Marta Vergés es abogada especialista en menores, pero tiene dos líneas rojas muy claras. La primera es que solo representa a menores a los que tenga que defender, nunca lleva acusaciones, porque dice que se ve "incapaz" de acusar a un adolescente. Eso sí, nunca defiende al mismo adolescente dos veces. Todos los jóvenes a los que atiende saben esta condición, con la que busca animarles a no reincidir: "Defendiendo a un menor hay un grado de esperanza de reinserción social elevadísimo, y eso es lo que me encanta de mi trabajo", explica.

Conocían a fondo cómo funciona el mercado eléctrico en España y se aprovecharon de sus propios "mecanismos de seguridad" para estafarlo. El fraude supera los 61 millones de euros, según los cálculos de Red Eléctrica, y hay 93 empresas afectadas que ahora intentan conseguir una indemnización para recuperar el dinero que perdieron con este engaño. La Audiencia Nacional juzgará entre octubre y noviembre este entramado, que trabajaba desde Barcelona y Madrid y era supervisado desde el despacho de Sarrià donde trabajaba el empresario Esteban Roig, a quien la Fiscalía señala como director de toda la estructura y pide que se le condene a dieciséis años de prisión. También están acusadas dieciséis personas más, que podrían asumir penas de entre nueve y seis años en función de su grado de intervención.

Con solo una muestra de sangre, una máquina pionera del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) da información muy concreta de lo que ha hecho una persona durante las horas anteriores. La pantalla del cromatógrafo muestra qué sustancias hay y en qué cantidad de cafeína, fármacos, alcohol o sustancias psicoactivas, por ejemplo. Mediante esta tecnología se pueden detectar muchos más componentes que el resto –también las drogas más inusuales– y se puede acotar mucho más la cantidad; una información especialmente útil en casos en los que se debe aclarar si una persona ha delinquido o no bajo los efectos de las drogas, ya que puede comportar un atenuante en la pena, o para acreditar si ha habido sumisión química en un caso de agresión sexual.

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha cerrado la investigación de uno de los dos expedientes que tenía abiertos por posibles irregularidades de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en las ayudas de vivienda que recibían los jóvenes extutelados. Según fuentes jurídicas, la investigación no ha podido acreditar que hubiera fraude, pero sí concluye que podría haber incumplimientos contractuales. Como ya explicó el ARA, el caso está en manos de la Fiscalía Anticorrupción y ahora Antifraude le ha remitido sus conclusiones. El ministerio público continuará investigando si se cumplieron las cláusulas de los contratos firmados con las empresas encargadas de la gestión de las prestaciones.

Primera sentencia en Cataluña que se justifica con la decisión de la justicia europea sobre la inmersión lingüística. Si en junio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimaba la demanda de familias de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar contra el 25% de castellano, ahora otra escuela del Maresme se ve afectada por esta misma decisión. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha utilizado por primera vez la decisión de Estrasburgo entre sus argumentos para resolver un litigio sobre la lengua de enseñanza, y lo ha hecho para dar la razón a una familia del Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, que pedía más horas de castellano.

Las ilegalidades en la gestión de residuos no siempre comportan un tráfico a escala internacional como el que se destapó la semana pasada procedente de Francia. A menudo el recorrido es mucho más corto y a los infractores no les hace falta ni siquiera cambiar de comarca para conseguir beneficios económicos a costa de poner en riesgo el medio ambiente y la salud humana. Es el caso del entramado que operaba entre dos empresas de Badia del Vallès, un vertedero a treinta kilómetros de distancia y unos terrenos de Cerdanyola del Vallès, ahora propiedad del Consorcio del Parc de l'Alba. Los acusados esperan juicio.

Un juzgado social de Barcelona ha validado el despido de Carmen Macías, la exresponsable de cumplimiento normativo de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) que denunció que la hicieron fuera como represalia por una investigación interna de acoso que implicaba a tres directivos. La sentencia que ha consultado el ARA declara que el despido fue procedente y expone que se hizo después de que un subordinado de Macías la denunciara por acoso. Esta sentencia valida el despido respecto a la jurisdicción laboral, pero no resuelve el procedimiento penal, con tres altos cargos investigados, que se abrió a raíz de la denuncia de Macías por acoso laboral.

