Ni Mariano Rajoy ni María Dolores de Cospedal y ahora tampoco Soraya Sáenz de Santamaría recuerdan nada de la operación Kitchen. Este lunes ha sido el turno de la exvicepresidenta española, que ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional, exhibiendo problemas de memoria similares a los del expresidente del PP. "No lo recuerdo" ha sido la frase que más ha repetido en un interrogatorio que ha durado escasamente un cuarto de hora. Sáenz de Santamaría, que también fue portavoz del ejecutivo de Rajoy entre 2011 y 2016, ha afirmado que no tuvo "constancia alguna" de esta operación durante su época de gobierno.

La lenta pero segura claudicación del PP ante Vox ha encontrado un punto de anclaje en el principio de prioridad nacional, bandera de las negociaciones en curso y coartada para los déficits neoautoritarios. Las derechas siempre se han movido en la lógica simplista de los buenos y los malos, de los nuestros y los otros, dando por entendido que de esta manera se dibujan los límites de lo que es aceptable y que lo que no se acomoda a ello es enemigo. Y siempre han tenido la inmigración en el punto de mira como territorio de la sospecha.

Desde el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN han pasado ya más de cuarenta años. La votación fue el 12 de marzo de 1986, cuando era ministro de Defensa el exalcalde de Barcelona Narcís Serra (PSC). En estas últimas cuatro décadas la sociedad española ha cambiado mucho con respecto a sus conocimientos en materia de política exterior y de defensa, y a las percepciones mayoritarias sobre los compromisos que implica la pertenencia al mundo occidental. Ahora no tendría ningún sentido volver a plantearse cuál debe ser el papel del país con respecto a su contribución en este ámbito.

Juanma Moreno podría ahorrarse "el lío" de un pacto con Vox, según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El PP mantendría la mayoría absoluta, si bien la opción con "más probabilidad" es que sea por la mínima. El CIS pronostica que el candidato popular obtendría 55 escaños, que es justamente el número de diputados que hacen falta para no depender de ningún otro grupo parlamentario en la cámara andaluza. Es un resultado, sin embargo, que empeora el que obtuvo Moreno en 2022, cuando se situó en 58 escaños. Ahora bien, Vox también va a la baja y obtendría 13 diputados, que es uno menos que hace cuatro años, y no sería determinante. En cambio, el PSOE mejoraría ligeramente resultados sin opción de desbancar a la derecha.

Los pactos del PP y Vox en Extremadura y Aragón han tenido un "caja o faixa" que no iba solo de gestión, sino sobre todo de guerra ideológica. Sobre el papel, la ha ganado Vox con el logro por primera vez de la "prioridad nacional" en "las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas" –en ambas regiones. Según ha podido saber el ARA, Vox enfocó las negociaciones como un escenario clave para la batalla cultural a un año vista de las elecciones españolas, con dos ejes esenciales: inmigración sobre la base del lema "primero los de casa"; y la desregulación, la motosierra del argentino Javier Milei. La prioridad nacional ha sido un elemento pactado como antesala de nuevas ofensivas: "Es la ventana de Overton", sostienen fuentes de Vox consultadas, que citan un concepto de la ciencia política que describe la aceptación progresiva de ideas que inicialmente eran rechazadas.

Ni una semana después de que el PP y Vox llegaran a un acuerdo en Extremadura, las dos formaciones siguen el mismo camino en Aragón y también han llegado a un pacto para investir al popular Jorge Azcón. Los populares y el partido de extrema derecha han anunciado el entendimiento esta tarde en una comparecencia conjunta de Azcón y el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco. Una escenografía calcada a la que siguieron en Extremadura para exponer una receta en línea con la extremeña, en la que la prioridad nacional en las políticas públicas ha sido la clave de bóveda. Pero en este caso ha vuelto a aparecer el anticatalanismo furibundo que ha caracterizado a la derecha en la región y eso permite entender que haya un punto esencial que recoge la defensa de la "libertad ante el adoctrinamiento" con dos medidas estrella: "liberar Aragón de la imposición del catalán" y encarrilar la "supresión del Instituto Aragonés del Catalán". Es decir, el PP y Vox han pactado eliminar el catalán en Aragón.

