Si cualquier observador imparcial aterrizara en Madrid y repasara lo que ha pasado en el último medio año, se haría una pregunta: teniendo en cuenta los resultados electorales autonómicos, las encuestas y la proliferación de presuntos casos de corrupción, ¿por qué Pedro Sánchez no tiene una revuelta interna en el PSOE? ¿Hay demasiada crítica actualmente dentro de los cuadros socialistas para montarle un pulso interno y forzar, por ejemplo, unas elecciones? La respuesta es que la probabilidad es casi cero. A pesar de que hay algunas voces que levantan el dedo, la oposición, ínfima, no está articulada, no tiene una cara visible ni tampoco apoyo en las estructuras orgánicas del partido, que están dominadas por afines a Sánchez. ¿Por qué motivo?

Sin ninguna referencia a los casos judiciales que rodean su entorno, pero con un anuncio que es el mensaje en sí, Pedro Sánchez impulsa la legislatura adelante y esta misma semana comenzará los trámites para presentar los presupuestos del 2027. El anuncio lo ha hecho ante el empresariado catalán y también del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en las jornadas de este año del Círculo de Economía en Barcelona. Sánchez ha reivindicado la necesidad de unas cuentas estatales, que serían las primeras de la legislatura y que llegarían en el momento más delicado del mandato, cuando los casos de presunta corrupción acosan cada vez más el entorno del presidente español.

Hoy, 1 de junio, se cumplen ocho años que Sánchez es presidente del gobierno español gracias a la moción de censura que le ganó a Rajoy. Era la primera vez que un candidato llegaba a la presidencia a través de una votación así.Ocho años después hemos tenido los indultos, la amnistía aún no completada porque el Tribunal Supremo da largas, el independentismo desmovilizado, Cercanías en autobús, Illa presidente de la Generalitat, un crecimiento económico mal repartido, la dificultad, por no decir la imposibilidad, de encontrar un piso y los servicios públicos muy tensionados.Sin ir más lejos, los médicos catalanes están convocados a no hacer más horas extras, bajo el elocuente eslogan Ni un minuto más, porque no se acaban el trabajo que tienen y las guardias ya han convertido los días en tres jornadas de ocho horas. Los médicos quieren una respuesta de la administración, como la que ya han obtenido los maestros, que llegaron a un acuerdo con el departamento de Educación este fin de semana. Este acuerdo será sometido a la votación de los docentes hasta el jueves. A riesgo de equivocarme, creo que los maestros han conseguido buena parte de lo que pedían, la huelga ha llevado al límite el bolsillo de los maestros y la paciencia de las familias y que, por lo tanto, lo más lógico sería que los docentes votaran que sí a un acuerdo conseguido por los sindicatos que no se conformaron con el primer acuerdo firmado por UGT y CCOO. La consejera Niubó ha dicho esta mañana que el “no” comportaría el caos del sistema educativo. Con esta realidad en la calle, el poder político continúa en su mundo.Sánchez, que aún tardará tres semanas en dar explicaciones al Congreso, lo está fiando todo a la visita del Papa, que llegará este sábado a Madrid, el efecto “unidad” del Mundial de fútbol, las vacaciones de agosto y llegar a otoño y tener el 2027 a tocar. Lo dice él mismo: “Los tramposos con sus maniobras, y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles” “Hasta 2027 y más allá” parece sacado del astronauta de Toy Story, Buzz Lightyear, cuando volaba por los aires. Esa seguridad de aguantar, sin poder aprobar presupuestos, sin poder aprobar leyes, envolviéndose en la bandera del lawfare, no les vendrá de nuevo. En este análisis ya les dijimos hace semanas que al gobierno español no solo quieren aguantar hasta 2027, sino que también se plantean volver a investir a Sánchez.Y el que ya ha unido su destino al de Sánchez es Illa. En un acto ayer en Tarragona dijo, en castellano para que lo repitieran sin subtítulos las teles españolas y Sánchez no quedara solo, que Sánchez era un “referente moral”.

