Esta mañana ha comenzado con un rumor que ha derivado en pregunta: después de que Junts haya anunciado que no votará los dos decretos de vivienda, ¿Pedro Sánchez anunciará la convocatoria de elecciones? Porque el escenario es propicio: el caso Maricarmen ha dado la vuelta al mundo (incluso ha llegado al Papa), ha sacado a la gente a la calle; con los dos decretos, el PSOE se ponía al lado de la gente de la calle, ergo si alguna vez ha habido una coyuntura mínimamente favorable al PSOE para convocar elecciones era esta. El caso Maricarmen ha borrado a Ceuta del debate. Con Ceuta no podías ir a elecciones, pero con la Maricarmen sí. Ahora hay un corte limpio: derechas e izquierdas.

Juan tiene 72 años y camina entre las tiendas plantadas en la Puerta del Sol. Acaba de hacer una foto y la enseña: es la placa, en forma de rombo, bajo el cartel que da nombre a esta plaza de Madrid y que colocó el ayuntamiento de Manuela Carmena en homenaje al 15-M. "Dormíamos y despertamos", dice. Juan se la mira y la recita en voz alta, para seguidamente explicar que tiene dos hijos de 37 y 39 años que hace solo tres años que se han podido independizar. "Pensábamos que con un gobierno progresista ya estaba todo hecho y, en realidad, no había nada hecho", se lamenta. Este es un sentimiento compartido entre los manifestantes que están en la Puerta del Sol en la capital estatal: se palpa en las conversaciones, en las pancartas y en las declaraciones públicas del Sindicato de Inquilinas. ¿Nos encontramos ante el 15-M de Pedro Sánchez?

El desahucio de Maricarmen Abascal ha desencadenado una ola de indignación que se visualizó el miércoles en las calles de Madrid, Barcelona y diversas ciudades del Estado, y se ha repetido este sábado en una manifestación en el centro de la capital española que ha acabado en una acampada. Bajo el lema Ni una Maricarmen más, miles de personas se han concentrado en la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, para caminar hasta el Ayuntamiento de Madrid y terminar en el Congreso de los Diputados. En total, han salido a la calle 25.000 personas, según la delegación del gobierno español –300.000 según los organizadores. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha terminado la manifestación llamando a acampar en la Puerta del Sol y las tiendas se han extendido por esta plaza del centro de Madrid durante toda la noche.

En los últimos días ha emergido un nuevo torpedo que el PP utiliza para disparar contra Pedro Sánchez y el gobierno español. La semana pasada, Beatriz Biedma, la jueza de Badajoz que investigó y envió al banquillo de los acusados al hermano del líder del PSOE, pidió personarse como acusación particular en la Audiencia Nacional en la causa sobre Leire Díez. ¿El motivo? Las presuntas maniobras para apartarla de la instrucción del caso de David Sánchez. Desde entonces, han ido apareciendo en cascada noticias que hablan de una supuesta relación entre el clan de narcotraficantes de Los Rochos y las bautizadas políticamente y mediáticamente como cloacas del PSOE. Y el PP se ha aferrado a ello durante la sesión de control en el Congreso para abalanzarse contra la Moncloa.

El PSOE pierde apoyos, pero resiste y volvería a ganar las elecciones, según el primer CIS después de la crisis en Ceuta. El barómetro de septiembre, publicado este lunes, da a los socialistas el 31% de los votos, dos puntos menos que en la encuesta de julio, y ve cómo el PP le recorta distancias, que se sitúa a solo 5,5 puntos de diferencia –en la anterior eran casi ocho–. Los populares, sin embargo, solo suben medio punto en estimación de voto, del 25 al 25,5%. La extrema derecha de Vox, que está centrando buena parte de su discurso en la crisis migratoria, obtiene un crecimiento limitado, de 1,3 puntos (del 15,3% al 16,6%), mientras que Se Acabó la Fiesta, el partido del ultra Alvise Pérez, cae del 2,6% al 1,8%. "La auténtica encuesta se producirá en las urnas", ha dicho este lunes al respecto la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, a pesar de que este sondeo es mucho más favorable que las encuestas que se publicaron la semana pasada. Desde el diario El País hasta La Razón y el Abc daban una clara victoria al voto de la derecha frente al apoyo a la izquierda. Por este motivo, desde el PP han calificado el pronóstico del CIS de un "chiste" y una "broma de mal gusto", informa Andrea Zamorano.

