Con una búsqueda rápida en internet, se pueden encontrar billetes de avión de ida y vuelta entre Barcelona y Bruselas por menos de 70 euros. El mismo trayecto en tren (en el que hay que hacer transbordo) cuesta más de 200 euros. Y si se hiciera en coche, entre combustible y peajes, costaría como mínimo unos 400. ¿Cómo es posible una diferencia tan grande? La respuesta se encuentra, en parte, en las exenciones fiscales de las que disfruta el queroseno.

Con la inflación otra vez por las nubes y sin perspectivas de que baje de manera inminente –el Banco Central Europeo (BCE) ha retomado la subida de los tipos de interés–, el gobierno español se ha visto abocado a prorrogar una parte de las medidas puestas en marcha por la guerra en Irán, que debían decaer este 30 de septiembre. Es, pues, el tercer paquete de medidas que aprueba el ejecutivo de Pedro Sánchez para paliar los efectos del conflicto sobre el coste de la vida, y supondrá 12.000 millones de euros para las arcas públicas.

El mapa global del gas natural licuado (GNL), así como el de las materias primas, está patas arriba desde hace tiempo. Primero por la guerra en Ucrania y por el hecho de que en Europa se cerrara el grifo de este combustible con Rusia. Ahora se ha sumado la guerra en Irán tras el ataque de los Estados Unidos e Israel y el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz –por donde circulaba entre una cuarta y una quinta parte del crudo y del gas natural de todo el mundo–, así como una escalada de la tensión en el mar Rojo. El contexto ha obligado a muchos países a buscar gas bajo las piedras –metafóricamente y literalmente– y a dibujar rutas marítimas inimaginables, o como mínimo inusuales, hasta el punto de que durante los ocho primeros meses de 2026 (entre enero y agosto) el puerto de Barcelona ha visto cómo se cargaban 7.439 toneladas de GNL de los tanques de la planta de regasificación con destino a Tailandia. En concreto al puerto de Bangkok, según datos de las cargas de GNL, a las que ha tenido acceso el ARA.

El gobierno español prevé incrementar un 50% la capacidad de la red eléctrica en Cataluña en 2030. Así, se añadirán 3.800 megavatios (MW) adicionales al sistema eléctrico, que permitirán hacer frente a la creciente demanda tanto por parte de particulares como por diferentes inversiones en infraestructuras públicas. Este incremento es la parte que le toca a Cataluña del plan del ejecutivo de Pedro Sánchez para mejorar la red eléctrica en todo el Estado, que incluye inversiones por valor de 17.000 millones de euros en todas las comunidades autónomas en los próximos cuatro años.

Cataluña ya tiene una hoja de ruta para descarbonizar su industria. La ha presentado este viernes la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, en un acto en el DFactory de la Zona Franca, el gran polo de industria 4.0 de Cataluña. Tras los trabajos realizados por el Instituto Catalán de la Energía (Icaen) analizando todos los sectores y subsectores, la conclusión es que para descarbonizar la industria catalana hará falta una inversión adicional –es decir, además de la que realizan las empresas en su funcionamiento habitual– de 9.500 millones de euros. Esta inversión debería realizarse hasta el año 2050.

El gobierno español quiere gravar los beneficios de las compañías de petróleo y gas en la Unión Europea. Considera que en plena crisis energética, en la que se han disparado los precios, estas compañías están obteniendo beneficios extraordinarios derivados del contexto. Por ello, junto con otros cuatro países, han llevado este viernes a la reunión del Ecofin su ofensiva para imponerles un gravamen. Este impuesto se ha abordado en el encuentro informal de los ministros de Finanzas, que ha tenido lugar en Dublín, según fuentes del gobierno español.

La escalada de precios, en particular de los combustibles, por la guerra en Irán aboca al gobierno español a continuar desplegando ayudas dirigidas a familias, empresas y los sectores más afectados como el del transporte o el sector agroalimentario (con el inicio de la guerra, se puso en marcha un paquete de medidas que decae este 30 de septiembre). Lo dan por hecho en el ministerio de Economía y así lo ha trasladado el titular de esta cartera, Carlos Cuerpo, a sindicatos y patronales en una reunión este jueves.

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos, Kevin Warsh, afronta este miércoles el reto de subir los tipos de interés para combatir la inflación, que se situó en el 3,4% en agosto, lejos del objetivo del 2%. Los mercados y los inversores dan por hecho un incremento de un cuarto de punto, con una proporción de más del 90%, según la herramienta digital Fedwatch CME. Pero hay un problema: esto es precisamente lo contrario de lo que quiere el presidente del país, Donald Trump, que impulsó el nombramiento de Warsh. El jefe de la Casa Blanca, además, amenazó con cortar el comercio con todos los países con los que tiene déficit comercial si la Fed no abarata el precio del dinero, situado actualmente entre el 3,50% y el 3,75%, después de mantenerlo en julio.