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha encontrado un nuevo aliado para defenderlo ante las cámaras. Luis Arroyo (Madrid, 1969), sociólogo, politólogo y actor secundario en algunas películas y series españolas, es, últimamente, un habitual en los platós de las tertulias españolas. Ahora, a sus 57 años, ha aparcado su vida profesional para salir a defender al expresidente. "No hablo por boca de Zapatero", ha destacado en diversas entrevistas esta semana. "Expreso de manera autorizada las conversaciones que he tenido con él", ha dicho. La situación no es nueva, porque, según fuentes cercanas a él mismo consultadas por el ARA, es "muy de la confianza de Zapatero".

Al entrar a la sede de la UGT de Madrid costaba distinguir si era la clausura del congreso de las Juventudes Socialistas de España o una discoteca. La versión máquina de Pedro de Raffaella Carrà sonaba a todo trapo mientras los cuadros esperaban que el presidente español, Pedro Sánchez, entrase en la sala. Un militante estaba de pie con una rosa alzada y dos libros del líder del PSOE en la mano –Manual de resistencia y Tierra firme–, que Sánchez ha firmado disciplinadamente cuando le ha pasado por el lado entre gritos y aplausos. Es la escenificación de lo que el PSOE quiere hacer después de quince días de terremoto judicial: contraatacar.

Si la anterior legislatura española (2019-2023) estuvo marcada por las causas judiciales contra el independentismo, la actual se ha convertido en un auténtico campo de minas judicial para el PSOE. El hilo conductor entre ambas fue, además, la amnistía, que Pedro Sánchez se comprometió a aprobar para tener los votos de ERC y Junts para la investidura. Si bien su aplicación, cuando hace dos años que se aprobó, aún no se ha culminado –con más de un centenar de políticos, activistas y cargos públicos con procedimientos pendientes de resolver–, uno de los efectos palpables que ha tenido la medida es el enfado de la derecha política y judicial por la concesión de los socialistas. De hecho, la legislatura comenzó con las protestas constantes ante la sede del PSOE alentadas por la extrema derecha y también por cargos del PP.

Ahora ya se sabe que el final de la legislatura española será un calvario judicial para el PSOE. Tal como explicamos hoy, hay hasta siete frentes judiciales abiertos contra miembros del partido o del gobierno, y eso si no hay causas secretas en marcha que puedan aparecer en cualquier momento. Se pueden decir muchas cosas, pero lo único cierto es que la legislatura comenzó con protestas de la derecha en la calle y manifestaciones de los jueces contra la ley de amnistía, y acaba con un asedio judicial a un partido como no se recordaba al menos desde el final del felipismo.

El día que el juez José Luis Calama imputó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Oriol Junqueras defendió perseguir cualquier "tipo de corrupción", pero también advirtió de un posible lawfare: "Siempre a favor de que la corrupción sea perseguida y al mismo tiempo, quiero recordar que algunas acusaciones que se han hecho a lo largo de la historia eran absolutamente falsas e inventadas". Y ponía de ejemplo el "la fiscalía te lo afina" de Jorge Fernández Díaz. También denunciaba una "caza" contra la izquierda el portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, que, a pesar de ello, reconocía estar "fastidiado" por la buena consideración que tiene de Zapatero: "Si es verdad, es una mierda".

Los cambios de gobierno en España pasan por procesos de demolición. Parecen cambios de régimen, y hasta a veces lo son. No hablo de la virulencia del enfrentamiento político. Las luchas intestinas dentro y fuera de los partidos no convierten España en una singularidad. No, lo que hace singular España es una arquitectura territorial inacabada que amenaza siempre con ser demolida o reconfigurada. Es esta cuestión no resuelta y la expresión sanguínea de la diferencia ideológica lo que convierte la política en un campo de batalla. 