La cesión discursiva ante Vox en Extremadura, con la aceptación del "principio de prioridad nacional", ha tenido el fruto esperado para el PP. Después de un primer intento frustrado hace un mes y medio, la candidata popular, María Guardiola, ha sido investida como presidenta este miércoles con los votos de los populares y de la extrema derecha, que dobló resultados en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Ahora bien, en el mismo momento, en el Congreso, los populares han tumbado una moción de Vox en la que defendía el principio de "prioridad nacional" para el acceso a las políticas públicas. ¿Por qué se ha producido este contraste? Desde que cerraron el pacto, los dos partidos se han discutido públicamente sobre qué significaba este concepto, ya que para la extrema derecha (y así se reflejaba en la moción tumbada) se trata de priorizar a los ciudadanos con nacionalidad española por delante del resto; mientras que el PP entiende el concepto diferente: quiere condicionar las ayudas al tiempo y la contribución al territorio independientemente de la nacionalidad.

El Ayuntamiento de Calvià, en Mallorca, vuelve a celebrar este año (ya lo hizo el año pasado) una festividad llamada Saint George, que viene a ser Sant Jordi pero dirigido exclusivamente a los turistas y a los residentes británicos, muy abundantes en este bello lugar de la sierra de Tramuntana. El Ayuntamiento de la villa, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, considera (son palabras textuales de su página web, traducidas del castellano) que les corresponde “poner en valor la importante presencia británica en el municipio, y fomentar la convivencia a través de la cultura, la música y el ocio compartido”. A tal efecto, y en la localidad costera de Palmanova, “tendrá lugar esta jornada festiva que incluye una extensa programación de actividades para todas las edades en un ambiente familiar y multicultural”. Las susodichas actividades “resaltan la identidad inglesa y la vitalidad de este colectivo con una importante presencia en el municipio”. Los gobernantes de Calvià han descubierto el multiculturalismo de blancos con blancos, lo que vendría a ser el multiculturalismo turístico. Esta bella celebración no tendrá lugar en la festividad de Sant Jordi, sino este próximo domingo 26 de abril, para favorecer que la gente pueda salir a pasear tranquilamente con los niños. Si los británicos están de humor, quizás podrán saludarlos y hacerse una foto. Las “actividades culturales” incluyen conciertos de tributo a los Beatles y a Freddie Mercury, talleres de pintarse la cara, mercado “artesanal”, y pasacalles “temáticos” sobre la leyenda —aquí la traducción es imposible— de San Jorge y el dragón.El Saint George de Calvià, no hace falta casi ni decirlo, prescinde de cualquier referencia a Sant Jordi y a la cultura y la lengua propia de Calvià, de Mallorca y de las Baleares, que son la lengua y la cultura catalanas. Forma parte de una visión política que considera la isla un enclave español, y si conviene también británico, y que al mismo tiempo no se descuida de trabajar en la proyección turística del municipio (la única y verdadera obsesión de unas élites con una relación patológica con el dinero fácil) bajo el signo de la desestacionalización, un concepto que antaño reivindicó el progresismo pensándose que se trataba de repartir mejor el turismo y su impacto a lo largo del año, pero que ha acabado queriendo decir masificación y colapso tantos meses como sea posible. Hace tiempo que Calvià tiene gobiernos municipales ultraderechistas que se han de enfrentar también, cada año, a un dilema: Jaume I y sus tropas desembarcaron en Mallorca el 10 de septiembre de 1229 en Santa Ponça, justamente dentro del término de Calvià, y les resulta un problema celebrar la efeméride porque entonces han de hacer equilibrios para esconder que aquellos cristianos que mataban moros (bien) eran catalanes (muy mal).El día antes de Saint George, el sábado 25, se celebrará en Calvià el Día del Libro, con puestos de este producto. Quizá es a tiempo de pasarse el escritor Mendoza, que encontrará en Calvià una celebración alternativa a Sant Jordi muy similar a la que él exigió hace unos días.

