Hace una década, cuando un presidente de la Generalitat aterrizaba en Madrid, era para defender la posibilidad de que Cataluña votara en una consulta sobre la independencia. Lo hizo Artur Mas primero; después Carles Puigdemont, Quim Torra y, finalmente, Pere Aragonès. Diez años después, en cambio, con ya unas nuevas mayorías en el Parlament, el gobierno catalán se presenta como la mejor garantía de "cooperación institucional" y "lealtad" al proyecto del gobierno de España. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha protagonizado este lunes un desayuno informativo en la capital española, organizado por Efe y RTVE, en el que ha remarcado el momento que vive la Cataluña sin Procés: la Generalitat tiene presupuestos; "lidera" la nueva propuesta de financiación donde todas las autonomías ganan recursos, y es sinónimo de "estabilidad". Además, ha pedido "celeridad" a la hora de aplicar la ley de amnistía, hurgando en la llaga a aquellos como el PP y Vox que acusan al PSOE de reavivar el independentismo: "Es la primera vez en cuarenta años que no hay mayoría nacionalista e independentista. No ha revitalizado, al contrario [...]. Sé de qué hablo".

Seguramente no sorprenderá a nadie si afirmamos que Salvador Illa es el principal pilar que le queda a Pedro Sánchez en el Estado. El actual jefe del ejecutivo catalán fue la apuesta del líder del PSOE para volver a conquistar el Palau de la Generalitat en 2021 después de años de gobiernos independentistas. No lo consiguió a la primera, pero tras tres años de espera los socialistas volvieron a presidir el Gobierno. Su idilio había nacido de la etapa de Illa como ministro de Sanidad: fue en plena pandemia cuando los dos dirigentes socialistas forjaron un vínculo, político y personal, que no se ha resquebrajado con el paso de los años. Tampoco ahora, cuando el presidente español atraviesa su peor momento de la legislatura, asediado por diversas causas judiciales que implican a su entorno político y personal más cercano. De hecho, ha sido ahora cuando Salvador Illa le ha mostrado su apoyo más incondicional. También con el riesgo de ligar su futuro político a la suerte del presidente español.

Las causas del entorno del PSOE tienen algunos vasos comunicantes. Uno de estos denominadores comunes son los principales investigados –José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García–, que se repiten en diferentes juzgados. Pero otro son personas que nunca habían estado en política, que no estaban inicialmente en el radar y que se han acabado convirtiendo en piezas clave de las investigaciones que están en marcha.

La batalla de PP y PSOE trasciende los asuntos internos y ya tiene consecuencias en la relación con terceros países. Más de tres años después de que el gobierno de Pedro Sánchez suscribiera un tratado de amistad con Francia, en enero de 2023 en Barcelona, todavía no ha entrado en vigor. Uno de los motivos de este bloqueo es la posición contraria de los populares, que consideran que uno de los puntos del documento es inconstitucional. En el PP justifican su oposición porque aseguran que el ejecutivo español ha hecho un "chapuza legislativa". Enmarcan la crítica en su denuncia generalizada de las formas de Sánchez, a quien acusan de pisotear constantemente el estado de derecho, también con este acuerdo bilateral con Francia. El gobierno español, por contra, atribuye al PP una voluntad de "sabotear los intereses de los españoles" por intereses partidistas.

La noche del 23 de julio de 2023 el PP se quedó a 1.749 papeletas del decimoséptimo diputado en Madrid. Al cabo de una semana, lo obtuvo gracias al voto de los madrileños residentes en el extranjero (el PP superó al PSOE por 8.600 votos en este escrutinio). Fue la única incidencia del llamado voto CERA (censo electoral de residentes ausentes), que ahora el PP y Vox criminalizan con la vista puesta en la supuesta "trama" que Pedro Sánchez prepara para el año que viene.