La decisión de investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a raíz del caso Plus Ultra ha abierto diversos debates en torno a la necesidad de regular los lobis o de clarificar el estatuto de los expresidentes, en especial sus actividades profesionales para prevenir enojosos conflictos de intereses, pero también para prevenir la comisión de ilícitos penales como el tráfico de influencias. Esta es precisamente una de las imputaciones que se hacen al exmandatario de resultas de los trabajos de consultoría hechos para la empresa Análisis Relevante.Antes de nada, sería deseable que se desbloqueara el proyecto de ley estatal de grupos de interés que entró en el Congreso en enero de 2025. Pero no hay que olvidar que la regulación del lobby ya es una realidad en Cataluña –pionera en crear un Registro en 2014, hoy con más de 7.000 inscritos, más de 400 en el Parlament–, Asturias, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra o Aragón, y también en las instituciones de la UE –se estima que en Bruselas hay 30.000 lobistas por 35.000 funcionarios de la Comisión– y en estados como Lituania, Polonia, Irlanda, Francia, Eslovenia, los Países Bajos, Austria, Bélgica o en Alemania.Se trata de regulaciones que deben situarse en el contexto del gran cambio cultural operado en la "casa administrativa" en la última década: la transparencia; el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, el estatuto de los altos cargos, incluyendo las incompatibilidades, conflictos de intereses y "puertas giratorias"; la financiación –esencialmente pública– de los partidos políticos; los alertadores de casos de corrupción, o la tipificación penal de un abanico de delitos relacionados con la corrupción. El vacío, pues, está residenciado con relación a los lobbies que se relacionan con los poderes del Estado, y no porque no haya habido iniciativas al respecto, incluso durante el debate constituyente cuando lo planteó Manuel Fraga desde su experiencia en el Reino Unido. Sin olvidar otra omisión: el estatuto de los expresidentes, actualmente en el limbo, más allá de las cuestiones protocolarias o relativas a su oficina previstas en un decreto de 1993. El auto del juez que investiga a Zapatero constata "la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto los contactos personales y la capacidad de acceso a altos cargos de la administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables". Además, la influencia "no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y el desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia".Una actividad legal y transparente

Esto no es hacer lobby. El lobbying es una actividad legal, transparente y clasificada entre las de participación ciudadana, ejercida por un grupo de interés que aporta información técnica a los cargos, funcionarios o diputados para mejorar las políticas públicas y que influye en el proceso de toma de decisión de políticas públicas o de normas. La huella de su actuación queda registrada en informes y en la agenda pública del lobby y de los políticos. Por el contrario, el tráfico de influencias es un delito –que solo existe en España– que consiste en influir en un funcionario o autoridad pública prevaliéndose de una posición de poder para conseguir un beneficio económico para él mismo o para un tercero mediante una resolución.¿Cómo evitar las confusiones? Para evitar que el lobby caiga en el delito, la actividad debe ser totalmente transparente. Solo hay lobby cuando la actividad de influencia la realizan grupos organizados, que constan en un registro público –normalmente obligatorio, donde figuran todos los datos organizativos y económicos– y que intentan influir técnicamente a través de informes o propuestas. Como no hay una posición de poder, el decisor público acaba actuando discrecionalmente. El lobista, además, es un profesional retribuido –esto excluye ONGs, sindicatos y patronales–, suscribe un código ético y goza de un sistema de incentivos: preferencia en las comunicaciones, acceso a dependencias públicas, organización de actos conjuntos, etc. En el tráfico de influencias, la influencia es espuria, no se hace en igualdad de condiciones: quien comete el delito se aprovecha de la relación personal o de poder para hacer un tipo de presión, que además es opaca, y que mira de influir para que el cargo público se vea obligado a resolver inexorablemente en el sentido que se le pide.

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“No se puede obligar a un país a elegir entre democracia y estabilidad, porque no hay inestabilidad mayor que la que emana de la corrupción”. La frase es de Pedro Sánchez y fue dirigida a Mariano Rajoy el día antes de la moción de censura que convirtió al líder socialista en presidente del gobierno español, el 1 de junio de 2018. El próximo lunes hará ocho años.

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Después de una semana atónitos con el caso Zapatero y la causa que apunta a una trama dentro del PSOE, los socialistas contraatacan. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha solicitado al Congreso comparecer para informar sobre "la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas". Es decir, para hablar de los escándalos que rodean su partido. Así informan fuentes del gobierno español, que aseguran que no tienen "nada que ocultar" y ningún problema para tratar, si el PP lo quiere, las causas que afectan al PSOE y también las del PP, como la Kitchen, que está en pleno juicio. En el PSOE se han conjurado para resistir en la Moncloa. La comparecencia no tiene fecha aún, pero será después del 19 de junio, cuando habrá el próximo Consejo Europeo del cual Sánchez también quiere dar cuentas.

