Universidades
Sociedad 31/08/2021

Las universidades tendrán que dedicar como mínimo un 5% del presupuesto a la investigación

El gobierno español aprueba el anteproyecto de reforma que quiere eliminar la precariedad del profesorado y plantea cambios en algunos grados

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El edificio histórico de la Universitat de Barcelona en una imagen de archivo

MadridEl gobierno español ha aprobado este martes en una primera lectura en el consejo de ministros el anteproyecto de nueva ley de universidades impulsada por el ministro Manuel Castells. Uno de los objetivos de la reforma es fomentar la investigación y por eso la nueva norma obligará a las universidades a dedicar como mínimo un 5% del presupuesto a la investigación. "Sin investigación no hay universidad", ha dicho Castells en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Impulsando la investigación se pretende "mejorar el sistema universitario", ha defendido Castells, que también ha anticipado la modificación de los criterios de calidad de los centros públicos, concertados y privados. Además, la futura ley quiere eliminar la precariedad laboral del profesorado, luchar contra la endogamia en los centros y mejorar la calidad de los grados universitarios, además de promover el acceso a la educación superior.

En concreto, el anteproyecto de ley pretende reorganizar la carrera académica. La propuesta en la que trabajaba el ministerio dirigido por Castells implica crear tres niveles de progresión del profesorado –profesor ayudante doctor, profesor titular y, finalmente, catedrático– y establecer una figura contractual para cada uno, que, además, tendrán que ser evaluados. Todos los concursos de plazas se publicarán antes en un registro y las comisiones tendrán una mayoría de miembros externos a la universidad. De este modo, Castells quiere eliminar la endogamia en el mundo académico universitario y la precariedad laboral del profesorado, que ha llegado a calificar más de una vez de "escándalo absoluto" y de "drama humano". La futura ley también busca reservar para investigadores hasta un 15% del total de las plazas permanentes de la plantilla.

Menos temporalidad

La nueva normativa recoge que los profesores universitarios con un contrato temporal no podrán superar el 20% de la plantilla, es decir, la mitad de lo que ahora permite la ley orgánica de universidades (un 40%). Además, las universidades en las que más de un 15% de la plantilla sea interina tendrán que reservar un 15% de las futuras plazas a programas de "promoción y estabilización" de los miembros de este colectivo que sean doctores y haga más de cinco años que impartan clases. El gobierno también quiere que la futura ley blinde al profesorado universitario, y el funcionario tendrá que representar como mínimo el 55% del total de la plantilla (ahora la ley lo establece para el 51% de la plantilla).

"Queremos democratizar el acceso", ha apuntado Manuel Castells, que ha anticipado que la cosa más importante no es el "rango", sino la "capacidad de gestión". La reforma también plantea cambios en el proceso de elección de los rectores, después de que varios grupos parlamentarios propusieran modificaciones. Una de las propuestas es la del PSOE, que quiere eliminar el requisito de ser catedrático para poder ser escogido, una medida que, hoy por hoy, saldría adelante. Cuando la reforma entre en vigor se podrán presentar a rector todos los docentes funcionarios que cumplan tres requisitos: contar con tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia previa en la gestión académica.

¿Quién escogerá al rector? Pues un comité, según ha explicado Castells, que no solo contará con profesores e investigadores sino también con personas externas a las universidades (serán hasta un 30% del comité).

Con todo, el reto de Castells también es internacionalizar las universidades. Por este motivo la ley fomenta el acuerdo con instituciones de otros países, así como establecer programas conjuntos tanto de movilidad entre estudiantes como de profesores o personal de la administración.

Combatir las discriminaciones

La ley incorpora medidas para impulsar la equidad y para "poner fin a cualquier tipo de discriminación", ha dicho Castells. En este sentido, se establecerá la equidad de género en los órganos colegiados, a través de la paridad entre mujeres y hombres. También se destinarán más recursos económicos a las unidades de igualdad y diversidad de las universidades, que todas las universidades tengan planes de igualdad de política universitaria y recursos humanos, así como protocolos contra el abuso sexual y por razón de sexo.

En cuanto a las plantillas, del mismo modo que las empresas, las universidades tendrán que tener un registro salarial que "sirva para luchar contra la brecha de género" en los sueldos, así como una composición equilibrada en todas las comisiones de selección y evaluación, entre otras medidas.

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