La respuesta del PP ante el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont es una demostración más de la estrategia que quieren aplicar los de Alberto Núñez Feijóo en Cataluña. Desde Génova defendieron que hay que dejar atrás la pantalla del 'procés' para "abrir un nuevo tiempo que permita hablar únicamente de lo que necesitan los catalanes". "Más vivienda, más médicos, menos impuestos y más seguridad". Esta es la receta que el líder del PP ya puso en escena durante el congreso de los populares catalanes de hace tres semanas. Su aspiración es conseguir que el eje social y económico se imponga al nacional y que su proyecto sea atractivo, principalmente con propuestas en materia económica, para un elector tanto de Junts como del PSC y de Vox.

No pienses en un elefante... ¿Has pensado en él? Probablemente, sí. Ahora debes estar preguntándote por qué motivo este artículo empieza así, preguntando sobre un elefante, pero la respuesta es sencilla: demostrar cómo opera el A-B-C de cualquier campaña electoral y que es clave para ganar elecciones. Tal como teorizó George Lakoff en su libro de referencia No pienses en un elefante! (2004, Chelsea Green Publishing), quien impone el marco del debate y consigue que se hable de lo que uno quiere y con el lenguaje que uno elige, tiene muchos números de llevarse la victoria a las urnas. Y esta es la batalla de fondo que hace meses que libran el PP y el PSOE en Madrid, ya que quien consigue imponer los términos de la discusión pública es quien sale con ventaja de cara a las próximas elecciones generales. El enfrentamiento es entre dos visiones: los que agitan el fantasma de la corrupción (el PP) contra los que amenazan con el fantasma del neofascismo (el PSOE).

El foro Libertas es una iniciativa del Partido Popular Europeo que pretende tejer puentes de diálogo entre Europa y Iberoamérica y está formado por organizaciones de derecha y centroderecha, con un total de 60 partidos de más de 40 países diferentes. Y ha sido en el marco de la cumbre celebrada en Madrid este miércoles, ante líderes europeos y también iberoamericanos, que Alberto Núñez Feijóo ha definido a Pedro Sánchez como un "presidente autoritario". En un discurso de inauguración en el que ha reivindicado los "valores occidentales" y la alianza con los Estados Unidos frente a otros estados como China, Feijóo ha acusado a Sánchez sin citarlo explícitamente de querer "controlar" los elementos clave del Estado y de "amenazar" la democracia.

El comentario racista de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol todavía trae cola, pero el PP ha optado por ignorar las críticas y quitarle hierro. Después de que Francia protestara por las palabras del expresidente español, que dijo que el conjunto galo es un equipo con mucho "nivel" pero "sin franceses", el gobierno de Pedro Sánchez ha salido este lunes en tromba para utilizar la polémica contra los populares. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido directamente a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Rajoy y ha pedido al medio que publicó su crónica futbolística, El Debate, que retire el artículo, el sexto del popular en este Mundial.

Es noticia cualquier información que altera la percepción de la realidad. Una encuesta del CEO se ha convertido en evento porque atribuye a Aliança Catalana un insólito paso de 2 escaños a una franja de 23-25 (tercera fuerza). Un castigo a Junts que se acaba de redondear con la conversión de ERC en segunda fuerza. El PSC, con un cierto retroceso, sigue liderando la situación. La izquierda de la izquierda, Comuns y compañía, continúa en el limbo.

Con Juanma Moreno Bonilla entregado a Vox, al barón popular le ha caído, al menos de puertas afuera, la etiqueta de moderado que se había ganado al contraponer su perfil ideológico con el de Isabel Díaz Ayuso. El PP tiene asumido que si quiere que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa tendrá que ser de la mano de Vox. Por eso los populares han ido allanando el terreno a los pactos con la extrema derecha en la esfera autonómica y, en los últimos días, se ha intentado añadir el líder popular. Eso sí, con su estilo torpe y siguiendo una línea más bien errática.

Hace medio año, en pleno terremoto en el PSOE por el goteo de presuntos casos de acoso sexual –como el que señala Paco Salazar, ex alto cargo de la Moncloa–, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid instalaron un "punto lila" en la calle Ferraz, frente a la sede socialista, para alertar del "peligro" para las mujeres que consideran que supone el partido de Pedro Sánchez. La provocadora acción contra el PSOE, difundida en las redes sociales de las juventudes populares madrileñas, es uno de los "grandes hitos" que el equipo de Isabel Díaz Ayuso destaca de la etapa de Ignacio Dancausa como líder de la organización juvenil en la región. Con este bagaje, de haber dado "batallas con energía" contra la izquierda y desde una "presencia en la calle sin complejos", este madrileño de 25 años tomará este sábado las riendas de las Nuevas Generaciones estatales del PP, en un plácido congreso –solo hay una candidatura unitaria– que tiene lugar en Valladolid.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha provocado esta semana un auténtico terremoto al defender recortar el sueldo a quien esté de baja laboral. Spoiler: eso ya ocurre. En el caso de las enfermedades comunes, como una gripe o una lumbalgia, por ejemplo, durante los tres primeros días no hay prestación; a partir del cuarto y hasta el día 20, el trabajador cobra el 60% a cargo de la empresa; del día 21 en adelante, el 75% va a cargo de la Seguridad Social. Con todo, puede haber modificaciones incluidas en el convenio colectivo y cobrar otras cantidades o el 100%, como ocurre en la baja por maternidad o paternidad, que paga la Seguridad Social. Cuando es un accidente o enfermedad profesional se cobra el 75% desde el primer día a cargo de la empresa.