El PP ha presentado una enmienda a una moción de Vox para que por primera vez se debata en el Congreso establecer una "prioridad nacional" a la hora de recibir ayudas y subvenciones. Un elemento que los dos partidos acordaron en el pacto suscrito para gobernar en Extremadura —aunque la candidata a la reelección, María Guardiola, no lo ha citado en el debate de investidura de este martes— y que el gobierno español ya se ha encargado de censurar. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la sesión de control al Senado, ha asegurado que el pacto entre la derecha y la extrema derecha es "discriminatorio, inhumano y xenófobo". En la investidura extremeña

Un mismo texto con dos interpretaciones diferentes. Cuatro días después de que el PP y Vox anunciaran un acuerdo de gobierno en Extremadura, las versiones sobre qué implica la "prioridad nacional" en el acceso a los recursos públicos son contrapuestas. Los populares rebajan el alcance de este enunciado y sostienen que, en ningún caso, será discriminatorio con los extranjeros que residan legalmente en España. Por su parte, Vox asegura que sí que quiere decir que se dará preferencia a las personas con nacionalidad española. "Los españoles primero en ayudas, vivienda y servicios", ha remachado este lunes el portavoz de la extrema derecha, José Antonio Fúster, en rueda de prensa.

El PP y Vox han tardado cuatro meses en llegar a Extremadura a un acuerdo que parece un pacto de circunstancias, suscrito porque se acababa el tiempo, pero que contiene suficientes puntos conflictivos para pensar que tendrán muchos problemas para poder ponerlo en práctica. Inmigración y sanidad serán los aspectos más controvertidos, porque la mentalidad con que están tratados estos dos capítulos es claramente restrictiva de derechos. Las campañas que se han lanzado previamente para tener el terreno preparado no satisfarán las expectativas de los partidos firmantes. La sociedad española, muy mayoritariamente, no comparte la idea de que los inmigrantes son un colectivo de delincuentes culpables de la saturación de la sanidad pública, mientras reciben subvenciones injustificadas.

Mientras Pedro Sánchez recibía a Lula da Silva, presidente de Brasil, con honores militares en Barcelona, en la sede del PP en Madrid se ha hecho una recepción con honores alternativa a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Decenas de afiliados populares, cargos del partido, otros activistas antichavistas y el mismo Alberto Núñez Feijóo se han concentrado en la entrada de la sede de la calle Génova para aplaudir la llegada de Machado. La flamante Nobel de la paz, en plena gira europea, se ha dejado querer por el PP –por la tarde también ha mantenido un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal– al tiempo que ha girado la espalda al gobierno español, con quien ha preferido no reunirse.

Vox salió de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP en verano de 2024 como protesta por el hecho de que los populares aceptaran la acogida de 400 menores procedentes de Ceuta y Canarias. No es extraño que, dos años después, la carpeta de la inmigración haya sido clave para retomar la alianza con el PP, de momento, en el ejecutivo de Extremadura. Cuatro meses después de las elecciones, el PP ha pactado con la extrema derecha limitar los derechos de los inmigrantes, empezando por comprometerse a rechazar la llegada de los irregulares por todas las vías, "legales, jurídicas y políticas", sean menores o mayores de edad. El gobierno de María Guardiola no ofrecerá nuevas plazas de acogida e intentará vaciar las actuales "trabajando activamente para devolver a los menores no acompañados a sus países de origen". Toda una declaración de intenciones, a pesar de que Extremadura no tiene competencias para expulsar personas de su territorio.

Habemus pacto para un nuevo gobierno en Extremadura. Después de semanas de negociación, PP y Vox han llegado a un acuerdo para investir a María Guardiola presidenta de la Junta extremeña, tal como ha anunciado la misma Guardiola este jueves por la tarde, en una atención a los medios de comunicación desde Mérida. "Es un acuerdo muy esperado y estamos satisfechos", ha dicho Guardiola. La candidata del PP ha presumido de haber sido capaces de dejar atrás las "diferencias ideológicas". "Hemos conseguido una amplia mayoría que sostendrá un muy buen gobierno para Extremadura", ha reiterado.