El PSOE mantiene inalterado el guion que ha instaurado desde que estalló el caso Leire Díez y continúa levantando un muro entre Ferraz y la conocida como fontanera socialista. Ahora ha sido el turno de Ana María Fuentes, la actual gerente del partido, que ha declarado en la Audiencia Nacional como investigada por falsedad en documento mercantil. La Guardia Civil y el juez Santiago Pedraz sospechan que falseó facturas y notas de encargo para hacer llegar dinero a Leire Díez y, de paso, disimular los pagos. Fuentes presentes en la declaración explican al ARA que Ana María Fuentes ha cargado las culpas a Santos Cerdán, que en aquel momento era el secretario de organización del partido y también está investigado, alegando que él era quien tomaba las decisiones y quien ordenaba y daba el visto bueno a las órdenes de encargo, a las facturas y a los pagos. Ella ha defendido que hacía lo que él le decía, que se limitaba a pagar y que “no controlaba” expresa y específicamente en qué se gastaba el dinero.

La semana termina con la resaca del debate de ayer en el Congreso. Solo 24 horas después ya se confirma aquello que avanzábamos ayer sobre la marcha: las explicaciones de Sánchez llegaron tarde, quedan ensombrecidas por la realidad de los miles de personas que todavía deambulan por Ceuta y, por tanto, el presidente español está sentenciado. Ni oposición ni socios de investidura se creen que Marruecos no hubiera tenido nada que ver (es imposible que el desplazamiento ilegal de setenta mil personas pase por alto de un régimen como Marruecos) y por tanto Sánchez se mueve entre la figura de quien por sentido de estado no quiere indisponerse con un vecino con capacidad de complicarte la vida y la del presidente víctima de un chantaje de Marruecos. Eso de que Sánchez está sentenciado es una metáfora, pero para el PP y Vox es un deseo. Feijóo dijo ayer que “Sánchez pagará su gestión, en las urnas y en los tribunales”. Y es que Vox ya hace tiempo que recuerda que se puede juzgar a Sánchez por traición, un procedimiento que está regulado en el artículo 102 de la Constitución y del cual se ocuparía la sala penal del Tribunal Supremo y que consiste en una iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados y exige la aprobación de la mitad más uno de los diputados (esto sería 176), y PP y Vox solos no llegan, son 169.Más allá de cuándo y cómo termine la legislatura, el caso tiene otras dimensiones igual de graves. Por ejemplo el poder de Marruecos, aliado de los Estados Unidos, con buena relación con Israel, y que recibe dinero de la UE para que regule los flujos migratorios. Esto le da un gran poder de negociación. Como explica hoy nuestro jefe de Internacional, Francesc Millan, en esta columna en la que hace el contraste entre cómo la UE cierra filas cuando Rusia ataca pero cuando el problema ha estado en su frontera sur, el problema era español, no europeo. Eso sí, mientras hablamos de geopolítica, ayer más de 80 personas aparecieron muertas en una patera que llegó a las Canarias. La patera había salido de Gambia hace 26 días.  Después de décadas de vida aparentemente previsible, hemos entrado en la época de la vida bajo amenaza, una amenaza híbrida, indirecta, disruptiva, que impide hacer planes y vivir bajo la impresión (más o menos basada en hechos reales) de que la vida depende de nosotros y no de factores externos, geopolíticos.Hablando de disrupciones violentas, ayer se estrenó en el Liceu, en Barcelona, la película Cronos, sobre los atentados de la Rambla y Cambrils de julio de 2017.Tuve la oportunidad de verlo y se lo recomiendo. Empiezas a verlo con un nudo en el estómago y terminas de la misma manera.El ritmo que le ha dado el director es muy alto y sostenido, el guion es claro, la interpretación solvente, la producción está hecha con medios. La historia se explica, sobre todo, desde dentro de los Mossos, desde Trapero a los mandos que dirigieron la captura de los terroristas, que se alargó cuatro días, pasando por la directora de comunicación de los Mossos, Patrícia Plaja, y su impecable comunicación de crisis de aquellos días. Queda apuntada la disputa política gobierno español - Generalitat por la gestión y la información del atentado, la lamentable filtración de The Mossos-The nota para hacer quedar mal a los Mossos y a la Generalitat. Lo que no se da por contexto es que solo faltaba un mes y medio para el 1 de Octubre. Y el estado de shock en Ripoll también queda bien apuntado. No tanto la historia de unos chicos aparentemente integrados pero carne de radicalización. Pero como estamos hablando de una película de dos horas y no de una serie de seis capítulos, se te ocurren muchos árboles narrativos que quedan por desplegar.