La batalla de PP y PSOE trasciende los asuntos internos y ya tiene consecuencias en la relación con terceros países. Más de tres años después de que el gobierno de Pedro Sánchez suscribiera un tratado de amistad con Francia, en enero de 2023 en Barcelona, todavía no ha entrado en vigor. Uno de los motivos de este bloqueo es la posición contraria de los populares, que consideran que uno de los puntos del documento es inconstitucional. En el PP justifican su oposición porque aseguran que el ejecutivo español ha hecho un "chapuza legislativa". Enmarcan la crítica en su denuncia generalizada de las formas de Sánchez, a quien acusan de pisotear constantemente el estado de derecho, también con este acuerdo bilateral con Francia. El gobierno español, por contra, atribuye al PP una voluntad de "sabotear los intereses de los españoles" por intereses partidistas.

Isabel Díaz Ayuso aprobó la semana pasada, gracias a la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid, una controvertida ley del no nacido. La norma otorga el estatus de miembro de la unidad familiar al embrión, de modo que, desde el momento en que se acredite el embarazo, las familias podrán acceder a las ayudas por maternidad sin esperar al nacimiento. Se trata de una medida que se enmarca en la guerra cultural contra el progresismo de la presidenta madrileña que, a un año de las elecciones autonómicas, está en plena competición con Vox para evitar que le resquebraje esa mayoría absoluta. De hecho, pocos días después de que Juanma Moreno Bonilla haya tenido que ceder ante la extrema derecha para poder ser investido presidente de Andalucía, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que, si es presidente del gobierno español, seguirá los pasos de Ayuso e impulsará una ley estatal del no nacido.

"Quien viene a delinquir debe saber que no tiene cabida en nuestra sociedad". Leído de manera aislada y sin ningún tipo de contexto, actualmente puede resultar difícil acertar de qué líder o partido político puede venir esta frase. La realidad, sin embargo, es un extracto de la ponencia del PP catalán para su 16º congreso de hace apenas unos días. Esta contundencia discursiva pone sobre la mesa una evidencia e introduce un debate vivo: la política española, así como la catalana, está virando hacia una derecha cada vez más radicalizada.

"Cualquier responsable del partido debe saber que no es nadie sin su partido, y los deberes son muy claros: más alcaldes, concejales y diputados". Esta frase del líder estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo, no pasó desapercibida en el congreso del PP catalán de la semana pasada que reeligió a Alejandro Fernández como presidente de la formación en el Principado. Era un mensaje a Fernández para que tuviera claro que después de ceder en todo su plan organizativo por el partido, la confianza debía ser recompensada con resultados y eficiencia interna. El líder de los populares catalanes tiene en sus manos hacer crecer un PP catalán que sirva de trampolín a Feijóo para llegar a la Moncloa. Ahora bien, ¿cuál es el plan del líder estatal para Cataluña? ¿Cómo prevé seducir al electorado catalán?

1. Juanma Moreno Bonilla dijo que no quería repetir como presidente de Andalucía si tenía que tener Vox dentro del gobierno. Al final, como tantas otras comunidades autónomas donde el Partido Popular ganó pero se quedó corto, Andalucía también tendrá un gobierno de coalición de la derecha con la ultraderecha. Moreno Bonilla, a contrapelo, se ha tragado sus principios y ha tenido que ceder. Ha acabado aceptando los postulados de Abascal y ya tiene un vicepresidente de Vox en su gobierno que le enmienda la plana antes de la investidura. “Y lo que te rondaré, morena”, que dirían en Sevilla, en otra expresión popular que ya debe estar cerca de alguna bandera roja.

La noche del 23 de julio de 2023 el PP se quedó a 1.749 papeletas del decimoséptimo diputado en Madrid. Al cabo de una semana, lo obtuvo gracias al voto de los madrileños residentes en el extranjero (el PP superó al PSOE por 8.600 votos en este escrutinio). Fue la única incidencia del llamado voto CERA (censo electoral de residentes ausentes), que ahora el PP y Vox criminalizan con la vista puesta en la supuesta "trama" que Pedro Sánchez prepara para el año que viene.

Ya hace casi cuatro años –octubre de 2022– que el Congreso aprobó lo que se ha bautizado como ley de nietos. No se trata de una ley como tal sino de una disposición incluida en la ley de memoria democrática que reconoce la nacionalidad española a descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. Ante el volumen de peticiones –especialmente en Latinoamérica– y la limitación de los recursos de los consulados en el extranjero, donde se deben procesar las solicitudes, aún quedan cientos de miles pendientes de resolver. Ahora bien, si está en el foco mediático estos días es porque el PP y Vox la han utilizado como argumento para acusar al gobierno español de estar tratando de alterar el censo electoral de cara a las próximas elecciones españolas. ¿De qué estamos hablando exactamente?

