Ni una hora tardó Isabel Díaz Ayuso en generar la primera polémica de la precampaña electoral. Antes de que Alberto Núñez Feijóo se pudiera pronunciar sobre la decisión de Pedro Sánchez de avanzar los comicios, la presidenta madrileña ya había marcado la agenda avivando el fantasma del fraude electoral. "Pido que a nadie se le ocurra votar por correo", remachó el lunes a primera hora en un desayuno informativo. Desde entonces, esta advertencia, lanzada sin ninguna prueba del supuesto riesgo de pucherazo, se ha convertido en uno de los temas más comentados, y ha provocado que el PP se haya enredado tratando de hacer equilibrios. El líder de los populares, de hecho, ha evitado pronunciarse públicamente sobre la cuestión durante dos días hasta que este miércoles se ha sumado a Ayuso y a su tesis.

Una vez más debemos estar de acuerdo con José María Aznar, analista: las elecciones generales del 29 de noviembre no son unas elecciones cualesquiera. Según Aznar son “las más importantes en los últimos cincuenta años”: más “importantes”, debemos entender, por tanto, que las elecciones generales constituyentes de junio de 1977, donde fueron elegidas las Cortes que redactaron y aprobaron la Constitución de 1978, la misma contra la que Aznar escribía unos artículos profundamente furibundos y “liberales” en el diario La Nueva Rioja. Ahora, convertido desde hace tiempo en un Pelayo visigótico del autodenominado constitucionalismo, el expresidente de la guerra de Irak y de la España va bien nos advierte de la hecatombe: “Si la mayoría actual de gobierno continúa en el poder, el sistema constitucional y la monarquía parlamentaria se acaban”, ha avisado. Se debe reconocer que, según cómo, es un escenario tentador.

El Partido Popular ya enfanga la precampaña electoral. Y la estrategia escogida, habitual entre las derechas, es optar por las redes. Este lunes, el mismo día en que Pedro Sánchez adelantaba las elecciones generales al 29 de noviembre, el PP publicaba un vídeo en X contra el ministro de Transportes, Óscar Puente. El tuit era una respuesta a un post del socialista en el cual aseguraba que Feijóo "ya sentía el miedo". La reacción de los populares fue publicar un vídeo de cuando el ministro se rompió el cuádriceps en el año 2023: "Miedo tenías tú a un esguince", escribieron.

Solo veinticuatro horas después del anuncio de elecciones anticipadas, el PP ha activado la vía judicial contra el PSOE. Los populares han registrado un escrito en la Audiencia Nacional en el que reclaman la imputación de los socialistas por los delitos de financiación ilegal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación. Lo han presentado como acusación popular en la causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz sobre las presuntas cloacas del PSOE, el llamado caso Leire Díez. Con este movimiento, los populares ponen en marcha otra rama de su artillería contra los socialistas a las puertas de la campaña electoral.

La publicación de la convocatoria de elecciones anticipadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado este martes el pistoletazo de salida a la precampaña. Pedro Sánchez busca arrastrar el voto progresista movilizado por la crisis de vivienda y darle la vuelta al resultado que auguran las encuestas, que dan mayoría a la derecha y la extrema derecha. Todo dependerá, sin embargo, de la correlación de fuerzas resultante de las urnas el 29 de noviembre, y gran parte de las miradas en campaña estarán sobre Junts, que ya hizo decantar la balanza en esta última legislatura española. Se espera una posición de equilibrios y equidistancia calculada de los juntaires en campaña, pero la portavoz en Madrid, Miriam Nogueras, ya ha asegurado que no facilitarán un gobierno del PP y Vox.

Cuando Pedro Sánchez convocó elecciones generales en 2023, justo después del batacazo de los socialistas en las autonómicas y municipales, Alberto Núñez Feijóo ya se veía ganador. Las quinielas de ministrables se repitieron a lo largo de la campaña, y las especulaciones eran sobre todo si el PP llegaría a los 160 diputados y hasta dónde estaría dispuesto a ceder ante Vox. Nadie, o muy pocos, pronosticaba que Pedro Sánchez aguantaría en la Moncloa. Por eso, los resultados de aquel 23-J extendieron una sensación de decepción dentro del partido hacia la persona que los debía salvar del sanchismo. Pero le dieron un voto de confianza, teniendo en cuenta que hacía poco más de un año que estaba al frente del PP. Aquel fue el argumento, a Feijóo todavía le faltaba rodaje. Han pasado poco más de un año y el líder popular se encuentra ahora en el match point de su carrera política.

