La sentencia de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, la condena más dura a un exministro, no ha hecho cambiar ni un milímetro el guion de la Moncloa. A pesar de que es la primera que afecta al gobierno de Pedro Sánchez, desde el ejecutivo consideran que la causa ya estaba descontada y que se apartaron en el momento oportuno del extitular de Transportes y tótem del PSOE. "Antes de que lo imputaran formalmente, le pedimos el acta de diputado y acabó en el grupo mixto", sentencian desde el gobierno español. En concreto, fue la comisión ejecutiva federal del PSOE el 26 de febrero de 2024: le dieron 24 horas para hacerlo y asumir la responsabilidad política del caso Koldo, a pesar de que en aquel momento no había todavía imputación formal del exministro. Ahora, esta responsabilidad in vigilando no opera en el caso de Sánchez, por haberle hecho confianza, y la Moncloa considera que ya ha pagado el precio político de este caso: haberlo apartado y emprender planes anticorrupción todavía en proceso de aplicación, también a raíz del caso de Santos Cerdán.

No hay ninguna duda de que a Begoña Gómez le han retirado el pasaporte para escarnirla a ella y a su marido, a ver si abandona de una vez la presidencia del gobierno español. La derecha y ultraderecha madrileñas (valga la redundancia) ya no están dispuestas a esperar ni un minuto más a que convoque elecciones. Por eso el juez (aguántame el cubata) considera que la escolta policial de la familia Sánchez podría colaborar en una huida de España. Ya hace meses que lo escribimos aquí: al presidente socialista lo quieren en prisión.La derecha nacionalista española (disculpen otra vez la repetición) está rabiosa. ¿Por la amnistía y los indultos a los independentistas catalanes a cambio de la investidura? Sí, claro. Pero no por la bandera, que agitan farisaicamente, sino por el poder. Ocho años de presidencia socialista quiere decir ocho años sin controlar el BOE, con sus nombramientos y sus reales decretos. Desde Cataluña tenemos la perspectiva necesaria para entender que estamos asistiendo a un nuevo golpe de estado. Un golpe que no empezó con la ley de amnistía, en la que Sánchez tuvo el atrevimiento de corregir la sentencia del Supremo (y que, precisamente por eso, no se acaba de aplicar). La derecha no digirió la derrota del 2004 por las mentiras de Aznar cuando hubo los atentados de los trenes en Madrid, ni el Estatut del 2006, corregido por el Constitucional después de ser aprobado en referéndum. Aquella maniobra jurídica, y las que vinieron después con las causas por el 9-N y el 1-O, se parece bastante a esta decisión del juez pensada para atacar al ejecutivo desde un poder judicial desbocado. Y el PSOE estaba más que advertido de que, cuando conviene, no es más que la coartada necesaria para homologar España como una democracia con alternancia de partidos. Pero ahora la coartada se ha acabado. Ya se alternarán PP y Vox.

Hace meses que la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente español, Pedro Sánchez, genera malestar entre las filas socialistas: lo consideran una "persecución" contra Gómez por el hecho de ser la mujer del jefe del ejecutivo estatal. Este fin de semana, sin embargo, Peinado también ha conseguido indignar a la policía y a parte de la judicatura por el argumento que usó para justificar la retirada del pasaporte a Gómez, una medida cautelar que había solicitado la acusación popular que capitanea la entidad ultra Hazte Oír. El magistrado consideró que había riesgo de fuga porque sus escoltas podrían ayudarla en una posible huida. Un argumento que hizo enfadar al cuerpo policial y que también puso en alerta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tanto es así que este lunes la comisión permanente de este órgano estudiará si expedientar a Peinado.