Alberto Núñez Feijóo tenía una esperanza con Juanma Moreno Bonilla. Era el barón autonómico con más posibilidades, según las encuestas, de mantener la mayoría absoluta y seguir gobernando sin la concurrencia de Vox. Pero el resultado de las elecciones disipó cualquier duda de que el destino del PP exige tener que convivir con la extrema derecha, también su dirigente más moderado, como se ha demostrado con el pacto de este jueves que cede importantes espacios de poder para los de Santiago Abascal en Andalucía. Con el nuevo gobierno de coalición de Juanma Moreno con la extrema derecha, la coalición PP-Vox pasa a ser la modalidad de ejecutivo autonómico que gobierna a más gente en el Estado, en concreto un 27,3%, por delante de los gobiernos populares en solitario, que rigen sobre el 20,8% de los ciudadanos, y los gobiernos del PP con apoyo de la extrema derecha, que afectan a un 16,8%.

PP y Vox han cerrado el último de los pactos pendientes. Después de haberse puesto de acuerdo en Extremadura, Aragón y Castilla y León, los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal cierran el círculo en Andalucía con la investidura de Juanma Moreno gracias a los votos de la extrema derecha. El candidato de los populares no superó una primera votación hace dos días, pero este jueves por la tarde sí que ha conseguido salir del Parlament andaluz como presidente después de haber superado 'in extremis' los últimos escollos de la negociación con Vox. De nuevo, la "prioridad nacional" y la incorporación de la extrema derecha al gobierno han formado parte del corpus del pacto y son las dos principales cesiones que el PP lleva ya meses haciendo a Vox para mantener el poder autonómico.

José María Aznar dio ayer a Alberto Núñez Feijóo una orden ante todo el mundo: para echar a Sánchez hay que contar solo con españoles. Y para gobernar, en un futuro, también, solo españoles, ni el PNB, ni Junts. Lo dijo así:

Primero tuvo que pasar por el acicalador de Vox la presidenta extremeña, María Guardiola, a pesar de las dificultades; después fue el turno del Aragón de Jorge Azcón y de la Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco. Pero aún quedaba el máximo exponente de los moderados del PP, el presidente andaluz, el sorayista Juanma Moreno Bonilla, que también cederá a las pretensiones de Vox, tal como ha asumido él mismo y como quiere la dirección estatal. El acuerdo se está ultimando, pero la única duda que queda es el tempo, es decir, si claudica para la sesión de investidura de este jueves o lo deja para más adelante haciéndose rogar de cara a la opinión pública. En todo caso, según fuentes conocedoras de las negociaciones entre el PP y Vox consultadas por el ARA, el dilema fue claro desde el principio: "O aceptas las condiciones o elecciones", dijo el equipo negociador de Vox.

Alberto Núñez Feijóo ha decidido que si el juego democrático no le es lo suficientemente favorable, hay que cambiar las normas. Si no gana, el problema es el sistema, no él. Y algunos de los ciudadanos que tienen reconocido el derecho a voto. Trampajeaal cruzar la peligrosa línea roja de inocular la desconfianza y la sospecha en las garantías del proceso mismo. Si son de sobra conocidas las dificultades que tienen muchos residentes en el extranjero para hacer llegar su voto desde donde viven, ahora el líder del Partido Popular pretende poner palos en las ruedas a un tipo concreto de españoles que viven fuera de territorio estatal: los nietos y descendientes de exiliados y emigrados que se vieron forzados a marchar del país, digamos, por causas de fuerza mayor. Feijóo no se ha ni despeinado al poner en duda la validez de una ley que tiene el objetivo de reparar en el presente las consecuencias de la represión feroz de la guerra y la dictadura. Tanto él como una parte del PP y, por supuesto, Vox, parecen querer seguir humillando a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura noventa años después del "alzamiento" (que de nacional no tenía nada, “nacional” era la República). Como si no hubiera sido suficiente con las ejecuciones y la prisión y el destierro de todos los que no cometieron más delito que el de defenderse del fascismo, como si no hubiera sido suficiente con la violencia del pasado, ahora parece que quieran continuar perpetuándola en el presente. Si Franco quiso exterminar todos los elementos que creía impuros y subversivos, y convirtió en enemigos a los españoles que no lo eran como él creía que debían ser, ahora de lo que se trata es de eliminar los vestigios, los recuerdos, la memoria y el relato de quienes vienen directamente del horror y son el fruto de la barbarie que comenzó aquel julio del 36. Luego dirán que es la izquierda la que desentierra al muerto guerracivilista y se quejarán de ser tenidos por herederos de la dictadura, pero cuando se ensañan con los perdedores demuestran de quiénes son hijos y nietos.