Un delito contra los animales al día: así se persigue a los maltratadores

BarcelonaUn caso de maltrato de un caballo se resolvió como si fuera un crimen. En el recinto donde lo agredieron, los Mossos d'Esquadra encontraron una herramienta manchada con sangre y esta fue la clave para solucionar el caso. El caballo pertenecía a una raza muy concreta y tenía su perfil genético oficialmente registrado en una base de datos. Comparando esta información, la policía pudo confirmar que el ADN del animal correspondía con el que había en la herramienta. Aquella había sido el arma con la que lo maltrataron. Este es un ejemplo de las investigaciones que, de forma más frecuente, debe afrontar la división de Medio Ambiente de los Mossos.

Actualmente se denuncia más de un delito contra los animales al día. Según los datos a los que ha tenido acceso el ARA, los Mossos han tenido constancia de 231 casos hasta el mes de agosto. En todo el 2025 la policía tuvo conocimiento de 251 casos, y en 2024, fueron 162. Se trata de un aumento que la subinspectora de la División, Gemma Ribera, atribuye principalmente a dos elementos: un cambio en el Código Penal que facilita la tarea policial y más concienciación social hacia el bienestar de los animales.

Ribera explica que, antes de la reforma de 2023, la normativa exigía que las lesiones causaran graves daños a la salud del animal para ser considerado un delito penal. Era, sin embargo, un concepto jurídico muy amplio y subjetivo, que requería peritajes veterinarios complejos y la interpretación de jueces o fiscales para determinar si constituía un delito. Ahora, la nueva redacción se inspira en el delito de lesiones a las personas y establece que lo es cualquier lesión que requiera tratamiento veterinario, hecho que facilita la interpretación del tipo penal.

De hecho, hasta 2023 la ley protegía a los animales domésticos, de compañía o bajo custodia humana, pero dejaba fuera a los animales salvajes. La subinspectora lo ilustra con un ejemplo real de dos zorros. Primero, investigaron un caso de ensañamiento contra un zorro salvaje en libertad, pero la denuncia penal no siguió adelante porque la normativa antigua no protegía a los animales salvajes. Poco después trataron el caso de un zorro que había sido capturado, encerrado en una jaula y maltratado. Ahora, como el animal sí se encontraba bajo custodia humana, sí se consideró delito. Con la reforma de 2023, se establece la protección penal para todos los animales vertebrados, al margen de si son salvajes o si viven en libertad.

Estos cambios han permitido a los Mossos investigar mejor y más casos de delitos contra los animales. Estos van, según explica Ribera, desde la agresión hasta la omisión de atención –no dar comida o agua, por ejemplo–, el abandono con un claro riesgo vital para el animal, la muerte e, incluso, casos de violencia vicaria; es decir, herir o matar al animal con la intención directa de provocar daño o sufrimiento psicológico a la pareja.

Detección de conductas

La aparición del nuevo delito explica parte del aumento de los delitos registrados, pero también la evolución de la sociedad. "La sensibilidad de la gente es diferente. Ahora se detectan conductas que antes eran normales como posibles maltratos", explica Ribera. De hecho, la gran mayoría de alertas que reciben son de vecinos que, por ejemplo, ven mucho tiempo a un perro atado o encerrado en un balcón, o de familiares que ven que un animal no está en condiciones dignas. "Cada vez más, y sobre todo en entornos urbanos, el animal ya forma parte de las familias como un miembro más", apunta la subinspectora.

En este sentido, afirma que continúa detectando diferencias en el tratamiento de los animales en el entorno urbano y rural, aunque se van reduciendo. "Debemos huir del concepto de que el animal urbano es el que está en perfectas condiciones y el que está en el mundo rural no. Hay animales que son de trabajo", apunta. Hasta el punto de que afirma que, a veces, los animales domésticos de ciudades, cuando están muy encerrados en casa o salen poco, pueden vivir en peores condiciones que un perro de una masía, a pesar de estar sucio o dormir en el exterior.

Los casos de maltrato que más se investigan son los que afectan a perros y gatos. A modo de ejemplo, en Barcelona hay un perro por cada diez habitantes. Últimamente, sin embargo, empiezan a subir los casos que afectan a otros animales, como los caballos. Estos últimos casos representan un gran reto logístico, ya que la prioridad de la policía, expone Ribera, es preservar la salud del animal y, si es necesario, retirar la custodia del propietario y llevarlo a un lugar seguro mientras avanza la investigación.

Guía de indicadores

Los agentes de seguridad ciudadana, los policías que se suelen ver patrullando por las calles, son los primeros que llegan a la casa o el entorno donde esté el animal. Todos ellos tienen una guía de indicadores de bienestar diseñada por el Colegio de Veterinarios de Cataluña, los cuales permiten a los agentes evaluar de manera objetiva tanto el estado físico del animal (heridas abiertas, fracturas, deshidratación) como las condiciones del entorno (acceso a agua, comida, limpieza o exposición a temperaturas extremas). Si hay que retirar la custodia del animal, el encargado de acogerlo es el Ayuntamiento. Cuando se trata de animales grandes como los caballos, la policía coordina la recolocación con el departamento de Agricultura.

La División de Medio ambiente, con unidades especializadas en todas las regiones policiales del país, es la que se encarga de los casos más complejos o difíciles de probar. Tiene la sede central en Sabadell, donde también se asumen los casos de gran magnitud o que implican redes estructuradas, como el caso Bitxets, que ahora hace dos años consiguió liberar más de 400 cachorros de los tentáculos de una banda que los explotaba y los maltrataba.

A menudo, las investigaciones policiales no se diferencian mucho de las causas por homicidio: se hacen necropsias para establecer las causas de la muerte de un animal, estudios de balística cuando hay indicios de que lo han matado con un arma de fuego –si la caza no está reglamentada y no se tienen los permisos correspondientes es un delito– y, como se ha visto en el caso del caballo, también pruebas de ADN.