"Me siento estafada. Llegué de Estados Unidos con un currículo brutal y con ganas de aportar a mi país", explica MR, una psicóloga forense de 42 años especializada en casos de violencias. Con todo, afirma con crudeza y mucho desencanto: "Mientras allá se me rifaban, aquí nada. Ni una oportunidad". Su historia bien podría ser un guión de Hollywood: llegó a Nueva York en el 2010 con una reputada beca Fulbright bajo el brazo, después de licenciarse entre los mejores de su promoción y como deportista de alto rendimiento. En EE.UU. su talento le fue abriendo puertas, y ha trabajado en el país como experta en clínica forense por laboratorios de investigación que tenían vínculos con el FBI y otras organizaciones policiales; para el hospital penitenciario de mayor seguridad de EEUU y investigando aplicada en varias universidades del país.

El 16 de diciembre moría en París ya la edad de 90 años Toni Negri, el último gran intelectual de aquella añorada Europa de la revolución social. Hoy, en pleno siglo XXI, el proyecto emancipador europeo, nacido con la modernidad, agoniza en alma y cuerpos. Recordémoslos.

Ya sin el peso que supone la responsabilidad de un ministerio, Manuel Castells se ha despedido este lunes de la cartera de Universidades al más puro estilo Castells. La semana pasada se hizo público que dejaba el ministerio justo en el ecuador de la legislatura por motivos de salud. El relevo lo ha cogido este lunes el hasta hace poco miembro del gobierno municipal de Barcelona, Joan Subirats. Un nombre que ya estuvo encima de la mesa hace casi dos años, cuando se selló el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Lo ha corroborado el propio Castells esta tarde, que se ha soltado y ha explicado que él mismo ya le dijo a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que había "alguien mejor" que él para ser ministro: Joan Subirats. "Estoy de acuerdo, pero no se lo dejo a nadie, es mío y lo necesito como nadie para la gestión de Barcelona", le contestó Colau, ha explicado Castells.

Manuel Castells abandona el gobierno español por motivos de salud y su sustituto será el catedrático en Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona Joan Subirats. El ministro de Universidades deja el cargo en plena polémica por el anteproyecto de ley de ordenación del sistema universitario (LOSU), que ha topado con el rechazo de la comunidad universitaria. De perfil muy discreto, fue la apuesta de En Comú Podem para el primer gobierno de coalición de la democracia española. Doctor en sociología, su trayectoria destaca por la vertiente académica y divulgativa, más que por la de gestión.

Manuel Castells (Hellín, Albacete, 1942) atiende al ARA en el ministerio de Universidades, que lidera desde hace dos años. La entrevista, en castellano alegando que es “política de gobierno”, se hace pocas semanas antes de que entre en el Congreso la nueva ley de ordenación del sistema universitario (LOSU), que rectores y estudiantes critican. 

Desde el paraninfo de la Universitat de Barcelona, el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha asegurado que la nueva ley orgánica del sistema universitario (LOSU) llegará al Congreso "con el mayor consenso posible", pero también ha querido lanzar un aviso a los rectores catalanes, con los cuales se había reunido previamente y que en las últimas semanas se han mostrado muy críticos contra el anteproyecto que prepara el ministerio, porque creen que va "hacia atrás" y desconecta a las universidades del resto de Europa. "Las universidades catalanas forman parte de un conjunto más amplio, que es el estado español, y el gobierno español tiene que legislar para el conjunto del país, no solo para los rectores, sino también para los estudiantes, los sindicatos, el resto de comunidades autónomas...", ha advertido Castells, en una atención a la prensa.

La futura ley de universidades que promueve el ministro Manuel Castells cuelga de un hilo. Ha topado con el firme rechazo de los estudiantes, que el jueves salieron a la calle a manifestarse y convocaron parones académicos, y también de la conferencia de rectores españoles, la CRUE, que han plantado al ministro y se han negado a emitir un informe preceptivo para su aprobación. Según los rectores, la LOSU no se puede aprobar porque todavía no tienen el documento definitivo. A pesar del enorme desacuerdo, toda la comunidad universitaria es consciente de que hace falta una nueva normativa adaptada a las necesidades actuales de los centros, dado que la que hay vigente es una reforma del 2007 de una ley aprobada en 2001.

