver a trabajar en él nunca.

El director de la prisión de Puig de les Basses, Jordi Oliveras, ha renunciado al cargo tras el suicidio de tres internos del centro penitenciario desde principios de año. El último fue este lunes, cuando un preso que estaba en aislamiento se quitó la vida. El departamento de Justicia y Calidad Democrática ha informado este viernes que en los próximos días habrá "un relevo" al frente de la prisión de Figueres y nombrarán un nuevo director. Según el departamento, el hasta ahora director ha puesto su cargo a disposición de la Secretaría de Medidas Penales y Reinserción y su titular, Elena Pérez, ha aceptado la renuncia.

La respuesta del sistema penitenciario al asesinato de una cocinera en Mas d'Enric no ha contentado a todos los trabajadores. De hecho, ha atizado las protestas de una parte de los profesionales de las prisiones. Dos años después del crimen, parte de los trabajadores denuncian una "discriminación sostenida" en comparación con sus compañeros, funcionarios de vigilancia. Los que protestan son personal de la misma empresa pública donde trabajaba Núria López cuando un interno la mató y, después, se suicidó. Ahora, el comité intercentros –que representa a los trabajadores de esta empresa en toda Cataluña– amenaza con una huelga si la Generalitat no accede antes del próximo martes a darles las mismas mejoras que han recibido los funcionarios de Interior y otros profesionales del sector.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación sobre el incendio en la mezquita de Piera la madrugada del 12 de julio de 2025 para identificar a los responsables del fuego. El incidente, que coincidió en el tiempo con los altercados racistas en el municipio murciano de Torre Pacheco, tuvo lugar cuando a la mezquita le faltaba solo un último permiso municipal para estrenarse. Aunque hasta ahora no se han encontrado a los autores del fuego, la acusación particular que ejerce la comunidad islámica de Piera sostiene que fue un delito de odio.