La Audiencia Nacional imputa a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el caso Leire Díez y la cita a declarar el 16 de julio. No es el único cargo del instituto armado que el tribunal considera bajo sospecha: también investiga al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, por las presuntas maniobras de Díez para frenar las investigaciones que afectan al entorno del presidente español, Pedro Sánchez. En concreto, el juez Santiago Pedraz, que ha tomado esta decisión tras la petición de la Fiscalía y las acusaciones populares lideradas por el PP, cree que podrían haber cometido delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

“Quince días antes estaba sentado en una mesa donde se tomaban decisiones que afectaban a todo un país. Quince días después, estaba solo, en nueve metros cuadrados, intentando entender cómo había llegado hasta allí”. Cuando hace exactamente un año que entró en prisión, Santos Cerdán ha publicado La caída. Poder, relato y destrucción en la era del juicio político, el libro en que rompe el silencio. A lo largo de 164 páginas autoeditadas, relata sus vivencias durante los casi cinco meses que estuvo en Soto del Real, explica cómo vivió los días que desembocaron en su caída y hace una larga disertación filosófica sobre la Justicia y los medios de comunicación. Se queja, por ejemplo, de que la opinión pública es un “tribunal permanente sin garantías” que le ha impuesto una “condena social anticipada” y atribuye la investigación sobre él a “algo que no buscaba la verdad”.

Este fin de semana el PP de Catalunya ha celebrado su congreso, y ha venido el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, que ha pronunciado la frase: “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”. La frase ha sido interpretada como un ofrecimiento a Junts para que algún día sea posible que el candidato del PP a la presidencia del gobierno español reciba sus votos. Junts ya debe saber qué quiere hacer, pero parecería que Feijóo está jugando a una confusión interesada: Junts votó con el PP y Vox que Sánchez debía dimitir, pero ha dicho de todos los colores que no piensa investir a Feijóo, o sea que de momento Feijóo tendrá que esperar.Pero es interesante profundizar en la frase de Feijóo para ver qué entiende el candidato popular por eso de querer pasar página.Y la respuesta no puede ser más previsible: que Catalunya vuelva a la vía autonómica de régimen común, que pague, que calle y si ha de hacer alguna cosa excepcional, que la haga para ofrendar nuevas glorias a España. Y entonces es cuando Feijóo se saca del sombrero de copa el conejo de la Sagrada Familia. Miren este tuit en las redes:“La imagen de la Sagrada Familia. La que el PP quiere representar”. Me recordó aquello que pasó hace unos cuantos años, cuando TVE estrenó Operación Triunfo y el PP dijo que el concurso encarnaba sus valores de esfuerzo y meritocracia para conseguir el éxito. ¿Que una cosa funciona y gusta? Se la hacen suya. Suya, a su manera. Escuchen este minuto y medio de Feijóo, muy revelador del pensamiento que tiene sobre Cataluña:“Quiero citar algo que ha sorprendido otra vez, por fin, y que desde hacía décadas que no veíamos en Cataluña. Es un momento que emocionó a millones de personas, y no es otro que la extraordinaria inauguración de la torre de Jesús de la Sagrada Familia con el papa León XIV. Fue el símbolo de una Cataluña capaz, de una Cataluña que volvía a pensar en grande. Capaz de hacer cosas extraordinarias y capaz de construir una ambición colectiva”. Mire, señor Feijóo, celebro mucho que le gustara la ceremonia de bendición de la torre más alta de la Sagrada Familia, pero contrate a un escritor de discursos que no le mezcle peras con manzanas. ¿Dice que le “ha sorprendido otra vez, por fin”? ¿Por fin qué? ¿“Que desde hacía décadas que no veíamos a Cataluña”? ¿De verdad piensa que Cataluña no ha hecho nada bueno en 34 años, entre los Juegos del 92 y la inauguración de hace unos días? ¿Que representar el 25% de las exportaciones españolas y el 20% del PIB se ha hecho solo? ¿Que el jugador a quien se encomiendan los seguidores de la roja y tiene medio mundo enamorado ha salido como un hongo? ¿Le parece que querer la independencia no es pensar en grande, que organizar un referéndum para discutirlo como hacen los países más democráticos no es propio de un país “capaz de hacer cosas extraordinarias y capaz de construir una ambición colectiva?” Aquí el que no es capaz de hacer cosas es el Estado. Y no me refiero a hacer cosas extraordinarias, sino ordinarias, como conseguir que los trenes funcionen. Lo que tiene mérito, señor Feijóo, es que con el déficit fiscal –extraordinario, este sí– que hace décadas que se arrastra, los catalanes, como decía su predecesor Rajoy, hagan cosas. Pero continúe, por favor. "Aquel día no vimos una parte de Cataluña imponerse a la otra; no vimos una parte de España en contra del resto de España. No, lo que vimos fue una parte de España ofreciendo lo mejor que tiene, y queremos volver a verlo más".

