Un ejemplo de cómo la relación bilateral con Marruecos es una de las relaciones exteriores más complejas y sensibles para España es la postura que ha adoptado el PP ante la crisis migratoria en Ceuta. Los de Alberto Núñez Feijóo, desde la oposición, tienen un tono más duro que el gobierno español sobre el papel que ha jugado Marruecos en la entrada a nado de miles de migrantes a Ceuta. Pero al mismo tiempo evitan el cuerpo a cuerpo con el reino alauí, lo que ha propiciado las críticas de José Manuel García-Margallo (PP), exministro de Exteriores con Mariano Rajoy, que reprocha a sus compañeros de partido poca "determinación" y "firmeza" con Marruecos.

La derecha española vive a la espera de que ocurra alguna catástrofe que haga caer al gobierno de Sánchez. Llevan así ocho años, y no es que hayan faltado ocasiones: pandemia, guerras, crisis, desastres naturales causados por el fuego y por el agua, etc. También está la corrupción del PSOE, que existe, pero aquí tienen el problema de la corrupción de la propia derecha, que existe en una medida mayor, porque es estructural. Y finalmente está la inmigración, que sirve a este tipo de derecha para agitar odios, miedos y bajos instintos. Con la crisis impulsada la semana pasada por Mohamed VI, a medias con Trump y Netanyahu, PP y Vox pensaron que había llegado por fin su oportunidad, más aún cuando aparecieron algunos países europeos (la Finlandia ultraconservadora y la Italia de la fascista Meloni) que pusieron el grito en el cielo y que incluso hablaron de cerrar el espacio Schengen (cosa por otra parte imposible, porque no lo puede hacer unilateralmente ningún estado miembro de la Unión Europea). Sin embargo, una vez más no les ha acabado de salir bien. Algún agitador a sueldo, como Vito Quiles o Alvise Pérez, tuvo que salir escoltado de Ceuta por la policía (en otros lugares, como en Palma, en vez de protegerlos, los agentes prefieren pegar a los ciudadanos). Abascal, haciendo de glorioso almirante a bordo de un ferry de pasajeros que intentaba hacer pasar por una fragata de guerra, hizo perder la paciencia incluso al ultra Jiménez Losantos, que le reprochaba su falta de patriotismo. Por la parte del PP, la pareja cómica formada por Tellado y Feijóo ha vuelto a balbucear su discurso catastrofista, que ya es previsible y rutinario. Finalmente, Marlaska asistió a la reunión con los otros ministros de Interior europeos, y en vez de un tirón de orejas consiguió llevarse un apoyo general.Ante este fracaso han pasado a la segunda fase del plan, que consiste en resistirse inicialmente a recibir la cuota de menores rescatados en Ceuta correspondiente a cada comunidad autónoma. Las comunidades gobernadas por el PP, muchas de ellas conjuntamente con Vox, querían cerrarse de antemano a recibir a estos menores (aunque finalmente acatarán la ley, porque también están obligadas). Se añade Junts, que una vez más amenaza a Sánchez de retirarle todo el apoyo si se le ocurre enviar menores inmigrantes a Cataluña. Es la derecha la que se niega a acoger, con un supuesto discurso de protección de la propia integridad nacional, o territorial, o lo que sea, pero que en realidad solo es un discurso de la xenofobia y la aporofobia, el odio al pobre. En el caso de Junts, da una cierta lástima verlos chapoteando en este lodazal —tan irrespetuoso con el pensamiento pujolista, que siempre fue abierto a la inmigración— solo por competir con los fascistas de alpargata y carquiñolí de Aliança Catalana. En cuanto a Europa, se echa intensamente de menos a una líder de derecha democrática como Merkel, que hace once años abrió Alemania a cerca de un millón de personas, mayoritariamente huidas de la guerra de Siria. Qué decadencia, en estos once años, la de las derechas europeas.

