Los Mossos piden ayuda al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo para cerrar los grupos que incitan a los disturbios

La policía catalana solicita al ministerio del Interior la supresión de contenidos de Blocus con referencias explícitas a la violencia

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Momentos de tensión y enfrentamientos durante la noche de disturbios en el centro de Barcelona.
27/10/2026 - 21:48 h

BarcelonaCómo frenar el efecto dominó de canales de Telegram y cuentas en las redes sociales que hacen llamamientos a nuevos disturbios del estilo Blocus, tal y como se vio el sábado en Barcelona, es ahora mismo una de las principales preocupaciones de los Mossos d'Esquadra. Hacerlo pidiendo una orden judicial es un proceso que puede ser lento y las plataformas a menudo también tienen unos ritmos poco acelerados. Por eso, según ha podido saber el ARA, la policía catalana ha pedido ayuda al Citco, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que depende del ministerio del Interior.

De este organismo depende otro que es la UNECI, la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos en Internet, que se dedica exclusivamente a retirar contenidos de carácter terrorista y vinculados a los extremismos violentos. Los Mossos, sin embargo, creen que también pueden ayudar en la lucha contra Blocus, sobre todo en aquellos espacios en línea donde se defiende la violencia.

De momento, el ministerio del Interior no confirma que la UNECI se esté centrando en estos grupos de Telegram, si bien desde Mossos afirman que tras su petición, hecha el lunes por la noche, la plataforma ha cerrado dos grupos que incitaban a participar en nuevas protestas violentas el próximo sábado en Barcelona. Poco después, en un comunicado, Telegram ha remarcado que "apoya el derecho a expresarse libremente y a manifestarse pacíficamente". A pesar de ello, ha añadido que "las incitaciones a la violencia y a causar daños a la propiedad están expresamente prohibidas y se eliminan tan pronto como se detectan".

Cierres en una hora

Desde la UNECI utilizan requerimientos legales que obligan a los prestadores de servicios (las webs o las redes sociales) a retirar o bloquear el contenido terrorista en toda la Unión Europea en un plazo máximo de una hora. Estas solicitudes se utilizan de manera selectiva cuando concurren motivos de urgencia o gravedad, por ejemplo. En paralelo, esta unidad también realiza comunicaciones no vinculantes para que las plataformas revisen los contenidos y los eliminen voluntariamente.

Según el balance de la entidad, publicado hace unos meses, en el año 2023 se emitieron 62 órdenes; en 2024 fueron 72 y el año pasado, 48. Todas las órdenes fueron ejecutadas por las plataformas, es decir, borraron los contenidos requeridos. En 2025, el último año con datos actualizados, la empresa con más órdenes de retirada fue Internet Archive (27), seguida de Pinterest (6), Scribd (4) y TikTok (3). De hecho, el año pasado se produjo una reducción drástica de peticiones en plataformas anteriormente predominantes como Telegram, que pasó de 90 órdenes entre 2023 y 2024 a solo una en 2025, o la desaparición de órdenes en Facebook, X o Google Drive. En total, la mayoría de órdenes iban vinculadas a contenidos yihadistas.

Las alternativas

Si los Mossos han acudido a esta vía nueva y poco explorada hasta ahora –siempre que no hablemos de contenidos terroristas– es porque los canales habituales no siempre son fáciles de transitar. Primero, para cerrar grupos y eliminar contenidos, pero, sobre todo, para saber quién hay detrás de un nombre de usuario.

Según fuentes policiales expertas en esta temática consultadas por el ARA, saber quién hay detrás de una cuenta –precisamente lo que están intentando hacer ahora con Blocus– depende de la pericia de este usuario y de la colaboración de la plataforma. En primer lugar, la mayoría de las redes sociales permiten crear cuentas con datos fácilmente falseables, como un nombre inventado o un correo electrónico creado para la ocasión. Por eso, el elemento más útil suele ser identificar cuál es la dirección IP, ya que permite ubicar mejor el dispositivo desde el que se ha creado o la red en la que estaba conectado. Ahora bien, para saberlo hace falta una autorización judicial y colaboración de la plataforma en cuestión, cosa que puede alargarlo todo unos meses. Además, cada vez se utilizan más VPN –una conexión cifrada que esconde la IP– u otros servidores remotos que dificultan atribuir una conexión a internet a una persona concreta.

Dependiendo de la jurisdicción

De nuevo, la colaboración de las plataformas es clave. Sobre todo los Mossos se encuentran con complicaciones con aquellas empresas que se encuentran en jurisdicciones extranjeras como la rusa o la china, tal como originariamente pasaba con Telegram o TikTok, si bien ahora están repartidos por otros puntos del mundo como Singapur, Dubái o Irlanda y se están adaptando más a la política europea. Estas dos plataformas, precisamente las más vinculadas con el movimiento Blocus, suelen ser las que dan más problemas a la policía. Ahora bien, fuentes policiales apuntan que Telegram ha mejorado últimamente. El año 2024 detuvieron a su CEO en Francia acusado de no haber frenado el uso delictivo de la aplicación.

A menudo, detrás de un usuario de cualquier plataforma, hay un correo electrónico, hecho que acaba llevando a la policía hacia Google. Y, en este caso, el proceso tampoco es rápido porque hay que enviar una solicitud judicial a Irlanda. Ahora los Mossos tienen un equipo de investigación que se dedica exclusivamente a ir descifrando estas cuentas e intentar saber quién hay detrás de Blocus.

Mientras la investigación policial avanza y los menores detenidos por los disturbios continúan pasando escalonadamente a disposición judicial –se está haciendo así para evitar colapsar los juzgados–, la Generalitat ya ha anunciado que se personará como acusación particular en estas causas. La consejera y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha recordado que la responsabilidad penal de los menores de entre 14 y 17 años es individual, pero que los padres o tutores pueden tener que asumir responsabilidades civiles solidarias si lo determina el juez.

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