Alegría en la derecha por la decisión de Pedro Sánchez de adelantar elecciones. Tanto el PP como Vox han aplaudido la convocatoria del 29 de noviembre, que ven como la oportunidad definitiva de acabar con la era sanchista. "Por fin podemos cerrar este tiempo", ha celebrado Alberto Núñez Feijóo en una declaración institucional en la sede popular poco después del anuncio del presidente del gobierno español. El líder del PP lleva años esperando una segunda oportunidad de llegar a la Moncloa tras el intento frustrado de 2023, y ha situado estos nuevos comicios como una cita transcendental en la que se hará mucho más "que elegir entre dos partidos". "Esto va de hacer que España gane a Sánchez y lo que representa", ha proclamado Feijóo, que ha instado a la ciudadanía a decidir "si quieren cuatro años más de lo que estamos viviendo o si quieren dar una oportunidad al cambio". Ahora bien, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha ido un paso más allá y ha vuelto a alimentar el fantasma de un pucherazo.

El espray de gas pimienta que la diputada del PP Ana Belén Vázquez (Bande, 1975) enseñó el miércoles en el Congreso para solidarizarse con Ceuta desencadenó el caos. Fue después de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la expulsara del hemiciclo y de que un empleado del partido vaciara el espray en el lavabo. En total, una docena de personas recibieron asistencia médica, se cerraron tres plantas de la cámara baja y una trabajadora cogió la baja. Pero, ¿quién es Vázquez?

José María Aznar tiene claro que en los próximos meses vienen revueltas y que el camino hasta las próximas elecciones españolas será "turbulento". De ahí que el expresidente del gobierno español haya lanzado una advertencia a Alberto Núñez Feijóo para evitar que vuelva a pasar como en 2023 y se quede a las puertas de la Moncloa. "Hace falta cabeza fría y pulso firme", ha afirmado este viernes Aznar en la clausura del Campus FAES, en la que ha estado acompañado por el actual líder del PP, que ha recogido el guante después de que su predecesor se haya mostrado convencido de que Feijóo "es uno de los pocos hombres públicos" que pueden actuar con la "calma" necesaria. "Que Aznar diga que confía en mí no es una alabanza, es un reto", ha replicado el político gallego.

En los últimos días ha emergido un nuevo torpedo que el PP utiliza para disparar contra Pedro Sánchez y el gobierno español. La semana pasada, Beatriz Biedma, la jueza de Badajoz que investigó y envió al banquillo de los acusados al hermano del líder del PSOE, pidió personarse como acusación particular en la Audiencia Nacional en la causa sobre Leire Díez. ¿El motivo? Las presuntas maniobras para apartarla de la instrucción del caso de David Sánchez. Desde entonces, han ido apareciendo en cascada noticias que hablan de una supuesta relación entre el clan de narcotraficantes de Los Rochos y las bautizadas políticamente y mediáticamente como cloacas del PSOE. Y el PP se ha aferrado a ello durante la sesión de control en el Congreso para abalanzarse contra la Moncloa.

España, la falta de autoestima y el fervor nacionalista español han marcado el coloquio del Círculo Ecuestre de este martes, donde las lenguas han sido protagonistas. El ayusismo ha impregnado de lleno el club barcelonés, ante una sesentena de asistentes, y ha servido para comentar las manías existenciales propias de un estado nación que no es Francia y que se niega a ser Suiza. Lo ha hecho con una persona clave del círculo de confianza de la presidenta madrileña, como es el portavoz adjunto del PP en el Parlamento regional, Rafa Núñez, que creó la marca de Vox, pero fue fichado en 2022 por Isabel Díaz Ayuso. Le han acompañado el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y el cerebro del partido y senador Juan Milián.

Alberto Núñez Feijóo tiene 65 años y, si obtiene la mayoría después de las próximas elecciones españolas, podría convertirse en el presidente del gobierno de más edad que llega a la Moncloa. En paralelo, la dirección encabezada por el dirigente gallego está impulsando una especie de plan Renove de las estructuras orgánicas territoriales del partido para rejuvenecerlas, prescindiendo de altos dirigentes por su edad, que curiosamente oscila entre los 60 y los 70 años. En particular, esto está ocurriendo en las direcciones provinciales de Cataluña a raíz de la convocatoria de los respectivos congresos. De momento no está causando ninguna guerra ni grandes tensiones, pero sí genera incertidumbre, especialmente por la fijación de la dirección estatal con la edad que quieren que tengan los cargos. Y, en este sentido, el desasosiego entre los cuadros del partido es saber quién ocupará el cargo de secretario general cuando queda menos de un año para las municipales, es decir, quién se promocionará y "cómo se resituarán las familias".