El gobierno español prevé activar el artículo 35 de la ley de extranjería, que describe la acogida obligatoria y solidaria por parte del resto de comunidades autónomas cuando se declara una "contingencia migratoria extraordinaria". Ceuta se encuentra en esta situación y, por tanto, este será el siguiente paso que dará el gobierno español para afrontar la crisis que vive la ciudad desde la llegada masiva de migrantes la semana pasada. Hasta ahora, el PP había dejado en el aire su posición sobre este reparto, pero este miércoles la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha confirmado que las comunidades autónomas gobernadas por su partido acatarán la ley. Participarán, así, en el reparto de los cerca de 1.100 menores migrantes no acompañados –según los datos hechos públicos por el presidente de Ceuta– llegados a la ciudad autónoma, aunque ha reclamado que el proceso sea "justo" y "planificado". Lo ha dicho en una entrevista en Onda Cero, un día después de que Vox –socio de gobierno de los populares en cuatro comunidades– rechazara abiertamente acoger a estos menores.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dictaminado este martes, por unanimidad, que la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda, presentada por Comuns, vulnera el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa. Además, el órgano consultivo –cuyas resoluciones no son vinculantes– concluye que tramitarla por lectura única contraviene el artículo 138 del Reglamento del Parlament, que regula este procedimiento exprés, y el artículo 23.2 de la Constitución, que se refiere al derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. El dictamen también añade una tercera pata de inconstitucionalidad: considera que el artículo clave de la propuesta invade la competencia exclusiva del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales. Ante este escenario, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern buscará "todas las medidas legales [...] para proteger el derecho a la vivienda en Catalunya" de acuerdo con el Estatut.

Desde que se puso sobre la mesa, Vox ha convertido la ley de amnistía en uno de sus principales caballos de batalla, prometiendo por activa y por pasiva que, si llega al gobierno español, "revertirá" y "derogará" la norma de manera inmediata. A esta idea también se ha sumado el Partido Popular, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una dinámica que, analizando la hemeroteca, es habitual en los populares: prometer la derogación de las leyes del PSOE para acabar manteniéndolas intactas una vez llegan al poder —como pasó en el pasado con la ley del aborto o el matrimonio homosexual. Pese a la insistencia constante de la extrema derecha sobre esta supuesta derogación, la amenaza choca de lleno con un muro infranqueable: la arquitectura del estado de derecho. Según los expertos consultados por el ARA, la promesa de Vox es jurídicamente inviable y la eliminación de la ley tendría unos efectos prácticamente nulos para los encausados. De hecho, el mismo partido admite al ARA que es consciente de este muro legal.

Desde Navaluenga, en Ávila, una de las provincias donde el fuego ha quemado sin control los últimos días, el presidente español, Pedro Sánchez, insistía este jueves en la unidad política "en la respuesta, en la prevención y la reconstrucción" de las zonas afectadas por los incendios, y volvía a ofrecer "la mano tendida del gobierno de España" para llegar a "un acuerdo de país" en materia de emergencia climática, una cuestión que considera primordial ahora mismo. Es decir, como ha hecho en las últimas intervenciones públicas, Sánchez volvía a poner sobre la mesa el Pacto de Estado ante la Emergencia Climática: un plan presentado en septiembre de 2025 y ampliado en diciembre con 15 ejes y 80 medidas que hasta ahora no ha conseguido ver la luz por falta de consenso político.