La mujer investigada por presuntamente haber maltratado a su bebé, que ingresó en la UCI con cinco semanas de vida, ha vuelto a dar explicaciones ante el juez este jueves. La mujer ha negado en todo momento que ella interviniera en alguna agresión y también ha mantenido que nunca vio que su marido lo maltratara. A pesar de que su historial en internet demuestra que estaba preocupada por la actitud del hombre, con búsquedas como "mi pareja no soporta al bebé" o "mi pareja no trata bien a mi bebé", su defensa insiste en distinguir entre haber detectado un maltrato y haber notado que el hombre trataba mal al niño por falta de destreza o de cariño. Durante su declaración la mujer ha afirmado que, "si lo hubiera visto, evidentemente habría ido a la policía", según fuentes jurídicas.

El hombre encarcelado por matar a un compañero de piso, descuartizar el cadáver y esconder el torso dentro de una maleta ha huido y se encuentra en paradero desconocido. Según ha avanzado El Caso y han confirmado a la ARA fuentes penitenciarias, el hombre no ha vuelto a la prisión de Quatre Camins, donde cumple condena, después de una salida programada que hizo en Barcelona este martes. Según fuentes penitenciarias consultadas por la ARA, el hombre llevaba tres años cumplidos de condena, que habría terminado de cumplir en octubre de 2033. La de este martes era su primera salida programada, una actividad regulada que forma parte del tratamiento penitenciario y en la que los internos van acompañados de trabajadores de la prisión.

La pediatra del Hospital Sant Pau de Barcelona que dio la alerta por maltrato infantil al bebé que después estuvo ingresado en la UCI del Vall d'Hebron ha declarado ante el juez que las lesiones anales del niño no son fruto de una sola acción. Fuentes jurídicas apuntan que esta médica también se trasladó al Vall d'Hebron para atender al niño cuando lo derivaron allí, ya que es el centro de referencia en maltrato infantil y violencia sexual. El testimonio de la pediatra coincide con el del cirujano pediátrico que ya declaró en el juzgado el mes de junio.

La madre de Noelia Castillo, la chica de 25 años que recibió la eutanasia el 26 de marzo, ha presentado dos denuncias ante las fiscalías de Barcelona y Tarragona para que se investiguen las dos agresiones sexuales que la chica explicó públicamente horas antes de recibir la muerte asistida. Una habría sido solo tres días antes de intentar suicidarse en el año 2022, con lesiones irreversibles que la dejaron parapléjica. El colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, que asesoró al padre en el litigio que quería impedir el derecho a la muerte asistida de la chica, representa ahora a la madre en estas dos denuncias sobre las cuales la Fiscalía aún no se ha pronunciado.

La pediatra del CAP Roger de Flor de Barcelona que atendió al bebé que estuvo hospitalizado por maltratos con solo cinco semanas de vida ha declarado ante el juez que tres días antes de ingresar a la UCI el niño no tenía las graves lesiones anales que se le detectaron en el Vall d'Hebron. La médica y la enfermera de este CAP que atendían al niño han explicado que lo visitaron el 13 de marzo, solo tres días antes de que ingresara en el Hospital Vall d'Hebron, que acabó activando el protocolo de maltrato infantil.

Los abogados de oficio hacen cada vez más atenciones, pero la precariedad hace que cada vez menos profesionales estén dispuestos a participar en este servicio. Al conjunto de Cataluña la fuga se ha reducido a la mitad, coincidiendo con un acuerdo para mejorar las retribuciones, pero los datos no han mejorado en la demarcación de Barcelona, donde el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) alerta que la pérdida de profesionales es de un 20% en la última década. Xavier Batlle y Núria Astorgas son dos de los profesionales que no han querido abandonar esta tarea. A pesar de tener el mismo trabajo, son abogados de oficio de dos especialidades totalmente diferentes: menores, que en el último semestre ha aumentado un 10% su actividad en Barcelona, y segunda oportunidad, un mecanismo que permite cancelar las deudas a los deudores de buena fe y que ha crecido un 23% en el último medio año.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 21 años de prisión a un mosso d'esquadra por agredir sexualmente y vejar a una joven con una discapacidad grave, a quien conoció porque era la pareja de su hijastro. Los dos jóvenes se habían conocido en un centro para personas con discapacidad, y solían pasar tiempo con la familia del otro hasta el punto de que víctima y procesado convivían aproximadamente la mitad de la semana. El tribunal condena al agente por un delito de pornografía aprovechándose de la confianza de la chica y por un delito de agresión sexual continuada abusando de la discapacidad psíquica de la chica.