El sector tecnológico catalán suele presumir de la cantera de talento que ofrece el ecosistema universitario del país. Cualquier empresa tecnológica que se mantenga en Cataluña explica buena parte de su éxito por el fundamento que ofrecen los centros de investigación y formativos, que permiten acceder a ideas y profesionales de alto nivel sin moverse de casa. Atom H2, una de las estrellas nacientes del tejido emergente del país, es un ejemplo: la start-up ha desarrollado una alternativa a los generadores diésel que genera y almacena energía para dar soporte a infraestructuras estratégicas. Y lo hicieron, como recuerda Anna Martín (Barcelona, 2001), cofundadora y directora ejecutiva de la empresa, los viernes después de clase.

La guerra de Irán dispara la rentabilidad del sector energético en el Estado hasta máximos históricos. Según un informe publicado este martes por el gabinete económico de Comisiones Obreras (CCOO), el margen sobre ventas —se obtiene de dividir el resultado bruto de explotación por los ingresos totales— fue del 24,5% al cierre del segundo trimestre de 2026, una cifra nunca registrada que es tres puntos superior a la del año pasado y más del doble en comparación con los ejercicios previos al estallido de la pandemia.

El operador bursario español BME permite a Holaluz volver a cotizar en bolsa a partir de mañana martes. La empresa catalana se reincorporará al mercado BME Growth –la bolsa de pymes– una vez archivado el procedimiento del ministerio para la Transición Ecológica, que podía acabar con su inhabilitación como comercializadora de energía.

Después de un verano con los precios de carburantes al alza, este martes subirá la subvención al gasoil hasta los 20 céntimos por litro. A partir del 1 de septiembre, la rebaja del impuesto de los hidrocarburos en el diésel volverá al nivel inicial. Es una iniciativa que se aplica de forma automática, porque el gobierno español previó aplicarla si los precios se disparan por encima del 15% respecto a hace un año.

El gobierno español ha archivado el expediente que abrió a mediados de julio contra la catalana Holaluz y que podía comportar la inhabilitación de la compañía como comercializadora eléctrica. "La compañía está saneada", han detallado al ARA fuentes cercanas.

En un mundo dominado por la incertidumbre y con un presidente de los Estados Unidos totalmente imprevisible, la deuda pública, la que emiten los países para financiarse, se ha disparado hasta unas rentabilidades como las de hace 20 años, en etapa de crisis.

Conocían a fondo cómo funciona el mercado eléctrico en España y se aprovecharon de sus propios "mecanismos de seguridad" para estafarlo. El fraude supera los 61 millones de euros, según los cálculos de Red Eléctrica, y hay 93 empresas afectadas que ahora intentan conseguir una indemnización para recuperar el dinero que perdieron con este engaño. La Audiencia Nacional juzgará entre octubre y noviembre este entramado, que trabajaba desde Barcelona y Madrid y era supervisado desde el despacho de Sarrià donde trabajaba el empresario Esteban Roig, a quien la Fiscalía señala como director de toda la estructura y pide que se le condene a dieciséis años de prisión. También están acusadas dieciséis personas más, que podrían asumir penas de entre nueve y seis años en función de su grado de intervención.

El regreso de las hostilidades en Oriente Medio ha hecho dejar atrás la calma en la región. Y también la de los mercados, sobre todo la de la energía. Desde que comenzó la guerra en Irán, el cierre del estrecho de Ormuz ha puesto en peligro las provisiones europeas, y eso ha disparado los precios de los combustibles. Y ahora el valor del petróleo y el del gas natural vuelven a repuntar después de unas semanas más calmadas.

La cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, Carlota Pi, recibe a ARA pocas horas después de que la empresa haya presentado las alegaciones contra el expediente del Ministerio de Transición Ecológica que abre la puerta a la inhabilitación de la empresa como comercializadora. A primera hora de la mañana siguiente, en las oficinas de la empresa, Pi defiende que el modelo de negocio de Holaluz es "mil por mil viable" y que, lo que necesita, es "escala". No puede confirmar ni desmentir que un supuesto impago a grandes eléctricas sea el motivo de la posible inhabilitación. Defiende, sin embargo, que la deuda de la compañía "no es desmesurada, ni mucho menos".

El consejo de ministros ha aprobado este martes un decreto que autoriza a las compañías eléctricas a hacer una inversión adicional de 17.900 millones de euros hasta 2030 para reforzar las redes de transporte y distribución de la electricidad, con el objetivo de electrificar la economía y facilitar la conexión de nuevos proyectos industriales, residenciales y vinculados a la movilidad eléctrica.

Este sábado, el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inició un procedimiento para inhabilitar a la catalana Holaluz como comercializadora de energía eléctrica. Los motivos tras el inicio del proceso eran desconocidos. Ahora bien, tal como ha avanzado el CincoDías y ha podido confirmar el ARA, la razón que habría motivado el ministerio a emprender el trámite ha sido un impago de seis millones de euros a diferentes distribuidoras. En concreto, la deuda de Holaluz es de cuatro millones de euros a las filiales de las redes de Endesa y también tiene pendiente de pago un millón de euros para Iberdrola y Naturgy.

Después de obtener el año pasado unos beneficios récord de 2.023 millones de euros, los beneficios de Naturgy continúan subiendo este 2026. Durante este primer semestre, los beneficios de la energética han subido un 5,9% respecto al mismo período de 2025, hasta los 1.215 millones, según ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).