Los mallorquines tienen, o tenemos, como sociedad, cierta fama de apáticos y de conformistas. No diré que no sea una fama hasta un punto merecida, pero tiene un reverso más interesante. Esta misma sociedad también forma un país de personas sensatas y elegantes, con una profunda alergia a las malas maneras, la grosería, las gesticulaciones exageradas y la violencia en cualquier forma. Para los ciudadanos de este país llamado Mallorca, hay pocas cosas menos interesantes que perder los papeles y la ironía, salir de cascarón, volverse solemne o intransigente. Y ya no digamos ponerse agresivo: todo esto, en Mallorca, está francamente mal visto.Este país, a pesar de lo que dicen algunos, existe, y volvió a manifestarse el domingo de manera masiva y ejemplar por las calles de Palma. Más de 70.000 personas salieron a pedir que se aplique sensatez a las políticas turísticas e inmobiliarias. El actual modelo es extractivo y parasitario, con grandes beneficios concentrados en pocas manos y una lista larguísima de problemas sociales que sufren los ciudadanos/contribuyentes. Especulación, imposibilidad para gran parte de la población de acceder a una vivienda, expulsión de las personas que literalmente no se pueden permitir vivir aquí, desigualdades crecientes, precariedad laboral, abandono prematuro de los estudios, sobrepoblación, dificultades de convivencia y fractura social. Contra todo esto se manifestaron este domingo los mallorquines.El éxito de la convocatoria –de la plataforma Menos Turismo, Más Vida, con el apoyo de 145 entidades– se concretó en una verdadera ola humana (como podéis leer en elAra Balears) que recorrió el centro de Palma sin insultos, sin tensiones, con un tono alegre y una impecable actitud cívica. La protesta fue realmente histórica, comparable con pocas de la historia reciente de Mallorca. Ante una movilización de esta envergadura, empresarios y políticos solo pueden hacer una cosa sensata: ponerse a trabajar en las correcciones que se les exigen.En cambio, lo que hicieron fue enviar la Policía Nacional a pegar a los ciudadanos. Provocaciones, impedimentos y, finalmente, cargas policiales con porras y disparos de pelotas de goma, con un resultado de varios heridos leves y un fotoperiodista herido grave en la cabeza. Una absoluta e intolerable vergüenza, el primer responsable de la cual es el delegado del gobierno de España, Alfonso Rodríguez, que efectivamente debería dimitir, tal como le exigen de todas partes. El gobierno de PP y Vox no debería pensar, sin embargo, que sale beneficiado: querían exactamente esto, para poder acusar la manifestación de ser “violenta”. Llevaban semanas intentando descalificar y criminalizar las protestas, y el vicepresidente Antoni Costa llegó al extremo de invitar a “hacer las maletas” a aquellos que piden un decrecimiento turístico. El domingo los mallorquines dieron un ejemplo de dignidad, y sus gobernantes, de indignidad e ineptitud. El domingo, también, algo se rompió entre los mallorquines y sus representantes institucionales.

Alberto Núñez Feijóo da por acabada la legislatura en el Estado, si bien al mismo tiempo asume que aún se alargará unos meses durante los cuales espera que la situación del PSOE se complique más por las investigaciones judiciales en marcha y su debilidad parlamentaria. "Pedro Sánchez afronta su última Navidad en la Moncloa. No merece otra cosa que el mayor castigo electoral posible porque ha sido una desgracia para este país", ha afirmado este miércoles en una comparecencia de balance del curso político. De aquí a las próximas elecciones españolas, el presidente del PP ha esperado sumar en más ocasiones con Junts y Vox en el Congreso para desgastar aún más al presidente del Gobierno. "Hemos votado de la misma manera en 170 ocasiones", ha subrayado. En este sentido, el líder del PP ha argumentado que "hace un mes que [Sánchez] ignora que ha sido cesado políticamente", en referencia a la iniciativa aprobada en la cámara baja, con los votos de PP, Junts y Vox, que pedía la dimisión del líder socialista. "Ha pasado de gobernar en minoría a gobernar contra la mayoría, no da más de sí", ha sentenciado.

La respuesta del PP ante el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont es una demostración más de la estrategia que quieren aplicar los de Alberto Núñez Feijóo en Cataluña. Desde Génova defendieron que hay que dejar atrás la pantalla del 'procés' para "abrir un nuevo tiempo que permita hablar únicamente de lo que necesitan los catalanes". "Más vivienda, más médicos, menos impuestos y más seguridad". Esta es la receta que el líder del PP ya puso en escena durante el congreso de los populares catalanes de hace tres semanas. Su aspiración es conseguir que el eje social y económico se imponga al nacional y que su proyecto sea atractivo, principalmente con propuestas en materia económica, para un elector tanto de Junts como del PSC y de Vox.