El 12 de junio de 2023 el PSOE comenzó a dejar atrás la sensación de derrota. Aquel día, un desacomplejado José Luis Rodríguez Zapatero fue a la Cope a defender el "espectacular" gobierno de Pedro Sánchez, se rió de las insinuaciones de pucherazo por parte del PP y sentenció que no esperaba nada más que la reedición de un gobierno liderado por el PSOE. Carlos Herrera le decía que ni los resultados de las municipales y autonómicas ni las encuestas hacían prever que fuera un escenario plausible. Zapatero comenzó la remontada.

El semanario The Economist, con un prestigio de rigor y liberalismo ganados a pulso, sobresale también –como The New Yorker o Libération– en sus portadas. Hace unos años le dedicó una al primer ministro Tony Blair, que justo acababa de llegar a Downing Street, preguntándose: "¿Es carnívoro, Bambi?”. Con los años y la guerra de Irak, el laborista británico no solo demostró que era carnívoro sino también antropófago.

"La izquierda no puede robar", dijo hace un año Gabriel Rufián, diputado de Esquerra en el Congreso, a la bancada del PSOE. Esta advertencia resonó con fuerza ante un PSOE al que, con el caso Koldo y Cerdán y las investigaciones a Begoña Gómez y David Sánchez –mujer y hermano del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez–, aún se debían sumar los casos de Leire Díez y de el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La percepción en el debate público, sin embargo, es clara: el electorado progresista no perdona el enriquecimiento ilícito, como sí lo hace el conservador. Pero realmente, ¿la corrupción castiga más a las izquierdas que a las derechas? Lejos de ser un mito, la evidencia demuestra que es una realidad con mecanismos estudiados.

Leire Díez hace días que está bajo la lupa de la Audiencia Nacional por haber urdido presuntamente –y de la mano de Santos Cerdán– una estructura para hacer descarrilar las causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. La instrucción dará un paso más a partir de la semana que viene con la declaración del abogado Jacobo Teijelo como investigado y una batería de 24 testigos que comenzarán a desfilar ante Santiago Pedraz. Según el juez, lo que hacía la conocida como fontanera del PSOE era ofrecer "remuneraciones o favores" a cambio de información o actos que ayudaran a torpedear las investigaciones incómodas para los socialistas. Algunos de sus interlocutores creían que lo que les decía era "fantaseoso", una "pérdida de tiempo" o una "intriga", a pesar de que Leire Díez sacaba pecho de tener capacidad de maniobrar en altas instancias para conseguir sus propósitos. ¿Adónde llegaban los tentáculos que aseguraba que tenía?

Resulta complicado hablar de lawfare en los casos que acosan al PSOE por la multitud de pruebas y evidencias que se acumulan cada día, pero si hay uno que podría servir para ilustrar un caso de lawfare de manual sería el que afecta a la mujer del presidente español, Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha protagonizado una instrucción surrealista, guiada por una evidente mala fe y hostilidad hacia Pedro Sánchez y su entorno. Por eso, todo el mundo daba por hecho que el pasado lunes, cuando Begoña Gómez fue citada para una vista, el juez procedería a comunicarle su procesamiento y la apertura del juicio oral. Sorprendentemente, sin embargo, cinco días después, el juez aún no ha comunicado su decisión, y ni siquiera ha dictaminado sobre la petición de la acusación popular de retirarle el pasaporte de forma preventiva, lo que alarga sin justificación el procedimiento.

Camisa azul cielo, americana abierta y sin corbata. Pedro Sánchez ha entrado con este look casual en el hemiciclo del Congreso de los Diputados en un día de alta tensión política y judicial en Madrid: a la misma hora José Luis Rodríguez Zapatero llegaba a la Audiencia Nacional para declarar como imputado por tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y contrabando. Ya era suficiente la presión hoy como para tener que ponerse una corbata. Se han añadido sus primeras espadas: Carlos Cuerpo, que había llegado con una azul, y Félix Bolaños, que llevaba una roja.