Los líderes de los dos principales partidos españoles se encuentran este domingo en tierras catalanas. Mientras el presidente español, Pedro Sánchez, está en la Fiesta de la Rosa del PSC, en Gavà, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado la alcaldía más grande que tienen en Cataluña, Badalona. Como si estuviera en plena campaña, consciente del peso electoral de Cataluña, el líder de los populares ha hecho un llamamiento a reunir el apoyo de una mayoría de españoles para que Cataluña pueda “volver a desplegar su fuerza” y sea un territorio clave en la “reconstrucción de España”. “Cataluña está empujando por el cambio”, ha vaticinado Feijóo durante su intervención este domingo en la Fiesta de las Migas de Badalona, donde se han agotado los 6.000 tickets. Desde la tercera ciudad de Cataluña, ha reivindicado la gestión del alcalde, Xavier García Albiol, y ha prometido que, si lidera el gobierno español, España “recuperará la protección de sus fronteras y recuperará el prestigio de su pasaporte”.

"La imagen del gobierno de la Comunidad de Madrid es la Fórmula 1 el fin de semana pasado". Con estas palabras Isabel Díaz Ayuso dejó claro lo importante que es el Gran Premio de automovilismo, bautizado como Madring, para su proyecto político. La presidenta madrileña se ha volcado en el evento y lo ha convertido en escaparate de su modelo de gestión, ignorando las críticas que ha generado entre los vecinos, la oposición e incluso pilotos que participaron en el circuito urbano. La líder del PP de Madrid lo ha defendido contraponiendo un supuesto derrotismo de la izquierda, que querría una capital empequeñecida, con la espectacularidad y "éxito rotundo" de Madrid, que acoge grandes eventos y demuestra al mundo una "capacidad organizativa extraordinaria". La F1 llega en un momento delicado para Ayuso: el escándalo del ático de lujo no se desvanece y este mismo viernes ha admitido que fue a ver el inmueble sin intención de vivir allí y la jueza ya ha dado un paso para investigar el asunto.

¿Regalar pasaportes españoles? [...] Eso se ha acabado" y "El pasaporte se tiene que merecer". Las frases las pronunció este julio Alberto Núñez Feijóo en el marco de su balance del curso como líder de la oposición. En medio de la polémica por la ley de amnistíadel gobierno español, e inmerso en una competición con Vox por la dureza en el discurso sobre inmigración, el presidente del PP ya proponía un endurecimiento de las condiciones para acceder a la nacionalidad española. Tan solo dos meses después, y en plena crisis en Ceuta, los populares van un paso más allá: plantean ahora retirar la nacionalidad a los españoles de origen extranjero que cometan delitos graves.

La semana termina con la resaca del debate de ayer en el Congreso. Solo 24 horas después ya se confirma aquello que avanzábamos ayer sobre la marcha: las explicaciones de Sánchez llegaron tarde, quedan ensombrecidas por la realidad de los miles de personas que todavía deambulan por Ceuta y, por tanto, el presidente español está sentenciado. Ni oposición ni socios de investidura se creen que Marruecos no hubiera tenido nada que ver (es imposible que el desplazamiento ilegal de setenta mil personas pase por alto de un régimen como Marruecos) y por tanto Sánchez se mueve entre la figura de quien por sentido de estado no quiere indisponerse con un vecino con capacidad de complicarte la vida y la del presidente víctima de un chantaje de Marruecos. Eso de que Sánchez está sentenciado es una metáfora, pero para el PP y Vox es un deseo. Feijóo dijo ayer que “Sánchez pagará su gestión, en las urnas y en los tribunales”. Y es que Vox ya hace tiempo que recuerda que se puede juzgar a Sánchez por traición, un procedimiento que está regulado en el artículo 102 de la Constitución y del cual se ocuparía la sala penal del Tribunal Supremo y que consiste en una iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados y exige la aprobación de la mitad más uno de los diputados (esto sería 176), y PP y Vox solos no llegan, son 169.Más allá de cuándo y cómo termine la legislatura, el caso tiene otras dimensiones igual de graves. Por ejemplo el poder de Marruecos, aliado de los Estados Unidos, con buena relación con Israel, y que recibe dinero de la UE para que regule los flujos migratorios. Esto le da un gran poder de negociación. Como explica hoy nuestro jefe de Internacional, Francesc Millan, en esta columna en la que hace el contraste entre cómo la UE cierra filas cuando Rusia ataca pero cuando el problema ha estado en su frontera sur, el problema era español, no europeo. Eso sí, mientras hablamos de geopolítica, ayer más de 80 personas aparecieron muertas en una patera que llegó a las Canarias. La patera había salido de Gambia hace 26 días.  Después de décadas de vida aparentemente previsible, hemos entrado en la época de la vida bajo amenaza, una amenaza híbrida, indirecta, disruptiva, que impide hacer planes y vivir bajo la impresión (más o menos basada en hechos reales) de que la vida depende de nosotros y no de factores externos, geopolíticos.Hablando de disrupciones violentas, ayer se estrenó en el Liceu, en Barcelona, la película Cronos, sobre los atentados de la Rambla y Cambrils de julio de 2017.Tuve la oportunidad de verlo y se lo recomiendo. Empiezas a verlo con un nudo en el estómago y terminas de la misma manera.El ritmo que le ha dado el director es muy alto y sostenido, el guion es claro, la interpretación solvente, la producción está hecha con medios. La historia se explica, sobre todo, desde dentro de los Mossos, desde Trapero a los mandos que dirigieron la captura de los terroristas, que se alargó cuatro días, pasando por la directora de comunicación de los Mossos, Patrícia Plaja, y su impecable comunicación de crisis de aquellos días. Queda apuntada la disputa política gobierno español - Generalitat por la gestión y la información del atentado, la lamentable filtración de The Mossos-The nota para hacer quedar mal a los Mossos y a la Generalitat. Lo que no se da por contexto es que solo faltaba un mes y medio para el 1 de Octubre. Y el estado de shock en Ripoll también queda bien apuntado. No tanto la historia de unos chicos aparentemente integrados pero carne de radicalización. Pero como estamos hablando de una película de dos horas y no de una serie de seis capítulos, se te ocurren muchos árboles narrativos que quedan por desplegar.