No pienses en un elefante... ¿Has pensado en él? Probablemente, sí. Ahora debes estar preguntándote por qué motivo este artículo empieza así, preguntando sobre un elefante, pero la respuesta es sencilla: demostrar cómo opera el A-B-C de cualquier campaña electoral y que es clave para ganar elecciones. Tal como teorizó George Lakoff en su libro de referencia No pienses en un elefante! (2004, Chelsea Green Publishing), quien impone el marco del debate y consigue que se hable de lo que uno quiere y con el lenguaje que uno elige, tiene muchos números de llevarse la victoria a las urnas. Y esta es la batalla de fondo que hace meses que libran el PP y el PSOE en Madrid, ya que quien consigue imponer los términos de la discusión pública es quien sale con ventaja de cara a las próximas elecciones generales. El enfrentamiento es entre dos visiones: los que agitan el fantasma de la corrupción (el PP) contra los que amenazan con el fantasma del neofascismo (el PSOE).

El foro Libertas es una iniciativa del Partido Popular Europeo que pretende tejer puentes de diálogo entre Europa y Iberoamérica y está formado por organizaciones de derecha y centroderecha, con un total de 60 partidos de más de 40 países diferentes. Y ha sido en el marco de la cumbre celebrada en Madrid este miércoles, ante líderes europeos y también iberoamericanos, que Alberto Núñez Feijóo ha definido a Pedro Sánchez como un "presidente autoritario". En un discurso de inauguración en el que ha reivindicado los "valores occidentales" y la alianza con los Estados Unidos frente a otros estados como China, Feijóo ha acusado a Sánchez sin citarlo explícitamente de querer "controlar" los elementos clave del Estado y de "amenazar" la democracia.

El comentario racista de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol todavía trae cola, pero el PP ha optado por ignorar las críticas y quitarle hierro. Después de que Francia protestara por las palabras del expresidente español, que dijo que el conjunto galo es un equipo con mucho "nivel" pero "sin franceses", el gobierno de Pedro Sánchez ha salido este lunes en tromba para utilizar la polémica contra los populares. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido directamente a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Rajoy y ha pedido al medio que publicó su crónica futbolística, El Debate, que retire el artículo, el sexto del popular en este Mundial.

Es noticia cualquier información que altera la percepción de la realidad. Una encuesta del CEO se ha convertido en evento porque atribuye a Aliança Catalana un insólito paso de 2 escaños a una franja de 23-25 (tercera fuerza). Un castigo a Junts que se acaba de redondear con la conversión de ERC en segunda fuerza. El PSC, con un cierto retroceso, sigue liderando la situación. La izquierda de la izquierda, Comuns y compañía, continúa en el limbo.

Con Juanma Moreno Bonilla entregado a Vox, al barón popular le ha caído, al menos de puertas afuera, la etiqueta de moderado que se había ganado al contraponer su perfil ideológico con el de Isabel Díaz Ayuso. El PP tiene asumido que si quiere que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa tendrá que ser de la mano de Vox. Por eso los populares han ido allanando el terreno a los pactos con la extrema derecha en la esfera autonómica y, en los últimos días, se ha intentado añadir el líder popular. Eso sí, con su estilo torpe y siguiendo una línea más bien errática.