En una semana marcada por la sentencia contra José Luis Ábalos, las agendas de José Luis Rodríguez Zapatero y la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para hablar de las causas judiciales que persiguen al PSOE, ha planeado otro nombre propio relacionado con la presunta corrupción. Se trata del de Yolanda Santos, concejala socialista en el Ayuntamiento de Soria, detenida este martes por la Guardia Civil. Según los investigadores, la responsable de las áreas de Medio Ambiente y Turismo en el municipio habría podido cometer irregularidades en la adjudicación de contratos a una empresa a la que había estado vinculada hace unos años.

El futuro de la vida política española se juega en estos momentos en dos escenarios diferentes, cada uno de los cuales tiene sus propios ritmos y liturgias, lo que hace que sea difícil acertar en los pronósticos. El primer campo es el judicial y el segundo, el estrictamente político. Pongo por delante el de la justicia, porque, hoy por hoy, si cae el gobierno de Pedro Sánchez no será por problemas de gestión, por graves errores en las decisiones clave del ámbito económico o las relaciones exteriores. El asedio al ejecutivo no lo está consiguiendo hacer la oposición, sino las unidades especializadas en delitos económicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto con los jueces y tribunales implicados en la persecución penal del PSOE. No estoy hablando de lawfare, sino de una situación de hecho, en la que la actualidad política viene marcada por el contenido de los atestados y las diligencias de los sumarios.

Es la guinda que le quedaba a Pedro Sánchez tras el debate de esta semana en el Congreso sobre la corrupción: poner a prueba su fuerza dentro del PSOE. El partido se ha reunido en un comité federal para poner rumbo hacia las elecciones municipales y autonómicas del año que viene y el discurso de Sánchez ha sido ya en modo electoral. “El PP y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino la vuelta de la corrupción sistémica”, ha asegurado, y ha dicho que lo único que puede frenar que lleguen al poder y deroguen los servicios públicos es el PSOE. Además, les ha lanzado un dardo por haberse aliado con Junts en el Congreso para reclamarle la dimisión esta semana y lo ha hecho con un gesto de complicidad al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se sentaba en una de las primeras filas del comité federal: “Salva, estimado president, las vueltas que da la vida. Porque ver al PP y Vox votando con el partido de Carles Puigdemont, tratar de hacernos fuera del gobierno con la que montaron con la amnistía [...] y ahora resulta que están de acuerdo”.