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Sánchez está esta mañana en el punto más bajo de su presidencia. Más bajo quiere decir que cada día es peor que el anterior. Me recuerda mucho a 1996, durante los últimos meses de Felipe González y la primera victoria de Aznar, que cada día llovían casos y revelaciones. Ayer la Guardia Civil entró en la sede del PSOE y estuvo llevándose información durante 12 horas. No sabemos qué requisó, pero sabemos qué dice el acta del juez, y amplía el foco: el PSOE habría maniobrado para entorpecer la justicia. O como dice el acta judicial, habría urdido una “trama para desestabilizar procedimientos judiciales contra el PSOE o el gobierno español”. El juez investiga si el PSOE pagó a gente para que pagaran a policías o fiscales que entorpecieran las investigaciones contra el PSOE, contra Sánchez o su entorno. ¿Quién formaría parte de este grupo y qué hacían? En esta página lo tienen: Quién es quién en la presunta trama para “obstaculizar” causas judiciales. De los detalles que han trascendido, el PSOE habría pagado a la exmilitante Leire Díez unos 4.000 al mes, con facturas falsas. O sea, el PSOE habría puesto su estructura como partido al servicio de actividades ilegales. Esto sería gravísimo, y aún más si pensamos que difícilmente el partido haría algo sin Sánchez.

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Era el 24 de abril de 2024, a las puertas de la campaña de las elecciones al Parlament de Catalunya, cuando Pedro Sánchez lanzó una bomba en las redes. Una carta a la ciudadanía en la que se confesaba "profundamente enamorado de su mujer" y se preguntaba si valía la pena seguir adelante después de saber que se habían abierto diligencias contra Begoña Gómez en un juzgado. Se tomó cinco días de reflexión, en los que fueron muchos los que dieron por hecho que dimitiría... pero se quedó. Decidió resistir. El lector se debe preguntar por qué ahora sale a colación este episodio, pero tiene una explicación: fue durante este período de reflexión que el juez Santiago Pedraz sitúa el inicio del nuevo frente judicial que desde este miércoles afronta el PSOE.

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Un año y un día después de que Leire Díez, conocida como fontanera del PSOE, irrumpiera en la actualidad, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza. En los últimos 366 días, Santos Cerdán ha dimitido como número 3 del PSOE, ha entrado en prisión y ha salido de ella, y Díez ha pasado del anonimato a la primera plana política. Y ahora la Audiencia Nacional ha conectado definitivamente sus caminos. El juez Santiago Pedraz cree que, junto con otra gente, urdieron una red con el objetivo de "desestabilizar y obstaculizar" de manera "sistemática y continuada" cualquier causa judicial que pudiera salpicar a Pedro Sánchez. Santos Cerdán, que era el "líder" y tomaba las decisiones "estratégicas", encargó a Leire Díez en abril de 2024 la "coordinación y ejecución" de todas las actuaciones. El plan implicaba ofrecer "remuneraciones o favores" a funcionarios de la Guardia Civil, investigados o fiscales "a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos". En el punto de mira estaban, especialmente, los jueces que empezaban a investigar a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez.

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La sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid se ha despertado con la visita de agentes de la Unidad de Acción Operativa de la Guardia Civil. Llevaban una orden judicial para que se les facilitara toda una serie de información vinculada a un caso bajo secreto que hace meses que investiga la Audiencia Nacional. En caso de que los socialistas se hubieran negado a facilitar la documentación a los policías, incluso tenían firmada una autorización para registrar la sede del partido. ¿Qué buscaba allí el juez Santiago Pedraz?

