Es uno de los casos que ha dejado una de las imágenes de más unidad del sindicalismo: la entrada en prisión el pasado verano de seis sindicalistas de la CNT de Gijón conocidas como Las Seis de La Suiza; y que este martes escribe una nueva página con la aprobación del indulto por parte del gobierno español.

Dos meses después de que el Tribunal Supremo inhabilitara el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados, el gobierno español tramita una primera petición de indulto total. Según ha avanzado El País y ha confirmado el gobierno español, el ministerio de Justicia ya ha pedido al Supremo que emita un informe sobre la medida de gracia después de que la solicitaran dos particulares.

La Fiscalía Superior de Cataluña se ha opuesto a indultar a la expresidenta del Parlament Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de prisión ya 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Entre otros motivos, porque la condena de Borràs responde a "una actitud de abuso de poder" por favorecer el beneficio económico de un amigo. "Estamos ante un delito que se enmarca en el concepto de corrupción administrativa y, por tanto, difícilmente susceptible de beneficiarse del derecho de gracia", dice el informe de la fiscal. También reprocha que afirme "sin ningún pudor, haber sido víctima de una persecución judicial" por sus ideas políticas: "Se presenta como víctima de lawfare quien ha cometido el delito con absoluto abuso de autoridad y desprecio a la legalidad".

La Fiscalía avala que se suspenda el ingreso en prisión de la expresidenta del Parlament Laura Borràs mientras se tramita la petición de indulto que ha realizado el propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La también expresidenta de Junts fue condenada a cuatro años y medio de prisión por el fraccionamiento de contratos cuando era presidenta de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). En un escrito, el ministerio público afirma: "El ministerio fiscal, con el fin de evitar posibles perjuicios a la condenada en caso de que se resolviera favorablemente la petición de indulto, no se opone a la suspensión del cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta". En este sentido, la Fiscalía remarca que esta suspensión debe ir ligada a que el TSJC eleve al gobierno español la petición de indulto. La medida de gracia supondría anular la pena de prisión, pero no la de inhabilitación y multa.

La expresidenta del Parlament Laura Borràs ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que tramite su indulto y lo eleve al gobierno español, que es quien tendrá que decidir si se le concede o no. Los propios jueces ya propusieron a la sentencia rebajar la pena de cuatro años y medio de prisión que impusieron a Borràs por el fraccionamiento de contratos en la Institución de las Letras Catalanas (ILC) con un indulto parcial, y ahora su defensa pide al tribunal que deje en suspenso la condena hasta que el gobierno español no se pronuncie. Una petición que supone un giro de guión de la expresidenta del Parlament, puesto que dijo que no haría la petición.

El Tribunal Supremo confirmó esta semana la condena de cuatro años y medio de cárcel -además de 13 años de inhabilitación y 36.000 euros de multa- para Laura Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental en el caso de la Institución de las Letras Catalanas. En la sentencia que redactó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hace casi dos años, sin embargo, se recomendaba el indulto para la expresidenta del Parlament, un indulto que ya ha avalado la Fiscalía y que es decisión del gobierno español. ¿Estaría dispuesto el ejecutivo de Pedro Sánchez? Este sábado se ha pronunciado al respecto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha rechazado conceder esta medida de gracia en casos relacionados con la corrupción. En una entrevista en Catalunya Ràdio y preguntada por esta cuestión, Díaz ha contestado: "Estas medidas de excepción no deben ir acompasadas con temas ligados, presuntamente, a la corrupción".

Si Turull dio un paso adelante, Sànchez lo dio al lado cediéndole, precisamente, el lugar de secretario general de Junts. Paradójicamente, el exlíder de la ANC ha ejercido más tiempo el poder en el partido desde dentro de prisión que desde fuera. Su siguiente misión lo alejará del combate político del día a día: tiene previsto dirigir la fundación de la Crida Nacional per la República, el futuro think tank de JxCat. Una manera de seguir influyendo, pero desde una óptica diferente.

Joaquim Forn (Barcelona, 1964) define como un “recuerdo lejano” los tres años y ocho meses que estuvo en prisión por haber puesto las urnas el 1 de Octubre. En conversación con el ARA.

“Política”, tuiteaba el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cuando Pedro Sánchez concedió los indultos a los presos políticos el 22 de junio del año pasado. Era una manera de sintetizar la paradoja que había rodeado la medida de gracia hasta su concesión: los condenados la valoraban con escepticismo, era tabú explicar la verdad públicamente y, hasta ahora, es el único resultado tangible de la apuesta entre el PSOE y ERC por el diálogo. Ahora vuelve a ser materia clasificada. ¿Qué pasará si el Tribunal Supremo los revoca? ¿La Moncloa dictará nuevos decretos de indulto corrigiendo las deficiencias que haya podido encontrar la sala tercera del alto tribunal? ¿Forma parte de las negociaciones que retomaron el miércoles el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y su homóloga en la Generalitat, Laura Vilagrà? El exvicepresidente español Pablo Iglesias, cuando era interpelado por los indultos antes de que se concedieran, siempre repetía que “a veces, para que las cosas salgan bien, hay que trabajar con discreción”.

Hace un año que el presidente de ERC, Oriol Junqueras (Barcelona, 1969), salió de prisión después de recibir el indulto. Con esta efeméride en la cabeza, visita la redacción del ARA.