Hay días que se ve venir una situación nueva, en la que se intuye, incluso, un cambio de época. Y, desde nuestro punto de vista, esto es lo que pasó ayer en Madrid.  El debate en el Congreso sobre las explicaciones de Sánchez fue como podía imaginarse: Sánchez defendiéndose del PP con el 'y tú más' (porque, claro, el PP puede escribir enciclopedias sobre corrupción), acusando a la justicia de sesgo y por tanto, de lawfare, dando un giro un poco forzado, presentando al PSOE como una víctima de la corrupción de Ábalos y de Cerdán, y reducción de los delitos a un puñado concreto de delincuentes. Y Feijóo diciéndole de todo. Y Rufián pidiendo un plan de gobierno. Y Junts haciendo una propuesta inesperada, esta sí, de decirle a Sánchez: “invistamos a un nuevo presidente socialista y celebremos las elecciones cuando toca, el año que viene” (propuesta que Sánchez se quitó de encima invitando a Junts a votar una moción de censura de Feijóo, cosa que Junts no hará). Esta sería una crónica ajustada a los hechos de lo que oímos ayer.Pero hubo más, mucho más. Porque, ¿saben qué? Feijóo le espetó a Sánchez que será imputado muy pronto. Y la portavoz del PP en el Congreso dijo que habrá gente que empezará a cantar, como el corruptor Aldama, que no entrará en la cárcel y ha salvado tres millones de euros de comisiones que no tendrá que devolver. O sea, el PP sabe qué están preparando los jueces y qué informes están preparando la Policía y la Guardia Civil. Y por la tarde, Begoña Gómez, mujer de Sánchez, tuvo que ir personalmente a entregarle el pasaporte al juez, y se filtró toda la agenda de Zapatero.

La sentencia de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, la condena más dura a un exministro, no ha hecho cambiar ni un milímetro el guion de la Moncloa. A pesar de que es la primera que afecta al gobierno de Pedro Sánchez, desde el ejecutivo consideran que la causa ya estaba descontada y que se apartaron en el momento oportuno del extitular de Transportes y tótem del PSOE. "Antes de que lo imputaran formalmente, le pedimos el acta de diputado y acabó en el grupo mixto", sentencian desde el gobierno español. En concreto, fue la comisión ejecutiva federal del PSOE el 26 de febrero de 2024: le dieron 24 horas para hacerlo y asumir la responsabilidad política del caso Koldo, a pesar de que en aquel momento no había todavía imputación formal del exministro. Ahora, esta responsabilidad in vigilando no opera en el caso de Sánchez, por haberle hecho confianza, y la Moncloa considera que ya ha pagado el precio político de este caso: haberlo apartado y emprender planes anticorrupción todavía en proceso de aplicación, también a raíz del caso de Santos Cerdán.

No hay ninguna duda de que a Begoña Gómez le han retirado el pasaporte para escarnirla a ella y a su marido, a ver si abandona de una vez la presidencia del gobierno español. La derecha y ultraderecha madrileñas (valga la redundancia) ya no están dispuestas a esperar ni un minuto más a que convoque elecciones. Por eso el juez (aguántame el cubata) considera que la escolta policial de la familia Sánchez podría colaborar en una huida de España. Ya hace meses que lo escribimos aquí: al presidente socialista lo quieren en prisión.La derecha nacionalista española (disculpen otra vez la repetición) está rabiosa. ¿Por la amnistía y los indultos a los independentistas catalanes a cambio de la investidura? Sí, claro. Pero no por la bandera, que agitan farisaicamente, sino por el poder. Ocho años de presidencia socialista quiere decir ocho años sin controlar el BOE, con sus nombramientos y sus reales decretos. Desde Cataluña tenemos la perspectiva necesaria para entender que estamos asistiendo a un nuevo golpe de estado. Un golpe que no empezó con la ley de amnistía, en la que Sánchez tuvo el atrevimiento de corregir la sentencia del Supremo (y que, precisamente por eso, no se acaba de aplicar). La derecha no digirió la derrota del 2004 por las mentiras de Aznar cuando hubo los atentados de los trenes en Madrid, ni el Estatut del 2006, corregido por el Constitucional después de ser aprobado en referéndum. Aquella maniobra jurídica, y las que vinieron después con las causas por el 9-N y el 1-O, se parece bastante a esta decisión del juez pensada para atacar al ejecutivo desde un poder judicial desbocado. Y el PSOE estaba más que advertido de que, cuando conviene, no es más que la coartada necesaria para homologar España como una democracia con alternancia de partidos. Pero ahora la coartada se ha acabado. Ya se alternarán PP y Vox.