Isabel Díaz Ayuso ha utilizado a un asesor suyo en la Comunidad de Madrid para buscar y comprarse un piso nuevo en la capital española, según publica este jueves Eldiario.es. La información del digital, que el equipo de la dirigente popular no ha negado, señala que el jefe de gabinete de la secretaría de la presidencia madrileña, Álvaro Sanz, se ha encargado de las gestiones para la búsqueda de la nueva casa de Ayuso: ha hecho desde los contactos con los representantes de al menos una propiedad a la concertación de visitas del inmueble e, incluso, ha participado en la negociación del precio de compra. La izquierda madrileña ya ha pedido explicaciones al gobierno autonómico.

Todavía no hace ni un mes, el 27 de marzo, me pregunté en este análisis: “¿Puede un ministro socialista mejorar algo de la financiación?” El valenciano Arcadi España acababa de relevar a la vicepresidenta Montero, que se iba de candidata del PSOE a la campaña electoral de Andalucía. Nos preguntábamos si un nuevo ministro de Hacienda podía cambiar algo del reparto del dinero, porque el nuevo ministro era perfectamente consciente de lo mal financiado que está el País Valenciano. Pues no ha habido que esperar mucho una respuesta que deseábamos que no tuviera que ser retórica.Ahí lo tienen: “El nuevo ministro no cede y Catalunya no recaudará el IRPF”. Porque dice el ministro que cualquier traspaso en la recaudación se hará en el marco de la Hacienda estatal. O sea que el gobierno español continúa sin hacer suyo el acuerdo de Esquerra con el PSC para la investidura de Salvador Illa. Será la agencia del Estado la que continuará teniendo las competencias en gestión y recaudación, y la agencia catalana sería una entidad colaboradora. Pues suerte que este era el ministro federalista y que Sánchez e Illa tienen una gran sintonía personal y política. Aparte de que el PSOE solo va arrastrado a las mejoras de autogobierno y que cree que con la amnistía ya se ha quemado bastante, los altos funcionarios son un estado dentro del Estado y tanto da que gobierne el PP como el PSOE.Mientras tanto, Cataluña continúa mal financiada, muy por debajo de lo que paga y de lo que necesita, y no hay margen para que baje el tramo autonómico del IRPF: el PSC, Esquerra, Comuns y la CUP votaron en contra de la propuesta de Junts (votada por el PP, Vox y Aliança Catalana) para rebajar el IRPF y eliminar el impuesto de sucesiones. Junts sabía que perdería pero quiere hacer hincapié con la idea de que los catalanes vivimos ahogados por impuestos mientras otras autonomías sí que se pueden permitir rebajas fiscales.En otro orden de cosas, contestamos una pregunta que nos hacemos esta mañana en el diario a propósito del incidente del diputado de Vox que subió a amenazar al presidente en funciones del Congreso durante un pleno. La pregunta es si el incidente fue una anécdota o es categoría. La respuesta es clara: esto es categoría, la ultraderecha es violenta por definición y necesita desprestigiar las instituciones a base de desprecio e intimidación. Saben perfectamente lo que hacen: hacer ver que están tan cargados de razones que no tienen más remedio que perder los papeles ante las injusticias. Y en concreto, el comportamiento de energúmen del diputado de Vox José María Sánchez es perfectamente consciente, porque es juez en excedencia del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano. Este es el nivel.Buenos días.

