Los Mossos apuntan contra un ex alto cargo por los permisos de la cementera de Montcada

BarcelonaEl caso de la cementera Lafarge de Montcada i Reixac ha llegado este miércoles a juicio. En la primera sesión de la vista contra el exjefe de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat Emili Dragone, el mosso d'esquadra encargado de la investigación ha declarado que era una "temeridad" conceder la autorización ambiental a la cementera. Una decisión de la cual ha responsabilizado directamente al ex alto cargo del ejecutivo catalán.

La causa tiene su origen en una querella de la Fiscalía contra Dragone por, presuntamente, haber vuelto a conceder la autorización ambiental a Lafarge en 2015 sobre la base de una licencia del año 2008 que la justicia ya había declarado nula por no haber seguido los trámites necesarios para conseguirla. Siempre según el escrito del ministerio público, Dragone habría propuesto republicar la misma declaración de impacto ambiental aunque sabía que estaba anulada y que además no cumplía los requisitos ambientales de 2015.

La Fiscalía le pide dos años de prisión por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por haber hecho caso omiso de la anulación judicial de una autorización ambiental otorgada a la compañía en 2008 y promoverla en 2015, "sin más". Por su parte, la acusación particular, a cargo de la Agrupación de Vecinos del Barrio de Can Sant Joan, solicita seis años de privación de libertad.

Este miércoles el agente encargado de la investigación ha asegurado haber constatado que el contenido de las declaraciones de impacto ambiental de las licencias de 2008 y de 2015 era “el mismo”. Además, ha apuntado la responsabilidad directa de Dragone porque era el “jefe de servicio” y el encargado de “pilotar” las decisiones. En este sentido, ha explicado que era él quien decidía la tramitación del expediente y la publicación o no. “No había nadie más en el departamento”, ha añadido.

En defensa de la fábrica

Por el contrario, la jefa del área de Asesoramiento Jurídico de lo que entonces era el departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, Catalina Cerdà, ha afirmado que no encontró irregularidades en los permisos y que si las hubiera detectado lo habría advertido. Además, ha recordado que la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la declaración de 2008 lo hacía por cuestiones formales, pero consideraba que “ninguno de los impactos ambientales había sido probado”.

En la misma línea se ha expresado el director de seguridad jurídica de Lafarge, Juan Verdú, que ha puesto el acento en el hecho de que las decisiones de los tribunales eran por “cuestiones formales” y ha defendido que la compañía “siempre ha cumplido con los requisitos ambientales”.

También ha salido en defensa de Dragone la que fue directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Mercè Rius, que ha explicado que el ex alto cargo solo se encargaba de “integrar” los informes remitidos por técnicos para después pasarlos por la Ponencia Ambiental. “En el caso de que se hubiera querido saltar el trámite, la Ponencia no lo habría permitido, todo iba muy reglado”, ha declarado la testigo, que ocupó el cargo entre 2016 y 2022. Este jueves será el turno de la declaración de Dragone. Durante la fase de instrucción, defendió que siempre que autorizaba permisos ambientales lo hacía siguiendo informes jurídicos.