Ceuta está poniendo en entredicho al gobierno español y también al PSOE. La gestión que está haciendo la Moncloa de la crisis ha conseguido poner de acuerdo a los socios y a la oposición, ya que todos convienen en que el ejecutivo ha reaccionado tarde y mal a la crisis. El gobierno evita hacer autocrítica –incluso Sumar cuestiona la acción de los ministerios que dependen de los socialistas– y comienzan a emerger voces críticas dentro del mismo PSOE. El detonante es la concentración que este miércoles 2 de septiembre la Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por el PP, ha convocado en diversas ciudades del Estado, incluidas Ceuta, Madrid, Barcelona y decenas de municipios coincidiendo con el Día de Ceuta. La dirección del PSOE ha hecho un llamamiento a no ir, pero no todas las agrupaciones socialistas les están haciendo caso. La federación de Ceuta, así como algunos municipios de Andalucía, por ejemplo, la apoyan, y el alcalde de León, José Antonio Díez, acudirá a una convocatoria de la sociedad civil en solidaridad con la ciudad. También el diputado del PSOE y vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, Melchor León, se ha mostrado muy crítico con el ejecutivo de Sánchez.

Ceuta es, como Melilla, una ciudad autónoma española situada al norte de África que supone una piedra en el zapato constante en las relaciones entre el Estado y Marruecos, con la soberanía en disputa. Los reyes de España la han evitado tanto como han podido y solo Juan Carlos I la visitó en 2007, hecho que provocó una crisis diplomática con Marruecos. A pesar de que se ha estado hablando durante el último mes, Felipe VI no ha ido ni en estos momentos de crisis. Y una dinámica muy similar han seguido los presidentes del gobierno español.

Las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, al rey Felipe VI por haberse hecho una fotografía con el agitador de extrema derecha Javier Negre son inusuales por el hecho de que el posicionamiento habitual del PSOE es el de no cuestionar la monarquía. El gobierno de Pedro Sánchez no ha querido abrir nunca el melón del debate entre monarquía o república, y ya hace más de diez años que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) –presidido desde hace ocho por el socialista José Félix Tezanos– no pregunta por la institución.

Desde que hay gobierno de coalición en España, las críticas de ministros de Sumar en contra del rey se han producido hasta el punto de que ya forman parte de la normalidad, como también los plantones en actos oficiales de la casa real. Ahora bien, este no es el caso de los ministros socialistas. De hecho, la parte socialista del gobierno estatal siempre ha defendido acérrimamente al jefe de Estado, también ante las críticas de la derecha y la extrema derecha de determinados discursos o acciones, teniendo en cuenta que todo lo que haga Felipe VI debe estar refrendado por el gobierno español. Con todo, esta semana ha emergido una crisis repentina entre el gobierno español y la Corona que supone un giro de guion, después de una dura crítica de un ministro socialista como Óscar Puente, uno de los principales escuderos del presidente español, Pedro Sánchez, por una fotografía reciente del rey con el agitador de extrema derecha Javier Negre en Colombia, en el marco de la investidura del nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella.

Desde Navaluenga, en Ávila, una de las provincias donde el fuego ha quemado sin control los últimos días, el presidente español, Pedro Sánchez, insistía este jueves en la unidad política "en la respuesta, en la prevención y la reconstrucción" de las zonas afectadas por los incendios, y volvía a ofrecer "la mano tendida del gobierno de España" para llegar a "un acuerdo de país" en materia de emergencia climática, una cuestión que considera primordial ahora mismo. Es decir, como ha hecho en las últimas intervenciones públicas, Sánchez volvía a poner sobre la mesa el Pacto de Estado ante la Emergencia Climática: un plan presentado en septiembre de 2025 y ampliado en diciembre con 15 ejes y 80 medidas que hasta ahora no ha conseguido ver la luz por falta de consenso político.

Se ha hablado mucho de una alianza a la izquierda del PSOE, de todo lo que representa el espacio de Sumar con la posibilidad de ampliarlo a Podemos e, incluso, con Gabriel Rufián. Ahora bien, por ahora esta opción no está cuajando. Ante esto, dentro del PSOE ya hay quien piensa en otros escenarios si finalmente las otras izquierdas se vuelven a presentar divididas. Esto es porque hay una realidad demoscópica difícilmente inapelable: que si el PSOE no tiene opciones ahora mismo de quedarse en la Moncloa no es porque caiga en picado, sino por la bajada generalizada de Sumar, Podemos y el resto de socios de la mayoría plurinacional. Solo hay que comparar los 31 escaños que sacó Sumar en 2023 con lo que ahora les pronostican las encuestas: el último CIS los sitúa en poco más del 6% de los votos, la mitad de apoyo que tuvo hace tres años.

Los socialistas catalanes niegan cualquier tipo de relación con el medio Crónica Libre, el supuesto "instrumento" informativo de la trama de Leire Díez en el PSOE. La colaboradora y accionista del diario que dirigió la difunta Patricia López, operaba bajo el liderazgo del entonces secretario de organización Santos Cerdán, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. No hay en el sumario rastro alguno de relación entre el PSC y la trama –aunque la UCO no la descarta– y solo un vínculo concreto con un ayuntamiento gobernado por los socialistas. El gobierno municipal de Salou, encabezado por la coalición PSC-Sumem, pagó una campaña publicitaria a Crónica Libre.