Ya está vigente desde esta mañana una medida que nos afecta de cerca: la regularización extraordinaria de inmigrantes que el consejo de ministros español aprobó ayer.Aunque el gobierno español no ha dado cifras por comunidades, los cálculos que se han hecho coinciden en decir que Cataluña será la comunidad autónoma donde se regularizarán más, entre 135.000 y 150.000 personas. 90.000 lo harán en el País Valenciano, 60.000 en Madrid y en Andalucía y 18.000 en las Islas Baleares, estimativamente. En total, en España medio millón de personas que ya viven aquí pueden acabar teniendo papeles.El gobierno español ha endurecido las condiciones para la regularización, tal como planteaban Junts y el PP, de manera que habrá que presentar un certificado que demuestre que el solicitante no ha tenido antecedentes penales en los cinco años anteriores a la solicitud. Los términos del debate son conocidos.Si hablamos de política, con esta medida Sánchez hace de anti-Trump y su policía que va por los sitios a la caza y captura de inmigrantes sin papeles. Es la manera de Sánchez de jugar siempre al ataque y de ponerse al frente del progresismo mundial. Por su parte, Feijóo se mueve en los términos previsibles y dice que esta regularización es “inhumana, injusta e insegura”, y lo remata con un “aquí podrá entrar cualquiera”. La realidad es que tanto el PP como el PSOE (Aznar, González, Zapatero) aprobaron regularizaciones.Si hablamos en términos humanitarios, todas las entidades que trabajan con inmigrantes lo encuentran justo, si no queremos que miles de personas que viven entre nosotros malviván sin derecho a nada. Del mismo parecer han sido los obispos.Si hablamos en términos económicos, la población autóctona envejece rápidamente, la natalidad es muy baja y la inmigración es la mano de obra necesaria para un modelo de negocio de servicios, que es por eso que España crece, con sueldos bajos en el sector turístico y en el de los cuidados. En este sentido, se da la paradoja de que los empresarios, el gobierno español de izquierdas y los obispos están a favor de la regularización. Otra cosa es el debate entre economistas sobre si estos nuevos ciudadanos de pleno derecho piden más servicios de los que pagan. Miquel Puig ha escrito sobre esto en ARA. Es aquello de “¿Todo esto, quién lo paga?”.

Defender acérrimamente las alianzas tradicionales de España mientras la escalada bélica y dialéctica de Donald Trump y Benjamin Netanyahu va en aumento pone al PP en una situación complicada. Alberto Núñez Feijóo ha evitado hasta ahora el choque con los Estados Unidos e Israel incluso cuando han atacado uno de los pilares de los conservadores españoles, como es el catolicismo. Los populares se pusieron de perfil cuando el gobierno israelí vetó la misa del Domingo de Ramos en Tierra Santa, y ahora que el presidente de los EE. UU. ha puesto al papa León XIV en la diana Feijóo ha quedado atrapado entre ambos.

La vida política en Madrid discurre actualmente entre dos escenarios. En primer lugar, los tribunales, por el inicio de los juicios de los casos de corrupción del PP y del PSOE. Y en segundo lugar, en el ámbito de las relaciones internacionales, por todo lo que hace referencia a la situación de Oriente Medio, después de que se anunciara una precaria tregua de dos semanas, con resultados muy inciertos. Se trata de asuntos muy diversos, que obviamente no tienen nada que ver, pero que si se siguen de cerca dan una idea bastante aproximada del punto en que se encuentran las fuerzas políticas, singularmente las de populares y socialistas. El comienzo del juicio de la trama del caso Ábalos-Koldo-Aldama era, y continuará siendo en las semanas venideras, una gran oportunidad para que el PP saque partido de la exhibición de los procedimientos reprobables empleados por el exministro de Fomento y exsecretario de organización del PSOE, su asesor y el empresario que hizo negocios con ellos, en relación con contratos públicos para adquirir material sanitario, vulnerando presuntamente la legalidad en un contexto trágico, el de la pandemia de la covid-19.

Mientras Gabriel Rufián recorre el Estado defendiendo su idea de unidad de las izquierdas, la derecha también tiene quien predica lo mismo. Menos popular, jubilado, pero capaz de llenar el auditorio del selecto Círculo Ecuestre entre sus obsesiones con ETA y las teorías de la conspiración. Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y exlíder del PP vasco, que presumió en 2009 de que su bisabuelo prohibió el euskera en su casa para "salir del granero", ha conseguido reunir a dirigentes del PP (Alejandro Fernández al frente) y Vox (Joan Garriga). Todo ello, para lanzarles un mensaje: "Hay un 85% de cosas que nos unen, seamos capaces de ofrecer una alternativa".