"Queridos amigos, si veis este vídeo es porque los aparatos del Estado han decidido limitar mi libertad". "Lamentablemente la decisión de la juez ha sido privarnos de libertad, un acto que no responde a ningún principio de justicia sino que intenta atemorizarnos y castigarnos". El 16 de octubre de 2017 la Audiencia Nacional encarcelaba los líderes de Òmnium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, y España volvía a tener presos políticos catalanes. A pesar de tener la condena más baja de todos los que fueron juzgados en el Tribunal Supremo, los Jordis son, de hecho, los que más tiempo han pasado entre rejas: 1.346 días, o lo que es lo mismo, 3 años, 8 meses y 1 semana entre las prisiones de Soto del Real y Lledoners (además de visitar otras durante los traslados). Han cumplido el 41% de la condena de 9 años de prisión que seguirá en sus antecedentes.

El anuncio del presidente español Pedro Sánchez de llevar al consejo de ministros de este martes la propuesta de indulto ha empezado a hacer correr el reloj para excarcelar a los presos políticos. La aprobación de la medida de gracia no será inmediata: primero será necesario que la firme el rey, después de que la decisión se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y finalmente que el Tribunal Supremo ordene la excarcelación de los presos y el juzgado de vigilancia penitenciaria les notifique la resolución a los centros penitenciarios donde cumplen condena. Todo ello puede demorar la llegada de la carta de libertad más de 48 horas, alrededor de la verbena de San Juan. Según fuentes penitenciarias consultadas por el ARA, la mayoría de los presos políticos habían pedido un permiso para estar fuera de la prisión ese mismo día o el día siguiente, coincidiendo con el festivo, y por eso la notificación podría pillarlos en casa.

Hemos leído con atención el artículo del presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras y, a pesar de la audacia del gesto, nos preocupan y mucho varias cuestiones que creemos capitales; algunas por dichas y otras por omitidas.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el indulto a los presos del Procés y no ha habido sorpresas. Este órgano judicial nos tiene acostumbrados a una beligerancia contra los independentistas catalanes que excede lo jurídico y se manifiesta incluso en interpretaciones “creativas” de la ley cuando no es suficientemente dura para castigarlos. Así que absolutamente nadie esperaba un informe favorable en este tema. Aun así, el texto de la resolución no deja de ser sorprendente.

Revocado ya el tercer grado, otra carpeta sobre los presos independentistas espera en la mesa del juez Manuel Marchena: la del indulto. El mismo tribunal que juzgó a los líderes del 1-O tiene que hacer ahora un informe expresando su criterio -sumado al de la Fiscalía - sobre la concesión de la medida de gracia a Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull. La dureza de los escritos del Supremo contra el régimen de semilibertad hace presagiar que tanto el ministerio público como el tribunal se opondrán al indulto y pasarán la pelota a un gobierno español que tendrá que decidir si libera a los presos en contra de la opinión -no vinculante- del resto de partes. Un hecho excepcional, como decía el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el lunes en El País, pero no inédito. Hasta 63 veces desde 2011 gobiernos del PP y del PSOE han concedido indultos en casos en los que tanto la Fiscalía como el tribunal sentenciador se habían opuesto a ello.

El Poder Judicial reacciona al clima de indulto a los presos políticos que ha generado Pedro Sánchez. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha asegurado en un acto organizado por el Colegio de Abogados de Madrid que el indulto como "medida de concordia puede ser entendido e incluso aceptado". "Un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar", ha añadido, dando a entender que, según su criterio, no se da el contexto que dibuja el presidente del gobierno español. La derecha política ha insistido en los últimos días que los presos políticos no han mostrado arrepentimiento, sino que han entonado el "lo volveremos a hacer", interpretando así que no contribuyen a ese escenario de "concordia" al que se han referido Sánchez y Lesmes.

A Pedro Sánchez le ha llegado la hora de los indultos. Más de dos años y medio después de la sentencia, se tendrá que mojar si quiere tener un gesto con los presos políticos, después de que el Tribunal Supremo haya liquidado el trámite y trasladado la decisión final al consejo de ministros. Como era de esperar, el tribunal presidido por Manuel Marchena se opone a conceder la medida de gracia para todos los condenados, hecho que ya condiciona al gobierno español porque no podrá otorgar un indulto total. Esta decisión llega en pleno debate político sobre la medida de gracia porque la cabeza del ejecutivo ya ha dejado entrever que los concederá. "La Constitución recoge un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. El gobierno tomará la decisión en beneficio de la concordia y la convivencia", ha asegurado este miércoles durante la sesión de control en el Congreso.

Los líderes independentistas condenados esperan la resolución sobre el indulto y, de momento, solo hay noticias sobre los que ya se concedieron y denegaron a lo largo del 2020. Este martes el subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno, ha comparecido en el Congreso para presentar el informe del segundo semestre del año pasado: se han otorgado 18 indultos y se han rechazado 1.646, una nueva prueba del bajo porcentaje de los que sí se aceptan (1,08%). En el global del 2020, fueron 28 los indultos que se concedieron, todos ellos parciales.

La Abogacía del Estado mantiene la incertidumbre sobre el indulto a los presos políticos y no se posiciona sobre si corresponde o no concederlo. En el informe solicitado por el Tribunal Supremo, que ha avanzado El Español y al que ha tenido acceso el ARA, el organismo que depende del ministerio de Justicia argumenta que emitir su criterio sería "anticipar o determinar el sentido de una decisión que corresponde al gobierno español" y opta por no mojarse. "La parte ofendida que emite el informe es la administración general del Estado, de la que forman parte tanto el órgano que tiene que formular la propuesta de indulto –el ministro de Justicia– como el órgano que lo tiene que acordar –el consejo de ministros–", destaca la abogada del Estado Rosa María Seoane, que ejerció la acusación durante el juicio.