Una sentencia del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este miércoles que la ley de extranjería no permite las devoluciones en caliente de los migrantes que intentan llegar a España nadando. El tribunal distingue estos retornos de la normativa específica para la valla de Melilla, donde no se considera que los migrantes hayan entrado legalmente en España hasta que no superan la línea de seguridad y a los agentes, lo que permite devolverlos inmediatamente a las autoridades marroquíes. Con esta sentencia el tribunal fija doctrina a partir del caso de un argelino que intentaba llegar nadando a Ceuta y fue entregado a las autoridades de Marruecos.

Después de años en que cada vez menos abogados tenían interés por el servicio de justicia gratuita en el turno de oficio, la tendencia empieza a cambiar. El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) hace tiempo que había relacionado la precariedad laboral en este servicio con el descenso de letrados inscritos, y ahora nota que esta pérdida "se modera de manera significativa" aunque continúa avanzando. Todo ello coincidiendo con un acuerdo para aumentar un 11,2% las retribuciones que reciben los abogados por cada actuación, como asesorar a un detenido en comisaría y cuando pasa a disposición judicial.

Las estrategias de los abogados para convencer a los jurados populares, con jueces que tienen contacto por primera vez con los tribunales, no solo tienen en cuenta cómo escoger el perfil de persona que les conviene más en cada caso. En grandes juicios también cuentan con asesores que les aconsejan qué pruebas pueden sustentar mejor su defensa y cómo presentarlas al jurado. A veces también se rodean de investigadores que trabajan en paralelo a la policía para que la defensa se pueda anticipar a las pruebas que habrá contra el procesado. Aunque los juristas consultados coinciden en que este modelo se está extendiendo cada vez más, no es ni mucho menos habitual y se usa en una parte muy pequeña de los procedimientos judiciales en Cataluña. En buena parte, porque comporta un coste mucho más elevado que una defensa con un solo abogado, o de una gratuita de oficio. "La defensa en un juicio funciona de una forma si tienes dinero; si no, funciona de otra", resume el especialista en psicología jurídica y forense Miquel Àngel Soria.

El juicio a los exresponsables del departamento de Salud por "discriminar" a los policías y guardias civiles en la campaña de vacunación contra la covid no acabará con penas de prisión. Al inicio del juicio este martes, la Audiencia de Barcelona ha dejado fuera de la causa el delito contra los derechos de los trabajadores que planteaban los sindicatos y que podía comportar condenas de hasta tres años de prisión. La Fiscalía pide inhabilitar durante 12 años a quienes entonces lideraban la conselleria y les acusa, como los sindicatos policiales, de haber "paralizado" la vacunación a estos agentes y no priorizarlos por delante de la población general, como sí hicieron con otros cuerpos de emergencias. Entre las cifras que aportan las acusaciones está el ritmo de vacunación a los agentes: en el momento en que la tasa de vacunación era del 2,8% entre guardias civiles y del 3,6% entre policías nacionales, entre los mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona llegaba al 77%.

Si la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, se llega a juzgar como un homicidio, quedará en manos de un jurado popular. También podría juzgarse por esta vía el caso de Begoña Gómez. Estos tribunales se ocupan de una lista de delitos entre los cuales hay el homicidio y el asesinato, pero también otros como el de omisión del deber de socorro, las violaciones de domicilio y algunos casos de corrupción. Las nueve personas que los forman no son jueces, pero se convierten durante unos días en trabajadores de la administración de justicia para acabar decidiendo si el acusado es culpable o no. Esto hace que las estrategias que acusaciones y defensas usan para convencer a estos jueces novatos sean en buena parte diferentes de las que acostumbran a exhibir cuando tienen delante jueces profesionales. "Te obliga a teatralizar mucho más", dice un jurista. Además, los abogados y fiscales del caso tienen la última palabra sobre quién integrará el jurado; de ahí que las estrategias para seducirlos comiencen incluso antes del juicio.

La Fiscalía ha detectado nuevos elementos de cargo "de extrema gravedad" contra el padre encarcelado por presuntamente haber maltratado a su bebé de pocas semanas en Barcelona, hasta el punto de que ahora considera que también se le podría atribuir un delito de homicidio en grado de tentativa. De hecho, el juez de la sección de violencia contra la infancia y la adolescencia de Barcelona ha acordado mantenerlo en prisión, acusado de maltratar a la criatura, después de que fuera detenido el pasado marzo junto con su mujer, que está en libertad.