La esperada declaración de José Luis Rodríguez Zapatero como imputado en la Audiencia Nacional no ha movido ni un milímetro el posicionamiento del PSOE. El expresidente del gobierno español ha salido conservando la libertad de movimientos después de haber negado el presunto tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra y sin aclarar algunos de los elementos más polémicos de la investigación contra él, como el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros. "Mantenemos el apoyo al presidente Zapatero", han concluido los socialistas en un comunicado, en el que reiteran que hay que respetar la presunción de inocencia. El PP, en cambio, ha hecho una lectura diametralmente opuesta. "Mantiene su pasaporte, pero también la imputación de todos sus delitos", han replicado fuentes populares. De hecho, los de Alberto Núñez Feijóo han instado a Pedro Sánchez a "retirar el carnet de militante" a Zapatero y a "abrirle un expediente informativo".

Los socios de Pedro Sánchez están cada vez más incómodos con los casos de presunta corrupción que afectan al gobierno español, y este martes Junts ha movido ficha: si bien ya hace semanas que pide la convocatoria de elecciones, ha registrado una enmienda a una moción del PP para que se pronuncie el Congreso de los Diputados. Ahora bien, la mesa de la cámara con los votos del PSOE y Sumar ha vetado la votación y no se producirá: el argumento es que convocar elecciones es una competencia "exclusiva" del presidente español y que, por tanto, la iniciativa juntaire "invade competencias constitucionalmente reservadas" al jefe del ejecutivo. La enmienda iba a salir adelante y habría sido un golpe duro para Sánchez en una semana horribilis por la agenda judicial en torno al PSOE: a pesar de no ser vinculante jurídicamente, políticamente se habría evidenciado que no tiene la confianza del Congreso y que una mayoría le reclama nuevos comicios.

En plena semana horribilis para el PSOE por la agenda judicial contra el entorno de Pedro Sánchez, los socialistas y Sumar han acordado desbloquear una de las carpetas pendientes en el Congreso. Las dos formaciones que componen el gobierno español han anunciado el impulso de la reforma del Código Penal que incluye, entre otras, la derogación de los delitos de injurias y calumnias a la Corona y el de ofensas a los sentimientos religiosos. Hacía más de dos años que esta propuesta de modificación estaba guardada en un cajón de la cámara baja. El pacto recupera la proposición de ley presentada por Sumar al inicio de la legislatura –fue tomada en consideración por el Congreso a finales del año 2023– y prevé suprimir las penas de multas y de prisión de hasta dos años por injuriar o calumniar a cualquier miembro de la familia real española o por utilizar su imagen de una manera que "pueda dañar el prestigio de la Corona", tal como se establece ahora mismo en el Código Penal.

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso el ARA, apunta el presunto rol de líder que habría ejercido Santos Cerdán en el caso Leire Díez. La Audiencia Nacional está investigando una supuesta "estructura criminal" para obstaculizar" causas judiciales y proteger los intereses" de Pedro Sánchez. El documento, de 107 páginas, refuerza los indicios que había hasta ahora y, entre otras cosas, incluye un informe sobre la "gestión de los gastos de viajes" relativos a Santos Cerdán y a otras personas de su equipo en 2024 y 2025 que elaboró el PSOE y que entregó a la UCO hace tres semanas. "Dio instrucciones verbales a su personal de apoyo para autorizar cualquier viaje solicitado por Leire Díez de tal manera que esta se comunicaba personalmente con el personal de la Secretaría para solicitar viajes", recoge el informe que hizo Santiago Llorente, coordinador de la gerencia del partido.

En menos de un mes acaba el periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados. La última semana de actividad ordinaria en la cámara baja será la del 24 de junio, cuando está prevista la comparecencia de Pedro Sánchez por los últimos escándalos judiciales en su entorno. El presidente del gobierno español deberá dar explicaciones ante la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y las revelaciones de la investigación del caso Leire Díez. Este campo de minas judicial del PSOE ha hecho que las carpetas legislativas hayan quedado en un segundo plano. Con una mayoría parlamentaria más débil que nunca, Sánchez afronta la recta final de la legislatura con serias dudas de que consiga aprobar las leyes que están en un cajón del Congreso así como los acuerdos pendientes con sus aliados de la investidura.

