La justicia avala que se pueda faltar al trabajo para atender la eutanasia de un animal de compañía
El TSJC confirma íntegramente una sentencia que revocaba el despido de una trabajadora
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BarcelonaEl Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado íntegramente una sentencia que consideraba justificada la ausencia de una trabajadora que se vio obligada a faltar al trabajo por el estado de salud de su perra, a quien se le acabó aplicando la eutanasia. Ahora, esta sentencia marca una nueva jurisprudencia ante una casuística sobre la cual hay pocas normativas y protocolos: declara improcedente el despido por acumulación de ausencias y recuerda que la consideración de los animales como seres sensibles y también las obligaciones legales de atención de quienes los cuidan también se deben tener en cuenta a la hora de aplicar las normas laborales.
La resolución confirmada por el alto tribunal, emitida inicialmente por el juzgado de lo social de Barcelona, va más allá de este caso concreto y propone una nueva forma de entender las bajas laborales para cuidar animales de compañía. El texto admite que “no existe un permiso o licencia en el Estatuto de los Trabajadores” que responda a la necesidad imperiosa de atender a un animal a cargo. Aun así, la sentencia concluye que esta atención forma parte de las responsabilidades y obligaciones legalmente establecidas para los propietarios de animales de compañía. Todo ello también teniendo en cuenta la existencia de “razones humanitarias, éticas y morales que justifican que se haya priorizado la salud de un animal doméstico que prácticamente agonizaba respecto de la obligación de acudir al puesto de trabajo”.
Por todo esto, el TSJC considera que la ausencia de la trabajadora justo cuando tuvieron que someter a su perra a un procedimiento de eutanasia urgente respondía a una “causa de cumplimiento obligado, de carácter urgente y sobrevenido”. Esto impide calificarlo como una falta disciplinaria aunque ni el Estatuto de los Trabajadores ni el convenio colectivo de la empresa donde trabajaba tengan en cuenta un permiso específico para estas situaciones.
El cambio social y la nueva legislación
Más allá de confirmar el criterio del juzgado, el TSJC profundiza en la necesidad de interpretar las normas laborales atendiendo al cambio social y cultural: los humanos ya no nos relacionamos con los animales de la misma manera que hace un tiempo. En este sentido, la resolución del TSJC recuerda que la ley de bienestar animal de 2023 no solo establece la obligación de prestar cuidados al animal sino también “a mantener unas condiciones de vida dignas, que garanticen su bienestar, derechos y desarrollo saludable y prestar al animal los cuidados sanitarios necesarios para garantizar su salud”.
Asimismo, el alto tribunal cita el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que obliga a los estados miembros de la UE a legislar tomando en consideración la obligación de garantizar plenamente el bienestar animal. Un imperativo que, en el caso del Estado, también se ha traducido, entre otros, en la reforma del Código civil el año 2021 con el fin de calificar a los animales “ya no como simples cosas o bienes muebles, sino como seres que sienten”.
También los Mossos, tal como explicó recientemente el ARA, están investigando más casos de maltrato animal a raíz de la nueva ley aprobada en 2023. Cada día se registra un delito contra los animales en Cataluña.
Cuatro ausencias
En el caso concreto de la trabajadora, la despidieron después de haber acumulado cuatro supuestas ausencias injustificadas en un mes. Una de ellas era el 29 de noviembre de 2024, cuando el empeoramiento del estado de salud de su perra obligó a aplicarle de urgencia la eutanasia. El TSJC considera que los hechos acreditan que el estado del animal justificaba “la necesidad de no demorar hasta que finalizase la jornada laboral poner fin al sufrimiento de su perro”. Por tanto, rechaza el argumento de la empresa según el cual la atención se podía haber hecho fuera del horario laboral.
“La necesidad de evitar el sufrimiento de un animal con quien convivimos tiene una dimensión afectiva evidente, pero también una dimensión jurídica que la empresa no puede ignorar cuando valora estos hechos”, afirma, en este sentido, Albert Vallribera, abogado del Colectivo Ronda que ha representado a la trabajadora. El abogado también cree que la sentencia representa un nuevo paradigma legal, pero avisa de que hay que avanzar en una regulación específica que aporte seguridad a los trabajadores. “La sentencia justifica esta ausencia a efectos disciplinarios, pero todavía nos falta una regulación que establezca cómo se deben atender estas necesidades excepcionales, urgentes y acreditadas”, concluye.