Hace meses que la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente español, Pedro Sánchez, genera malestar entre las filas socialistas: lo consideran una "persecución" contra Gómez por el hecho de ser la mujer del jefe del ejecutivo estatal. Este fin de semana, sin embargo, Peinado también ha conseguido indignar a la policía y a parte de la judicatura por el argumento que usó para justificar la retirada del pasaporte a Gómez, una medida cautelar que había solicitado la acusación popular que capitanea la entidad ultra Hazte Oír. El magistrado consideró que había riesgo de fuga porque sus escoltas podrían ayudarla en una posible huida. Un argumento que hizo enfadar al cuerpo policial y que también puso en alerta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tanto es así que este lunes la comisión permanente de este órgano estudiará si expedientar a Peinado.

El 12 de junio de 2023 el PSOE comenzó a dejar atrás la sensación de derrota. Aquel día, un desacomplejado José Luis Rodríguez Zapatero fue a la Cope a defender el "espectacular" gobierno de Pedro Sánchez, se rió de las insinuaciones de pucherazo por parte del PP y sentenció que no esperaba nada más que la reedición de un gobierno liderado por el PSOE. Carlos Herrera le decía que ni los resultados de las municipales y autonómicas ni las encuestas hacían prever que fuera un escenario plausible. Zapatero comenzó la remontada.

El semanario The Economist, con un prestigio de rigor y liberalismo ganados a pulso, sobresale también –como The New Yorker o Libération– en sus portadas. Hace unos años le dedicó una al primer ministro Tony Blair, que justo acababa de llegar a Downing Street, preguntándose: "¿Es carnívoro, Bambi?”. Con los años y la guerra de Irak, el laborista británico no solo demostró que era carnívoro sino también antropófago.

"La izquierda no puede robar", dijo hace un año Gabriel Rufián, diputado de Esquerra en el Congreso, a la bancada del PSOE. Esta advertencia resonó con fuerza ante un PSOE al que, con el caso Koldo y Cerdán y las investigaciones a Begoña Gómez y David Sánchez –mujer y hermano del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez–, aún se debían sumar los casos de Leire Díez y de el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La percepción en el debate público, sin embargo, es clara: el electorado progresista no perdona el enriquecimiento ilícito, como sí lo hace el conservador. Pero realmente, ¿la corrupción castiga más a las izquierdas que a las derechas? Lejos de ser un mito, la evidencia demuestra que es una realidad con mecanismos estudiados.

Leire Díez hace días que está bajo la lupa de la Audiencia Nacional por haber urdido presuntamente –y de la mano de Santos Cerdán– una estructura para hacer descarrilar las causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. La instrucción dará un paso más a partir de la semana que viene con la declaración del abogado Jacobo Teijelo como investigado y una batería de 24 testigos que comenzarán a desfilar ante Santiago Pedraz. Según el juez, lo que hacía la conocida como fontanera del PSOE era ofrecer "remuneraciones o favores" a cambio de información o actos que ayudaran a torpedear las investigaciones incómodas para los socialistas. Algunos de sus interlocutores creían que lo que les decía era "fantaseoso", una "pérdida de tiempo" o una "intriga", a pesar de que Leire Díez sacaba pecho de tener capacidad de maniobrar en altas instancias para conseguir sus propósitos. ¿Adónde llegaban los tentáculos que aseguraba que tenía?

Resulta complicado hablar de lawfare en los casos que acosan al PSOE por la multitud de pruebas y evidencias que se acumulan cada día, pero si hay uno que podría servir para ilustrar un caso de lawfare de manual sería el que afecta a la mujer del presidente español, Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha protagonizado una instrucción surrealista, guiada por una evidente mala fe y hostilidad hacia Pedro Sánchez y su entorno. Por eso, todo el mundo daba por hecho que el pasado lunes, cuando Begoña Gómez fue citada para una vista, el juez procedería a comunicarle su procesamiento y la apertura del juicio oral. Sorprendentemente, sin embargo, cinco días después, el juez aún no ha comunicado su decisión, y ni siquiera ha dictaminado sobre la petición de la acusación popular de retirarle el pasaporte de forma preventiva, lo que alarga sin justificación el procedimiento.