Ni una sola vez en dos horas se ha pronunciado el nombre del ministro de Universidades, Manuel Castells, a pesar de que la nueva ley que está planteando ha sido, precisamente, el centro de las críticas de todas las voces que han intervenido en un acto que ha reunido a los rectores de las cuatro universidades públicas más importantes de Catalunya. A pesar de que hay un consenso general en que hay que reformar el sistema, el sector ha avisado de que se tiene que hacer justamente en el sentido contrario de lo que quiere hacer Castells porque consideran que la Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) que prepara el ministerio "es uniformadora y no respeta la singularidad del sistema catalán". Lo han asegurado los rectores en la presentación de un estudio del Institut d'Economia de Barcelona (IEB), un organismo que depende de la Universitat de Barcelona, que apunta a la necesidad "urgente" de reformar el sistema en cuanto a la financiación (hace falta más inversión y que sea coherente y estable), a la autonomía y a la gobernanza de los centros.

El ARA publicó hace unos días que las universidades catalanas se están sublevando contra los planes del ministro Castells, y entre otras cosas critican que la nueva ley que prepara el ministerio, conocida como LOSU, hiperregula el sector y lo encorseta. A las críticas de los rectores se ha añadido este jueves la consellera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, que en sede parlamentaria ha asegurado que la nueva normativa "es una amenaza" y ha avisado que "el sistema universitario catalán no se siente reconocido". Es por eso que el departamento y los 12 rectores catalanes están elaborando un documento conjunto para posicionarse contra la nueva norma, la tercera en democracia después de la ley de reforma universitaria de 1983 y la ley orgánica de universidades de 2001, que es la que está ahora vigente.

Las universidades catalanas son las instituciones más bien valoradas según el Centro de Estudios de Opinión (CEO) y encabezan los rankings de los mejores centros del Estado. A escala española, en cambio, no se sabe qué prestigio social tienen porque el Centro de Investigaciones Sociológicas no las tiene en cuenta. Este es un pequeño ejemplo que evidencia que el sistema universitario catalán –y también el de investigación– siempre ha ido un paso por delante. Es por eso que las universidades catalanas han sido especialmente contrarias a los planes del ministerio de Universidades, liderado por Manuel Castells: desde la eliminación de los grados de tres años, que ya es oficial, hasta los borradores de la futura ley de Universidades.

Hacer novatadas que desprecien la dignidad de los estudiantes, plagiar trabajos de fin de grado, de másteres o tesis doctorales, o cometer algún abuso sexual se considerarán faltas muy graves y podrán suponer la expulsión de entre dos meses y tres años de la universidad. Es una de las principales novedades del proyecto de ley de convivencia universitaria, que este martes ha aprobado el consejo de ministros y que deroga un decreto franquista de 1954, aprobado básicamente para mantener el orden en los campus durante la dictadura. El ministerio que dirige Manuel Castells se había comprometido a derogar un reglamento preconstitucional "obsoleto" y "punitivo" y pasar de una normativa basada en las sanciones y castigos "desproporcionados" a una centrada en la mediación para resolver los conflictos en las cincuenta universidades públicas del Estado. Este matiz es importante porque las 37 universidades privadas españolas no se verán afectadas por la nueva ley, a pesar de que "se podrán inspirar en ella" para diseñar su propia normativa.

El precio medio de los másteres obligatorios (los que habilitan para hacer algunas profesiones, como abogado, profesor de secundaria o psicólogo) bajará y se equiparará al precio de los grados universitarios, como muy tarde el curso 2022-23 en todo el Estado. La medida, anunciada este lunes por el ministerio de Universidades con el acuerdo de todas las comunidades autónomas excepto Madrid, prevé que en Catalunya los alumnos matriculados en un máster habilitante pasen de pagar unos 1.800 euros a unos 1.100 cada año, después de que este año entrara en vigor la rebaja del 30% de las tasas universitarias. Esto supondrá 2,5 millones de euros menos para la Generalitat, que tendrá que asumir esta diferencia; unos 10,5 millones de euros en total entre todos los gobiernos autonómicos.

En plena pandemia, las dos universidades más grandes del país hicieron elecciones –virtuales– para escoger nuevos rectores. Son Javier Lafuente, de la Autònoma, y Joan Guàrdia, de la UB. Los dos se encuentran con el ARA para hablar del presente y el futuro de las universidades.

Los medios han ido llenos de la presentación del borrador de decreto sobre organización de las enseñanzas universitarias que ha preparado el ministerio de Universidades. Llama la atención la voluntad reguladora hasta el más pequeño detalle (por ejemplo: clasificar todo el conocimiento en veinticinco áreas en lugar de las cinco actuales) y la voluntad uniformizadora. Es un caso clamoroso la extinción progresiva de los grados de tres años y 180 créditos –con todas las protecciones, por supuesto, para los derechos de los actuales y futuros estudiantes de grados de tres años–. ¿Por qué se quiere eliminar una pequeña diversidad del sistema? ¿Tan insoportable es que haya diferencias? Es clara la pulsión uniformizadora y la desconfianza de la autonomía universitaria. Lo que desde Catalunya se ve como un empobrecimiento, desde Madrid se ve como un valor.