El desahucio que pone cara a cara a dos mujeres vulnerables

BarcelonaLa crisis de la vivienda continúa cebándose con los más vulnerables. Desde esta mañana Natalia y sus hijos, una familia que ha vivido los últimos años en el centro de Barcelona, no tienen casa. Ella es víctima de violencia machista, cobra el ingreso mínimo vital (IMV) y tiene a cargo a dos criaturas de 14 y 3 años. Además, tanto su hijo mayor como ella tienen problemas graves de salud mental. Tiene acreditada la vulnerabilidad, pero los nuevos mecanismos que deben evitar la expulsión de personas como ellos no les han protegido porque, al otro lado de la historia, también hay un caso de vulnerabilidad. La propietaria es una mujer mayor, ya jubilada, que paga la hipoteca del piso donde vive y también podría quedarse en la calle si continúa sin cobrar el alquiler. Aunque Natalia lo ha pedido en diversas ocasiones, no se le ha ofrecido ninguna alternativa, más allá de poder pasar la noche en un albergue: en Barcelona no hay suficientes recursos disponibles para la situación de emergencia actual.

Antes de empezar la entrevista, Natalia ha recibido la peor llamada posible. "Habrá desahucio", confirma. El piso ya está vacío, sus pertenencias están en un almacén temporal, y tienen las maletas hechas para marcharse, pero hasta el último momento se han aferrado a la esperanza de que el nuevo decreto les evitara la expulsión. Con lo que ingresa ella no les llega para el alquiler, que no pagan desde finales de 2024. Entienden que deben marcharse. Pero sola, con dos hijos, lamenta que la única solución que se les ha ofrecido es pasar la noche en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), que abre sus puertas a las ocho de la tarde hasta las ocho de la mañana. "No es un lugar para una familia con menores", sostiene Julia, que es amiga de la familia y les echa una mano en estos momentos.

La propietaria del piso es una mujer que también tiene riesgo de vulnerabilidad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Se trata de una mujer mayor, ya jubilada, que tiene dos propiedades, pero que no ha terminado de pagar el piso donde vive y necesita el dinero del alquiler que Natalia no le paga desde finales de 2024 para pagar su casa. Dicho de otra manera: ella también tiene riesgo de acabar en la calle si no alquila o vende el piso donde ha vivido la familia monomarental los últimos años.

En este caso, pues, el decreto que ha entrado en vigor este jueves y que suspende temporalmente los desahucios a familias vulnerables no se puede aplicar: por la vulnerabilidad de la propietaria y porque esta no es una gran tenedora ni un fondo buitre.

Refugiada de la Rusia de Putin

Natalia es rusa y huyó de Moscú hace cuatro años por motivos políticos, ya que tiene familia ucraniana y denunciaba la invasión de su país a través de las redes sociales, según avanzaba El País. Llegó a Barcelona con su marido y su hijo Ivan, tenían buenos sueldos y no pidieron el asilo porque entonces no necesitaban apoyo económico. Con el tiempo, sin embargo, llegaron los problemas. Él empezó a consumir drogas y la maltrataba, cosa que provocó que el hijo entrara en una depresión. Finalmente, los abandonó. Además, los dejó en una situación irregular, ya que ninguno de ellos estaba en el contrato de alquiler y ella entonces ya no trabajaba. Desde finales de 2024 dejaron de pagar porque no podían asumirlo y desde entonces han pedido una alternativa que no ha llegado nunca, a pesar de tener la vulnerabilidad más que acreditada.

Este jueves Natalia y sus hijos dormirán en un albergue. Lo han intentado hasta el último instante y han conseguido que en el acta que levanta la comitiva judicial del desahucio quede por escrito que no se les ha ofrecido una alternativa residencial. "¿Quién es la persona que ocupa la vivienda?", han preguntado de la comitiva, una vez los Mossos d'Esquadra han retirado a las decenas de personas que intentaban evitar el desahucio en las puertas del edificio y han llegado a las puertas del piso. "Aquí viven una madre y sus dos hijos y nos marcharemos tranquilamente cuando dejemos constancia de que no se nos ha ofrecido ninguna solución", han contestado. "Ya hemos llamado al juzgado, pero esto lo decide un juez; no podemos hacer nada", ha respondido la comitiva.

La familia insiste en que no se quería quedar en el piso y denuncian la falta de opciones que ha habido durante todo el proceso. Entienden la situación de la propietaria, pero se preguntan por qué no se les ha ofrecido nada más allá de una noche en un albergue y por qué no hay más alternativas en un momento de crisis de vivienda como el actual. De momento, Natalia y sus hijos tendrán que ir al CUESB, pero todavía llaman a todas las puertas para encontrar una salida que les permita vivir con dignidad.