Las joyas de la familia Zapatero son hoy el principal foco de tensión en la política española. El expresidente del gobierno acaba de ser imputado en una pieza separada de la que ya estaba instruyendo el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. La consecuencia inmediata, más allá de que le volverán a citar para declarar, es que tan pronto se han iniciado acciones judiciales sobre sus joyas, José Luis Rodríguez Zapatero ya no las puede regularizar. El artículo 305.4 del Código Penal establece que lo podría haber hecho antes de que el juez de instrucción comunicase formalmente la apertura de diligencias.

La situación procesal del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero se complica cada día que pasa y amenaza con convertirse en un calvario para él y también para el PSOE. El episodio de las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho, a las que en un primer momento su entorno restó importancia y valoró en unos 50.000 euros y ahora resulta que han sido tasadas en 1,3 millones, deja al expresidente en una situación muy difícil. El juez ha decidido abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigarlo por presunto contrabando y delito fiscal, ya que considera que no hay constancia de que hayan sido declaradas ni de que tengan un origen claro.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha visto el documental de 3Cat que destapa los abusos que sufrieron miles de jóvenes haciendo la mili en el Estado. Lo explicó ella misma este martes por la tarde en el Senado cuando trató de quitarse de encima la presión de Junts para que se aclaren las vejaciones, torturas y violaciones durante el servicio militar obligatorio en el ejército español y, concretamente, las 1.900 muertes que la investigación periodística del programa Sense ficció estima que se produjeron por este motivo. Tanto la primera parte del documental, emitida a finales de 2024 bajo el título Et faran un home, como la segunda, Et faran un home: Morts silenciades,que la amplía con más testimonios, publicada a mediados de 2026, han provocado que los partidos independentistas y soberanistas hayan exigido la creación de una comisión de investigación en el Congreso.

"Antonio Balas: peligroso". Esta es una de las diversas anotaciones de las agendas intervenidas a Leire Díez, la principal investigada en el último caso judicial que afecta al PSOE. Se refiere al jefe del departamento de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO), Antonio Balas. Tiene 52 años y es natural de un pueblo de Badajoz, aunque este teniente coronel se forjó en el País Vasco en los años de ETA. "Si en algo puedo decir que soy un poco especialista es en el ámbito de la investigación criminal", se definía a sí mismo en un acto en noviembre de 2023, tres años después de ponerse al frente del departamento de delincuencia económica de la UCO con el objetivo de poner fin a la corrupción, que él mismo definía como "una grave amenaza [...] para el estado de derecho y para la sociedad del bienestar".

Iván Redondo (San Sebastián, 1981) se ha convertido ya en un mito de la comunicación política en España. Fue el poder en la sombra de la Moncloa de 2018 a 2021 como jefe de gabinete de Pedro Sánchez y previamente se había iniciado en Badalona con Xavier García Albiol y en Extremadura con el gobierno de José Antonio Monago. Cinco años después de salir del gobierno español, explica por qué se marchó y las claves para ganar elecciones en El manual (2026, Contraluz).

Cuando todavía no se ha disipado el impacto de la imputación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el caso Leire, que investiga una presunta trama para torpedinar casos judiciales que afectaban a miembros del gobierno o del entorno de Pedro Sánchez, amenaza con convertirse en una bomba de relojería contra el PSOE. En las últimas horas hemos visto cómo el sumario ha obligado a los socialistas a matizar o directamente rectificar declaraciones anteriores. Ahora, por ejemplo, ya no se puede afirmar que Leire Díez no era nadie en el PSOE, cuando sabemos que se reunió 22 veces con Santos Cerdán; que entraba con normalidad en Ferraz; que hablaba con la presidenta del partido, Cristina Narbona, y que se reunió hasta en tres ocasiones con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.