Suspendidos casi la mitad de los desahucios previstos en Barcelona en el último mes

BarcelonaSemana clave para el movimiento en defensa del derecho a la vivienda, que después de forzar el adelanto electoral se encamina hacia la primera huelga general del Estado desde el 2012. El catalizador de toda esta efervescencia social ha sido el desahucio de Maricarmen Abascal y los decretos de vivienda que lo precedieron. El Congreso los tumbó en primera instancia y finalmente los acabó aprobando la diputación permanente de la cámara parlamentaria española. Según ha podido saber el ARA, desde su entrada en vigor hace ahora un mes, los tribunales han suspendido 129 desahucios en Barcelona, es decir, prácticamente la mitad de los que estaban previstos en la capital catalana en los últimos treinta días. En la gran mayoría de casos es por la aplicación directa del nuevo decreto, que a grandes rasgos suspende temporalmente los desahucios de las personas vulnerables sin alternativa habitacional para que no se repita un caso como el de esta vecina de Madrid de 87 años, que murió dos semanas después de ser desahuciada.

Así pues, a pesar de que la cifra de desahucios previstos en Barcelona para el mes de octubre era similar a la de meses anteriores, su resolución ha sido bien distinta. En septiembre, el mes antes de la entrada en vigor del decreto, había 167 lanzamientos previstos, de los cuales 95 (un 57%) acabaron con las personas que vivían en ellos fuera del piso. Este porcentaje en octubre cae hasta el 38%: de los 290 previstos, 110 familias perdieron la vivienda. El cambio más destacado, sin embargo, es el número de procesos que se han acabado suspendiendo: mientras que en septiembre los tribunales suspendieron 30, en octubre esta cifra subió hasta los 129 lanzamientos suspendidos, la mayoría por la aplicación del nuevo decreto.

Aunque el número de lanzamientos suspendidos tras la aprobación del decreto ha aumentado, la nueva norma incluye algunas excepciones. Por ejemplo, el juez puede cambiar de opinión cuando revise al cabo de un año la situación del inquilino (si continúa o no siendo vulnerable o si tiene una alternativa) y, si el desahucio afecta a un propietario que tiene uno o dos inmuebles y es una persona en riesgo de vulnerabilidad, prevalece su situación y no la del inquilino. El ARA ha comprobado cómo, aunque hay personas que tienen acreditada la vulnerabilidad, los nuevos mecanismos que deben evitar la expulsión de personas como ellos no les han protegido porque, al otro lado de la historia, también hay un caso de vulnerabilidad. Ahora bien, en este último mes sí que ha habido un cambio en cuanto a los desahucios de viviendas de grandes tenedores. En septiembre, el 45,7% de estos lanzamientos terminaron con la familia en la calle. En octubre la cifra cae al 21%, ya que la mayoría de los casos se suspendieron.

### Gasto acumulado

Aunque la vía judicial haya detenido muchos de los desahucios previstos en el último mes, se debe tener en cuenta que la suspensión no es una solución definitiva y habrá que ver qué acaba pasando con las familias que viven en estos pisos después de la protección temporal que confiere el decreto. En algunos casos el desahucio se aplazó o se reprogramó y ya tiene una nueva fecha fijada. También hay que tener en cuenta que la mayoría de los lanzamientos suspendidos en octubre estaban programados por impago del inquilino, y el nuevo decreto prevé que sea la administración pública (en este caso la Generalitat) quien asuma el gasto acumulado, por tanto, a medida que se suspenden lanzamientos, se engrosa la deuda que deberá asumir más adelante el ejecutivo catalán.

De momento la diputación permanente del Congreso debatirá y votará este jueves los dos decretos de vivienda que aprobó el consejo de ministros al día siguiente de que Pedro Sánchez convocara las elecciones del 29-N. Será horas antes de que arranque formalmente la campaña electoral, que dará el pistoletazo de salida a las doce de la noche. El primer decreto, que suspende los desahucios a familias vulnerables e incorpora la prórroga extraordinaria de los alquileres, podrá ser convalidado porque la mayoría en el órgano que funciona con la disolución de las Cortes Generales tiene mayoría progresista. Por tanto, el voto en contra de Junts no podrá hacer descarrilar la votación como pasó anteriormente en el Congreso.

En cambio, el segundo decreto, que incluye la renovación automática de los contratos de alquiler y, en caso de que el propietario quiera extinguirlos, la indemnización a los inquilinos de un mínimo de doce mensualidades, volverá a ser derogado antes de que entre en vigor. Era una de las medidas para las que presionó Sumar y una de las reivindicaciones más claras del Sindicato de Inquilinas, pero previsiblemente el PNV lo rechazará junto con el PP, Vox y Junts y, por tanto, no saldrá adelante.