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Hay una demolición en curso pero no es solo la del gobierno (esto dependerá en gran medida de hasta dónde aguanten los socios de investidura de Sánchez, porque él piensa aguantar) sino la de todo el edificio institucional y político del estado español. Quizás sea más exacto decir que la demolición que se producía de hace años contra objetivos más acotados se produce ahora a la escala del gobierno de España. El golpe de estado judicial es una realidad dentro de la vida política española al menos desde el 2010, con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, y así lo han denunciado repetidamente –predicando en el desierto, no hace falta decirlo– diversos juristas progresistas. Después hemos ido conociendo que otros poderes del Estado, como la Fiscalía o la policía, trabajaban contra gobernantes y representantes electos, como vimos con las causas contra el independentismo catalán y las izquierdas españolas. Finalmente le ha tocado también al PSOE, por haberse pasado a los enemigos de la patria española, es decir por haber construido una mayoría de gobierno justamente con los independentistas catalanes (y los vascos), con las izquierdas españolas y con casi todas las minorías con representación en el Congreso.Es evidente que el PSOE, con Sánchez el primero, se encuentra acorralado y protagonizando una confusa huida hacia adelante en la que se hace muy difícil saber qué es cierto y qué no en el alud de porquería que cae cada día sobre la vida pública española. También lo es, de evidente, que el Partido Popular actúa con información privilegiada, hasta el punto de anunciar o de llevar incorporados a sus argumentarios y discursos los próximos movimientos de jueces y policías. Es otra evidencia que nunca hasta ahora se había imputado a un expresidente del gobierno español, y mucho menos sobre la base de indicios, en un país que ha sido gobernado por individuos como Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, poseedores de fortunas y patrimonios sobre los cuales impera la opacidad más absoluta. El hecho de que la UCO haya entrado este miércoles en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, se supone que debería ser equivalente al registro del 2013 en la calle Génova de la misma ciudad, con el detalle de que hace muchos años que sabemos que la sede del PP fue pagada con dinero ilegal.Hemos visto también desfilar recientemente ante la justicia a Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y otros gobernantes del PP por la trama Kitchen (uso espurio de la policía para espiar adversarios políticos), y volver a salir con la cara bien alta después de declarar que no sabían nada o no se acordaban, asistidos por una magistrada que se afanaba a interrumpir los interrogatorios más incómodos. Mañana el hermano de Sánchez también declara ante la justicia, por otro caso fabricado a partir de inspiraciones y suposiciones. En algo acierta Feijóo, y es que el ambiente es irrespirable. El ataque total de la derecha consiste en querer gobernar sobre un solar sepultado con las ruinas del estado de derecho. Tienen modelos de cómo hacerlo (las caídas de Lula da Silva en Brasil y de António Costa en Portugal, a partir de causas falsas) y los aplican a fondo.

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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado esta mañana en la sede del PSOE a requerir información. Están buscando una presunta red de financiación ilegal del partido. A ver, una entrada policial refuerza la sensación de culpabilidad del investigado, lo cual, en la era del relato por encima de los hechos, es ideal para los que desean el mal del sospechoso. Pero si en algún lugar sabemos qué efecto tiene la administración interesada de la instrucción judicial y la investigación policial con una determinada intención es en Cataluña.

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Un paranoia recorre el PSOE. Esta es la sensación que este miércoles tenían los diputados socialistas que han acudido al Congreso a primera hora para asistir a la sesión de control y que se han visto sorprendidos por una noticia de El Confidencial que apuntaba a un registro en la sede del PSOE por una presunta trama de financiación irregular. El susto ha sido mayúsculo: no sabían qué estaba pasando y la sensación de estar completamente vendidos ante la sucesión de acontecimientos, en plena tormenta por el caso Zapatero, era absoluta. Después del shock inicial, ha llegado, entre comillas, una especie de respiro a pesar de la gravedad de las acusaciones: desde el partido han indicado que la Guardia Civil se había personado en la sede (ha estado doce horas) para pedir información sobre una nueva causa relacionada con Leire Díez: la Audiencia Nacional investiga ahora si ella y exdirigentes del PSOE intentaron entorpecer procedimientos judiciales que afectaban al partido o al gobierno español. Es decir, un caso que señala directamente a la estructura de partido socialista y que ha derivado en una nueva imputación de Santos Cerdán y la gerente del partido, Ana Fuentes, entre otros.

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Cuando todas las encuestas, y más aún después de la ola azul del 28-M, pronostican una victoria más o menos ajustada del bloque de derechas en el Estado al 23-J, el CIS hace exactamente lo contrario. Según el organismo que dirige José Félix Tezanos, la izquierda no solo no retrocede, sino que avanza, ya que tanto el PSOE como Sumar podrían mejorar sus resultados hasta el punto de rozar la mayoría absoluta. En cambio, el PP y Vox no llegarían en ningún caso.

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