Hace medio año, en pleno terremoto en el PSOE por el goteo de presuntos casos de acoso sexual –como el que señala Paco Salazar, ex alto cargo de la Moncloa–, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid instalaron un "punto lila" en la calle Ferraz, frente a la sede socialista, para alertar del "peligro" para las mujeres que consideran que supone el partido de Pedro Sánchez. La provocadora acción contra el PSOE, difundida en las redes sociales de las juventudes populares madrileñas, es uno de los "grandes hitos" que el equipo de Isabel Díaz Ayuso destaca de la etapa de Ignacio Dancausa como líder de la organización juvenil en la región. Con este bagaje, de haber dado "batallas con energía" contra la izquierda y desde una "presencia en la calle sin complejos", este madrileño de 25 años tomará este sábado las riendas de las Nuevas Generaciones estatales del PP, en un plácido congreso –solo hay una candidatura unitaria– que tiene lugar en Valladolid.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha provocado esta semana un auténtico terremoto al defender recortar el sueldo a quien esté de baja laboral. Spoiler: eso ya ocurre. En el caso de las enfermedades comunes, como una gripe o una lumbalgia, por ejemplo, durante los tres primeros días no hay prestación; a partir del cuarto y hasta el día 20, el trabajador cobra el 60% a cargo de la empresa; del día 21 en adelante, el 75% va a cargo de la Seguridad Social. Con todo, puede haber modificaciones incluidas en el convenio colectivo y cobrar otras cantidades o el 100%, como ocurre en la baja por maternidad o paternidad, que paga la Seguridad Social. Cuando es un accidente o enfermedad profesional se cobra el 75% desde el primer día a cargo de la empresa.

La batalla de PP y PSOE trasciende los asuntos internos y ya tiene consecuencias en la relación con terceros países. Más de tres años después de que el gobierno de Pedro Sánchez suscribiera un tratado de amistad con Francia, en enero de 2023 en Barcelona, todavía no ha entrado en vigor. Uno de los motivos de este bloqueo es la posición contraria de los populares, que consideran que uno de los puntos del documento es inconstitucional. En el PP justifican su oposición porque aseguran que el ejecutivo español ha hecho un "chapuza legislativa". Enmarcan la crítica en su denuncia generalizada de las formas de Sánchez, a quien acusan de pisotear constantemente el estado de derecho, también con este acuerdo bilateral con Francia. El gobierno español, por contra, atribuye al PP una voluntad de "sabotear los intereses de los españoles" por intereses partidistas.

Isabel Díaz Ayuso aprobó la semana pasada, gracias a la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid, una controvertida ley del no nacido. La norma otorga el estatus de miembro de la unidad familiar al embrión, de modo que, desde el momento en que se acredite el embarazo, las familias podrán acceder a las ayudas por maternidad sin esperar al nacimiento. Se trata de una medida que se enmarca en la guerra cultural contra el progresismo de la presidenta madrileña que, a un año de las elecciones autonómicas, está en plena competición con Vox para evitar que le resquebraje esa mayoría absoluta. De hecho, pocos días después de que Juanma Moreno Bonilla haya tenido que ceder ante la extrema derecha para poder ser investido presidente de Andalucía, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que, si es presidente del gobierno español, seguirá los pasos de Ayuso e impulsará una ley estatal del no nacido.

"Quien viene a delinquir debe saber que no tiene cabida en nuestra sociedad". Leído de manera aislada y sin ningún tipo de contexto, actualmente puede resultar difícil acertar de qué líder o partido político puede venir esta frase. La realidad, sin embargo, es un extracto de la ponencia del PP catalán para su 16º congreso de hace apenas unos días. Esta contundencia discursiva pone sobre la mesa una evidencia e introduce un debate vivo: la política española, así como la catalana, está virando hacia una derecha cada vez más radicalizada.

"Cualquier responsable del partido debe saber que no es nadie sin su partido, y los deberes son muy claros: más alcaldes, concejales y diputados". Esta frase del líder estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo, no pasó desapercibida en el congreso del PP catalán de la semana pasada que reeligió a Alejandro Fernández como presidente de la formación en el Principado. Era un mensaje a Fernández para que tuviera claro que después de ceder en todo su plan organizativo por el partido, la confianza debía ser recompensada con resultados y eficiencia interna. El líder de los populares catalanes tiene en sus manos hacer crecer un PP catalán que sirva de trampolín a Feijóo para llegar a la Moncloa. Ahora bien, ¿cuál es el plan del líder estatal para Cataluña? ¿Cómo prevé seducir al electorado catalán?