Montserrat Junyent: Cambiamos las normas del juego como quien juega al parchís

Montserrat Junyent es presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC). Atiende al ARA el mismo día que el país se moviliza en una huelga general por la crisis de la vivienda.

¿Cómo ven la huelga?

— Es una situación rara, no sé exactamente contra quién se promueve. ¿El gobierno? ¿Las empresas? Se me hace difícil desligarlo del contexto electoral.

¿Se sienten interpelados por la movilización?

— No, nosotros lo que defendemos es la propiedad privada, no al arrendador. Hemos pedido por activa y por pasiva hablar, dialogar, consensuar. Y nadie nos tiene en cuenta de manera proactiva; ya no podemos participar en la elaboración de las propuestas legislativas.

¿Y qué se debería hacer?

— La crisis de la vivienda no se resolverá de hoy para mañana, la huelga no hará que mañana tengamos más vivienda. Y en este caso, ni siquiera sé con quién se tiene que negociar. Se ha legislado a pedazos, cosa que está generando inseguridad jurídica porque vamos cambiando las normas del juego como quien juega al parchís. Y esto no puede ser. Y lo que estamos viendo es que las medidas que se han puesto en marcha para resolver el problema no lo resuelven, lo agravan. Lo primero sería detenernos y diseñar políticas a medio y largo plazo. Y se debería avanzar en la ley de agilización de trámites administrativos.

¿Agilizar trámites para construir más?

— Sí, para construir más y agilizar plazos. La creación de hogares está muy por encima de la oferta que tenemos.

¿Y las medidas del decreto no funcionan para hacer frente a la urgencia? Hay bonificaciones fiscales, la obligación de la administración de hacerse cargo del pago en casos de inquilinos vulnerables...

— Suena muy bien eso de la subrogación de la administración, pero más allá de que sea un incentivo para no pagar, ¿con qué dinero se hará? Esto no está dentro del decreto. Sabemos, por experiencia en otras ayudas, que el dinero llega como llega. En este momento la confianza en la administración ha quebrado.

¿Qué le trasladan los propietarios? ¿Qué les preocupa?

— El propietario quiere seguridad: que le paguen el alquiler, que cuiden la vivienda, y que cuando acabe el contrato la recupere. Y si se encuentran con una persona vulnerable quieren saber que alguien responderá por esta persona. Cuando el propietario se encuentra en esta situación insegura porque no sabe al final del contrato si podrá recuperar o no aquella vivienda, en muchos casos decide ponerla a la venta. Ahora se han aprobado unos decretos sin que se hayan coordinado ni con la mayoría, y esto paraliza cualquier gestión. Ahora están a la expectativa de lo que sucederá el 29 de noviembre.

¿Y el inquilino no tiene derecho a pedir también seguridad? Por ejemplo, ¿con un tope que le garantice que el precio no aumentará durante X tiempo?

— Está demostrado en muchos estudios que no funciona. Es obvio que se debe incidir de alguna manera para desbloquear esto. Y es evidente que se debe proteger a los colectivos vulnerables, y sobre todo quitar presión ideológica a la vivienda. Porque la estamos convirtiendo en un elemento de confrontación ciudadana. La confrontación entre propietario e inquilino. Y eso no puede ser. Utilizamos una terminología que está incidiendo claramente en el relato de buenos y malos. Y eso es lo que no permite abordar un diálogo tranquilo y respetuoso.