Describir estos días la vida del PSOE equivale a redactar la crónica de una desolación. Si ya era difícil dar un crédito total a las manifestaciones iniciales meramente exculpatorias del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero seguidas de un silencio de más de dos meses, su aparición televisiva para dar explicaciones no ha hecho otra cosa que agravar la situación, en especial en el terreno político. En el ámbito judicial puede ser diferente, porque hay otras reglas del juego. La defensa jugará fuerte la carta de pedir la nulidad de las actuaciones, basándose en problemas procesales y garantías de derechos fundamentales. Tampoco es una batalla fácil, pero Zapatero tiene un abogado con experiencia en este capítulo, Víctor Moreno Catena. Se trata de un catedrático precisamente de derecho procesal que durante seis años (1988-1994) ocupó altos cargos en el ministerio del Interior, primero como secretario general técnico y más tarde como subsecretario.

Sumar ha anunciado este miércoles que ha acordado con el PSOE la prórroga de los alquileres para 2028 a través de un nuevo decreto sobre vivienda que también incluirá incentivos fiscales para los propietarios, una medida indispensable para conseguir que el texto acabe aprobado con el voto favorable de Junts en el Congreso.

¿Es normal que el PSOE pusiera un despacho a José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Es normal que usted no sepa qué le dijo Leire Díez a Santos Cerdán? ¿Es normal que usted reciba a una militante del PSOE? Estas son solo algunas de las preguntas que los senadores de la comisión de investigación del caso Koldo le han hecho a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Un interrogatorio de más de tres horas que ha resultado ser del todo estéril, sin ninguna nueva conclusión —ella no ha aportado ningún elemento nuevo y ha procurado contestar de forma breve— y donde, más que preguntas, los senadores de la derecha se han mostrado indignados por el caso Leire, Zapatero o las ya tres sentencias por el caso del fiscal general, Ábalos y el hermano del presidente español, Pedro Sánchez. Y es que más que cuestiones sobre la relación entre Narbona y Leire Díez, acusada de montar una guerra contra jueces y fiscales por encargo de Santos Cerdán, los senadores han utilizado la comisión para hablar de las joyas del expresidente español, de cómo lo apunta Julio Martínez o del comportamiento del ya sentenciado José Luis Ábalos.

"El estado de derecho debe premiar con los instrumentos previstos en la legislación aquellos comportamientos relevantes que inciden en el descubrimiento y acreditación de delitos de la gravedad para el sistema democrático". Este fragmento de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a 24 años de prisión a José Luis Ábalos era mucho más que una rebaja del castigo a Víctor Aldama por la colaboración con la justicia. Era toda una llamada a encausados que pudieran encontrarse en una situación similar a "cantar La traviata"; a hablar en favor de la investigación a cambio de la pieza mayor.

Casi cada semana aparece una nueva imputación relacionada –más directamente o más indirectamente– con el PSOE. El último nombre que ha emergido es Juan Manuel Serrano, que fue presidente de Correos del 2018 al 2023 y director del gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz. Su nombre se suma a una larga lista de personas –con diferentes niveles de responsabilidad– presuntamente implicadas en catorce líneas de investigación abiertas. El primer condenado fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero hay un total de 50 cargos relacionados con el gobierno español o con el PSOE, miembros de la Guardia Civil y hombres que fueron de la máxima confianza de Sánchez que han acabado ante un juez. Son hasta 109 si contamos también los 59 empresarios, familiares y abogados –y otros perfiles– imputados en las diferentes causas abiertas.

No pienses en un elefante... ¿Has pensado en él? Probablemente, sí. Ahora debes estar preguntándote por qué motivo este artículo empieza así, preguntando sobre un elefante, pero la respuesta es sencilla: demostrar cómo opera el A-B-C de cualquier campaña electoral y que es clave para ganar elecciones. Tal como teorizó George Lakoff en su libro de referencia No pienses en un elefante! (2004, Chelsea Green Publishing), quien impone el marco del debate y consigue que se hable de lo que uno quiere y con el lenguaje que uno elige, tiene muchos números de llevarse la victoria a las urnas. Y esta es la batalla de fondo que hace meses que libran el PP y el PSOE en Madrid, ya que quien consigue imponer los términos de la discusión pública es quien sale con ventaja de cara a las próximas elecciones generales. El enfrentamiento es entre dos visiones: los que agitan el fantasma de la corrupción (el PP) contra los que amenazan con el fantasma del neofascismo (el PSOE).