Las universidades catalanas se rebelan contra los planes del ministro Castells

BarcelonaLas universidades catalanas son las instituciones más bien valoradas según el Centro de Estudios de Opinión (CEO) y encabezan los rankings de los mejores centros del Estado. A escala española, en cambio, no se sabe qué prestigio social tienen porque el Centro de Investigaciones Sociológicas no las tiene en cuenta. Este es un pequeño ejemplo que evidencia que el sistema universitario catalán –y también el de investigación– siempre ha ido un paso por delante. Es por eso que las universidades catalanas han sido especialmente contrarias a los planes del ministerio de Universidades, liderado por Manuel Castells: desde la eliminación de los grados de tres años, que ya es oficial, hasta los borradores de la futura ley de Universidades.

Cuando el polémico José Ignacio Wert aprobó los grados de tres años, hacía mucho tiempo que las universidades catalanas pedían al Estado que acreditara las titulaciones de 180 créditos (y no solo las de 240), como ya hacían la mayoría de países de Europa. Desde entonces, solo se han creado 24, 17 de los cuales en Catalunya, y es por eso que el sector quedó bastante sorprendido ante la decisión de Castells de suprimir el 0,006% de las carreras que hay en el Estado. “Eliminarlos es hacer más rígido el sistema: nadie estaba obligado a hacer grados de tres años. Simplemente, daban una flexibilidad interesante y podían convivir bien con los títulos de cuatro años. No vemos ninguna razón de peso para tirarlos atrás”, afirma el vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la UOC, Carles Sigalés.

Las universidades catalanas consideran que suprimir los grados de 180 créditos es un paso atrás que aleja el sistema universitario catalán de Europa. “Es como el tema de los trenes: si tenemos un ancho de vía diferente es mucho más difícil converger con el resto del continente”, resume gráficamente el rector de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, que lamenta que cuando España regula “no mira suficientemente cómo lo hacen los mejores países”. “Si este análisis se hubiera hecho, no se habrían prohibido”, sentencia.

La decisión afecta sobre todo, dicen los rectores, a la movilidad de estudiantes, porque dejarán de venir si en su país pueden hacerlo en tres años y no en cuatro, y también se irán catalanes fuera por el mismo motivo. Incluso el Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo, alertó de este peligro. Además, el sector está preocupado por si estos grados, que ya han titulado a centenares de estudiantes en estudios socioculturales de género, creación artística para videojuegos, bioinformática o técnicas de desarrollo de aplicaciones web, entre otras, “se devalúan” socialmente, y también por si no llegan a tiempo de acreditar los nuevos planes de estudios (se tienen que alargar a cuatro años) y durante un tiempo no los pueden ofrecer. “No nos habríamos enzarzado si no hubiéramos visto que tenían salidas profesionales. Es evidente que ahora habrá un decalaje porque estará la demanda pero no la oferta”, lamenta el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garrell.

Desde la conselleria de Universidades, la única del Estado que hizo un informe previo desfavorable a la eliminación, también lo consideran una mala decisión. “Es un retroceso”, afirma la directora general, Victòria Girona, que niega que los grados de tres años sean de menos calidad. Para Girona, el argumento económico que dice que el 3+2 (grado de tres años y máster de 2) es más caro que el 4+1 también cae porque se han equiparado los precios de los grados y los másteres. Si bien el ministerio siempre ha argumentado que el motivo de eliminar los grados cortos es que las competencias se adquieren mejor en cuatro años, las fuentes consultadas por el ARA ven otros: un interés superior de España para converger con América Latina más que con Europa o la presión de algunos rectorados españoles y sindicatos que temían que la expansión de los grados de tres años supusiera un recorte de la inversión, porque el presupuesto de las universidades depende en buena parte de los créditos a los que se matriculan los estudiantes y, por lo tanto, carreras de menos créditos supondrían menos dinero para las universidades. 

La nueva ley de Universidades

Donde todavía hay margen para hacer oír la voz crítica de las universidades catalanas es en la nueva ley de Universidades (LOSU), que ahora empezará el trámite parlamentario. Desde Catalunya ya han presentado alegaciones al anteproyecto presentado por Castells. La lista es larga.

Autonomía

Los rectores catalanes critican que la ley hiperregula el sector y lo encorseta. “Es muy reglamentista, hay demasiados detalles para ser una ley orgánica”, lamenta el rector de la URL. Coincide Sigalés, de la UOC: “Es una oportunidad perdida. Introduce un nivel de precisión y regulación que es contrario a la autonomía universitaria y a la autonomía de las comunidades, que son las que tienen las competencias”. 

Según el rector de la UAB y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Catalunya (ACUP), Javier Lafuente, el problema es de base: “La ley no define un modelo de universidades, si tienen que ser de docencia o de investigación”. Para Amat, de la UPF, el error es que no se han tenido en cuenta las mejores prácticas internacionales.

Profesorado y contratación

Para la conselleria, una de las líneas rojas es que se incrementen del 51% al 55% los profesores funcionarios. Aquí interviene el caso catalán: en el Estado, el profesorado permanente es funcionario (titulares o catedráticos), pero en Catalunya, la única comunidad que ha desarrollado una contratación propia, se introdujeron las figuras de los catedráticos contratados y los agregados, que son permanentes pero no funcionarios. “Ahora la ley dice que el 55% tienen que ser funcionarios, pero en Catalunya es muy difícil llegar porque se ha potenciado nuestra vía laboral. Por eso pedimos que en lugar de funcionarios sean un 55% permanentes”, afirma Girona.

Para Amat, la nueva ley tampoco da autonomía para fichar a profesorado extranjero. Y, todavía sobre contratación, sindicados de profesores alertan de la fragilidad de la medida de reducir los profesores temporales de un 40% a un 20%. “El porcentaje que fija la ley actual nunca se ha cumplido”, recuerda el portavoz de COS Universitats, Lluís Frago, que asegura que sin más financiación pública es “imposible” cumplir el nuevo umbral. Según un informe del Observatorio del Sistema Universitario, cinco de las siete universidades públicas superan el 60% de contratos temporales. Lafuente, de la ACUP, insiste que para hacer cumplir todo lo que dice la ley hace falta un incremento de la financiación pública, y esto depende de las comunidades.

Los rectores también lamentan que no se simplifican los procesos para acreditar los grados y recelen de cuestiones clave como la apertura de la elección de los rectores a personas de fuera de la universidad o el papel de los consejos sociales, pero tienen la esperanza que el ministro les escuche. De momento, parece que Castells podría dar marcha atrás y eliminar las nuevas opciones para escoger al rector. Ante la falta de consenso en el sector, todavía hay mucho margen para cambiar la ley antes de que la apruebe el Congreso.