Durante todo el mes de agosto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado hacer. Mientras la polémica del ático de lujo –comprado por la Comunidad de Madrid– de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, crecía semana tras semana, él no decía ni media palabra, ni para criticarla ni para defenderla. Este silencio calculado acabó en una entrevista a Europa Press en la que hizo un gesto que los populares conocen bien: exigir explicaciones internas. Un gesto que recuerda el que cuatro años antes costó el cargo al entonces líder popular, Pablo Casado, y que precisamente abrió a Feijóo las puertas de la dirección de los populares.

Ceuta es, como Melilla, una ciudad autónoma española situada al norte de África que supone una piedra en el zapato constante en las relaciones entre el Estado y Marruecos, con la soberanía en disputa. Los reyes de España la han evitado tanto como han podido y solo Juan Carlos I la visitó en 2007, hecho que provocó una crisis diplomática con Marruecos. A pesar de que se ha estado hablando durante el último mes, Felipe VI no ha ido ni en estos momentos de crisis. Y una dinámica muy similar han seguido los presidentes del gobierno español.

El concepto de prioridad nacional que hoy enarbola la extrema derecha española –con Vox a la cabeza y un PP que la ha asumido sin mucho espíritu crítico ni matices (este verano la han incluido en los presupuestos del País Valenciano)– no es ninguna novedad histórica, sino un eufemismo con una genealogía larga y oscura. Detrás de su apariencia administrativa y neutral se esconde una lógica profundamente perturbadora: la idea de que existe una comunidad humana auténtica y pura, cuyos derechos son ontológicamente superiores a los de aquellos que, por nacimiento, religión, lengua o etnia, son clasificados como los otros. Esta narrativa construye una jerarquía de merecidas humanidades en que unos merecen plenamente y otros merecen menos, o directamente no merecen nada. Y esta jerarquía, por sutil que parezca en su formulación inicial, tiende históricamente a justificar primero la discriminación, después la segregación, más tarde la expulsión y, en sus versiones más extremas, el exterminio. No es, pues, un punto de partida inocuo que se pueda detener a voluntad en algún punto razonable del camino, sino una pendiente con una dirección ya conocida.

Juan Jesús Vivas (Ceuta, 1953) se ha convertido en una presencia mediática diaria desde el 30 de julio. La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, el territorio que preside, es la causa. Vivas ha actuado de altavoz incansable del malestar que ha generado entre la población de la ciudad autónoma y ha puesto cara a la ofensiva política del PP contra la gestión del ejecutivo de Pedro Sánchez. Las comparecencias de este barón popular, uno de los más veteranos del Estado, han ido subiendo de tono a medida que, con el paso de los días, no se ha recuperado la normalidad. Aunque dentro del PP Vivas es uno de los llamados moderados, en esta ocasión se ha convertido en ariete contra el gobierno español por la gestión de la crisis migratoria.